Tradicionalmente, en economías con alta inflación se busca evitar la pérdida de poder de compra de los ingresos de la población a través de aumentos compulsivos de los salarios, como el decretado recientemente en Venezuela; pero se ha demostrado que esos ajustes, lejos de solucionar el problema, lo que hacen es agravarlo. Eso se debe a que esas elevaciones forzosas de las compensaciones laborales se traducen en mayores costos que se transfieren a los precios, contribuyendo a que el aumento de estos últimos siempre acabe siendo más intenso que el de los salarios. Adicionalmente, muchas empresas no pueden absorber esos mayores costos por tener limitaciones para incrementar sus precios, bien sea por estar estos controlados o fijados arbitrariamente, o por el riesgo de que su aumento desplome los volúmenes de venta. Eso es de particular relevancia para las pequeñas y medianas empresas, pues al ser ellas altas generadoras de empleo, los ajustes compulsivos de salarios les implican aumentos desproporcionados de sus costos que, al no poder ser transferidos totalmente a los precios, les generan cargas que en muchos casos las obligan a cerrar sus puertas o a reducir operaciones.
Adicionalmente, esos incrementos obligatorios de las remuneraciones solo benefician a los trabajadores con trabajos formales, mas no a aquellos que están en la economía informal o desempleados, ni a las personas que están fuera de la fuerza laboral, quienes no ven incrementados sus ingresos, pero sí resultan afectados por la intensificación de la inflación. En resumen, el aumento compulsivo de salarios quiebra empresas, aumenta el desempleo y agrava la inflación, particularmente en momentos de crispación social y política, como la que vivimos hoy, que genera incertidumbre, paralización económica y destrucción de empresas por los saqueos y actos vandálicos.
Entonces, ¿cuál es la solución? Sin duda, abatir la inflación. Para lograrlo, hay que comenzar imponiendo disciplina fiscal y monetaria, eliminando los déficits públicos recurrentes y crecientes que han llevado al gobierno a obligar al BCV a financiarlos a través de la creación masiva de dinero sin respaldo, con las consecuentes expansiones desproporcionadas de la oferta monetaria. Esa disciplina se logra a través de la imposición de limitaciones al gasto público, del control efectivo del uso de los recursos, y de esfuerzos para incrementar la eficiencia del gasto, de los subsidios y de la recaudación tributaria. Paralelamente, es indispensable respetar la autonomía del BCV, que no solo tiene que tener la potestad de negarse a financiar gasto público deficitario, sino también la de fijar metas anuales de inflación, y tener la autoridad para establecer acciones e implementar políticas orientadas al logro de esos objetivos.
Adicionalmente, es fundamental estimular la oferta de bienes y servicios a través de incentivos a la inversión reproductiva privada, no solo para incrementar y diversificar la producción, sino también para modernizar el aparato productivo y aumentar su eficiencia y productividad. Para ello es necesario generar confianza a través de la preservación del Estado de Derecho, y de la aplicación de reglas de juego claras y convincentes. Además, se requiere prestar atención al desarrollo del capital humano, pues sin personas preparadas y bien formadas es muy poco lo que se puede avanzar en el logro de una mayor eficiencia productiva.
Por otra parte, hay que eliminar los excesivos controles y regulaciones existentes que impiden el funcionamiento racional de los mercados y la óptima asignación de los recursos, e implementar una política cambiaria dinámica, funcional y racional, caracterizada por la libre convertibilidad de la moneda y por la flexibilidad del tipo de cambio.
Pareciera que estas impostergables acciones tendrán que implementarlas otros en el futuro. Pero urge que se comience pronto.
Pedro Palma
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