El nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, se unió a Manuel Rosales, gobernador del Zulia, para pedir el levantamiento de las sanciones internacionales. “Las sanciones solo han empobrecido al país” y «el venezolano que diga que quiere sanciones es un loco», declaró el dirigente empresarial.
Es cierto que Celis no es un líder político. Su interés inmediato no se centra en la conquista del poder, sino en la defensa de su gremio: esos venezolanos que todos los días se enfrentan a numerosas condiciones hostiles con el fin de mantener sus empresas y negocios, pagar el salario de sus trabajadores y cancelar los numerosos impuestos que gravan la actividad económica nacional. Sin embargo, Celis sí es un dirigente social y, ahora, figura principal de una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país, tal como lo registran las encuestas de opinión más reconocidas. En su condición de líder social, debería saber que si no se restablecen las condiciones democráticas, resulta imposible que se reanime la economía nacional. Fedecámaras tendría que pedir la normalidad institucional en todos los órdenes: respeto a los derechos de propiedad y a la libertad de expresión e información; liberación de los presos políticos y de los dirigentes sindicales arbitrariamente detenidos; obediencia al Estado de derecho y a la Constitución en todos los órdenes.
Celis, Rosales y todos aquellos que demandan el levantamiento de las sanciones internacionales saben que ese castigo es consecuencia de la violación sistemática de los principios democráticos por parte del régimen. Nada tienen que ver con una antipatía especial que genere Nicolás Maduro en los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. En México, Honduras, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, se instalaron gobiernos de izquierda durante los años recientes. Todos, con sus respectivos matices, triunfaron en procesos electorales incuestionables verificados por la comunidad internacional. Ninguno ha sido sancionado o amenazado por sus tendencias ideológicas.
Venezuela, junto a Nicaragua y Cuba, constituyen la excepción. Sobre esos gobiernos se ha tendido un cerco sanitario porque los tres desconocen la Carta Democrática Interamericana (CDI) y los principios democráticos establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuba ni siquiera participó en la discusión de la CDI, y de la OEA fue expulsada hace décadas. Entre esos valores se encuentran el acatamiento a la soberanía popular expresada en las urnas electorales; procesos comiciales transparentes y equilibrados; y gobiernos alternativos. Todos valores conectados con la posibilidad de que los pueblos elijan sin presiones a sus gobernantes y esa decisión sea obedecida por quienes detentan el poder.
El régimen de Maduro pretende que las sanciones se suspendan sin modificar ni un ápice su comportamiento antidemocrático. Quiere unas elecciones libres, «pero libre de sanciones». ¡No sabe nada! Aspira a que Estados Unidos y la UE lo reconozcan legítimo como a los demás presidentes latinoamericanos, sin retomar las conversaciones en México; manteniendo inhabilitados a los principales aspirantes que participan en la primaria; blandiendo la Espada de Damocles sobre la propia primaria; y conservando el control del Comité de Postulaciones –una de cuyas integrantes es Cilia Flores- encargado de seleccionar el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo cual permite suponer que el órgano rector que salga de allí responderá las órdenes de Miraflores. Maduro no emite ni el más tenue mensaje de transparencia, pero reclama que se acaben las sanciones. Entonces, ¿con cuáles instrumentos va a presionar y negociar la comunidad internacional y la oposición?
En Venezuela no existen factores internos capaces de crear el clima que obligue al régimen a dialogar. Los partidos fueron destruidos por la acción letal del chavismo-madurismo y por sus propios errores. Lo mismo ocurrió con gran parte de los sindicatos y gremios, incluidos los más grandes, como el de los maestros y profesores universitarios. Los medios de comunicación privados, cajas de resonancia fundamentales, fueron perseguidos, comprados o clausurados. El movimiento estudiantil, factor de agitación clave, fue diezmado por el éxodo y la precarización de la educación secundaria y superior. La sociedad civil cuenta con pocos y frágiles instrumentos para modificar el comportamiento de una casta que basa su poder en la represión y el control de todos los organismos de Estado.
El gobierno de Maduro utiliza a los presos políticos –Roland Carreño y Javier Tarazona, entre muchos otros- como fichas para negociar con Estados Unidos y la UE, y sembrar terror entre los opositores. Así lo hizo con el incauto joven norteamericano que vino a visitar a la novia pensando que llegaban a una nación normal, y estuvo preso durante varios años, hasta que el gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con Maduro.
Las sanciones se encuentran entre los pocos instrumentos que posee la comunidad internacional para lograr que el régimen acceda a concurrir en 2024 a un proceso electoral transparente y acate la voluntad de los electores. Sin esas sanciones –provocadas y mantenidas por Maduro- el régimen continuará el camino hacia la supresión de todos los derechos y libertades políticas para acercarse más a Cuba y Nicaragua. Les quitará la nacionalidad a los opositores sin ningún costo.
Trino Márquez
@trinomarquezc
