Este 12 de octubre, a tono con su pretendido rol de redentores, los progres del nuevo mundo echaron mano a la historia de la conquista y colonización de América. Líder en paródicas versiones, Andrés Manuel Lopez Obrador continúa desconociendo que quienes liquidaron la hegemonía mexica en Tenochtitlan fueron decenas de miles de guerreros indígenas apoyados por centenares de soldados españoles, subraya que España solo sembró “exterminio y muerte”, que continúan 500 años de resistencia e insiste en que todos los mexicanos son originarios. No obstante, habla Español, no Náhuatl, y luce sus cuatro apelativos castizos.

Nuestro Golem gobernante no podía quedar atrás, remedando el discurso del prócer lenguaraz, quien en una de sus épicas hazañas ordenó derribar y arrastrar la efigie del “genocida” Colón, afirmó: “los colonizadores llegaron para desterrar, masacrar y esclavizar a nuestros abuelos y abuelas y España debe rectificar (sic) y pedir perdón”. Olvida que es él mismo quien debería avergonzarse y pedir perdón a los nietos y nietas de aquellos ancestros, quienes hoy, en condiciones miserables de salud y nutrición, desplazados de sus tierras por salvaje explotación, huyen a Brasil como recurso de sobrevivencia.

No se escapa ni el mesurado Presidente Biden. Este 12 de octubre, casi solloza evocando el genocidio de los indígenas a manos de los crueles colonizadores del viejo mundo. Su versión no desempolvó el exterminio sistemático de los aborígenes norteamericanos por sus instruidos ciudadanos blancos. Una matanza tan festiva, que para no olvidarla fue inmortalizada como tema central de los Western.

Se destaca otro progre, pero con más sentido de la oportunidad y provecho en el manejo de la historia: Alberto Fernandez. Para congraciarse con el Jefe de Gobierno español en su reciente visita a Buenos Aires, le reveló que, a diferencia de otros pueblos vecinos del hemisferio, los argentinos no descendemos ni de indios ni de la selva, “…todos descendemos de un barco europeo”.

Ramón Peña 

Acto uno: difundido en un video oficial, el Golem gobernante, en compañía de su consorte, recorre con impostada placidez los pasillos de palacio ornamentados con estilo yanqui de luces, adornos y christmas trees. Exalta al pueblo a celebrar desde ya una feliz navidad de tres meses de duración. En las redes sociales no entienden tal mensaje los ciudadanos que angustiados ven el avance desmadrado de la ola pandémica, apenas 14% de ellos protegidos por alguna vacuna; tampoco logran descifrar la escena las tres cuartas partes de la población sumidas en el espanto de la pobreza extrema, mientras que a muchos miles de niños la desnutrición no les permite asociar la figura rolliza del protagonista con la ahora olvidada imagen de Santa Claus. El pretendido sainete de Merry Christmas termina como una representación neroniana, en la que solo falta la lira del emperador. Una estulticia que, ni en los momentos de mayor prosperidad durante la democracia, se le habría ocurrido a mandatario alguno.

Acto dos: una banda de forajidos oficialistas violenta las puertas del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela en una acción tortuosa encabezada nada menos que por la vicepresidente del régimen. Ésta, socarrona, se justifica exclamando venir al rescate de la institución porque la rectora no cuida las instalaciones. Su libreto no menciona que el Estado ha negado a la UCV 75% del presupuesto de 2019 y 98% de 2020. Asaltan la misma sala en la que hace 64 años, una dictadura celebró la inauguración del campus universitario más hermoso del continente. Pero la dictadura de ahora, pertenece a otra sub especie, la bárbara, de irreductible pensamiento milico, la del razonar de Millán de Astray. Es insoportable el escozor que le produce la existencia de una casa de pensamiento autónoma.

Dos actos que bien le habrían servido a Erasmo de Rotterdam para ilustrar su Elogio de la estulticia.

Ya no se trata de lamentar que Venezuela, siendo “un país tan rico”, distribuya su patrimonio tan desigualmente y cobije tantos pobres en su seno. El presente proceso de devastación económica y social es indetenible, marcha inexorable como el magma volcánico que corre por la isla de La Palma. Ahora, Venezuela ha pasado, de ser el país con mayor desigualdad social y con el mayor porcentaje de pobres a, sencillamente, convertirse en el país más pobre del hemisferio.  Así se infiere de la reciente Encuesta de Condiciones de Vida 2021, según la cual, si en un arranque de “justicia social”, se distribuyera el actual Producto Interno Bruto del país equitativamente entre todos los habitantes, el promedio per cápita apenas alcanzaría a 30 dólares al mes, o sea un dólar diario para cada uno.

Es la consecuencia directa de la liquidación socialista de la capacidad productiva, estatal y privada, iniciada hace dos décadas y acelerada en los últimos siete años. Es la agonía de la generación de riqueza, la cual ha llevado, según la misma encuesta, a 94.5% de los venezolanos a sobrevivir en situación de pobreza y a 76% en el espanto de la pobreza extrema.

Es innecesario comentar que a la banda gobernante no la trasnochan estas estadísticas extremas, ya ha aprendido cómo reinar en la miseria y nada la desenfoca de su único propósito de perdurar en el poder. La Asamblea Nacional del 6/D, ni se ha dado por enterada, se ocupa de otras materias. Esta misma semana ha anunciado como gran conquista, una ley del lenguaje inclusivo, inserta en la manoseada ideología de género que, siguiendo a Gramsci, forma parte de las herramientas de la pretendida hegemonía cultural del populismo progre. La nueva ley servirá para que, quienes disfrutan esta moda del habla, practiquen diferenciando el género en vocablos como: indigente, mendicante, desnutrido, desheredado…

Ramón Peña

Cada vez más, las noticias de nuestro país se insertan en las páginas de sucesos de los medios del mundo. Una buena parte de ellas recuerda los guiones de los Western, con la justicia a la búsqueda de indeseables, sin olvidar a los cazadores de recompensa.

Un ex-capitoste del régimen, con apodo plumífero, quien ya en una oportunidad escapó de una requisitoria de aprehensión prevalido de una credencial diplomática, es capturado por las autoridades españolas y está a la espera de extradición a EE.UU. por presunta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, entre otros.

Un ciudadano colombiano, operador clave de un entramado de importación de alimentos para el gobierno venezolano, capturado en Cabo Verde, a quien pretenden proteger con ardides, como cédula, pasaporte diplomático y hasta hacerlo vocero oficial del Venezuela, también está a la espera de extradición a EE. UU. por actividades ligadas al lavado de dinero y otros ilícitos que involucrarían a jerarcas del oficialismo.

El propio ocupante de la presidencia del país es solicitado por la vindicta pública de EE.UU. y, temeroso, opta por dar su discurso vía zoom ante la plenaria de la Asamblea Anual de la ONU. Esa misma espada de Damocles pende también sobre sus más cercanos colaboradores quienes igualmente se eximen de ausentarse del país. Buena parte de ellos, incluido el máximo jerarca, ostentan la calificación de “Wanted” con recompensa ofrecida por su captura.

Finalmente, la noticia que representa la mayor encrucijada del régimen ante la justicia internacional, y con poca capacidad de maniobra, es el expediente que examina el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, de delitos de lesa humanidad contra los venezolanos, en el cual se señala al máximo jerarca y su corte de colaboradores civiles y militares. Su sentencia, sin duda, no será noticia en la sección de sucesos, sino en la primera plana de todos los medios internacionales.

Ramón Peña

Por denuncia del Foro Penal Venezolano, el país conoció que Gabriel Medina Díaz, venezolano de 39 años, preso político en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, en prisión preventiva sin sentencia desde abril de 2020, enfermo de tuberculosis, murió luego de un mes en estado grave de salud sin atención médica. Ante la negación del tribunal correspondiente y solo por presión de sus compañeros de celda, el penal accedió finalmente a trasladarlo a un hospital donde falleció. “El noveno preso político que muere en custodia desde 2014”, atestigua el Foro Penal.

Realidades criminales como ésta lucen invisibles para el sistema de justicia oficialista. Materias a las que correspondería la actuación de oficio, entre otros, del Fiscal General designado por la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Par contre, de este funcionario recordamos que no pestañeó cuando ordenó el arresto de la poeta y académica Milagros Mata Gil y de su compañero, también poeta, por “instigación al odio,” al reseñar su presencia en una fiesta que violaba las normas oficiales de seguridad contra la pandemia. Sin duda, una inicua jerarquización de la relevancia de asuntos que atañen a la vindicta pública.

Otro funcionario también ausente ante estas violaciones flagrantes de derechos humanos a venezolanos en prisión, es el Defensor del Pueblo. Por cierto, la única actuación suya que recordamos, es la de haber estado en La Haya, abogando por el régimen ante las denuncias de delitos de lesa humanidad, las cuales fueron admitidas por la Corte Penal Internacional.

En contraste con este menosprecio por la justicia penal, merece respeto y admiración la perseverante y arriesgada actuación del Foro Penal Venezolano, de sus directivos Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, y de su incansable equipo de abogados. Gracias a ellos, los abusos y crímenes contra la libertad ciudadana no alcanzan el propósito de pasar desapercibidos.

Ramón Peña

Dos aspectos se subrayan en la reconquista de Afganistán por los talibanes: primero, las víctimas propiciatorias, que no son el gobierno afgano ni las fuerzas militares extranjeras, sino nada menos que las mujeres y niñas de aquel país. Segundo, a quién responsabilizar por este revés, con una opinión generalizada que, sumariamente, apunta al Presidente Biden.

Es oportuno recordar que las fuerzas estadounidenses entraron a Afganistán en octubre de 2001, no para enseñarles a los afganos como se vive en democracia, tampoco por compasión con las mujeres cuyos cuerpos y espíritus eran enrejados en siniestras Burkas. Lo hicieron porque el Afganistán de los talibanes era santuario de la banda Al Qaeda, ejecutora del mayor ataque sufrido por EE.UU. en suelo continental en toda su historia. La obligación moral de George W. Bush y sus sucesores en la Casa Blanca, era mostrarles a sus conciudadanos las cabezas de los causantes de aquel crimen y lo cumplieron. Y como objetivo complementario, apuntalar militarmente un gobierno que mantuviera a raya a los talibanes, lo cual, parcialmente, devolvió a las féminas afganas una vida de oportunidades.

Luego de 20 años, tras gastar un billón de dólares y la muerte de miles de soldados y contratistas, no se materializó un gobierno afgano estable. Cabe preguntarse: ¿De no retirarse ahora las fuerzas norteamericanas, cuál era la ocasión buena para hacerlo? En los estadounidenses crece el clamor contra las “guerras eternas en el Oriente Medio“ y financiar gendarmerías situadas a 10 mil kilómetros de su territorio. A Joseph Biden solo le correspondió apagar la luz del aeropuerto, ahora queda por dilucidar una historia de dos décadas llena de contradicciones, autoengaños y sospechas de todo orden…

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Más allá de estas consideraciones, el punzante asunto clave de este descalabro es la suerte de millones de mujeres y niñas afganas, un desafío y una amenaza latente para la humanidad entera.

Ramón Peña

El informe de la Fiscal Jefe saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha dejado al oficialismo, coloquialmente hablando, “con los crespos hechos”. El castromadurismo, en su torva noción de la justicia, confiaba en que, por el enfrentamiento de Donald Trump con la CPI y la sanción personal que Trump impuso a Bensouda por presentar evidencias de abusos de fuerzas estadounidenses en Afganistán, ella se inclinaría por desestimar las denuncias de crímenes de lesa humanidad presentadas por la oposición venezolana.

Ocurrió todo lo contrario. El texto de la evaluación de evidencias que Fatou Bensouda, originaria de Gambia, deja para la consideración del nuevo Fiscal, el británico Karim Khan, es elocuente (verlo en Google: ICC-02/18-10 10-08-2021). Rechaza la pretensión del régimen de ejercer control judicial sobre el examen preliminar de las acusaciones. No obstante, el examen tomó en consideración todos los alegatos del régimen, un volumen significativo de información, legal y factual, que intentaba confrontar las evidencias en manos de la CPI. Algunas “explicaciones” fueron aportadas personalmente por el Fiscal, el Defensor del Pueblo (¿del Pueblo?) y el Embajador oficialista ante La Haya. Pero, como destaca el informe, mucha de esta documentación era irrelevante y ajena al ámbito de la CPI.

La Fiscal Bensouda concluye que existen bases razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, se han cometido crímenes que caen en la jurisdicción de esta Corte: torturas, violaciones sexuales, prisión ilegal, persecución política, todos proscritos por El Estatuto de Roma, sin perjuicio de otros crímenes que puedan evidenciarse más tarde o correspondientes a fechas anteriores.

Ocho organismos, militares y policiales, conocidos de todos, son identificados como ejecutores de estos delitos, además de los colectivos paramilitares. Las altas autoridades venezolanas son las indiciadas por estos crímenes imprescriptibles, por haber evadido investigarlos y enjuiciar a sus autores materiales, a quienes, por el contrario, han protegido.

 
Ramón Peña

Un comunicado del régimen celebra la “Soberana y exitosa negociación para la adquisición del 100% de Petrocedeño”, empresa mixta que operaba la mayor porción de la Faja del Orinoco. Originalmente fue una Alianza Estratégica firmada en 1996 entre PDVSA y las multinacionales Total y Statoil (hoy Equinor), con una inversión de US$ 4.2 millardos, para procesar 200 mil barriles diarios de crudo extra pesado de alto contenido de azufre y convertirlo en crudo sintético de alta calidad. Hoy produce solo 14 mil barriles diarios.

¿Cómo presumir de “exitosa” la salida de transnacionales, con sólido músculo financiero, de un país que no tiene recursos ni para llevar las refinerías al menos a 10 % de su capacidad para semi abastecer el mercado interno de combustibles? Estas dos empresas, como otras, sufrieron la transformación de Asociaciones Estratégicas en Empresas Mixtas, por un abusivo Decreto Ley del expropiador lenguaraz en 2006, que transfirió todas las actividades de las asociaciones al control estatal y  confiscó de facto sus derechos, incluidos de propiedad, con resultados catastróficos, para los socios y el país. Ocasionó incrementos inusitados de costos de producción, que aunados a la inseguridad jurídica y operacional alimentaron su decisión de abandonar el país. En el caso de Total, tras una pérdida de US$1.380 millones. Este divorcio fue  precipitado por la decisión unilateral de PDVSA de utilizar las plantas mejoradoras de Petrocedeño para producir componentes de gasolina ante el desastre operativo de las refinerías.

Celebrar la salida de multinacionales, hoy constreñidas por el objetivo mundial de reducir emisiones netas a cero a mediados de siglo y simultáneamente esperar nuevos inversionistas en el crudo extra pesado de la Faja, oscila entre la ignorancia y el sarcasmo.

El festivo comunicado oficial ostenta la misma credibilidad del emitido hace algunas semanas por el Ministro de Petróleo, cuando aseguró que a final de junio se acabarían las colas por la gasolina

Ramón Peña

“Teníamos tanta hambre, que nos comimos el miedo”.
Yoani Sánchez, bloguera cubana

El absurdo histórico de la Cuba contemporánea es que, en nombre de una guerra patriota contra su enemigo externo, el Imperialismo, concretamente Estados Unidos, a quien el castrismo se jacta de haber derrotado, quienes pagaron esa derrota no fueron los yanquis, sino los propios cubanos. Aquella epopeya que asaltó el poder en 1959, cambió la fisonomía de Cuba, tiró un interminable cercado de púas sobre la arena de sus playas y el territorio dejó de ser isla para convertirse en prisión de todos los cubanos. De todos, sin excepción, sospechosos de colaboradores de un fantasmal enemigo.

La idolatría de los legendarios nibelungos caribeños, y en especial de su Sigfrido, grandote y barbudo, por la gloria de haber derrotado a una dictadura corrupta y desafiado a la primera potencia militar del mundo, infló de orgullo patrio a todo un pueblo. Tal sentimiento fue aprovechado por el partido único en el poder, para gobernar con terror y cometer abusos y crímenes feroces contra quienes se desviasen, de palabra o pensamiento, de las nuevas escrituras revolucionarias y sus mandamientos.

Pero como pregona la salsa de Héctor Lavoe “Todo tiene su final”. Tomó demasiado y doloroso tiempo, unas tres generaciones, para que, espoleado por sufrir hambre y miserias de todo orden, el colectivo cubano, salvo la minoría adosada a las dádivas del poder corrupto, reaccionara y deshilachara la leyenda de la cosmogonía revolucionaria. Hoy, con los milenial cubanos a la cabeza, la isla es un hervidero incontenible, su espíritu arde de rabia, de arrojo, de nada que perder, de ahora o nunca. De ilusión por una nueva patria, por la cual, como dice el himno nacional de Cuba, La Bayamesa, “morir por la patria es vivir”.

Ramón Peña 
 

La eliminación de los llamados protectores de estados y municipios, prometida por el Golem gobernante, es tan falaz como la ocasión en la que éste hizo el anuncio: la celebración oficialista del Día del Periodista.

El eufemismo de protectorado no esconde otra cosa que una vulgar usurpación de poder, violatoria de la normativa de la Constitución Nacional sobre el poder público estadal y municipal. La acción correcta que procedería no es su eliminación sino la rendición de cuentas ante la justicia de los usurpadores intelectuales y materiales. No debería en consecuencia ser motivo de alborozo ni considerarse como un “espacio ganado” por la oposición al autoritarismo.

Valga la oportunidad para reconocer la valiente actitud ante este despropósito, de la Gobernadora del Estado Táchira, Laidy Gómez, quien lo ha resistido y no se ha eximido de denunciar las prácticas gansteriles de quien usurpa la autoridad en esa entidad regional.

Esta praxis retorcida fue idea del lenguaraz de Barinas cuando, tras el triunfo de Antonio Ledesma a la Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008, confiscó y transfirió autoritariamente competencias de la alcaldía a un ente filibustero. Hoy la indecencia ha llegado al extremo de nombrarle protector a un ente académico: la Universidad de Oriente…

El suprimir este abuso, lejos de ser un beau geste del régimen, es solo parte de una forzada puesta en escena para negociar el alivio de las sanciones internacionales. Pero la realidad de mayor fondo es que la Asamblea Nacional del 6/D elabora una Ley Orgánica de Ciudades Comunales, inconstitucional, que haría innecesarios los protectores, porque al adherir las entidades federales directamente al poder central, gobernadores y alcaldes franquearían la frontera de la ficción.

Son realidades y condiciones que la dirección de la oposición democrática debe ventilar en la negociación del denominado Acuerdo de Salvación Nacional y en la actitud unitaria que habrá de asumirse frente a las venideras elecciones regionales.

Ramón Peña