El problema de tener una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no es asamblea, no es nacional y tampoco es constituyente es que de ella solo pueden surgir adefesios que, llámense como se llamen, tampoco serán, ni en fondo ni en forma, lo que se supone que son. Este es el caso de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” que se instaló, a unilateral instancia de la ANC, el pasado miércoles que, pese a su nombre y como digna hija de su madre, tampoco es comisión, mucho menos de la verdad, ni servirá para lograr la justicia o la paz. Es un árbol que nació torcido, y todos sabemos ya como concluye el refrán.No, no es quien suscribe, identificado por los oficialistas como supuesto “furibundo opositor” al gobierno de Maduro, el que lo afirma. Es la ONU. Y no es que lo esté diciendo ahora, cuando ya el mundo entero tiene muy claro cuál es el verdadero talante de este gobierno y tiene más que sobradas razones para ver con suspicacia cualquier iniciativa de Maduro o, más recientemente, de la ANC. La manera, el momento en el que debe establecerse, los procedimientos y principios que debe seguir para cumplir a cabalidad con sus funciones, y la forma que debe tener una “Comisión de la Verdad” fueron exhaustivamente analizados, sobre la base del análisis de múltiples experiencias mundiales, por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 2006, y sus conclusiones constan en la publicación llamada “Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto: Comisiones de la Verdad” (HR/PUB/06/1).
Más allá de los serios cuestionamientos sobre la legitimidad de origen y de desempeño de la ANC, suficientes por sí mismos en mi opinión para concluir que todos sus actos son materialmente nulos, como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que sigue vigente, ya el simple título de la publicación de la ONU debería darnos una primera pista de por qué la “Comisión de la Verdad” instalada a instancias de la ANC nace con pies de barro. Es requisito previo indispensable para que podamos siquiera empezar a hablar de la Constitución de una “Comisión de la Verdad” que el conflicto que dio lugar a las graves situaciones que se pretende investigar ya haya cesado. La ONU lo planteó de esta manera, que cito textualmente: “¿Cuando está maduro un país para una comisión de la verdad? Deben estar presentes tres elementos críticos. En primer lugar, debe existir la voluntad política que permita y, preferiblemente, aliente o apoye activamente una investigación seria de los abusos cometidos en el pasado. En condiciones ideales, el gobierno mostrará su apoyo activo al proceso proporcionando financiación, acceso sin trabas a los archivos oficiales o instrucciones claras a los funcionarios públicos para que cooperen. En segundo lugar, el conflicto violento, la guerra o las prácticas represivas deben haber llegado a su fin. Es posible que la situación de seguridad de hecho aún no haya mejorado por completo, y las comisiones de la verdad a menudo trabajan en un entorno en el que tanto las víctimas como los testigos temen hablar públicamente o que se los vea cooperando con la comisión. Además, naturalmente, la propia comisión puede recibir amenazas durante sus tareas. Pero si hay una guerra o un conflicto violento activos en el país, es poco probable que se den las condiciones necesarias para llevar a cabo una investigación seria. En tercer lugar, debe haber interés por parte de las víctimas y los testigos en que se realice ese proceso de investigación y en cooperar con él”.
Empecemos entonces por ahí ¿Existe verdadera voluntad política para permitir, alentar o apoyar una investigación seria (y lo voy a repetir, seria) de los abusos cometidos en el pasado reciente? Todo parece indicar que no, y de hecho, la prueba más evidente de ello es que cuando la Fiscal General oficialista decidió no ser más una persecutora, y comenzó a ocuparse, como corresponde verdaderamente a sus funciones, de investigar no solo lo que el gobierno le ordenaba investigar, fuese delito o no, sino además aquello que pudiera comprometer la responsabilidad de los agentes del Estado en delitos o en graves violaciones a los DDHH, fue inmediatamente atacada desde sus mismas filas (por aquello de que muy mal paga el diablo a quien le sirve) y además luego fue sustituida de manera absolutamente ilegal e ilegítima por un órgano que, ni siquiera en el caso de que hubiese sido válidamente constituido, que no es el caso, tiene facultades para ello. Por otro lado, una mirada a quienes se decidió que la integraran, todos reconocidos partidarios del gobierno, nos demuestra que dicha comisión no está articulada para defender o indagar sobre la verdad de lo ocurrido en Venezuela desde 2014 hasta ahora, sino en todo caso para apuntalar, según se vea, o una visión sesgada de la verdad (o lo que es igual, una “media verdad” que, como tal, es una completa mentira) o, en todo caso, para sustentar solo una “verdad oficial” que, como ocurre históricamente con las “verdades oficiales” no terminará siendo más que una mentira inmensa vestida de institucionalidad. Todo esto demuestra que este primer requisito, el de la existencia de verdadera voluntad política para adelantar investigaciones serias (y por serias debemos entender objetivas, independientes e imparciales) sobre lo que nos ha sucedido en estos últimos años, no está presente en este caso.
Lo segundo que se exige para saber si un determinado país está listo para una “Comisión de la Verdad” es que el conflicto violento, la guerra (en caso de que de ella se trate) o las prácticas represivas, hayan ya cesado. Mientras escribo estas líneas, la ANC no solo se ha hecho de “potestades de persecución y de investigación” contra todo el que le huela a opositor, sino además ha convertido, de un plumazo, a la Asamblea Nacional, electa por catorce millones de votos soberanos, en un cascarón vacío. Mientras escribo estas líneas, según las cifras del Foro Penal Venezolano, 1047 personas siguen injustamente detenidas solo por el hecho de haber participado, o de haber estado cerca de ellas, en las manifestaciones masivas que desde abril de 2017 han tenido lugar en todo el país. Además de esto, 676 personas siguen privadas de su libertad (procesadas o condenadas) por órdenes judiciales que no tienen sustento jurídico, sino político, y más de 100 asesinados por actos de represión siguen esperando en sus tumbas por una justicia que no llega. Mientras escribo estas líneas, 404 civiles siguen privados de su libertad por órdenes de tribunales militares, y al menos 19 personas siguen detenidas pese a que ya, y en algunos casos desde hace casi un año, los tribunales ordenaron su libertad. Es más, mientras escribo estas líneas, lo hago con la plena certeza de que, al hacerlo, me expongo a ser encarcelado por expresar estas opiniones contra los actos de la ANC. Así las cosas, ¿es correcto, sensato o hasta prudente, afirmar que las prácticas represivas de este gobierno han cesado? Evidentemente, no. En estas condiciones, como lo destacó la ONU, “es poco probable que se den las condiciones necesarias para llevar a cabo una investigación seria”, y por eso es que es un requisito obligatorio que, para que se instale una “Comisión de la Verdad”, el conflicto que se supone deben abordar, y las prácticas represivas que las motivan, ya hayan cesado. Las “Comisiones de la Verdad” solo pueden ocuparse de hechos que ya sean parte del pasado, no de los que continúan ocurriendo, y me extraña (o no, dada su filiación política) que estando entre sus miembros personas que se supone que han estudiado y manejan estos temas, se hayan saltado este requisito tan a la torera, demostrando con ello que no es la verdad lo que en realidad interesa, sino la consolidación de una inmensa mentira: La de que acá, en nuestro país, no está pasando, hoy y ahora, nada.
En tercer lugar. se requiere que las víctimas y los testigos de los eventuales procesos de investigación de una “Comisión de la Verdad” tengan interés en ser parte y en cooperar con ésta. Esto no solo abarca su disposición a intervenir, sino además que estén dadas las condiciones objetivas suficientes para que puedan hacerlo con seguridad y sin temor a represalias. Las personas que supuestamente son la voz de las víctimas en la mal llamada “Comisión de la Verdad” recientemente instalada no representan, ni de lejos, al grueso de personas que, con justas razones, pueden reclamar sin objeciones la cualidad de víctimas de la represión reciente del Estado venezolano, entre las que se incluyen no solo los familiares de los asesinados, sino también los injustamente encarcelados o condenados, los exiliados y los torturados, y aún si así fuera, visto que las prácticas represivas e intimidatorias del poder en Venezuela no han cesado, no están dadas las condiciones mínimas suficientes como para que su justo reclamo de justicia y de reparación no les acarree consecuencias negativas.
Sumado a todo lo anterior, la ONU ha establecido además una serie de principios básicos que deben respetarse para que, en su funcionamiento, las comisiones de la verdad puedan desempeñarse de manera cabal y puedan lograr objetivos creíbles que merezcan el respeto y el reconocimiento de la nación y de la comunidad internacional. Estos son: Decisión nacional, necesidad de una perspectiva global de la justicia de transición, modelo único y específico de país, voluntad política e independencia operacional y, por último, apoyo internacional. Analicemos entonces.
En primer lugar, en acatamiento al principio de “decisión nacional”, la decisión, valga la redundancia, sobre la instalación de una “Comisión de la Verdad”, debe tomarla la ciudadanía, tras un exhaustivo proceso de consultas “encaminado especialmente a obtener la opinión de las víctimas y los supervivientes”. En nuestro caso, no solo la ANC se instaló de espaldas a la voluntad popular, sino además no le consultó a nadie, mucho menos a las víctimas, sobre si estaban de acuerdo o no con una “Comisión de la Verdad” en los términos y bajo las condiciones en las que la actualmente activa fue planteada e instalada.
En segundo lugar, sobre la base de la consideración de la necesidad de una perspectiva global de la justicia de transición, cabe hacer los siguientes comentarios: Llama la atención, primero, que las “Comisiones de la Verdad” son uno, más no el único, de los instrumentos del Estado de Derecho en materia de justicia de transición. Si estamos instalando entonces una “Comisión de la Verdad”, estamos aceptando además que debemos complementarla con otros actos relativos a los procedimientos ya en curso, con procesos de revisión y depuración en la administración de justicia, y con otras iniciativas dirigidas a procurar la reparación a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas ya lograr las reformas que sean necesarias; pero más allá, también estamos aceptando que estamos en un proceso de transición. En nuestro caso, ninguna de las anteriores iniciativas que deben correr en paralelo se han instrumentado y, lo que es más importante, el gobierno jamás ha aceptado que ya estamos en un proceso de transición y que, en consecuencia, ya salió o está de salida. Las “Comisiones de la Verdad” son para procesos de transición, no para apuntalar en el poder a quienes quieren permanecer en éste “como sea”.
En tercer lugar, las “Comisiones de la Verdad” deben adecuarse, por acatamiento del principio de “modelo único y específico de país”, a nuestras particulares y muy específicas necesidades, tomando en cuenta las visiones, las necesidades y los anhelos no solo un lado de la moneda, como ocurre con la actual “Comisión de la Verdad”, sino los de todos los factores involucrados, incluso, y yo diría muy especialmente, los de quienes adversan al poder en funciones. De otra forma, la “Comisión de la Verdad” no es más que una morisqueta legitimadora, y no un instrumento para el esclarecimiento de la verdad y el logro de la justicia.
En cuarto lugar, como ya se destacó antes, debe haber verdadera voluntad política (no solo el ánimo de parecer justo, sino la vocación de serlo en realidad) en el poder para que la “Comisión de la Verdad” cumpla a cabalidad sus funciones, para lo cual además necesita de plena independencia operacional. La “Comisión de la Verdad” recientemente instalada en Venezuela no es independiente, pues su desempeño está sujeto a la írrita ANC, constituida como mecanismo inconstitucional de dominación de unos pocos sobre el grueso de la población, y de ello solo puede concluirse que no será en realidad independiente desde ningún punto de vista.
Por último, y esto es fundamental, las “Comisiones de la Verdad” deben contar con la participación, y el apoyo, de la comunidad internacional. No solo nuestra “Comisión de la Verdad” no ha recibido el apoyo o el aval de ningún país, mucho menos de los organismos internacionales que tradicionalmente colaboran con estos instrumentos de la justicia transicional, sino que su “madre”, la ANC, ha sido rechazada por más de 40 países y por múltiples organismos multilaterales e internacionales. Sobre estas bases, la “Comisión de la Verdad”, tal y como está planteada, sus actos y los resultados que arrojen, no encontrarán validación ni acatamiento en la comunidad internacional, por lo que al final, tras mucho nadar terminará en la misma orilla y solo será recordada como un despropósito y como un monumento al tiempo perdido.
Dios quiera que a ningún operador político de la oposición, ávido de figuración o con base en sus propios intereses, se le ocurra estar legitimando, con su participación en ella por aquella homilía de que “no hay que perder los espacios”, en esta “Comisión de la Verdad” que, como se ha visto, es de todo, menos eso.
Gonzalo Himiob Santomé
@HimiobSantome
