Ya estamos viendo cómo a medida que se acerca el 5 de enero, fecha en la cual la Asamblea Nacional electa en 2015 debe comenzar un nuevo año legislativo, arrecian los ataques al “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó, por parte del régimen y de algunos adversarios del dirigente dentro de la oposición.
El gobierno de Nicolás Maduro se burla sin compasión y seguirá calificándolo de farsa ridícula. Se valdrá incluso de personajes oscuros como el embajador de Colombia en Venezuela. Al régimen le duele demasiado que Guaidó, una figura poco conocida surgida de repente, le haya asestado golpes nobles de los que nunca ha podido recuperarse. Los competidores de Guaidó en el campo opositor, en medio de su extravío, tratan de descalificarlo y minimizar su relevancia.
Guaidó es de los pocos líderes opositores que se tomó en serio que su designación fue producto de un acuerdo colectivo ampliamente consultado, analizado y discutido dentro de la oposición y con aliados internacionales. Ese arreglo se adoptó cuando Maduro y Diosdado Cabello –en ese momento presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de forma ilegítima en 2016– llamaron a elecciones presidenciales en mayo de 2018, adelantando de forma unilateral e inconsulta el calendario comicial y pasando por encima del Consejo Nacional Electoral, único organismo facultado por la Constitución para convocar procesos electorales. Los comicios en los que Maduro se reeligió fueron desconocidos por la gran mayoría de los países democráticos del planeta, que a su vez apoyaron el acuerdo de los opositores, quienes establecieron que la Asamblea Nacional electa en 2015, ganada ampliamente por las fuerzas opositoras, se mantendría activa luego de enero de 2019, cuando Maduro asumiría de nuevo el cargo de jefe de Estado; y que Juan Guaidó, presidente de la AN en ese momento, cubriría el vacío legal dejado por Maduro, quien haciendo un uso abusivo del poder, había alterado el hilo constitucional con el fin de empotrarse en Miraflores. Esos fueron los hechos que precipitaron el surgimiento de Guaidó y su «gobierno interino».
Ahora, a pesar de que nada ha cambiado en el panorama jurídico, esa historia es ignorada por muchos de los detractores de Guaidó. De esos detalles se olvidan hasta algunos de los defensores más apasionados de la Constitución de 1999, que en su momento señalaron la conveniencia de desconocer a Maduro por ilegítimo, promover la continuidad de la AN de 2015 y designar a Guaidó como presidente interino, debido a su condición de presidente de la AN.
Juan Guaidó y el equipo que fielmente lo ha acompañado a lo largo de este proceso tan complicado, se han anotado algunos triunfos importantes que han provocado la ira del régimen. Gracias a ese grupo, Citgo no ha caído en las garras de Maduro. Este no ha podido hacer con esa empresa lo mismo que con Pdvsa, con la CVG y con las numerosas firmas estatizadas. Por las acciones de ese equipo, las reservas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra tampoco han ido a parar a las arcas del régimen. Producto de las actividades de Guaidó y su gente, los venezolanos en el exterior –especialmente en Estados Unidos, Colombia y España, para citar solo tres países– han recibido un trato especial; a los compatriotas se les reconocen los pasaportes vencidos, lo que les permite entrar y circular libremente por esas naciones. Los derechos humanos en Venezuela han recibido especial atención de los organismos internacionales durante los años recientes, también debido a las labores de ese grupo. Además, el régimen no ha sido aún más feroz con la oposición durante los últimos años porque se levantó el muro de protección construido por Guaidó y compañía, junto con los factores de la comunidad internacional que lo respaldan.
Una revisión rápida y desapasionada de la gestión de Guaidó y su pequeño dispositivo indica que, a pesar de no haberse cumplido las metas de sustituir a Maduro y convocar elecciones libres, existen otros logros significativos que sí se alcanzaron.
En el marco del diálogo planteado entre el gobierno y la oposición –entre cuyos promotores se encuentran Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Alberto Fernández– conviene considerar esas conquistas.
El régimen y algunos sectores de la oposición pretenden que cesen las labores de Guaidó sin que Maduro ceda nada concreto a cambio. El régimen, al menos, tendría que comprometerse con los actores nacionales e internacionales de ese diálogo a garantizar el llamado a elecciones libres, equilibradas y transparentes con supervisión de organismos internacionales; reconocer que el CNE es la única instancia con atribuciones para convocar elecciones y fijar el calendario; y conceder una amnistía que levante las inhabilitaciones que pesan sobre los dirigentes más destacados de la oposición incluyendo, desde luego, a Juan Guaidó y a los dirigentes que se encuentran en el exterior, debido a que fueron perseguidos y expulsados por el Gobierno.
Desactivar a Juan Guaidó y desmontar su grupo sin lograr esos compromisos me parecería un error garrafal.
Trino Márquez
@trinomarquezc
