En 2023 se cumplen setenta y cinco años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 16 de febrero recibió en Ginebra Feliciano Reyna el Premio Martin Ennals para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, considerado el Nobel de la especialidad. Este reconocimiento que agradecemos los venezolanos es a un trabajo que honra nuestro gentilicio. Al frente de Acción Solidaria, como promotor de CODEVIDA y como ciudadano de esta república que queremos que sea nuestra patria Feliciano ha sido un ejemplo.
Los derechos humanos en Venezuela son materia de atención internacional, ocupan un lugar muy importante en nuestra Constitución y aspiramos que así mismo se les reconozca, defienda y promueva en la práctica. El interés que desde el exterior suscita su vigencia efectiva en nuestro país es legítimo. La tutela de estos derechos trasciende a las fronteras nacionales y con motivo de ellos no puede alegarse soberanía, como por cierto garantiza nuestra propia Carta Magna. Además, la situación del Estado de Derecho es observada por todo el mundo, será condicionante de importancia para la reinserción plena de Venezuela en la comunidad internacional, así como de la evaluación del riesgo país que hagan gobiernos extranjeros, empresas e inversionistas a la hora de decidir sobre sus iniciativas en nuestro país, lo cual tiene obvia incidencia en las posibilidades de reactivación económica y generación de empleo. Así que aparte de la solidaridad humanitaria que debe animarnos a todos, hay cuestiones muy imperativas de bien común a tener en cuenta.
Estuvo de visita en Caracas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austriaco VolkerTürk.Tras una detallada y conmovida relación de los testimonios que recibió, anunció que la delegación permanente de su oficina seguirá en Venezuela por dos años más. A Michelle Bachelet debemos la creación de ese equipo aquí y haber logrado con las autoridades que se pudiera instalar y trabajar. Sus informes de 2020 y 2021 siguen siendo referencia obligada y marcan una agenda de tareas por hacer.
La Constitución de 1999 tiene una prolija carta de Derechos Humanos. La enunciación de derechos, garantías y deberes del Título III ocupa ciento dieciséis artículos, más extensión que la totalidad del texto de muchas constituciones del mundo. Además de establecerse la separación de poderes y los controles al ejercicio de éstos y muy significativamente la autonomía judicial consagrada, el marco se completa con instituciones como el derecho de amparo o el debido proceso garantizado detalladamente. Y no es menor la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y su preeminencia cuando contengan normas mejores que las de la Constitución, así como el derecho de todos a acudir a organismos internacionales en defensa de nuestros derechos. En la misma ley fundamental se crea la Defensoría del Pueblo para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos.
No es pues por falta de normas que hemos llegado a la gravísima situación que no es secreto para nadie en el mundo. Nuestra asignatura pendiente es lograr que se cumplan y para los responsables, como han jurado, cumplirlas y hacerlas cumplir. O sea, pasar del dicho al hecho. Entre uno y otro, en nuestro país sigue habiendo mucho trecho.
Ramón Guillermo Aveledo