Es propio de regímenes autoritarios establecer amarres institucionales que le permitan dificultar el cambio político y prolongar su dominio sobre el proceso del poder incluso más allá de lo que le correspondería, en el contexto del surgimiento de una nueva mayoría o legitimidad. Fue la experiencia de Chile, que refleja aún en su Constitución vestigios del Texto Fundamental y otras normas otorgadas por el dictador para perpetuar su hegemonía.
En la Venezuela de hoy se observan diversos amarres institucionales de un gobierno heredero de una propuesta sustentada en el respaldo popular pero que se ha desligado de esas bases y busca sobrevivir por medios artificiales. Una primera muestra de esos amarres fueron las leyes del poder popular, aprobadas por la agónica Asamblea Nacional de finales del 2010 y que fueron investidas todas con el carácter de orgánicas, con evidente forzamiento de las categorías constitucionales y con la finalidad de obstaculizar su reforma, pues dicho carácter supone que cualquier modificación de tales leyes exige la admisión del proyecto de ley respectivo por la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Nacional. Más recientemente, salta a la vista que al mismo propósito respondió la designación atropellada y fraudulenta de Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia efectuada en diciembre de 2015, por un período de 12 años. Y en la actualidad el planteamiento de la Constituyente es la expresión más acabada del empeño del gobierno en extender su control sobre los órganos y recursos del Estado tanto como sea posible.
La misma convocatoria de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente ha desviado la protesta ciudadana, que exigía elecciones, hacia la lucha por impedir la instauración del órgano fraudulento que se arrogaría los poderes de la soberanía popular a espaldas del pueblo. La represión oficial por otro lado ha llegado a niveles descomunales y ha segado la vida de los más jóvenes, buscando inhibir la participación de la ciudadanía en las manifestaciones. Se anuncia además que la Constituyente institucionalizará un poder popular que no nace de elecciones ni de sufragio alguno, como instrumento que serviría para apertrecharse ante la escasez de votos.
Nótese por otra parte que la Constituyente que se aspira imponer no responde a un verdadero momento constituyente, marcado por el anhelo de reunir a una sociedad dividida mediante la más intensa participación de los sectores en conflicto, o de promover rupturas institucionales asociadas a una voluntad de transformación manifestada por el electorado. Tampoco está vinculada a la ambición de un futuro mejor que la Constituyente ayude a construir. Por el contrario, se trata de una (seudo) Constituyente que se sostiene en la pretensión de ampliar el alcance temporal y material de un poder asentado sobre estructuras incapaces de sostener legítimamente el peso que se intenta colocar sobre ellas. Es una Constituyente de la prórroga, no de la esperanza; un ensayo de momificación de un liderazgo que sucumbió ante el fracaso económico, político y social. Es, en suma, una Constituyente sin alma.
La Venezuela de la sensatez está obligada a contener el delirio constituyente alimentado por la soberbia que está dispuesto a arrasar lo que queda de patria con tal de que el gobierno sea inmune al reclamo mayoritario de alternancia. Tal es el grado de la irracionalidad que las bases comiciales no fijan plazo alguno para el funcionamiento de la Constituyente, con lo cual esta muestra la osadía de congelar el tiempo si es necesario para evitar el cambio.
En cualquier caso, hay que seguir adelante en la ruta de la construcción de un futuro de democracia y de prosperidad para todos, sin caer en la tentación de agotar todas las energías en la refutación de propuestas que solo pueden vencer merced a la desmoralización. Y hay que poblar cada vez más las calles con demostraciones del compromiso con la libertad de los venezolanos.
A la vez y sin renunciar a lo anterior, hay que dejar abiertas las puertas a un acuerdo razonable que contribuya a la pronta celebración de los procesos electorales constitucionalmente previstos, la liberación de los presos políticos y la recuperación de la institucionalidad democrática. La nobleza de quienes en mayor medida quedan expuestos a la brutalidad de los cuerpos de seguridad y la preservación de la paz así lo demandan. Porque el coraje que requiere una hora decisiva como la que repica en el corazón de la nación no es el del insulto virtual ni el del grito sordo de la masa sino el del paso firme hacia la meta trazada, que sabe soslayar las provocaciones cuando ello ayuda a aligerar el ritmo y a alejarnos de los rencores que envilecen el espíritu.
JESÚS M. CASAL H.
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