La suspensión de garantías constitucionales en municipios fronterizos del estado Táchira y el cierre de la frontera con Colombia genera nuevas tensiones con el vecino país y abre un nuevo frente de confrontación política interna con quienes se oponen a esas acciones.
Hay varias situaciones que se ponen en evidencia en toda esta trama. Es innegable que miles de toneladas de alimentos y productos de uso masivo se van por los caminos verdes y no tan verdes al vecino país. El contrabando del siglo XXI, mejor conocido como “bachaqueo”, es un negocio gracias al cual engordan todos sus participantes, incluidos los funcionarios uniformados y de civil que se prestan a la tan rentable como despreciable tarea de contribuir al desabastecimiento en un país con una deficiente, raquítica y casi inexistente cultura productiva.
En el papel, el cierre de la frontera busca detener el masivo trasvase de productos hacia la vecina Colombia. No sé si se va a lograr. ¿Ya están controlados las trochas y los vericuetos por los cuales salen alimentos, medicinas, gasolina y otros productos? También dudo que el problema del desabastecimiento vaya a resolverse por esta medida, sin que se tomen decisiones destinadas a promover la producción interna y corregir los desequilibrios que caracterizan nuestra enferma economía.
Es un rollo muy complejo. Eso de comprar productos en Venezuela y venderlos en el vecino país a diez o más veces su valor es un negocio demasiado atractivo y jugoso como para que se acabe de buenas a primeras. ¿Están tomadas todas las previsiones para que se pueda frenar significativamente el contrabando de extracción? Pero, además de ello, ¿cuáles son las posibilidades de que entre los gobiernos de Venezuela y Colombia se alcancen acuerdos para evitar que desde allá se les brinde estímulo a los contrabandistas? ¿Cómo derrotar a las mafias que se mueven a sus anchas en una frontera sinuosa de más de 2.000 kilómetros? ¿Cómo detectar y castigar sin miramientos a quienes desde instituciones oficiales les sirven a estos delincuentes?
Si bien la frontera no puede mantenerse cerrada indefinidamente, y eso será uno de los puntos que debe abordar las cancilleres de Venezuela y Colombia en su cita de mañana, tampoco un país puede permitirse el lujo de que le desangren su economía con actividades absolutamente lesivas a los intereses y derechos de la absoluta mayoría de la población.
Tampoco se puede aceptar impunemente que los contrabandistas y mafiosos de todo pelaje pretendan impedir con ataques armados la acción del Estado venezolano. Frente a este tema debe promoverse la más amplia unidad nacional, aun en tiempos electorales. En circunstancias de severas dificultades económicas, que no auguran cosas buenas en el futuro inmediato, es imperativo generar puntos de encuentro mínimos para garantizar que la comida y demás productos esenciales lleguen a la casa de los 30 millones de habitantes.
Este asunto del contrabando de extracción ha ido demasiado lejos. No podemos seguir convirtiendo a Venezuela en país de bachaqueros. Esto hay que pararlo, y la mejor manera de lograrlo es enfrentar el contrabando de extracción contra los verdaderos responsables y sus cómplices y acompañar esas acciones con las decisiones económicas adecuadas. No temerle a los costos. No correr más la arruga y hablarle claro al país.
Vladimir Villegas
