La visita de su santidad Francisco a Cuba es una nueva señal del cambio de época que vivimos sobre todo en América Latina. No es poca cosa que se trate del primer papa nacido en nuestra región. Y tampoco lo es que bajo sus buenos y secretos oficios los gobiernos de La Habana y Washington dejaron atrás alrededor de seis décadas de enemistad y hoy se encuentran en ruta segura hacia relaciones de respeto en medio de las diferencias.

La diplomacia papal ha dado sus frutos. Aún no se ha medido el impacto que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos va a traer a toda América Latina. Si la isla caribeña, escenario de la primera revolución socialista en el continente, y el gigante del norte son capaces de entrar en un nuevo momento marcado por el pragmatismo y el deseo mutuo de entrar en un esquema de ganar-ganar, ello abre caminos para que cada vez más se cierren las brechas y grietas existentes entre Estados Unidos y Latinoamérica. Pero esto depende, obviamente, de la voluntad política de los decisores tanto en Washington como en las capitales de la región.

El papa, consciente del inmenso liderazgo que tiene, se apoya en la prudencia sin dejar de reforzar valores como la libertad, la justicia, y el hacer el bien sin atar esas acciones a amarres ideológicos. No estamos ante el fin de las ideologías, es iluso pensar eso. Pero sí estamos ante una nueva manera de asumirlas. Cada quien en la suya, sin excluir a otro, y sin negar la posibilidad de acordarnos sobre los asuntos vitales que agobian a la humanidad: la pobreza, las guerras, el fanatismo religioso o de cualquier signo, las amenazas al medio ambiente, los desplazados y refugiados.

Su paso por Cuba deja buenas semillas de esperanza para la reconciliación. Para el reencuentro necesario entre los propios cubanos. A los venezolanos también nos haría falta una visita papal, aunque no habría que esperar ese acontecimiento para dar pasos también en la dirección de desterrar el odio, el sectarismo, la intolerancia y todo aquello que obstaculice la posibilidad de trabajar unidos para superar esta difícil coyuntura nacional.

No hay que ser religioso para reconocer que el papa Francisco llegó no solo para estremecer las bases de la Iglesia y reencontrarla con la esencia del auténtico cristianismo. También llegó para cumplir una misión social y política en el buen sentido del término, con miras a que seamos mejores seres humanos y pensar más en servir que en ser servidos, tal y como lo dijo en La Habana, con toda la delicada intención de hacer reflexionar sobre todo a los que tienen algún o mucho poder en sus manos.

El Polo Linares

Se ha ido Leopoldo Linares, uno de los mejores reporteros políticos que ha tenido el periodismo venezolano. Un ser humano extraordinario, un periodista denso, acucioso, admirado por quienes lo conocimos y vimos en él el prototipo del buscador de la noticia, del sagaz entrevistador que llenó miles de cuartillas de nuestra historia política contemporánea.

El Polo Linares supo ganarse el respeto de los políticos de todas las tendencias. Sin duda alguna que enalteció la profesión y sirvió de ejemplo a las generaciones de periodistas que venían detrás de la suya. Creo que Leopoldo Linares no recibió en vida todos los reconocimientos que merecía, por sus aportes como ciudadano, como comunicador social y también como gremialista. Nuestra solidaridad a toda su familia, en especial a su hija Clara. Paz a sus restos.

Vladimir Villegas

En días recientes asistí en Washington a la XIX Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento, un evento copatrocinado por la Organización de Estados Americanos y Diálogo Interamericano, y allí expuse mis puntos de vista sobre el proceso electoral venezolano del venidero 6 de diciembre, los escenarios actuales, lo que dicen las encuestas, los posibles resultados y lo que puede derivarse de ellos según quien resulte ganador de esa contienda.

En ese encuentro, al cual asistieron centenares de representantes de liderazgos sociales y políticos, investigadores, docentes, funcionarios y ex funcionarios de gobiernos, periodistas, empresarios y toda una amplia gama de hombres y mujeres vinculados a otras actividades de gran impacto en la sociedad, se pasó revista a la realidad latinoamericana y sus desafíos en el ámbito económico, político, científico y tecnológico, educativo, en medio de un debate abierto, plural, del cual, lamentablemente, estamos ausentes los venezolanos, porque nos consume una agenda interna saturada de una temática que en nada nos ayuda a salir adelante.

Digo que estamos ausentes porque mientras en el resto de América Latina, incluida la Cuba de Fidel y Raúl, avanza la discusión y reflexión sobre cómo enfrentarnos a los retos que para el continente implican las dificultades que se hacen presentes en la economía mundial, Venezuela, como país, gobierno y oposición incluidos, está distraída en lo que nos divide y no en lo que debería concitar no solo la atención de todos sino la más amplia unidad nacional para no solo superar nuestras ya graves dificultades en ese campo sino para prepararnos para tiempos difíciles como los que ya vienen advirtiéndose en toda la región.

América Latina, y Venezuela no es precisamente la excepción, sigue siendo una región con una población vulnerable, tal y como lo expresaron en la Conferencia de la CAF algunos de los expositores, sin dejar de reconocer los avances que se lograron en estos años, y que permitieron el crecimiento de la clase media gracias al diseño de políticas socio-económicas evidentemente acertadas. Los gobiernos tendrán que asumir la explicación a la sociedad del por qué no hay condiciones para cumplir con todas las expectativas en materia de beneficios sociales, dado el decrecimiento que se avecina en la región

Pues bien, ya se advierte que la entrada de nuevos hogares a la clase media en los países latinoamericanos está en serio peligro. Que no se están generando empleos productivos para ese recurso humano que tuvo mayor acceso a las universidades, como resultado de acertadas políticas de inclusión, y que espera la oportunidad de cumplir con el objetivo de alcanzar sus metas personales.

En América Latina se debate, por ejemplo, sobre el rol que debe cumplir la academia. Su actualización para colocarla a tono con los avances científicos y tecnológicos. Venezuela está al margen de esas reflexiones, mientras el mundo sigue caminando hacia un futuro que se nos hace lejano porque tenemos la mirada puesta más en el pasado que en prepararnos para los cambios y los retos que estos imponen.

Un aspecto interesante de lo que se expuso en esta XIX Conferencia de la CAF es el rol que ya está jugando la sociedad en la labor de controlar la función pública. La ciudadanía no está dispuesta a asumir nuevos impuestos, por ejemplo, si no aprecia que el Estado los retribuye con buenos servicios de transporte, mejor educación, mejor salud y más seguridad.

Los ciudadanos reclamarán cada vez más espacios para incidir en el rumbo de las políticas públicas, y los gobiernos se verán cada vez más obligados a buscar el consenso y apoyo de la sociedad a la hora de aplicar ajustes que se traduzcan en la disminución de beneficios. La crisis trae consigo oportunidades, y una de ellas es la participación efectiva y real en la toma de decisiones por parte de la sociedad como un todo.

Esta conversación, como ya dije, tiene lugar en una América Latina que teme quedarse aún más rezagada. Y Venezuela no puede seguir al margen de ese diálogo que se reflejó intensamente en esta reunión realizada la semana pasada en Washington. Es una ironía que seamos asiento de la sede de la CAF y  ninguna representación del gobierno venezolano formara  parte activa de este encuentro.

Amnistía general

A propósito de la sentencia condenatoria contra Leopoldo López, más allá de las consideraciones de fondo sobre el tema, creo que en Venezuela tendrá que imponerse la racionalidad política que permita un clima propicio al entendimiento nacional.

Temo que nuestro país puede vivir, a apropósito de las venideras elecciones parlamentarias, cualesquiera sean sus resultados, horas difíciles que nos coloquen al borde de confrontaciones que ojalá no se desborden. Hay que avanzar en la búsqueda de un escenario de acuerdos políticos para transitar las dificultades que nos esperan en el ámbito político y económico. Aunque sé que existe gran resistencia a abordar este tema, la amnistía general es una de esas medidas que la sociedad espera. Todos los procesos de amnistía que se han producido han sido beneficiosos para el país. Ahora no tendría por qué ser la excepción.

Vladimir Villwgas

La crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia sigue acaparando titulares aquí y allá. Cada gobierno juega sus piezas con el propósito de descolocar al otro y hacerlo aparecer como el responsable o, más directamente, culpable de lo que ha venido ocurriendo en materia de contrabando, violencia, desplazados, desalojos y presencia de grupos irregulares.

Ya hemos comentado que estamos en tiempos electorales aquí y allá. Razón suficiente para que fácilmente lleguemos a la conclusión de que todo lo que se diga o haga estará impregnado del elemental interés de sacarle provecho, traducido en voticos, a la tensa situación entre dos vecinos obligados a convivir el uno con el otro, porque ninguno puede mudarse.

De otras latitudes también se fija posición, según las afinidades existentes con uno u otro gobierno. Pero básicamente la responsabilidad de atender y resolver los problemas que han venido convirtiendo la frontera en un territorio de confrontación corresponde a los dos jefes de Estado. A Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Ambos deben sentarse sin condiciones previas y con la plena disposición de encontrar soluciones que sean aceptables y convenientes para Venezuela y Colombia. Mientras más micrófono se le meta al asunto, menos probable será un diálogo en las mejores condiciones.

Ambos gobiernos tienen que asumir autocríticamente sus errores y debilidades en el ámbito fronterizo. Del lado de acá, la complicidad y blandenguería de funcionarios de distinto nivel con el contrabando  de extracción de gasolina y otros productos subsidiados. Estos no hubiesen podido llegar al vecino país si se hubiesen aplicado rigurosos controles y si se hubiesen aplicado duros castigos a los funcionarios implicados. De lado colombiano, es innegable que los gobiernos del vecino país han sido negligentes, por decir lo menos, frente al drama de los desplazados hacia nuestro territorio. Ahora que se presenta la crisis fronteriza, se anuncian políticas para atender las necesidades de una población que no solo huyó de la guerra sino también de las carencias en medio de las cuales vivió durante mucho tiempo. Claro. Allá también es tiempo  de campaña electoral.

Seguramente todos los deportados de Venezuela no son paramilitares o delincuentes. Pero tampoco se puede desconocer que la frontera es zona de aliviadero de grupos irregulares, sean guerrilleros o paracos. Y de peligrosas operaciones criminales de bandas de delincuentes que se asocian sin importar la nacionalidad de sus miembros. Colombia no puede hacerse de la vista gorda frente a esa realidad de mafias que incluso han exportado hacia Venezuela modalidades delictivas que hasta hace algunos años eran desconocidas en nuestro país.

Pero quienes estamos en Caracas y en otras ciudades no fronterizas esperamos que con el manto de la crisis fronteriza no se deje en el olvido la búsqueda de soluciones a los otros problemas que afectan al país. El cierre de la frontera no impide que de una buena vez resolvamos el despelote cambiario, diseñemos y apliquemos una política económica que permita abatir la inflación, promover la inversión y estimular la producción nacional.

José Vargas

Con profundo pesar registramos la muerte de José Vargas, dirigente obrero, ex parlamentario de La Causa R, acaecida en la ciudad de Valencia. José siempre fue un hombre sencillo, solidario, íntegro y muy comprometido con sus compañeros del movimiento sindical. Durante el tiempo en el cual coincidimos en la bancada de la R al revés pude comprobar su inmensa calidad humana.  Nuestras condolencias a toda su familia.

La reunión más esperada es la que aún no tiene fecha, entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Juan Manuel Santos, para que ambos aborden directamente la grave problemática fronteriza entre nuestros países, porque el pasado encuentro entre las titulares de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín, no dio más de lo previsible.

El mandatario colombiano ha reiterado en varias ocasiones su deseo de conversar con Maduro, y este, antes de partir a China y Vietnam a buscar oxígeno económico para hacer frente a la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país, dijo que ya era el momento de que ambos se vieran las caras. Creo que Maduro y Santos deben darse la oportunidad de llegar a acuerdos mediante los mecanismos bilaterales tradicionales. Si eso fracasa, pues que entren otros actores regionales, aceptados por las partes.

La lista de dificultades en las relaciones binacionales es mucho más larga que lo que hemos visto desde el momento en el cual se anunció el cierre de la frontera. Contrabando de extracción, presencia de grupos armados, tanto paramilitares como guerrilla, operaciones del narcotráfico, secuestros, extorsiones, desplazados hacia nuestro país como consecuencia del conflicto interno.

A ello se suma en los últimos tiempos la figura del bachaqueo, que es lo que pudiéramos llamar la fase superior del contrabando. Y, por si fuera poco, el funcionamiento de casas de cambio del lado colombiano amparadas por una resolución del gobierno del vecino país que, según denuncian los voceros oficiales venezolanos, atenta directa y deliberadamente contra la moneda venezolana, ya de por sí bastante aporreada por nuestras propias dificultades internas.

Tema difícil de esa reunión, de la cual aún estamos lejos de saber lugar y fecha, es el caso de los ciudadanos colombianos deportados de nuestro país. Colombia aspira a que sean devueltos a territorio venezolano.

Allí entran en consideración elementos vinculados a derechos humanos. Los reivindica Colombia y tiene razón de protestar por los abusos que se habrían cometido durante los desalojos. Pero no se puede dejar de decir que la absoluta mayoría de esos ciudadanos del hermano país que viven ahora en tierras venezolanas vinieron a estos lares buscando paz, sosiego, trabajo, seguridad y mejor calidad de vida que el Estado colombiano que hoy dice defenderlos no les pudo garantizar.

El “torniquete” fronterizo no podrá ser una medida definitiva e irreversible, por más que así se anuncie desde altas esferas oficiales. La dinámica fronteriza tendrá que reanudarse tarde o temprano, y hacia allá deben apuntar los esfuerzos de ambos gobiernos. Para ello se requiere mucho más que retórica. Que Colombia evalúe el daño que desde su territorio se le hace a nuestra economía. Que desde aquí se escarmiente contra funcionarios civiles y militares, del rango que sea, cómplices del contrabando de extracción. Y que de común acuerdo podamos construir una nueva realidad en la frontera.

Lamentablemente, mientras la dirigencia colombiana sabe cerrar filas para defender sus intereses estratégicos como nación, aquí no lo hemos logrado. Ni gobierno ni oposición hacen el más mínimo gesto para que las hondas grietas que los separan permitan siquiera un mínimo de unidad nacional para negociar con el vecino en mejores condiciones.

Vladimir Villegas

La suspensión de garantías constitucionales en municipios fronterizos del estado Táchira y el cierre de la frontera con Colombia genera nuevas tensiones con el vecino país y abre un nuevo frente de confrontación política interna con quienes se oponen a esas acciones.

Hay varias situaciones que se ponen en evidencia en toda esta trama. Es innegable que miles de toneladas de alimentos y productos de uso masivo se van por los caminos verdes y no tan verdes al vecino país. El contrabando del siglo XXI, mejor conocido como “bachaqueo”, es un negocio gracias al cual engordan todos sus participantes, incluidos los funcionarios uniformados y de civil que se prestan a la tan rentable como despreciable tarea de contribuir al desabastecimiento en un país con una  deficiente, raquítica y casi inexistente cultura productiva.

En el papel, el cierre de la frontera busca detener el masivo trasvase de productos hacia la vecina Colombia. No sé si se va a lograr. ¿Ya están controlados las trochas y los vericuetos por los cuales salen alimentos, medicinas, gasolina y otros productos? También dudo que el problema del desabastecimiento vaya a resolverse por esta medida, sin que se tomen decisiones destinadas a promover la producción interna y corregir los desequilibrios que caracterizan nuestra enferma economía.

Es un rollo muy complejo. Eso de comprar productos en Venezuela y venderlos en el vecino país a diez o más veces su valor es un negocio demasiado atractivo y jugoso como para que se acabe de buenas a primeras. ¿Están tomadas todas las previsiones para que se pueda frenar significativamente el contrabando de extracción? Pero, además de ello, ¿cuáles son las posibilidades de que entre los gobiernos de Venezuela y Colombia se alcancen acuerdos para evitar que desde allá se les brinde estímulo a los contrabandistas? ¿Cómo derrotar a las mafias que se mueven a sus anchas en una frontera sinuosa de más de 2.000 kilómetros? ¿Cómo detectar y castigar sin miramientos a quienes desde instituciones oficiales les sirven a estos delincuentes?

Si bien la frontera no puede mantenerse cerrada indefinidamente, y eso será uno de los puntos que debe abordar las cancilleres de Venezuela y Colombia en su cita de mañana, tampoco un país puede permitirse el lujo de que le desangren su economía con actividades absolutamente lesivas a los intereses y derechos de la absoluta mayoría de la población.

Tampoco se puede aceptar impunemente que los contrabandistas y mafiosos de todo pelaje pretendan impedir con ataques armados la acción del Estado venezolano. Frente a este tema debe promoverse la más amplia unidad nacional, aun en tiempos electorales. En circunstancias de severas dificultades económicas, que no auguran cosas buenas en el futuro inmediato, es imperativo generar puntos de encuentro mínimos para garantizar que la comida y demás productos esenciales lleguen a la casa de los 30 millones de habitantes.

Este asunto del contrabando de extracción ha ido demasiado lejos. No podemos seguir convirtiendo a Venezuela en país de bachaqueros. Esto hay que pararlo, y la mejor manera de lograrlo es enfrentar el contrabando de extracción contra los verdaderos responsables y sus cómplices y acompañar esas acciones con las decisiones económicas adecuadas. No temerle a los costos. No correr más la arruga y hablarle claro al país.

Vladimir Villegas

El asesinato de Lilian Hergueta, a manos de dos individuos que luego de quitarle la vida la desmembraron, ha desembocado en una polémica en torno a si ese par de criminales tiene vínculos con la oposición o son «patriotas cooperantes». El ministro del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, dio a conocer fotografías que vinculan a estos desalmados con líderes opositores, pero desde esa trinchera ripostan que se trata de infiltrados por el gobierno en organizaciones que adversan al chavismo.

Esa es una arista del caso. Pero tal vez no es la más importante. Si los asesinos de Lilian Hergueta tenían o no alguna militancia o afinidad política, tal condición no deja de ser resaltante, pero no va al fondo de un asunto que tiene mayor relevancia, por sus implicaciones. Se trata de que esta tipología de crímenes se ha venido haciendo frecuente en el país. En primer lugar, viene aumentando el número de feminicidios, y también crecen las cifras de asesinatos acompañados de desmembramiento y otras «metodologías» rayanas en el sadismo extremo.

La saña que caracteriza la actuación de los asesinos de Lilian Hergueta ha estado presente en muchos otros asesinatos, unos más sonados que otros. Puedo citar el caso del joven parlamentario Robert Serra, cuyo cuerpo no fue desmembrado, pero sí atacado salvajemente como pocas veces se había visto. Han habido otros casos de desmembramiento, lo cual obliga a que nos detengamos a ver, sin pasiones políticas que poco ayudan, qué nos está ocurriendo como sociedad.

No solo se mata para robar un celular, hasta un viejo par de zapatos, un reloj o una billetera. La delincuencia está llegando a unos niveles de crueldad, frialdad y sadismo que no conocíamos. En días recientes la nonagenaria abuela del radiodifusor Nelson Belfort también fue asesinada por unos malandros que se introdujeron en su casa con la intención de robarla. Asesinatos como el de esta ciudadana Lilian Hergueta son muy comunes en México y lo fueron en Colombia.

Pero la actuación criminal sin el más mínimo respeto por la vida no es exclusiva de la delincuencia. En días recientes vimos el video de funcionarios de la Policía del Estado Aragua ajusticiando a un presunto delincuente y lanzando su cadáver al lado de otros presuntos hampones. Muy bien que el gobernador Tareck el Aissami anunciara las medidas del caso contra estos funcionarios. Pero uno no deja de preguntarse, como lo hacíamos en nuestros tiempos de parlamentario presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del viejo Congreso, cuántos supuestos enfrentamientos no habrán sido fusilamientos como el que mostró el video. Y no me refiero solo a la policía aragüeña sino a los cuerpos policiales en general. Le corresponde tanto a la Fiscalía General de la República como a la propia Defensoría del Pueblo meterle el diente a este asunto sin complejos ni miramientos.

Fíjense lo que pasó en Ayotzinapa, y vuelvo a tomar como ejemplo a la hermana nación mexicana. Funcionarios policiales involucrados en la desaparición de 43 estudiantes.

La cultura de la muerte está entre nosotros y no da ninguna muestra de querer marcharse, sino todo lo contrario. Es importante determinar cómo llegamos a este nivel de criminalidad, y por qué se están viendo casos tan macabros y escandalosos. Pero más importante es cómo enfrentamos con éxito esa cultura de la muerte. ¿Habrá sectores interesados en promover en Venezuela una violencia criminal como la que estamos viendo o esta es una manifestación derivada de la descomposición social que desgraciadamente existe?

No tengo respuesta. No banalizo ninguna hipótesis al respecto, pero tampoco acompaño la idea de encubrir la gravedad de este asunto con el manto de la polarización. Como decía aquel famoso reportero de sucesos José Campos Suárez, «el crimen no paga», y yo le agregaría: venga de donde venga.

Vladimir Villegas

Preocupación, angustia, temores, expectativas negativas, incertidumbre, y otros estados  de ánimo y sensaciones  para nada emparentadas con el optimismo son los que se hacen presentes en grandes capas de la población, más allá de la ubicación ideológica, política y social de cada quien.

Estamos en un momento crítico de nuestra historia como país. No me atrevo a llegar al extremo de hablar de crisis humanitaria, como algunos gustan de bautizar la actual situación. Pero vemos que frente a lo que ocurre en nuestro día a día como nación existe una ausencia de políticas acertadas,  una hoja de ruta que nos dé a los venezolanos la certeza de que si bien estamos atravesando un túnel de dificultades hay una luz al final y un baquiano capaz de guiarnos.

Pudiéramos enfrascarnos en este momento en buscar culpables del severo problema que tenemos en materia de distribución de alimentos y de otros productos como medicinas o repuestos. Y en apuntar dedos acusadores por el grave deterioro del poder adquisitivo del Bolívar, y por ende de los venezolanos. La inflación nos está empobreciendo. Es el impuesto más cruel porque sobre todo se lleva por el medio a los que menos tienen.

Poco ganaríamos en concentrarnos en la búsqueda de los culpables, más allá de hacer catarsis. Que si la culpa es de los bachaqueros o es del gobierno. Que si es una guerra económica o una manifestación de incompetencia de quienes detentan el poder. Eso por supuesto es importante dirimirlo. Pero por sí sólo no nos sacará del brollo en el cual estamos metidos.

Hace bastante tiempo que no cruzo unas palabras con el presidente Nicolás Maduro, y si tuviera la oportunidad le repetiría buena parte de lo que hoy escribo, más algunos agregados. Le diría, por ejemplo, que se detenga a pensar en su responsabilidad histórica, en lo peligroso que puede ser para la estabilidad política y social del país seguir postergando la toma de decisiones, que deberían nacer de la consulta más amplia y a la vez más rápida posible.

La población, sin importar  cómo piense o cómo vote, necesita ser escuchada. Y sobre todo necesita tener confianza en que sus gobernantes y su liderazgo social, económico y político están haciendo todo lo posible, y en conjunto, para darle soluciones a sus problemas más apremiantes. La dignidad de un pueblo no se puede seguir diluyendo en colas y más colas. Este  no es un toro que pueda ser lidiado con cálculos electorales o retórica. Quien lleva el volante de una nación debe saber girar para evitar los barrancos, y , como conductor que se precie de serlo, detenerse a preguntar cuando se siente No sé que piensa el conductor. Pero este humilde pasajero siente que vamos por la ruta equivocada y el motor recalentado. Hay que detenerse a evaluar  el camino, a rectificar rumbos, e incluso  dar la vuelta en u si es necesario. Ninguna rectificación es tardía, sobre todo cuando es inevitable rectificar.

Ese no parece ser el espíritu predominante en las altas esferas del poder. No sé bajo cuales premisas están leyendo la coyuntura, pero en la calle se respira inconformidad, desesperanza, pesimismo frente al presente y frente al futuro. Y esto no tiene que ver con ubicación política, vuelvo a recalcarlo. Y tampoco tiene que ver con el resultado de las parlamentarias. En cualquier escenario la rectificación es un paso imprescindible para que salgamos de este pantano económico. ¿Para qué demorarla más?

Diálogo amplio y concreto, rectificación,  autocrítica, unidad nacional para enfrentar y vencer la crisis, llamado sin exclusiones a todo el sector privado y a la diversidad sindical. Hablarle con la verdad al país sobre la magnitud de la crisis y los escenarios planteados. Y, por supuesto, apretarse los pantalones y tomar las medidas que la situación reclama. No queda de otra, si queremos evitar convulsiones que pueden resultar fatales.

Vladimir Villegas

Apenas me bajé del avión que me llevó a Puerto Ordaz el pasado viernes, me enteré de la situación de violencia que se generó en San Félix y que dejó como saldo un fallecido,  el saqueo de comercios y la detención de decenas de personas.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a quien entrevisté ese día, atribuyó el hecho a una acción planificada, con claros ribetes políticos, en medio de un año electoral como el actual. Se habla de motorizados que salían a atizar a la población para que participara de los saqueos de uno o varios comercios. Quien sabe…

En lo personal, dudo de que se trate de un hecho espontáneo, pero más allá de las opiniones, existe una verdad incontestable: hay descontento por los problemas derivados del desabastecimiento. Y ya comienza a pegar más duro que de costumbre en los bolsillos el alto costo de cualquier producto o servicio, sea o no de primera necesidad.

Amigos de Guayana me cuentan que lo ocurrido el pasado viernes tiene sus antecedentes en varios puntos. Uno de ellos que buena parte de los  productos que deberían satisfacer las necesidades de los guayaneses están saliendo para Brasil. Bien en camiones o porque ciudadanos del vecino sureño llegan en grandes cantidades y con mucho dinero  para comprar. Puede ser un factor, no el único. Pero según me cuentan existe un sector de la población en el cual ya se genera un sentimiento de rechazo al brasileño y a los bachaqueros.

También me dicen que algunos comercios que fueron saqueados tenían acaparadas grandes cantidades de productos, por ejemplo, arroz y pollo. En el caso de este último rubro, me comentan que en los depósitos de uno de esos comercios había alrededor de 2.000 kilos.

Lo otro que presuntamente ocurre es que mucho dinero en efectivo ha ido a parar en manos de mineros y cambistas, para operaciones  turbias que al igual que en la frontera con Colombia terminan causando un terrible daño a la moneda, ya de por sí bastante aporreada.

Cualquiera puede jugar con candela en un escenario como este, buscando pescar en río revuelto. No podemos permitir que el país se nos vaya por esa alcantarilla. Es tiempo de encontrar soluciones que impidan el desbordamiento. Ello implica generar un mínimo de consensos, primero en el gobierno y luego en el país.

Afortunadamente, los sectores opositores más representativos se han deslindado de la violencia y han condenado lo ocurrido en San Félix.    Sería irresponsable apostar a escenarios violentos, en los cuales se pierda el control y se abra espacio a la anarquía. Y ello no se resuelve sólo con medidas de corte policial.

Hay que producir decisiones que devuelvan el sosiego a los sectores sociales que van perdiendo la paciencia frente a las dificultades para conseguir alimentos, medicinas, repuestos y otros productos de primera necesidad. Es preciso, hablando en términos deportivos, que sirven para ilustrar lo económico, encontrar el home

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Buena parte del país sabe ya cuales son esas decisiones que se han venido postergando. Creo que la dimensión de la crisis es tal que la absoluta mayoría de los venezolanos está esperando incluso las decisiones más duras siempre y cuando exista una hoja de ruta detrás de ellas, que conduzca a la superación de tantas dificultades. Que nos coloque en el camino de abatir la inflación, construir un clima propicio para la inversión nacional y extranjera y que de una buena vez nos estimule a producir y disminuir sensiblemente la dependencia absoluta que hoy tenemos con respecto a una renta petrolera que anda de capa caída, sin perspectivas de recuperación al corto plazo.

Vladimir Villegas

El presidente Nicolás Maduro ha exhortado al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, a definirse si está con Dios o con Washington,   a propósito de la decisión de recibir al gobernador Henrique Capriles, ex candidato presidencial opositor.

Es quizás la primera alusión tan directa que el mandatario venezolano hace sobre Almagro, estrecho aliado político del ex presidente José Pepe Mujica.  Esta declaración de Maduro hace prever que pudiera repetirse con Almagro lo que ha sido la relación de Venezuela con el predecesor del ex canciller uruguayo, el chileno José Miguel Insulza, quien tal vez ha sido el único caso de alguien que inspira la misma antipatía en el chavismo y en el antichavismo.

Lo curioso de esto es que tanto Almagro como Insulza contaron con los votos de Venezuela a la hora de ser electos. Ello no obliga al gobierno venezolano a apoyar todo lo que haga el secretario general en funciones, es cierto. Pero no creo que por la decisión de recibir a Capriles el gobierno venezolano haga lo correcto al colocar entre la espada y la pared a Almagro, hasta ahora un aliado de su gobierno. Un aliado no incondicional pero aliado al fin. Almagro es producto del mismo proceso de cambios que se ha dado en América Latina y que llevó a Maduro a las más altas posiciones de dirección política en el Estado venezolano.

 
Al contrario de lo que se pueda creer en el gobierno venezolano, estimo que la figura de Almagro puede ser de gran utilidad para ayudar a que en nuestro país procesemos las diferencias dentro del respeto que debe prevalecer en una democracia. Invalidar a Almagro por el historial de sus antecesores o de la OEA en su conjunto es equivalente a ignorar el rol del  Papa Francisco en la conducción de una institución milenaria como la Iglesia, cuyas verrugas y pecados a lo largo de su larga historia son protuberantes pero no invalidan sus aportes en campos como los derechos humanos y la denuncia de la pobreza, la desigualdad y la guerra.

Almagro, debemos recordarlo, fue uno de las figuras más activas en la promoción de los lamentablemente breves episodios de diálogo que vivió nuestro país en el año 2014. En sus actuaciones no vi ninguna intención destinada a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco salió a quebrar lanzas como cualquier militante. Su tarea, al igual que el de la mayoría de los cancilleres que nos visitara en aquella ocasión fue el de cooperar para abrir las ventanas del entendimiento.

No creo que Almagro sea una pieza de Washington ni nada que se le parezca. No todo el que hable un idioma distinto me incluso opuesto al del gobierno es porque trabaja “pal imperio” o le hace el juego. Por simplificaciones como esas es que se cometen garrafales errores tanto en política interna como exterior.  Por ese camino se logra sólo mayor aislamiento. Eso no deja dividendos políticos. Y mucho menos en un tiempo como el que nos toca vivir. Acabamos de ser testigos de un hecho histórico,  el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Esa no es una señal lo suficientemente clara y poderosa como para que revisemos algunas posiciones políticas equivocadas, anquilosadas y, por ello mismo, totalmente desfasadas?

Hablar de la OEA de hoy o describirla como si se tratara de lo que fue denominado “un ministerio de colonias” es ignorar los cambios que se han producido en su seno. Almagro es, como decíamos arriba, producto de esa nueva correlación de fuerzas que hay en el continente.  No hay necesidad de fabricar enemigos. Guardemos esa energía para promover la industria nacional, confrontar los problemas del país y allanar espacios para el diálogo productivo.

Vladimir Villegas

Delincuencia, mano dura y derechos humanos

Precisamente la semana pasada abordábamos como temática nuestros temores e interrogantes sobre las llamadas zonas de paz y mientras esta columna de opinión era reproducida, se producía un intenso operativo en la Cota 905 con un saldo importante de delincuentes abatidos y heridos, y una gran cantidad de detenidos.

Los hechos, tercos como ellos solos, terminaron de demostrar que la política de las zonas de paz, al menos tal y como fue abordada, terminó en un estruendoso fracaso, porque el hampa aprovechó esos espacios para fortalecerse, aterrorizar a las comunidades y contar con aliviaderos para delitos como secuestro, robo de vehículos, tráfico de drogas y otros actos reñidos con la ley. Una cosa es tratar de reinsertar socialmente a personas que se han enrolado en las filas de la delincuencia y otra negociar con ellas espacios donde el Estado renuncie a sus responsabilidades. Esto último no pude conducir a nada bueno.

 
Por eso el operativo realizado por organismos de seguridad en la Cota 905 era necesario, inevitable. Ya no había otra forma de atacar las consecuencias de una política absolutamente equivocada. Y seguramente así tendrá que ocurrir en otras zonas del país donde la delincuencia ha consolidado verdaderas fortalezas que le garantizan impunidad. Es un clamor de la sociedad que los responsables de la seguridad ciudadana den respuesta contundente a unos delincuentes que ya han perdido el más mínimo respeto por la vida humana. Ejemplos los tenemos a diario.

Pero obviamente la respuesta represiva a la delincuencia terminará en un nuevo fracaso si no viene acompañada de una política destinada a devolverle el espacio público recuperado a los ciudadanos decentes, que son obviamente la absoluta mayoría, y a trazar una estrategia que permita revertir el daño causado ya en niños y adolescentes que ven en los pranes y en jefes de bandas a los paradigmas de un hombre exitoso y digno de imitar.

Otro aspecto delicado y sensible es el que se refiere a los derechos humanos. En un momento como este, cuando la delincuencia actúa con absoluto desprecio por la vida, suena como un ruido molesto que alguien denuncie violaciones de derechos humanos en estos operativos. Nadie quiere consideraciones para un delincuente que ya tiene encima cinco, diez o más muertos.

Esa es la realidad. Pero tampoco los funcionarios encargados de atacar la delincuencia pueden terminar actuando como ellos, porque en teoría estaríamos «resolviendo» un problema, pero a la vez creando uno mayor. Y, no menos importante, existe un Estado de Derecho que debe respetarse. Para eso nos dimos una constitución nacida de una amplia consulta popular. Para mí no es un dilema luchar contra la delincuencia con mano dura, muy dura, o ajustarse a los derechos humanos previstos en la constitución y en diversas convenciones y acuerdos sobre la materia suscritos por nuestro país. Ambas cosas, lucha decidida contra estas bandas criminales y contra el delito, y pleno respeto a los derechos humanos van de la mano.

Así que es inaceptable darle cuerda a la idea de que para los delincuentes no existen derechos humanos. Por ese camino terminaríamos justificando el surgimiento de autodefensas armadas, grupos de exterminio y otras formas de «justicia» que luego acaban ocupando el lugar de la delincuencia organizada, con el mismo o mayor grado de terror e impunidad. No hay que perder la brújula en este campo porque podríamos terminar mucho peor de lo que estamos.

Hay suficiente margen dentro de la ley para derrotar al hampa y reducirla a su mínima expresión. Es necesario que la lucha contra la delincuencia unifique a las grandes mayorías por encima de cualquier diferencia y que los organismos de seguridad estén al día en cuanto a los recursos que requieren para el desempeño de sus funciones. La mano dura, dentro de la ley, si es dura de verdad, es suficiente para ganar esa batalla.

El delincuente tiene que ser convencido de que hay un Estado que va a perseguirlo y castigarlo con las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico, que se acabó la impunidad y que de ahora en adelante, por ejemplo, ya no habrá espacio para que las cárceles sean su guarida y su centro de coordinación de operaciones. Pero el primero en estar convencido de esto debe ser el propio Estado, y demostrarlo con hechos.

Vladimir Villegas