Cuando el general Cipriano Castro, al frente de su Restauración Liberal, alcanza el poder en octubre de 1899, Venezuela era una nación depauperada por años de guerras, revoluciones y revueltas. El atraso y el caos fiscal eran los signos dominantes de esos tiempos, cuando una pesada deuda y la secular vulnerabilidad del país a los avatares de los mercados internacionales, no dejaban margen alguno para cubrir las más primarias necesidades de la población. A ese propósito tampoco podían contribuir unas instituciones débiles y una precaria administración pública. Los precios del café, principal producto de exportación venezolano, comenzaron a declinar drásticamente en 1899 (40%) al tiempo que se debilita la producción, con lo cual el valor de la exportación de ese producto se redujo en 46%. Esa condición habría de empeorar hasta 1903, por la inestabilidad interna y por los efectos del bloqueo naval a las costas venezolanas en 1902 perpetrado por las potencias coaligadas.
La deuda pública estaba conformada por empréstitos externos e internos de distintas épocas y por las reclamaciones nacionales e internacionales contra la nación venezolana por perjuicios reales o simulados causados a venezolanos y extranjeros en momentos de confrontación civil. Desde los tiempos de Angostura comenzaron a acumularse obligaciones financieras y comerciales para cuya satisfacción debieron contratarse empréstitos voluminosos durante los primeros años de Colombia la Grande. En los episodios de euforia financiera internacional que se sucedieron durante el siglo XIX, las naciones en formación, impulsadas por el apremio, recurrieron al endeudamiento con prescindencia de sus capacidades de pago. A tal punto llegó la embriaguez especulativa de esos años, que el general Gregor MacGregor logró contratar préstamos en Europa por 500.000 libras esterlinas, entre 1823 y 1825, para colonizar el extravagante “Reino de Poyais”, una ficción de país que él creó en la costa norte de Nicaragua.
Hasta el desmembramiento de la Gran Colombia, nada cambió. No se pagó la deuda y el crédito de Colombia se degradó a la peor de las calificaciones. Con la disolución fueron distribuidas proporcionalmente las deudas entre las naciones resultantes y a Venezuela le correspondió 28,5 por ciento de deuda externa e interna; esto es, cerca de 28 millones de pesos, lo que representaba más de cinco veces los ingresos públicos de 1840, año en que fue reconocida y asumida esa deuda. Ese fue el origen de la deuda pública venezolana.
Los gobiernos llamados conservadores se caracterizaron por la pulcritud administrativa, el orden fiscal y el cumplimiento estricto del pago de la deuda. Por el contrario, a las complicaciones políticas, económicas y fiscales que les tocó enfrentar a los Monagas, se suma el desbarajuste fiscal que habían provocado con su improvisación en materia de impuestos y de deuda. Entre 1847 y 1958, la deuda pública creció más de dos veces hasta alcanzar 48 millones de pesos.
De allí en adelante la historia resume una trayectoria accidentada de nuevos empréstitos contratados para paliar la situación creada por el incumplimiento de obligaciones previas y para financiar los costos de una larga sucesión de rebeliones, alzamientos y revoluciones. Durante la dictadura que asumió el general José Antonio Páez, se contrató un empréstito por un millón de libras esterlinas. Al concluir la Guerra Federal, Antonio Guzmán Blanco suscribió un polémico empréstito por un millón y medio de libras, el cual, según él mismo afirmó en un gesto de incontenible sinceridad o de frío cinismo, fue el origen de su considerable fortuna. En 1896, durante el gobierno de Joaquín Crespo, fue negociado otro empréstito por 50 millones de bolívares cuya principal finalidad fue honrar deudas atrasadas con los constructores del ferrocarril de Caracas a Valencia. Para aquel momento ya la deuda pública había alcanzado 190 millones de bolívares, es decir, cuatro veces los ingresos fiscales de 1896. Ese fue el último empréstito bancario del siglo y no se contrataría otro hasta la década de 1960. En todas estas experiencias, se encuentran elevados costos financieros, ineficiente aplicación de los recursos, opacidad de las cuentas y alegatos de manejos indebidos. Por ejemplo, en 1893 se creó la Deuda de la Revolución, surgida de las reclamaciones relacionadas con la Revolución Legalista de Joaquín Crespo. El Gobierno había adquirido un sello especial para distinguir los títulos legítimos de esa deuda. Un alto funcionario del Ministerio de Guerra sustrajo el sello y estuvo toda una noche falsificando títulos que comenzaron a circular de inmediato junto a los auténticos, con lo cual el precio de esa deuda bajó estrepitosamente.
Después vendría el bloqueo naval a Venezuela por Alemania, Inglaterra e Italia, en respuesta a las deudas impagadas y a las provocaciones y desplantes del “cabito”, en medio de una nueva crisis fiscal que fue dramáticamente empeorada por el bloqueo. Castro se vio forzado a negociar losProtocolos de Washington con los extranjeros que habían profanado el sagrado suelo de la Patria. Las reclamaciones aceptadas por Venezuela superaron la cifra de 38 millones de bolívares que en alta proporción debió ser honrada en un lapso muy breve. Cuando los desordenes renales de Castro le dejaron el camino libre a su compadre, Juan Vicente Gómez, a fines de 1908, la deuda pública total alcanzaba a 212 millones de bolívares, más de cuatro veces los ingresos fiscales de 1909.
Durante el lapso de 1809 a 1829, Venezuela cumplió religiosamente con el servicio de la deuda, aun en tiempos de la mayor penuria fiscal, como fue el caso en 1921. A comienzos de 1930 la deuda total se había reducido a 52,8 millones de bolívares, de la cual Bs. 24,3 millones era deuda externa. Ese año Gómez recomendó al Presidente nominal de la República, Dr. Juan Bautista Pérez, la cancelación total de la deuda externa e interna, como un homenaje al Libertador en el primer centenario de su muerte. La deuda externa fue amortizada mediante una remesa en oro tomada de las reservas del Tesoro. El petróleo hizo posible esta operación. Al morir Gómez en 1935, la deuda pública interna era solamente 3,7 millones de bolívares, parte de la cual no había sido reclamada por los acreedores.
La decisión de pagar anticipadamente la deuda externa, en plena crisis internacional, cuando las naciones latinoamericanas se declaraban incapaces de continuar sirviendo sus obligaciones externas, y cuando se dejaban sentir las necesidades de una Venezuela pobre y atrasada, no encuentra justificación en el terreno de la racionalidad económica y hay que buscar entonces la explicación en la peculiar personalidad del dictador, en su apego a la disciplina financiera cultivada como exitoso empresario rural, y en el recuerdo de las calamidades a que se vio sometido el país por los reiterados incumplimientos en los pagos de la deuda, incluido el bloqueo de 1902.
Carlos Hernández Delfino
Prodavinci.com