El comportamiento del Estado frente a la crisis universitaria muestra sin tapujo la barbarie de quienes hoy manejan las riendas del poder y su intento de acallar las voces de las casas de estudio autónomas y libres.
El jefe de Estado, en su desparpajo al que nos tiene acostumbrado irrespeta a la rectora de la Universidad Central de Venezuela cuando la califica de un buen prospecto a diputado de la Asamblea Nacional y la acusa sin pruebas de utilizar a los estudiantes con fines políticos.
El ministro de la Educación Superior ignora el llamado de la Federación de Profesores Universitarios destinado a dar solución a la crisis por las que atraviesan las universidades cuyo presupuesto y homologación de salarios lleva largos años sin ajuste, mientras que osa acusar a las autoridades de haber dilapidado los recursos asignados.
El ministro de Interior y Justicia acusa a los estudiantes del atentado perpetrado la semana pasada contra el rectorado y otras propiedades del recinto sabiendo que los terroristas encapuchados forman parte de bandas armadas por el gobierno para amedrentar a la ciudadanía que utiliza la protesta pacífica como mecanismo de presión dentro del marco legal.
En la Fiscalía de la República reposan las pruebas de decenas de ataques sufridos por la UCV, de manos de delincuentes pagados sin que hasta el momento haya presentado informe alguno señalando a los culpables de tales fechorías. Este relato de irrespetos nos muestra la intolerancia de los poderes del Estado.
Consideramos que el paro ha cumplido su objetivo pues dejó claro de que lado están la luz y las sombras. Nuestra recomendación a rectores, profesores y estudiantes es que suspendan el paro y modifiquen los métodos de presión incorporando a la ciudadanía en pleno.
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Por Juan Antonio Muller
