No hay peor injusticia que la que toma cuerpo bajo la apariencia de la legalidad
Sin duda alguna, no hay peor injusticia que la que toma cuerpo bajo la apariencia de la legalidad. Triste y lamentablemente, es este el camino que hemos tomado. Las instituciones, al servicio de intereses políticos, se prestan para servir de apoyo a las iniciativas del poder, en contra de todo aquel que se atreva a disentir, considerado por ello enemigo peligroso que debe ser neutralizado.
En los regímenes autoritarios de otros tiempos no se hacía ningún esfuerzo por justificar detenciones arbitrarias que se practicaban por órdenes del gobierno. Los presos por asuntos políticos, lo eran del mandatario de turno, que asumía su responsabilidad. Hoy se recurre a las instituciones que están predispuestas para hacer valer los derechos ciudadanos para que, torciendo el derecho, tuerzan a los hombres.
De allí que nos enfrentamos a decisiones sin fundamento alguno, a sentencias que establecen doctrinas en contra de sus propios precedentes, a interpretaciones de la ley absolutamente inejecutables y contrarias a los sentimientos del hombre común.
Son muchos casos que pueden ilustrar lo expresado. El alcalde Scarano fue condenado por la Sala Constitucional a prisión de 10 meses sin que la Sala sea Tribunal Penal y siendo el hecho delito, pero considerando que no lo es; y ahora, cumpliendo una pena, que no es pena, resulta en condición más desfavorable que si hubiese sido condenado penalmente, sin fórmulas alternativas a la prisión y sin recurso efectivo alguno ante la privación de su libertad. ¡Realmente un macabro acertijo!
El caso López y las absurdas interpretaciones como instigador o determinador de conductas llevadas a cabo por otros que no están presos, en razón de discursos que revelan un ethos que habría dominado el ethos de sus destinatarios es otro disparate monumental por el que se pretende condenar a un líder político, interpretando su lenguaje, el cual contendría mensajes velados de violencia que habrían sido captados por manifestantes bajo su mandato y sugestión determinante, a la vez que se le acusa como integrante de un grupo de delincuencia organizada que abarcaría a los miembros de su partido y a sus colaboradores.
Finalmente el caso de un «magnicidio», que no es tal, en un país en el que tales aberraciones nos son ajenas, y que se concreta en correos forjados y divulgados por un órgano político, en franca violación de la ley, todo ello ideado para sacar del juego político a María Corina Machado.
Todo esto no prosperaría con instituciones serias, con órganos de investigación que cumplan la ley y con tribunales autónomos cuyos jueces sean capaces de decidir según su conciencia y el derecho y que no se limiten, con el canto de los gallos, a pedir «tranquilidad» a la población.
Estamos atrapados en las redes de la «justicia»; estamos en libertad condicional; nuestros juramentos pueden ser castigados y somos «peligrosos» en la medida en que no nos ajustamos a las exigencias del poder.
Esto es grave. Mucho más grave cuando lo que ocurre se pretende aparecer como amparado por el derecho, conforme a la justicia y con una apariencia de legalidad que cada día trata en vano de argumentar sus desafueros.
Alberto Arteaga Sánchez
aas@arteagasanchez.com
