Cuando se haga una lista de los grandes jueces de la historia judicial venezolana, Jorge Rosell Senhenn ocupará uno de los lugares más destacados. Ejerció una carrera judicial desde la posición de escribiente hasta la de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y siempre bajo el manto de la probidad y el coraje para innovar. Brilló como profesor universitario, doctrinario, gremialista, esposo, padre y ciudadano larense. Fue, además, un notable deportista. Participó en 37 juegos deportivos organizados por la Federación de Colegios de Abogados; compitió en natación, tenis, ping-pong y bolas criollas.

Jorge Rosell Senhenn trabajó en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal junto con Sergio Brown, Magaly Vásquez y Jesús Ramón Quintero, entre otros. Su presencia en esta comisión redactora tuvo influencia en la elaboración de los principios garantistas, consagrados en la versión inicial. Hay que señalar que estos principios garantistas han sido desvirtuados por las reformas que ha sufrido este instrumento en sus versiones posteriores.

En su distinguida carrera judicial, Rosell demostró tener un pensamiento jurídico propio, el cual construyó a partir de su formación como humanista y como jurista. Es uno de los jueces que introdujo cambios novedosos en la interpretación judicial de la norma jurídica. Demostró habilidad para separarse del positivismo jurídico –cuando encontraba una norma abiertamente inconstitucional– en la búsqueda de la justicia. Pero siempre consignaba sólidas razones para justificar lo que hacía.

Esto que pretendo explicar está plasmado en su libro Crónicas de un juez penal. La otra forma de hacer justicia, en el cual el autor –a través de anécdotas y experiencias de vida– explica los complejos problemas del derecho penal y de la criminología. Rosell entendía que eran dos disciplinas íntimamente relacionadas, porque, según decía, “el derecho penal sin criminología es un cascarón vacío”. Estas reflexiones fueron objeto de una tertulia realizada el 23 de noviembre de 2023, cuando tuve el privilegio de presentar esta original obra en la cátedra Román José Duque Corredor, gracias a la iniciativa y capacidad organizativa de la profesora María Amparo Grau (https://www.youtube.com/watch?v=IR7kaN-VcD8).

La metodología de Jorge Rosell Senhenn se apartó en determinados casos complejos de las enseñanzas de Hans Kelsen, el vigoroso exponente del positivismo jurídico, quien defendía el acoplamiento de las conductas humanas a las normas de derecho positivo. Según esta visión positivista, cuando los ciudadanos ajustan sus conductas a las normas o sentencias que un régimen autoritario produce, en esa misma medida se configura un orden jurídico.

Pero el juez Rosell pudo retar esta visión positivista gracias a la formación que recibió de su tutora, Lolita Aniyar de Castro, quien le enseñó y lo orientó en la escuela del uso alternativo del derecho para la solución de problemas jurídicos complejos. El asunto ocurrió cuando Rosell le pidió orientación académica a la profesora Aniyar de Castro y ella le dijo que lo podría ayudar y hasta ser la tutora de su tesis doctoral “si lo haces sobre esto”. De inmediato puso sobre la mesa cuatro libros que el aspirante a doctor debía leer y luego discutir con su maestra. Bueno es advertir que esta escuela del uso alternativo del derecho −de estirpe marxista− no está libre de críticas, ya que fue de corte básicamente latinoamericano, aunque de inspiración europea. Algunos afirman que se trata de una especie de “teología de la liberación” en el ámbito penal. Pero Rosell aplicó sus mandatos con prudencia y los articuló con su intuición, sensatez y formación de humanista.

El primer libro que le entregó su tutora fue el de Roberto Bergalli, Crítica de la criminología. En el apéndice se incluye el “Manifiesto de México”, el cual presenta una discusión sobre la protección de los derechos humanos en materia penal. Promueve, entre otras cosas, la necesidad de educar al legislador y a los jueces en derechos humanos en el ámbito del funcionamiento de la justicia penal. Este manifiesto fue suscrito por los venezolanos Lolita Aniyar de Castro y Julio Elías Mayaudon Grau.

El segundo libro fue el del español Manuel Peris, Juez, Estado y derechos humanos. Este libro cuestiona la utilización exclusiva del positivismo jurídico como metodología para resolver conflictos judiciales. Le plantea al juez –como también lo proclama Luigi Ferrajoli– que debe ponderar la ley antes de aplicarla, porque la aplicación de la ley no es una tarea mecánica ni burocrática.

El tercer libro fue el de Pietro Barcellona y Giuseppe Cotturri, El Estado y los juristas; que defiende el uso alternativo del derecho en materia penal. Esta escuela surge en Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque el fascismo usaba a los jueces penales para reprimir a los contrincantes políticos. Aunque es una visión que parte de la idea marxista de que el derecho es producto de la clase dominante para someter a la clase dominada, el juez Rosell la deslastró de este sesgo ideológico y la aplicó sin complejos en la resolución de casos penales.

El cuarto y último libro fue el de la socióloga venezolana Karin van Groningen, Desigualdad social y aplicación de la ley penal, en el cual la autora demuestra la desigualdad en el trato penal entre el ciudadano pudiente y quien carece de recursos económicos. Este último dispone de recursos para pagar honorarios para su defensa, lo que no ocurre con el ciudadano de a pie. La interpretación que hacía el juez Rosell Senhenn procuraba igualarlos a todos, como se puede comprobar en los casos que aparecen reseñados en sus crónicas.

A este cuerpo doctrinal se sumó la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, que introduce una perspectiva garantista del derecho penal y subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales en la interpretación de la ley.

Este bagaje conceptual le permitió al juez Rosell Senhenn construir su propia teoría jurídica, lo que a su vez le permitió resolver casos concretos con la mira puesta en la protección de los derechos humanos de los enjuiciados. El juez que estima que está ante una ley manifiestamente injusta, debe privilegiar los principios jurídicos y no aplicar esa ley. Esta situación se presenta con mayor potencia en periodos de transición de dictaduras a democracias. Fue lo que ocurrió luego de la derrota del fascismo y del nazismo, cuando los jueces se encontraban con leyes que fueron concebidas para perseguir opositores. Aquí hay que desaplicar la ley cuando groseramente abona el terreno para la violación de derechos fundamentales y se debe privilegiar la aplicación de los principios protectores de esos derechos.

En sus sentencias, el juez Jorge Rosell Senhenn aportó una perspectiva crítica y garantista al derecho penal. Privilegió la protección de los derechos humanos y ejerció de una manera prudente la judicatura, lo que le permitió administrar justicia en el caso concreto. Despenalizó casos en los cuales una aplicación burocrática de la norma jurídica habría producido violaciones de los derechos fundamentales de los procesados.

Esa misma postura se advierte en sus votos salvados, como ocurrió con el dolo eventual y con la obediencia debida de los funcionarios policiales. En el dolo eventual, negó la mixtura entre dolo y culpa, tal como lo rechaza la dogmática penal. Con la obediencia debida de los funcionarios policiales, no aceptó que el simple cumplimento del deber fuera una causa que justificara la comisión de delitos. Es decir, el funcionario policial no puede justificar la comisión de un delito alegando que cumplía con el deber policial y con órdenes superiores.

Escapan a las breves dimensiones de este artículo examinar los distintos casos que aparecen en su libro de crónicas. Pero queda ahí el material para que las universidades abran líneas de investigación con el objetivo de examinar lo que podríamos llamar el pensamiento roselliano. Porque sus decisiones crearon una valiosa doctrina jurídica y buscaron siempre un equilibrio entre seguridad y derechos humanos.

Jorge Rosell Senhenn, más que un penalista, fue un filósofo del derecho. Las nuevas generaciones de abogados tienen mucho que aprender de este gran jurista y ciudadano larense que nos deja un ejemplo de dignidad, probidad y compromiso con Venezuela.

Ramón Escovar León

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Rómulo Betancourt se caracterizó por combinar la actividad política con una vigorosa vida intelectual. En la historia ha habido hombres de pensamiento que fueron formidables hombres de acción. Julio César y Winston Churchill son arquetipos de esta muestra.

En la fotografía de Justo Molina, tomada en el Palacio de Miraflores en 1964 (Archivo Fotografía Urbana), poco después del atentado de Los Próceres, aparece Rómulo Betancourt en una imagen del intelectual que reflexiona acompañado del humo de su pipa. Es una manera de recordarlo hoy, en el 83 aniversario del partido Acción Democrática, el cual nació luego con un mitin celebrado en la plaza de toros del Nuevo Circo de Caracas, el 13 de septiembre de 1941.

No cabe duda de que hoy más que nunca debe estudiarse la experiencia vital de Betancourt. Son varias las biografías y los ensayos que recogen su vida: los libros de Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, Robert J. Alexander, Arturo Sosa Abascal y Carlos Canache Mata. De este último libro tuve el privilegio de ser uno de los presentadores en un acto celebrado en la Plaza Cubierta del Rectorado de la Universidad Central el 27 de abril de 2022. Esta lista la amplían los estudios y ensayos sobre el pensamiento de Betancourt, recogidos en el libro Rómulo Betancourt: Historia y Contemporaneidad, publicado por la Fundación Rómulo Betancourt. Y a la ristra mencionada se añade La Doctrina Betancourt, una alternativa para Venezuela de Luis José Oropeza.

Betancourt comenzó su actividad política e intelectual a partir de la generación del 28 -denominada por José Rafael Pocaterra como la “generación predestinada”- con la mira puesta en la fundación de un partido de masas, como efectivamente lo hizo. En esta faena, fue figura estelar en la construcción de nuestra democracia. Todo esto lo hace acompañado de una producción periodística asombrosa, como se evidencia en sus artículos publicados en Élite y La Esfera.

La obra escrita de Betancourt llena varios volúmenes. Artículos, cartas, documentos (Plan de Barranquilla) y libros que constituyen material significativo para que los jóvenes venezolanos estudien a fondo el pensamiento y la vida de este hombre excepcional. Se admite que su obra fundamental es Venezuela, política y petróleo (según algunos historiadores, esta obra es al siglo XX lo que la autobiografía de José Antonio Páez fue al siglo XIX). En su obra escrita demostró que era un hombre de pensamiento original, con dominio del idioma y, a no dudar,  un intelectual de categoría.

Conocía a fondo tanto la historia de Venezuela como las enfermedades del alma. Por eso decía que para ser presidente de Venezuela había que leer los quince tomos de la Historia contemporánea de Venezuela de Francisco González Guinán y el libro de Gregorio Marañón, titulado Tiberio, Historia de un resentimiento. A ellas se agregaban las lecturas del Quijote de Miguel de Cervantes, Memorias de un venezolano de la decadencia de José Rafael Pocaterra y la variada obra de Miguel de Unamuno. Con estos dos últimos escritores desarrolló un valioso cruce epistolar.

Entonces, la autoridad política de Betancourt se apoyaba en su prestigio intelectual, en su coraje y en su probidad. Esto fue lo que llevó a John F. Kennedy a decirle, el 19 de febrero de 1963, en una cena de Estado en la Casa Blanca: “Usted personifica todo lo que nosotros admiramos en un líder político”. En el mismo discurso, el presidente estadounidense le reconoció al estadista venezolano que su lucha por la democracia lo había convertido en el enemigo más importante de los comunistas en América Latina.

La antipatía del líder político con la extrema izquierda se inició en enero de 1959 con la visita de Fidel Castro a Caracas. El revolucionario cubano le solicitó petróleo a Betancourt, quien le dijo que le daría todo el petróleo que deseaba si lo pagaba al precio del mercado internacional. Esto, desde luego, significó una afrenta para Castro, quien aspiraba a algo muy distinto. En todo caso, Betancourt fue percibiendo el riesgo que representaría el dictador cubano para Venezuela y para América Latina. Uno de los rasgos que puso en guardia a Rómulo fue la negativa de Castro de llevar a cabo elecciones libres, o el interés del dictador por manipularlas para que arrojasen los resultados que él deseaba. Lo que ocurrió después es sobradamente conocido.

Es sabido que Betancourt enfrentó todas las amenazas que se le atravesaban en el camino. Venció los alzamientos de distintos colores y les fue encajando derrota tras derrota. Además, salió airoso del atentado de Los Próceres confeccionado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, también conocido como “Chapita”. Y siempre tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas; institución que reconocía la legitimidad y autoridad del primer presidente de la era democrática.

Bueno es recordar que después del 23 de enero surgió la necesidad de alimentar la unidad para darle base de sustentación a la democracia. Para estos fines, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera firmaron en la quinta Puntofijo, residencia del último de los nombrados, el acuerdo de gobernabilidad, en el cual se comprometían a respetar el resultado electoral, un gobierno de unidad nacional y un programa mínimo común. De ahí surgió un compromiso inquebrantable: el respeto de la voluntad popular y la importancia del principio de alternancia en el poder.

Luego de la salida al exilio de Edmundo González Urrutia a Madrid, circuló en las redes una carta de Rómulo Betancourt del 1 de diciembre de 1948, sobre la significación de su exilio, que se convirtió rápidamente en tendencia. Esto no debe sorprender, porque el líder adeco escribía sin compromisos con el tiempo. Adicionalmente, el documental “Rómulo Betancourt, génesis y vigencia de la democracia”, elaborado por Cinesa, ha recibido miles de visitas en los últimos días (https://www.youtube.com/watch?v=uQVs24rRN0A).

Hoy, fecha del aniversario del partido fundado por la heroica estirpe adeca, podemos ver que AD se encuentra dividido en dos pedazos que representan posiciones políticas contrarias. En una entrevista imaginaria con Betancourt se le podría preguntar lo siguiente: ¿Hay alguna fracción de Acción Democrática que usted reconozca como seguidora de su pensamiento? ¿Quiénes y por qué se han separado de la doctrina y del legado histórico y político que inspiró a Acción democrática en su nacimiento?

Ojalá que este nuevo aniversario del Partido del Pueblo permita a los adecos de todos los sectores demostrar que son fieles representantes del legado del líder fundador. Y esto solo se puede hacer con hechos y no con retórica.

Siempre hay que recordar, como se merece, el pensamiento de Rómulo Betancourt, el inmortal estadista de la democracia.

Ramón Escovar León

Rómulo Betancourt / Foto: Justo Molina, 1964, Archivo Fotografía Urbana

El pasado 9 de julio se celebró en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales la sesión solemne con motivo de la incorporación de la doctora Magaly Vásquez González como miembro de dicha institución. En este acto, la nueva académica pronunció un discurso en el cual resumió su trabajo de incorporación, que lleva por título “Del monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal a su privatización en el sistema venezolano”. El doctor Alberto Arteaga Sánchez fue el académico encargado de pronunciar el discurso de contestación, el cual estuvo cargado de agudas reflexiones sobre asuntos referentes al derecho penal. Es a las reflexiones de ambos juristas a las que me voy a referir en las líneas que siguen.

El ensayo de Magaly Vásquez González examina un tema que merece un análisis sereno. Se trata de darle participación a la víctima en relación con la investigación de un delito que sea de interés público, en caso de falta de actividad o rechazo del Ministerio Público. Esta propuesta merece atención y discusión porque está respaldada por la autoridad profesional e intelectual de su autora. En efecto, la profesora Vásquez tiene experiencia judicial, porque fue secretaria del Juzgado Superior Vigesimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando su titular era el juez Erasmo Pérez España, un modelo de dignidad forense durante la época de la democracia. Igualmente, trabajó en la Comisión Legislativa del Congreso Nacional que redactó el Código Orgánico Procesal Penal que sustituyó al viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, la profesora Vásquez ha ejercido vigorosamente la cátedra y la investigación universitaria, básicamente en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual es miembro del equipo rectoral.

El tema es relevante por cuanto, en nuestro ordenamiento penal, corresponde al Estado la titularidad de la acción, que ejerce a través del Ministerio Público. Y este estudio se refiere al papel de la víctima en el proceso penal, asunto que debe verse con serenidad por las complejidades que ofrece nuestro sistema de justicia, marcado por la politización y la falta de imparcialidad.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal fue progresivamente vaciado de contenido, tanto por la labor legislativa, como por la actividad jurisprudencial de la Sala Constitucional (SC). Aquí debe recodarse que dicha Sala amplió el concepto de flagrancia para permitir la detención de una persona, sin orden judicial, por un delito que ya fue cometido. No es por un delito “que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”, como establece el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, sino lo que sucede “cuando se sorprende a una persona a poco de haberse cometido un hecho” (SC: sentencia N.° 2580 del 11.12.2001). De esta manera, la Sala Constitucional legisló, dejó en letra muerta el principio de presunción de inocencia y alimentó la ambigüedad. Entonces, no es la inmediatez lo que define la flagrancia, sino la extensión de un determinado acto en el tiempo.

Sea como sea, de lo que se trata es de ponderar la situación venezolana para determinar si es conveniente ampliar las posibilidades de que la víctima pueda participar en la investigación contra el supuesto ofensor, cuando no lo hace apropiadamente el fiscal del caso, en los delitos de interés público. Nada de ello puede significar el debilitamiento de las atribuciones del Ministerio Público. Todo lo contrario. De lo que se trata es de fortalecer la institución. No es posible pensar que un fiscal, con más de mil expedientes, pueda atender apropiadamente sus responsabilidades. Pero todo esto debe hacerse en un marco de reinstitucionalización del país, con la mira puesta en la construcción de un sistema judicial ajeno a los intereses políticos.

El profesor Alberto Arteaga, por su parte, en su discurso de contestación, con el sentido común que lo caracteriza, destacó que el ejercicio de la acción penal en manos de la Fiscalía General de República debe alejarse de la “impunidad y de la venganza”, al tiempo que agregó que la víctima “no puede ser un convidado de piedra” en un proceso dirigido por un juez que debe ser imparcial. Para ello, se requiere un juez titular, producto de un riguroso proceso de elección que le garantice su estabilidad. Con jueces provisorios, sujetos a los intereses de grupos políticos, no es posible hacer los cambios que se proponen.

Ante este marco conceptual, cualquiera que sea la solución que prefieran los penalistas, ninguna de ellas puede permitir generar situaciones que permitan la utilización de la vía penal para resolver asuntos privados. Así, en las relaciones contractuales −como la compraventa de un inmueble− cualquier disputa debe ser tramitada por vía civil. Lo mismo debe decirse en relación con los conflictos entre socios que ocurren en las sociedades mercantiles. La utilización de la jurisdicción penal para resolver cuestiones civiles o mercantiles es lo que se conoce como “terrorismo judicial”, lo que debe ser desterrado de nuestro sistema judicial, con normas claras e instituciones sólidas e independientes.

Cualquier propuesta sobre estos asuntos penales debe ir precedida de una reforma profunda del sistema de justicia venezolano. La independencia del Ministerio Público es fundamental en todo esto. Igualmente, lo es la despolitización de la justicia y la necesaria figura del juez imparcial, con buenos salarios y estabilidad.

Las reflexiones de Magaly Vásquez González nos ofrecen la posibilidad de pensar sobre un asunto fundamental para la seguridad jurídica y la paz ciudadana. Es una de las materias que debe acometerse en la necesaria reinstitucionalización de la justicia que anhelamos los venezolanos.

Ramón Escovar León

@rescovar

Según el diccionario de la Real Academia Española, el doctorado honoris causa es un título que otorgan las universidades a personas destacadas por sus méritos excepcionales. Esta distinción suele reservarse a ciudadanos con obra significativa en lo intelectual, universitario, institucional o personal. Es el caso de Virginia Betancourt Valverde, a quien la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) le otorgó este reconocimiento el pasado 29 de febrero.

Virginia Betancourt Valverde recibe el doctorado al amparo de sus indiscutibles méritos ciudadanos, institucionales, familiares, intelectuales y personales. Un aporte suyo de gran significación fue la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela (SINASBI) para asegurar la preservación y acceso a la memoria nacional impresa y audiovisual. Este sistema es un referente para otros países de América Latina. Asimismo, ha sido una vigorosa promotora del hábito de la lectura entre los venezolanos de todas las edades, especialmente de los niños. Desde el Banco del Libro impulsó la construcción de salas de lectura infantil y el establecimiento del Día del Libro para destacar la significación del libro en la vida nacional. De todo esto dejó constancia, tanto la Academia de Ciencias Políticas y Sociales –en comunicación enviada a Virginia Betancourt Valverde– como la Academia Nacional de la Historia en Acuerdo de su Junta Directiva (https://www.anhvenezuela.org.ve/2023/11/27/acuerdo-de-la-junta-directiva-academia-nacional-de-la-historia). De esta manera, estas dos corporaciones académicas celebran la acertada decisión de la UPEL.

El incansable trabajo de Virginia Betancourt Valverde se extiende a la Fundación que lleva el nombre de su padre, en cuya sede (Quinta Pacairigüa) se encuentra el archivo y la biblioteca de Rómulo Betancourt, el estadista y líder fundador de Acción Democrática que contribuyó a construir los cimientos de la democracia venezolana. La Fundación en unión a la UPEL realiza cada año un Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela, guiado por altos niveles de excelencia. El programa se inicia en el año 2008 en el marco del centenario del nacimiento de Rómulo Betancourt, con el propósito de enfrentar la campaña de distorsión de la verdad histórica que ejecutaba (y sigue ejecutando) la revolución bolivariana. Ya la historia no es lo que en verdad ocurrió ni lo que aprendimos en nuestros estudios, sino lo que afirma la propaganda revolucionaria, salpicada del dogmatismo ideológico y sectarismo político.

Los hechos históricos ocurridas antes de la llegada de Hugo Chávez al poder son alterados arbitrariamente; a lo que no escapa el rostro de Simón Bolívar. La mezquindad y la intolerancia se convierten en moneda de cuenta en este proceso de distorsión de la historia. Ejemplo de ello es el cambio de nombre al Parque del Este: deja de llamarse Rómulo Betancourt para llevar el nombre de Francisco de Miranda. Es que no puede haber símbolos ni referencias que recuerden a los grandes lideres civiles de nuestra historia contemporánea.

Esta tergiversación de la historia fue denunciada por notables historiadores. Manuel Caballero lo hizo sin tapujos en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia en 2005.La Fundación Rómulo Betancourt y la UPEL dan respuesta a esta situación con el mencionado diplomado y con los once “Cuadernos de historia contemporánea de Venezuela” que se han publicado hasta el presente. Un trabajo de gran calado liderado por Virginia Betancourt Valverde y por el filósofo Iván Castro.

El estudio y comprensión de la historia es fundamental para quienes desean ejercer papel de liderazgo político. Es conocido que Rómulo Betancourt se leyó en su exilio de Costa Rica los quince tomos de la Historia contemporánea de Venezuela de Francisco González Guinán. Decía Betancourt que esa lectura era necesaria para poder ser presidente de Venezuela. Sea como fuere, el estudio y comprensión de nuestra historia permite apertrechar a los venezolanos de los conocimientos necesarios para no dejarse confundir con la propaganda y la mentira. De ahí que la promoción de los estudios de historia de Venezuela es otro indiscutible mérito de Virginia Betancourt Valverde.

Por último, no puede pasar inadvertido que Virginia se caracteriza por la probidad, el coraje, la vida sencilla, el trabajo incansable, la inteligencia, la solidaridad y el compromiso con Venezuela que también fueron los rasgos de su ilustre padre.

El doctorado otorgado a Virginia Betancourt Valverde por la UPEL permite honrar, como se merece, a esta gran venezolana y los valores que representa.

Ramón Escovar León

Un golpe de ataúd estremece los sentimientos de la familia adeca y del foro venezolano con el sorpresivo fallecimiento de Gonzalo Gerbasi Orta. Los integrantes de la promoción de abogados José Luis Aguilar Gorrondona (UCAB: 1974), quedamos conmovidos por la triste noticia, en vista del aprecio que sentíamos por nuestro compañero de promoción que se nos fue.

Gonzalo Gerbasi era un intelectual y político marcado por la vieja fibra adeca. La fortaleza humana, la probidad, el coraje, la decencia, la vida austera, la vigorosa actividad intelectual y el compromiso con Venezuela eran sus signos distintivos. Se trata de los valores que representaban lo adecos históricos: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda, Valmore Rodríguez, Antonio Leidenz, Eligio Anzola, José Vargas, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage, Carlos Canache Mata, entre otros. Esas fueron las virtudes que exhibía la clase política que contribuyó a estabilizar la democracia, al amparo de la honestidad, de la tolerancia y la sencillez. A esta estirpe perteneció el poeta Vicente Gerbasi, quien acompañó a Rómulo Betancourt en la fundación del Partido Democrático Nacional.

Gonzalo heredó de su padre, el poeta Gerbasi, la pasión por la vida intelectual y por la disciplina de trabajo. Vicente  Gerbasi vivía “En un estado poético”, como lo proclamó el día de su incorporación como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua (1989). Tuve la suerte de conocerlo personalmente y siempre advertí en él su simpatía y su decencia. Autor de Mi padre el inmigrante (1945), la oda al desarraigo, que es uno de sus poemas más conocidos, ocupa un puesto estelar en la historia de la lírica venezolana. No puede extrañar, entonces, que del gran poeta y de su distinguida esposa, la valenciana Consuelo Orta Bercht, se haya construido una familia de jerarquía y fuste, como los Gerbasi Orta.

Vale la pena destacar que el abuelo de Gonzalo fue Giovanbattista Gerbasi, oriundo de la Provincia de Salerno en Italia. Se unió a José Manuel Hernandez (conocido como el “Mocho” Hernández), luego de escucharlo en un mitin en Valencia en una de sus campañas electorales. Combatió junto al Mocho contra Joaquín Crespo y fue derrotado; aquí aprende que la derrota es un aprendizaje. Asimismo, Gionvanbattista le infunde a sus descendientes el sentido del compromiso con el del deber cumplido. Fue un hombre de éxitos, debido a su capacidad de trabajo y a su disciplina.

La familia Gerbasi estuvo estrechamente vinculada a la historia reciente y al partido Acción Democrática. Gonzalo perteneció a la generación de la década de los setenta y mantuvo su vínculo partidista hasta su último respiro. En AD aprendió a entender las complejidades de la lucha política, lo que se evidencia de los análisis que compartía con sus amigos en los distintos chats a los que pertenecía. Yo siempre estaba atento a sus opiniones, tanto sobre la vida nacional, como sobre cine y literatura. A la gente culta e inteligente, como lo era él, hay que prestarle atención.

Los valores que representaron los adecos históricos fueron cambiando en la medida en que Venezuela se inundaba de riqueza petrolera. La disciplina intelectual y la vida sencilla se desdoblaron por el afán de lujo, la superficialidad, la frivolidad y la falta de compromiso con la palabra empeñada. El debate de las ideas en los partidos políticos y su sustitución por el pragmatismo –que permitió convertir a los partidos en maquinarias para conquistar el poder–fueron la causa del quiebre del modelo político nacido 1958. Así se activaron los resortes de los demonios de la democracia. El prestigio de la clase dirigente fue pilar fundamental en el desarrollo y consolidación de la democracia; su desprestigio, en cambio, fue una de las causas de su caída. El quiebre definitivo fue cuestión de tiempo.

Más todavía, Gonzalo Gerbasi se caracterizó no solo por sus valores políticos, sino por su vigorosa actividad intelectual y universitaria. Era una autoridad en materia de legitimación de capitales, lo que queda demostrado por su importante libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales,editado por la Universidad Católica Andrés Bello. Fue profesor de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en las Universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello. Tuvo entonces una actividad académica relevante en esa área de su especialidad, tan necesaria en los tiempos presentes.

El deterioro institucional y la corrupción desbordada definen un hecho cultural. Esto lo comprendió muy bien Gonzalo Gerbasi; sus advertencias en este sentido son muy agudas. De ahí su dedicación a insertar los temas que estudió y enseñó dentro del marco nacional, en el cual se producen y expanden estos delicados problemas.

A Gonzalo lo acompañaban otras virtudes humanas: su sentido de la amistad y su sencillez. Muy distinto al perfil del atorrante, engreído y envidioso, que, desde la comodidad de la holgazanería, descalifica a quienes trabajan y producen obra intelectual. Estos pícaros, que encajen en el modelo del “diente roto”, son el reverso de los valores que representó Gonzalo Gerbasi. Pero estos resentidos son, por fortuna, minoría.

El ejemplo de Gonzalo Gerbasi debe servir para potenciar los valores republicanos y para que se reconstruya el hilo de la esperanza nacional.

Ramón Escovar León

 

 

“Eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa”, le dice Don Quijote a Sancho Panza en un intercambio recogido en la primera parte, capítulo XXV de la obra de Miguel de Cervantes. Este pasaje plantea el tema de la relatividad de los juicios de valor en la interpretación de los hechos. Cada cual tiene su propia mirada de lo que ve y siente.

 

Es lo que ocurre con los resultados del referéndum consultivo del 3 de diciembre, sobre el cual hay dos visiones radicalmente encontradas. Para unos fue un rotundo fracaso; y para otros fue un éxito que permitió la movilización de millones de venezolanos. Cada cual tiene su propia “verdad” basada en sus intereses y pasiones. Sin embargo, se puede contrastar lo que vimos en directo en los centros de votación con la escasa y confusa información oficial. Por encima de ello, es posible extraer conclusiones fundadas en los hechos conocidos y en la experiencia. La consulta se realizó, los resultados son los que cada cual piense que son, porque el venezolano no tiene confianza en la imparcialidad de la institución electoral.

 

Para completar el cuadro, el Consejo Nacional Electoral anunció una cifra de 10.554.320 electores, lo que causó asombro entre muchos, porque se trata de una información inverosímil. Henrique Capriles, por su parte, afirmó que el número de electores fue de 2.110.864, es decir, una abstención de 89,8 %. Este conflicto de “verdades” debilita la posición venezolana en la disputa, porque presenta un país dividido ante un asunto fundamental para el destino nacional. El referéndum sirvió para dividir aún más a los venezolanos y crear confusión sobre qué es lo que más conviene a nuestro país. Los guyaneses podrían decir que todo esto evidencia la irresponsabilidad como los venezolanos manejamos este complejo problema.

 

Sea lo que sea, el gobierno se aferra a su “verdad”: que hubo una masiva votación a favor del  sí en las 5 preguntas, y que ,el gobierno dispone de un cheque en blanco para hacer lo que estime. Y esta consulta se hizo sin que los electores hayan podido ilustrarse con suficiente tiempo para entender el tema y emitir a conciencia su voto. Al contrario, lo que hubo fue una agresiva campaña cargada de propaganda, de lugares comunes y de insultos. La profundidad en el análisis histórico y jurídico no fue lo que prevaleció, sino la retórica política. Nada de esto favorece nuestra posición.

 

Ahora el gobierno queda entrampado en una encrucijada. Si acata el “mandato popular” y se anexa el territorio en reclamación, se produciría una situación de guerra de consecuencias imprevisibles. Venezuela tiene suficientes problemas, como la falta de agua, de electricidad, de escasez de gasolina y de deterioro de los servicios de salud. Solo tendríamos que imaginar lo que nos ocurriría si vamos a una guerra. Es posible que el discurso se quede solo en retórica, lo que evidenciaría que la consulta no era necesaria, y que el pueblo se sentiría burlado al ser  llevado a votar como si fuese un rebaño.

 

Por otra parte, si se abandona el juicio ante la Corte Internacional de Justicia estaríamos dando un salto en el vacío que podría llevarnos a una derrota definitiva. Y este es un asunto muy delicado. Lo que debería hacer el presidente Maduro es no escuchar únicamente a su grupo de asesores. Es sabido que los hombres de poder suelen rodearse de quienes le dicen lo que sus oídos quieren escuchar. Son los llamados “yes man” (aduladores) porque jamás disienten del poder. Para entender esto, en su versión vernácula, basta leer” Los felicitadores de Pio Gil” y “Elogio de la adulancia” de Edecio La Riva (“Machete”). De ahí que se debe llamar a los expertos para que le expongan a Nicolás Maduro una opinión distinta a la de su equipo. De esa manera podría ponderar otras posibilidades, y escoger la más conveniente para Venezuela.

 

 

Al mismo tiempo, quien examine las distintas opiniones de los asesores del gobierno podrá advertir que hay contradicciones entre ellos. La semana pasada me referí a una entrevista del embajador Samuel Moncada en la cual expuso con lucidez el complejo asunto del Esequibo. De ahí es posible advertir que tiene claro que Venezuela dispone de pruebas que deben acompañarse en el juicio; y que el Reino Unido tiene documentos cuya exhibición puede ser solicitada procesalmente. Igualmente, que es la CIJ la llamada a declarar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Por eso, resulta vital para Venezuela no abandonar el juicio ante la Corte.

 

 

La politización interna de la reclamación territorial que tenemos con Guyana es un grave error que se suma a otros de reciente data. Lo único que queda es la serenidad y responsabilidad en el manejo de este asunto. Insultos, improvisaciones y amenazas puede generar solidaridad entre seguidores, pero debilita nuestra defensa. De lo que se trata ahora es de ejercer el liderazgo con prudencia y amplitud. Algo muy difícil cuando la política se basa en la mentira y en la división.

 

 

Se impone entender la sustancia del asunto, es decir, su contenido. Para ello es fundamental la visión serena, reflexiva, amplia y moderada. Solo así todos los venezolanos podremos tener la misma mirada sobre la disputa del Esequibo

            Ramón Escobar León

“No es posible consultar al pueblo si se defiende o no la integridad territorial de Venezuela, porque se trata de un derecho irrenunciable, junto con el derecho de soberanía, conforme al artículo 1° constitucional. Además, el tal referendo implica derogar la ley aprobatoria del 15 de abril de 1966 del Acuerdo de Ginebra, lo cual viola el artículo 74, que prohíbe los referendos sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales”. Este mensaje lo envió Román José Duque Corredor el 22 de septiembre a las redes, después de haber llamado a su amigo Juan Vicente Ardila Peñuela para expresarle su angustia sobre la equivocada decisión de realizar un referendo consultivo sobre la disputa del Esequibo. Pocas horas después falleció en París de manera sorpresiva. La llamada de atención de Duque Corredor delata la confrontación entre el manejo político e ideológico de un asunto que involucra la defensa de nuestra integridad territorial: ¿Cómo se va a consultar lo que está definido en la Constitución?

Román José heredó de su padre José Román Duque Sánchez la pasión por el derecho y por la literatura. Tuve la fortuna de haber sido alumno de ambos y beneficiario de la generosidad intelectual y de la amistad de estos sabios merideños. El día de la defensa de mi tesis doctoral, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, los tenía a mi lado. Luego, en 1989, publiqué mi tesis, La casación sobre los hechos, con esta dedicatoria: “A José Román Duque Sánchez y Román José Duque Corredor, dos generaciones de sabios juristas”.

Fue un jurista erudito que escribió libros imprescindibles sobre distintas materias jurídicas, pero fue el derecho agrario lo que constituyó el eje de su vigorosa actividad intelectual. Su obra no solo demuestra la grandeza de su pensamiento, sino que fue un autor original; no un recolector de opiniones ajenas. Esta es una conducta que le viene por su vocación cervantina. En efecto, Miguel de Cervantes, en el prólogo de la primera parte de Don Quijote, critica los libros cargados de citas y de sentencias de Aristóteles y de Platón, porque él era “por naturaleza poltrón y perezoso para andar buscando autores que digan lo que yo sé decir sin ellos”.

Tuve el honor de escribir el prólogo a uno de sus trabajos más relevantes, Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público (2008), en el cual aborda temas de filosofía del derecho, interpretación jurídica, derecho constitucional, derecho civil, procesal civil, constitucional y el sistema de justicia, entre otros. Todas estas materias las trata Duque Corredor con su reconocida claridad, sentido común y precisión. En cada capítulo deja constancia de su talante de pensador.

Uno de sus aportes más significativos es haber demostrado que son la filosofía del derecho y la interpretación jurídica el eje del derecho constitucional. Sea como fuere, para saber o sentir el grado de transparencia de una decisión judicial, la comunidad jurídica debe guiarse por el peso y la fuerza de la argumentación utilizada por el juez constitucional. Esto permite conocer si la decisión obedece o no a intereses ajenos a lo jurídico. Si el juez no es imparcial, o fue sobornado, será fácil advertirlo por medio de la coherencia y consistencia de la argumentación utilizada.

En conexión con el concepto de transparencia, Duque Corredor dedica serenas reflexiones al concepto de arbitrio judicial, el cual se relaciona con la motivación y fundamentación de las decisiones. Y por eso “el control de la argumentación o del discurso justificativo de las sentencias es fundamental para evitar la arbitrariedad judicial o el abuso del arbitrio judicial”, lo cual aplica al juez y al funcionario administrativo.

En sus trabajos más recientes, se afincó en el género ensayo para plantear sus reflexiones jurídicas. En este método ensayístico, es la reflexión propia la que predomina. En este sentido, Miguel de Montaigne decía: “Yo mismo soy la materia de mi libro” (Je suis moi-même la matière de mon livre), para demostrar que es el ensayista quien habla, sin necesidad de apoyos. Sus ensayos no pretenden agotar las materias examinadas, sino exponer sus puntos de vista sobre asuntos políticos, históricos y jurídicos, que atañen a la Venezuela autoritaria del presente. En sus trabajos siempre está presente la perspectiva de Román José sobre estos aspectos de la vida y del destino nacional.

Pero Duque Corredor también fue poeta. No en balde la Asociación venezolana de derecho administrativo (Aveda) publicó un hermoso libro, Nómadas de la palabra. Entre la poesía y el derecho (2022), que recoge, además de Duque, poemas de Flavia Pesci Feltri y Carlos Reverón. (Esta obra contiene dos prólogos: uno de la profesora Cosimina Pellegrino y el otro mío).

El poemario de Duque Corredor lleva por título Poesía y versos entre códigos y leyes, en el cual conecta asuntos de amor, de derecho, sociología y reflexiones políticas. Su poema “Como duele la patria” evoca con metáforas lapidarias aspectos de la tragedia venezolana del momento. En sus poemas se encuentra presente el elemento autobiográfico. Aquí encontramos recuerdos remotos y experiencias recientes del poeta, pero también reflexiones sobre la fuente de inspiración de su escritura: Mérida, Zea, los códigos, la norma jurídica, la crisis política y la libertad. Todo esto constituye su espacio poético. Veamos lo que expresa en «La libertad de nuestro pueblo»: “Cielo, mar y llano/ horizontes sin límites, paisajes infinitos/ insondables, profundos/ espacios de libertad”.

También encontramos en la poesía de Duque Corredor a un intelectual que, al igual que en su prosa, se expresa con sinceridad y se plantea a sí mismo inquietudes de orden psicológico. Se trata de un creador con alto nivel de reflexión y sensibilidad humana. Su pasión por Venezuela y por el derecho son partes relevantes de esas inquietudes, lo que se ve reflejado en su calidad humana, su coraje, su intuición y su humildad (“Recuerde que la humildad es sabiduría”, le escribió su padre Duque Sánchez en una carta del 2.12.1961). Nunca se doblegó y siempre creyó en sí mismo y en Venezuela.

Román José Duque Corredor fue un republicano comprometido con su país. Era un venezolano a carta cabal: aquí se formó y aquí escribió su inmensa obra. Viajaba por tierra constantemente por toda Venezuela para promover los estudios jurídicos con el desprendimiento y generosidad que le reconocíamos sus amigos. El deterioro institucional con el sobresaliente elemento de la corrupción y la ideologización definen, ante todo, un hecho político y cultural. Todo esto lo comprendió con lucidez y sus valientes críticas y propuestas son de las más agudas de los últimos veinte y tres años. Fue un pensador que exponía con coraje lo que pensaba sin compromisos con el tiempo.

Ojalá que el gobierno se desprenda de sus ataduras ideológicas y preste atención al mensaje de este jurista excepcional y desista del referendo consultivo. Pero para eso se necesita grandeza para poder mirar el porvenir.

Fue un ciudadano ejemplar que se fue sin ver lo que más anhelaba: la reinstitucionalización de Venezuela. Quienes fuimos sus pupilos y amigos estamos obligados a defender y divulgar sus valores y su pensamiento.

Ramón Escobar León

@rescovar

Carlos Canache Mata (1927-2023) ejerció la política con probidad, inteligencia, coraje, lealtad con los valores democráticos, compromiso con la palabra empeñada y con decencia. Reconocido por su envidiable lucidez y por su calidad humana. Su partida el pasado 25 de agosto, a los 95 años, constituye una pérdida significativa para la familia socialdemócrata, para Acción Democrática y para Venezuela.

Conocí muy bien a Carlos Canache Mata porque siempre me distinguió con su amistad. Así ocurrió cuando el 27 de abril de 2022, en los espacios de la Plaza Cubierta del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, me invitó a participar en el panel de expositores que presentaron su libro más relevante: Rómulo Betancourt. Líder y Estadista. Se trata de una biografía del estadista adeco, pero, al mismo tiempo, contiene las memorias políticas de Canache Mata, las que fue escribiendo como artículos de prensa bajo la modalidad de collages. En definitiva, nos relata la vida política de Betancourt a través de su propia experiencia vital.

Leer memorias de actores políticos es una manera de aprender la historia. Es lo que recomienda el historiador británico Archie Brown en su libro El mito del líder fuerte (The Myth of the Strong Leader). En Venezuela, son pocas las obras autobiográficas; la Autobiografía del general José Antonio Páez, es una de ellas. Más recientemente, se pueden mencionar algunos que sí han dejado testimonio escrito de sus vidas: Enrique Tejera París (Memorias), Américo Martín (Memorias), Rafael Caldera (De Carabobo a Puntofijo), Domingo Alberto Rangel (Alzado contra todo (memorias y desmemorias), Ramón Escovar Salom (Memorias de ida y vuelta) y Virgilio Ávila Vivas (Anécdotas de una vida en democracia), entre otros.

Canache Mata nos ha contado mucho, tanto en el mencionado libro como en sus artículos de prensa, porque conoció en directo la formación del partido Acción Democrática y vivió parte de la historia política reciente de nuestro país. Fue testigo de varios hechos relevantes: la Revolución de Octubre, el golpe del 24 de noviembre de 1948, la dictadura (1948-1958), los años de la consolidación de la democracia y la experiencia autoritaria impuesta por el modelo chavista. Fue actor y testigo de la historia del Partido del Pueblo, el cual es una referencia fundamental, con sus aciertos y con sus errores, en la consolidación y quiebre de la democracia venezolana.

La vida de Canache estuvo sellada por la probidad y por la sencillez. Fue el epítome del político probo; característica de la histórica primera dirigencia adeca que contribuyó con la construcción de la democracia. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Andrés Eloy Blanco, Luis Augusto Dubuc, Augusto Malavé Villalba, Antonio Léidenz, entre otros, fueron adecos de sólida fibra ética. La autoridad moral le imprimió a estos líderes respetabilidad ante las Fuerzas Armadas de la época.

Pese a que Carlos Canache Mata obtuvo dos títulos universitarios −médico y abogado− ejerció una profesión sin título: la política. Muere en su casa de Alto Prado, acompañado por su esposa Celina y sus tres hijos, sin bienes de fortuna, pero avalado por su integridad moral y por su prestigio político. En este sentido, Canache Mata, afirmó en una oportunidad: “Yo soy un hombre de posiciones muy claras y definidas. Tengo una posición militante contra la corrupción. No tengo techo de vidrio ni rabo de paja, tal como lo reconoce todo el país, incluyendo a mis adversarios. Puedo hablar sin temores de ninguna especie porque no existe la posibilidad de que me lleguen a chantajear en ningún momento” (El Nacional: Foro con Alfredo Peña, 8.10.1989).

Más recientemente, el 17 de julio del 2019, en el acto en su honor organizado por la Asociación de Parlamentarios Jubilados, proclamó: “Mi pobreza es mi mayor riqueza”. Esta frase dice lo que fue Canache Mata: un político que hizo de la probidad una norma de vida. Esto es inherente a un selecto grupo de políticos de la era civil, que no aprovecharon los cargos que ocupaban ni del poder que detentaban para enriquecerse o favorecer a amigos y familiares.

Cuando fue secretario de gobierno de la Gobernación del Estado Anzoátegui enfrentó con coraje, a riesgo de perder su vida, a un grupo de militares perejimenistas que pretendían dar un golpe de Estado al gobierno de Rómulo Betancourt, en el llamado “Barcelonazo”. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 1961, cuando los alzados tomaron el Cuartel Pedro María Feites en Barcelona, con el propósito de apresar al gobernador Rafael Solorzano Bruce y a Carlos Canache Mata, quien los desafío sin vacilar. Aquí quedó demostrado su coraje, necesaria virtud para quien desee dedicarse a la lucha política.

Carlos Canache Mata fue un político intuitivo y con habilidades para la búsqueda de consensos en distintos momentos de su vida: secretario de organización, secretario general, jefe de la fracción parlamentaria y presidente de AD. Quienes lo conocimos podemos dar fe que era un hombre de palabra: cumplía lo que ofrecía y lo que acordaba. Otra necesaria virtud para la lucha política: el valor de la palabra empeñada.

En sus innumerables artículos de prensa nos deja valioso material para la reflexión. Ahí encontramos recomendaciones para una acción política eficaz en la lucha por la democracia. En ella destaca la importancia del debate de las ideas, la probidad en el ejercicio de la política y el estudio de la historia.

Todo lo aquí señalado nos obliga a rendir homenaje, como se merece, a ese gran adeco comprometido con Venezuela que fue Carlos Canache Mata.

Ramón Escovar León

@rescovar

La aplicación de la reciente Ley de Extinción de Dominio requiere de un Poder Judicial independiente y confiable, por su independencia política y por su probidad. Este instrumento nació bajo la modalidad exprés: fue sancionada por la Asamblea Nacional el 27 de abril y al día siguiente, el 28 de abril, fue sentenciada la constitucionalidad de su carácter orgánico. Y ese mismo día se publica en la Gaceta Oficial N° 6.745 (Extraordinario) ¿Cuál fue el tiempo para la reflexión y para la discusión con los distintos sectores nacionales?

Todo este apresurado recorrido es propio del gobierno autoritario, sin controles democráticos y sin la necesaria consulta a las universidades, gremios, academias y a los expertos en la materia. La improvisación se advierte desde distintos costados, como se verá en este artículo.  Y ello contrasta con la manera apropiada cómo se ha aplicado este instrumento legal en América Latina. Es lo que explican con claridad Emilio Urbina y Rafael Simón Jiménez Tapia en un oportuno y valioso libro titulado El comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020).

La manera como fue sentenciado el carácter orgánico de la ley demuestra, una vez más, que la “precipitación es mala consejera”. El Tribunal Supremo de Justicia no ejerce con serenidad sus funciones constitucionales. Los boquetes de esta sentencia fueron demostrados por el mismo Emilio Urbina en un trabajo que circuló durante el fin de semana en las redes sociales que se titula “La justicia constitucional y la extinción de dominio en América Latina: Una alta lección para su configuración en Venezuela, a propósito de la sentencia 315 del 28.04.2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

La sentencia número 315 desnaturalizó el sentido de la extinción de dominio. Esto salta a la vista cuando la Sala Constitucional afirma “que el instrumento normativo aquí analizado además viene a desarrollar la severidad de las penas que debe imponerse por la comisión de ilícitos económicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (subrayado mío). La extinción de dominio no establece penas, porque es un asunto de derecho patrimonial y derecho de daños. No es materia del derecho penal, como lo ha entendido la sentencia en el párrafo copiado. Con esta declaración nuestra justicia constitucional, en su primera decisión sobre esta delicada materia, vació de contenido el espíritu de la extinción de dominio; ahora y los jueces, atendiendo el carácter vinculante de las sentencias constitucionales, se sentirán acicateados para establecer penas.

También se refiere la sentencia número 315 de la Sala Constitución al principio de la transparencia, como uno de los que inspiran la Ley de Extinción de Dominio. Pero este principio no lo puede garantizar un Poder Judicial sometido políticamente. Esta ley, de la manera como ha sido entendida por quienes la aprobaron, significa que la misma se puede aplicar, tarde o temprano, para rescatar bienes en manos de los chavistas o de sus herederos. Por eso, el chavismo se dio un tiro en el pie.

La justicia constitucional latinoamericana ha moldeado y afinado la extinción de dominio, como ha ocurrido en Colombia y en Bolivia, por ejemplo. La venezolana, al contrario, necesitó su primera decisión para la noción internacional de la extinción de dominio. La ley −que sigue el modelo de las Naciones Unidas− es mucho mejor que la interpretación que se ha realizado para definir su carácter orgánico.

La improvisación es el signo distintivo de la elaboración de la ley que se comenta. La preparación de los jueces y fiscales de la jurisdicción de extinción de dominio requiere de tiempo. Podrían ser dos o tres años. Una buena referencia sobre este asunto fue la aprobación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuya aplicación fue precedida de un acertado y sereno periodo de adiestramiento de jueces y funcionarios de la jurisdicción laboral. Como ejemplo en sentido contrario, se puede mencionar lo ocurrido con el Código Orgánico Procesal Penal. Su inspiración garantista fue dejada de lado para privilegiar en la práctica una adaptación indirecta del derogado sistema inquisitivo. Es el juez y no el legislador quien en definitiva decide el rumbo de los textos legales.

En el caso de la jurisdicción de extinción de dominio, por su parte, se requiere de una preparación apropiada en materia de derecho civil, lo cual toma tiempo. Sin embargo, la ley aprobada establece un período de sesenta días para esta labor (Disposiciones transitorias) ¿Qué opinarán sobre esto los expertos de las Naciones Unidas que vigilan este proceso revolucionario de producción legislativa?

La Ley Orgánica de Extinción de Dominio se promulga en momentos en que Venezuela ocupa el último lugar en los niveles de medición del Estado de derecho, debido a la falta de independencia y credibilidad en la justicia. Es en ese contexto en el que se debe discutir internacionalmente este asunto. Jueces provisorios −sin estabilidad en un sistema en el que la magistratura está controlada políticamente− es caldo de cultivo para la persecución. La falta de concursos y la injerencia política en la judicatura son la verdadera amenaza en la aplicación de la ley. Y este otro aspecto también debe ser ponderado por los expertos de las Naciones Unidas.

Nada se logrará en materia de extinción de dominio si no se desarrolla una política judicial previa dirigida a garantizar la independencia e idoneidad de los jueces. Esta política debe contemplar, además de la despolitización, otros objetivos fundamentales: mejoras de las condiciones salariales y de seguridad social de los jueces y demás funcionarios judiciales, la construcción de la infraestructura física necesaria para los nuevos tiempos, la dotación de servidores y equipos de computadoras a todos los tribunales del país, la elaboración de sistemas de inteligencia artificial que sirva de apoyo en aspectos puntuales al trabajo judicial. Estas son, entre otras, las reformas necesarias y previas para que tenga sentido una ley de extinción de dominio. Caso contrario, la misma está destinada a fracasar.

Que sea esta la oportunidad para plantear a nivel internacional la necesidad de la reforma de nuestro Poder Judicial. Caso contrario, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio será factor propicio para la manipulación política.

 Ramón Escovar León 

El Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 significó un despojo territorial contra Venezuela en momentos en que nuestro país vivía una enorme crisis política. El presidente Ignacio Andrade carecía de liderazgo y de autoridad, lo que se agravó con la invasión de Cipriano Castro al frente de la Revolución Liberal Restauradora. El ambiente estaba dominado por el caos, la anarquía, un gobierno tambaleante y división entre los venezolanos.

La situación era muy distinta durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Por eso, el 12 de noviembre de 1962 el canciller Marcos Falcón Briceño denunció el Laudo Arbitral de 1899 en un histórico discurso ante las Naciones Unidas. En esa oportunidad, Falcón Briceño destacó que el Laudo era nulo porque, entre otras razones, carece de motivación, contiene ultra petita, violó el principio de imparcialidad y es producto de un fraude contra Venezuela.

Como consecuencia de lo anterior, el Reino Unido acepta negociar con Venezuela sobre la reclamación territorial de nuestro país. Luego, el 17 de febrero de 1966, en el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el Acuerdo de Ginebra. Este acuerdo busca un arreglo “practico y satisfactorio” de la controversia. Además de este logro diplomático, Venezuela cuenta con títulos histórico sólidos, como lo demostró el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela. En esta obra reporta que Inglaterra, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, señaló que nuestro “país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana”.

Es admitido que el Acuerdo de Ginebra ha sido un logro significativo de la diplomacia venezolana. Y fue en democracia cuando el país estaba dirigido por un liderazgo civil de reconocido prestigio político, intelectual y moral. Fue la combinación de unos lideres políticos de talante de estadistas con una diplomacia eficiente, basada en la meritocracia. Venezuela era un país rico y había unidad en torno a este fundamental problema nacional.

Este asunto se tramitaba bajo la inspiración del Acuerdo de Ginebra hasta que la estrategia cambió bruscamente el 20 de febrero del 2004, cuando el presidente Hugo Chávez, y en visita a Guyana, afirmó: “el gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a sus habitantes”. A partir de esa fecha Guyana radicalizó su posición en la disputa y así pretende separarse del Acuerdo de Ginebra, como se evidencia de su conducta posterior.

A lo anterior debe añadirse que en 2007 el presidente Chávez comete otra imprudencia al proclamar que la reclamación venezolana se inició “por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. El dogmatismo ideológico, la manía de ver al “imperio” por todos lados y los intereses políticos circunstanciales se impusieron sobre el compromiso con Venezuela. Hay que reconocer los errores cometidos ?por quien sea? para no repetirlos. De lo que se trata es de deslastrarse de solidaridades ideológicas para poder confeccionar la mejor defensa de los intereses venezolanos.

El manejo ideológico de este asunto vital para Venezuela nos ha perjudicado. No puede pasar inadvertida la influencia del castrismo sobre la “Revolución Bolivariana”. Y la posición de Cuba en este conflicto ha sido históricamente contraria a los intereses venezolanos. Así se demuestra con la declaración de Ricardo Alarcón, canciller de Cuba en la época, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó a los cuatro vientos: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. Estos son hechos objetivos que no pueden olvidarse.

Así las cosas, Guyana aprovecha la división interna entre los venezolanos y el alto nivel de conflictividad para plantear en marzo de 2018 su reclamación contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. De esa manera se judicializó el caso; y así pretenden separarse del Acuerdo de Ginebra.

En este contexto se inscriben las dos decisiones dictadas por la CIJ en el proceso planteado por Guyana. La primera fue la del 18 diciembre de 2020, en la cual afirmó su competencia para conocer la controversia. La segunda, es la reciente dictada el pasado 6 de abril que rechazó el alegato formulado por Venezuela sobre la inadmisibilidad de la demanda de Guyana. Ahora le corresponde a la CIJ pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Esta situación es examinada con lucidez por el profesor y académico Héctor Faúndez en su artículo titulado “Venezuela ante la CIJ en el caso del Esequibo” (El Nacional: 7.04.2023).

Ante la decisión de la CIJ del 6 de abril, el gobierno reaccionó con un comunicado publicado ese mismo día en el cual se desliza la idea de que Venezuela pueda abandonar el proceso ante la CIJ. La misma duda surge de las declaraciones de Samuel Moncada (embajador ante la ONU y agente de Venezuela en la CIJ en la disputa con Guyana) del día 6 abril pasado realizadas en Venezolana de Televisión. El embajador Moncada hace una explicación de la situación y de lo que dice uno percibe que está considerando abandonar el caso. Ojalá que mi percepción sea equivocada y que no sea así. ¿Qué se ganaría Venezuela si el gobierno decide abandonar el proceso? Nada, porque “la participación de Venezuela en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia garantiza que nuestros argumentos serán escuchados”, como lo afirma acertadamente el profesor Faúndez en el mencionado artículo. Abandonar el proceso sería renunciar a presentar la contramemoria y defender a Venezuela. El juicio seguiría sin nuestra participación hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Aquí no hay espacio para cometer más errores ni para manejar el asunto bajo el manto de la exclusión y de la improvisación. Es un asunto de Estado. Eso y nada más.

El gobierno debe convocar a los expertos venezolanos sin sectarismos políticos ni dogmatismos ideológicos para preparar la contramemoria y ejercer la mejor defensa de nuestro país. Un equipo de expertos venezolanos (diplomáticos, juristas, historiadores, geógrafos, economistas e ingenieros) asesorados por expertos internacionales ?con experiencia y autoridad en asuntos de derecho internacional público? que puedan redactar los alegatos en un lenguaje que entiendan los jueces que van a decidir el mérito del asunto.

Con unidad nacional y con un equipo calificado, nuestro país estará en mejor condición para demostrar que el Laudo de 1899 es nulo, que es producto de un fraude y que Venezuela posee títulos claros que demuestran que el territorio en disputa históricamente nos pertenece.

La necesaria unidad en este asunto debe ser impulsada desde el gobierno. No se debe limitar a convocar reuniones para informar lo que se pretende hacer, sino consultar a los venezolanos que conocen la materia para diseñar nuestra estrategia.

Todos los sectores, civiles y militares, deben estar a la altura del compromiso histórico y actuar con grandeza.

Ramón Escobar León

@rescovar