Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. Para corregir los graves desequilibrios que generan inflación, contraen la producción e impiden la creación de nuevos y mejores empleos, el próximo gobierno tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables que protestan con mucha razón cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste.
A fin de aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario tendrá que reestructurar toda la administración pública y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por la corrupción; tendrá que reducir los subsidios y sincerar las tarifas de los servicios públicos a fin de generar ingresos propios para su mantenimiento y repotenciación; y tendrá que hacerlo en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la canasta alimentaria, mucho menos para cubrir el costo de los demás servicios.
A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador, a Sebastián Piñera en Chile, y la ola de protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. En Argentina, Javier Milei enfrenta un creciente malestar social por el drástico ajuste que está llevando a cabo.
En Venezuela, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste.
El gobierno que resulte electo en las Presidenciales del 28J recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá al nuevo gobierno resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.
En el Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia se plantea un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se puede llevar a cabo en el lapso que va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión, a través de una acción conjunta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. En vez de apostar al fracaso del otro, los actores en pugna están llamados a cooperar y compartir las críticas y méritos por las medidas de ajuste que será necesario aplicar para hacer posible la reconstrucción nacional. De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar un país minado por las tensiones económicas, sociales y políticas-, ganará tiempo al recibir una economía desbloqueada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su proceso de reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
Al interés nacional le conviene un Pacto de Convivencia Pacífica que facilite la viabilidad económica y la estabilidad social poselectoral. Esto pasa por identificar problemas prioritarios y consensuar medidas concretas para superar los principales problemas que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas, e identificar propuestas sensatas y viables para superar la amplia gama de problemas económicos, sociales y políticos que va a heredar.
Económicos:
- Desequilibrios fiscal, monetario y cambiario.Deterioro de la industria petrolera
Contracción del aparato productivo
Inflación
Dolarización
Sociales:Desempleo, desaparición del salario y deterioro del ingreso real
Colapso de los sistemas públicos de educación y salud
Deterioro de los servicios de agua, gas, electricidad y condiciones de vida.
Empobrecimiento generalizado la población.
Incesante y creciente migración
Político:Polarización de la vida política nacional
Actores en pugna que se ven como enemigos y no como rivales
Desencanto de la población con la política.
Deterioro de las condiciones electoralesEl Pacto de Convivencia Pacífica abre vías para complementación de los actores políticos, económicos y sociales, en función de lograr unos acuerdos básicos que permita gestionar recursos para atender las prioridades nacionales y evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países. Pero la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla antes de la toma de posesión.
La comunidad internacional puede incentivar la conformación de un gobierno de enlace entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, el cual sería apoyado con la eliminación inmediata de todas las sanciones económicas, la devolución de los activos de la República bloqueados en el exterior, acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI, recuperación de las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, reestructuración y rebaja de la deuda externa, reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y nuevas inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo.
De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social-, recibirá una economía desbloqueada y en franca recuperación, para poder hacerle frente a los grandes retos que plantea la reconstrucción nacional, sin tener que recargar los costos del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad. Es así como se puede asegurar la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral
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