En la audiencia celebrada en días pasados ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el procedimiento que adelanta para declarar si hay méritos para la remoción de la Fiscal General de la República, los principales argumentos presentados por los voceros oficiales no fueron de fondo sino que apuntaron a la descalificación. En especial, se centraron en que Luisa Ortega Díaz sí habría estado de acuerdo con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia efectuada en diciembre de 2015. En otras palabras, los protagonistas de la persecución contra la Fiscal General no intentaron demostrar que estas designaciones cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, o que los magistrados elegidos sí llenaban las condiciones respectivas. Tampoco se empeñaron en poner de manifiesto que exigir un referendo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente estuviera fuera de toda racionalidad o conocimiento jurídico. La piedra angular de la argumentación fue otra: la de la complicidad.
Parafraseándolos, diríamos que recriminaron a la Fiscal General de la República que ella no podía exhibirse ahora como inocente respecto de aquellos hechos; que sí había participado en su comisión; que estaba comprometida tanto como ellos en su realización.
Se desmarca
Triste hora aquella en que la comunidad en el ilícito es el móvil de la institucionalidad para acusar a aquel que, habiendo o no tomado parte en la fechoría, se desmarca de acciones que no suscribió o ya no comparte. Todo indica que Luisa Ortega Díaz no consintió tales designaciones, pues ciertamente el trámite ante el Consejo Moral Republicano estuvo viciado, por las razones que ella señala, como también lo estuvo el que se desarrolló ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Así lo pude comprobar en esas fechas junto al diputado Alfonso Marquina, cuando comparecimos a denunciar estos hechos ante la Defensoría del Pueblo y constatamos allí nuevas irregularidades, que seguidamente divulgamos. Ella ha mostrado un acta que no suscribió, como tampoco lo hizo quien para esa fecha era la Secretaria Permanente de dicho organismo, cuyas declaraciones recientes corroboran la versión de la fiscal.
¿Qué habría de malo…?
Pero supongamos que la fiscal no se desmarcó claramente entonces de esas designaciones. ¿Qué le impediría hacerlo ahora? Si tuvo dudas que no expresó en esa ocasión abiertamente, ¿qué habría de malo en que lo hiciera hoy, impulsada tal vez por el terrible desempeño de los magistrados designados, que casi en su totalidad han sido agentes decisivos del desmantelamiento de la institucionalidad democrática?
¿Por qué sería reprobable que quisiera superarse a sí misma, diciendo en alta voz lo que entonces acaso fue solo un susurro? Sobre todo si consideramos que tras todo esto hubo sin duda una elección personal, consistente en asumir los riesgos de encarar abiertamente la arbitrariedad, con conciencia acerca del extremo hasta el cual en este régimen aquella puede llegar. Lo que ocurre es que la rectificación moral es inaceptable y lacerante para quien está sumido de manera irreversible en una perversión histórica.
Solidaridad automática
La propia Sala Constitucional ha dejado traslucir que lo importante en este momento no es la verdad ni la justicia sino la solidaridad automática. Cuando la Asamblea Nacional declaró la inexistencia de las designaciones efectuadas en diciembre de 2015, la Sala Constitucional anuló de inmediato mediante sentencia esta decisión, aduciendo que el Parlamento como órgano carecía de la facultad para dejar sin efecto su propio acto de designación, y con ello dejó abierta la posibilidad de impugnaciones al respecto. Pero cuando la Fiscal General interpuso tal impugnación, dicha Sala aseveró que había operado la cosa juzgada, o sea que ya no eran revisables aquellas designaciones a causa de lo resuelto en aquella sentencia, lo cual es una evidente contradicción, deliberadamente asumida para bloquear cualquier procedimiento que apuntara a examinar las irregularidades cometidas en aquella oportunidad. Y llegó la Sala hasta el punto de solicitar la intervención del Consejo Moral Republicano ante el error jurídico que la fiscal habría perpetrado. En otras palabras, la Sala resolvió cerrar a toda costa la posibilidad de que se indagara judicialmente sobre los términos de las designaciones que habían beneficiado a varios de los integrantes de esa Sala y del Tribunal Supremo de Justicia. Esto no debe sorprendernos. En tiempos de lucha existencial, de definiciones históricas, cada cual muestra de modo prístino lo que es. Ojalá muchos actores institucionales lo hagan, en una dirección favorable a los valores republicanos.
JESÚS M. CASAL H.
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