Escribimos estas líneas alejados adrede de nuestra condición de abogado. Esta columna no es una clase, sino más bien un intento de reflexionar en voz alta sobre asuntos de nuestra nación. En democracia republicana, el Estado no puede ser visto jamás como una suerte de padre de los ciudadanos. En realidad, es el ejecutor de las decisiones colectivas de los ciudadanos. Recibe un mandato y, a través de sus instituciones, cumple esas órdenes que recibió de los ciudadanos.
Esas instituciones no pueden hacer lo que les venga en gana y no pueden dejar de hacer aquello que les ha sido ordenado. Las personas de carne y hueso que están en cargos en esas instituciones no se convierten por razón de sus posiciones en ciudadanos superiores a las gentes del común. Al aceptar los cargos para los que fueron elegidos -directa o indirectamente- o designados por algún funcionario con competencia para ello, están aceptando todas las responsabilidades que implican esas posiciones.
En las democracias republicanas, los jefes de Estado no son reyes; son personas normales colocadas en esa posición por el colectivo para que hagan que los mandatos expresos de la Constitución se cumplan. Por eso al tomar posesión del cargo juran. Lo mismo ocurre con cualquier funcionario del Estado. De allí que debemos tener claro que los funcionarios del Estado solo pueden y deben hacer lo que esté taxativamente indicado en el ordenamiento jurídico. Y tan grave violación es hacer algo que no está previsto en el compendio de normativas, como no hacer o deshacer lo ordenado por la Constitución y las leyes.
Como no se puede esperar que los ciudadanos estén pendientes de todo lo que hacen los funcionarios del Estado, el sistema crea instituciones que deben hacer seguimiento y contraloría. Si esas instituciones no cumplen con ese mandato de «fiscalización», están faltando a su deber y por tal deben ser responsabilizados. Cuando los funcionarios del Estado acuerdan con otros funcionarios del Estado para que pase por debajo de la mesa que no se está cumpliendo las labores asignadas, eso va en contra del mandato de la ciudadanía.
Está de moda hablar de la corresponsabilidad del Estado con el ciudadano. Suena bien, suena a pueblo «empoderado», por usar un vocablo que anda de boca en boca. Pero… ¿puede «el ciudadano» asumir las funciones de control y fiscalización que están constitucional y legalmente asignadas a instituciones y organismos del Estado? ¿Puede «el ciudadano» realizar tales labores sin contar con los recursos necesarios para ello? Más aún, ¿debe ser responsabilidad de «el ciudadano» hacer lo que no le compete constitucionalmente? ¿Acaso no es eso una duplicación de funciones y, además, marcarle a «el ciudadano» un trabajo que le restará recursos para realizar esas labores de su vida personal, profesional, familiar, etc.? Para ponerlo en criollo, ¿no es eso acaso cachicamo trabajando para lapa?
En Venezuela abundan las asociaciones y colectivos de ciudadanos que hacen gestiones de observación y veeduría de la gestión pública. En Baruta, hay muchas organizaciones que constantemente vigilan nuestra gestión y la de las instituciones municipales. Su trabajo es extremadamente bueno y beneficioso.
Recibimos gratamente sus informes pues ello nos permite atender asuntos que se nos hayan podido escapar o que no se estén haciendo todo lo bien que se deba. Pero que ellas existan no supone en modo alguno que las instituciones del Estado puedan eximirse de cumplir con sus mandatos. «El ciudadano» no puede ser jamás responsabilizado de los errores, faltas, desaguisados, violaciones o delitos que cometan los funcionarios desde el Estado, en sus diferentes niveles.
Lo que abunda en la Venezuela del «no hay» es funcionarios del Estado que no hacen el trabajo para el cual fueron elegidos o designados. Abundan también las más absurdas justificaciones para la irresponsabilidad. Así, navegamos en aguas del «si-perismo». Los justos reclamos de «el ciudadano» ante cualquier organismo reciben como respuesta un «sí, pero… «. ¿No hay medicamentos para atender dolencias? «Sí, pero ya vamos a hacer algo… «. ¿El sistema penitenciario es una vergüenza? «Sí, pero estamos haciendo un plan… «. ¿Más del 90 por ciento de los delitos cometidos en Venezuela quedan impunes? «Sí, pero es que tienen que entender que… «. Y así podríamos llenar páginas y páginas.
Un buen ciudadano es aquel que cumple con los deberes que le están marcados en la Constitución y que exige y demanda que le sean respetados todos y cada uno de sus derechos.
gblyde@gmail.com
Por Gerardo Blyde
