Muchos analistas plantean que Venezuela es un país secuestrado por la banda criminal que controla Miraflores. Y en una situación así, afirman algunos, nunca la solución está en una negociación de los delincuentes con las víctimas, porque los primeros tienen el poder de mantener retenidos a los otros. Por lo tanto, el trato para liberar a los rehenes debe ser realizado por una instancia que represente una amenaza creíble para los plagiarios.
En este contexto, evaluemos la negociación entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro en México.
Los secuestrados (opositores) buscan la libertad para salir de la miseria en la que se encuentran sumidos desde hace más de un lustro por culpa de los captores (cabellomadurismo). Creen que el mecanismo idóneo para lograrlo son unas elecciones libres y justas, pues los jefes de la banda criminal perderían así la fuerza para seguir sometiéndolos. Por esta razón piden que todos los secuestrados sean liberados y habilitados. Quieren garantías. Además, convivir en paz. Sin violencia. Pero eso sí, reparando a las víctimas que lucharon por la liberación.
Mientras tanto, la banda criminal busca mantener la sociedad distópica. Para ello, necesita recuperar la legitimidad internacional de los países democráticos. Sobre todo, el reconocimiento de Estados Unidos, al que sí considera una amenaza creíble.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Trump y que ha mantenido Biden a la estructura que permite sostener el aparato de Estado han mermado la capacidad de los secuestradores para tener el control social de la población. Este es el principal motivo por el que les urge la flexibilización o el levantamiento de las medidas, así como la recuperación de los activos en el exterior, para seguir con la Agenda Concreta de Acción del Plan de la Patria 2025: “Defensa y consolidación de la independencia nacional; construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI; y transformación del país en una [supuesta] potencia social, económica y política”.
El facilitador de la negociación, Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, busca salvar el proceso a toda costa después del fracaso del diálogo anterior en Oslo y en Barbados en 2019. Entonces, el cabecilla de la banda criminal se levantó de la mesa cuando se dio cuenta de que la máxima presión ejercida por la administración estadounidense (amenaza creíble) no se detendría. El representante del país nórdico no le garantizaba la flexibilización de las sanciones sectoriales, lo que también deterioró la reputación de esta nación europea como mediadora.
En resumen, la delegación de Maduro (secuestradores) busca normalizar la relación con los representantes que integran la Plataforma Unitaria (secuestrados), mientras intenta socavar el apoyo de la Casa Blanca al interinato, haciéndole creer que está frente a un problema sin solución aparente. Y el facilitador trata de salvar este nuevo proceso, evitando cualquier sobresalto.
Por ejemplo, las extradiciones de Hugo “el Pollo” Carvajal desde España y Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos se están tomando el máximo de los lapsos judiciales permitidos porque ambos juicios debilitarían la posición negociadora de la banda criminal. Los secuestradores se verían obligados a acordar una salida sin condiciones que han resistido hasta ahora.
Ayer, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente la entrega del Pollo Carvajal a Estados Unidos, después de que era eminente su traslado. En marzo de 2020, el Consejo de Ministros español había aprobado la entrega a Estados Unidos por los presuntos delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas. Asimismo, el Ejecutivo español tomó la decisión a pesar de que Carvajal se encontraba en paradero desconocido desde noviembre de 2019, cuando la Audiencia Nacional ya había decidido su entrega.
Ahora, la resolución señala que «se suspende la materialización de la entrega» hasta que el Ministerio de Interior de España informe sobre la petición de asilo que cursó Carvajal en 2019 y recalca que no puede resolver hasta conocer este extremo –un criterio que no fue determinante en la decisión de la Audiencia Nacional en 2019 y el Consejo de Ministros en 2020–.
En el caso de Alex Saab la situación es parecida. Todo está listo para su extradición. Esta semana debería ocurrir. El pasado viernes, Rusia –país acompañante de los secuestradores– condicionó las negociaciones en México si esto sucedía. Este domingo, la embajada rusa en Caracas rectificó. Dijo que apoyaba el diálogo facilitado por Noruega.
Para el líder de la banda criminal es una línea roja lo de Saab. A tal punto que están considerando no asistir al próximo encuentro el 24 de septiembre. En un acto de desesperación, anunciaron ayer la inclusión del supuesto testaferro de Maduro en la mesa de negociación como un miembro de la delegación, demostrando que su principal propósito es conservar el sometimiento de los secuestrados. Y no liberarlos.
Parten de la premisa de que la Plataforma Unitaria, junto con su acompañante y amigos, no tienen otra opción que la negociación en tierra mexicana.
Así lo indican los acuerdos parciales anunciados la semana pasada de la “restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia de COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales” y “la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”.
Los dos apuntalan a los secuestradores. El primero le permitió registrar 5.106 millones de dólares en el balance del Banco Central, correspondientes a los Derechos Especiales de Giro otorgados por el Fondo Monetario Internacional, a todas las economías, para mitigar los efectos causados por la pandemia del coronavirus –el FMI no reconoce al régimen de Maduro, por lo que no podrá disponer de estos.–.
Antonio de la Cruz
