En apenas cuatro días, el Gobierno de Nicolás Maduro sufrió dos serias derrotas en el terreno de los derechos humanos, tan sensible en el plano internacional.
La primera fue el viernes 7 de octubre, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, luego de una votación, aprobó renovar por dos años, hasta 2024, el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela.
En la misma resolución se prorrogaron las labores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Caracas, que debe observar la situación de esos derechos en el país durante igual período. La extensión del mandato se consiguió con 19 votos a favor y cinco en contra; hubo 23 países miembros que se abstuvieron. Una verdadera felpa. Maduro y su Fiscal General habían movido distintas piezas con el fin de evitar que el trabajo de la Misión se extendiera. Sin embargo, no lograron convencer a las naciones, que decidirían, de las supuestas bondades del régimen venezolano. Según este, ya cesaron las violaciones a los derechos humanos y el Gobierno actúa con estricto apego al Estado de derecho. Los otros gobiernos, con razón, no lo juzgaron de ese modo.
La segunda derrota vino pocos días después. El Gobierno de Maduro quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mismo organismo que con anterioridad había decidido mantener la Misión Internacional. El régimen aspiraba a mantenerse en el CDH por tres años más. Para conservar el sillón en un organismo al que jamás debió haber pertenecido, tuvo que competir con Chile y Costa Rica por el puesto que le correspondía a América Latina. Estas dos naciones de la región derrotaron de forma humillante al Gobierno venezolano. Chile obtuvo 144 votos y Costa Rica 134. Venezuela apenas alcanzó 88. Ni siquiera el bloque del Movimiento de Países No Alineados, conformado por 120 naciones, y al que tanto favores le ha hecho Maduro, se pronunció a favor del gobernante criollo. El régimen venezolano es impresentable e injustificable.
Los países que votaron en ambas elecciones seguramente conocían los informes elaborados por la Misión Internacional Independiente desde 2019, cuando Michelle Bachelet presidía el CDH. En ellos aparece descrita con precisión y objetividad la frágil situación de los derechos humanos en Venezuela. Muestra con datos inobjetables las diversas prácticas delictivas empleadas por el régimen: ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzosas; detenciones arbitrarias; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; sojuzgamiento del Poder Judicial. Podrían agregarse, la inhabilitación arbitraria de dirigentes políticos opositores, cierre y hostigamiento permanente de los medios de comunicación independientes, y represión de las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos que protestan por la falta de electricidad, agua y transporte público, o por el incremento desbocado de los precios de los alimentos.
En los informes de la Misión Internacional Independiente se exige la rendición de cuentas de los autores de esos delitos –muchos de los cuales configuran crímenes de lesa humanidad- así como la reparación y justicia para las víctimas o sus familiares,.
Haber extendido las tareas de la MII y haber excluido a Maduro del CDH representan una condena categórica a un régimen que pisotea de forma continua el Estado de derecho y que ha convertido la persecución, la violencia, el chantaje y la intimidación social y política, en una práctica recurrente, sin que exista una instancia judicial autónoma a la cual los agraviados puedan acudir; ni un medio de comunicación radioeléctrico o impreso masivo de alcance nacional, al que puedan dirigirse para denunciar el atropello.
El régimen convirtió a los jueces en vasallos y a los periodistas independientes en enemigos. Con motivo de la tragedia de Las Tejerías, Remigio Ceballos –ministro de Interior, Justicia y Paz- expresó esa doctrina con claridad. Les dijo a los periodistas que cubrían los hechos: ¡no estorben! Es decir, no informen para que el país y el mundo no se enteren del alcance de la hecatombe ni de las dimensiones de nuestra incompetencia. Un dato curioso: las docenas de escoltas de Maduro y de los otros funcionarios, incluidas las de Ceballos, no estorbaban; los periodistas, sí
Las dos derrotas continuas de Maduro también constituyen un reconocimiento al trabajo de organizaciones como Foro Penal, Cofavic, Provea, Centro de Justicia y Paz, Mundo Sin Mordaza y Human Rights Watch, entre otras, que asumieron la denuncia y defensa de los derechos humanos como una labor de apostolado.
Maduro no quiere asumir el respeto a la dignidad, a la democracia y a la libertad en los términos que los entiende la cultura occidental. Hay que hacerle pagar el costo de su desafuero.
Trino Márquez
@trinomarquezc
