Los pemones y la naturaleza del mal

Posted on: marzo 5th, 2019 by Laura Espinoza No Comments

 

Las imágenes que recogen los hechos de los días 22 y 23 de febrero, cuando el régimen desplegó su violencia para evitar que una comunidad de indígenas pemones recibiera ayuda humanitaria, nos pusieron ante lo que es el “Mal”. Los pemones fueron perseguidos a hierro y fuego en la Gran Sabana del estado Bolívar y estos hechos dejaron heridos y fallecidos.

 

 

A esto se debe añadir lo que ocurrió el 23-F en la frontera con Colombia: una fuerte represión que dejó heridos y ayuda humanitaria incendiada. Fueron hechos de horror que quedan registrados en la memoria histórica colectiva. Para que no haya margen a duda, se nos dice sin ambages: “Ayer solo vieron un pedacito de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela” ¿Cómo interpretar esta frase pronunciada por la propia vicepresidente?

 

 

 

Este contexto evoca las lapidarias palabras de la gran pensadora Hannah Arendt: “Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal” (Los orígenes del totalitarismo). Venezuela ha vivido la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, los autoritarismos de los siglos XIX y XX, en los cuales se vio represión, cárcel, tortura, restricción a las libertades, pero no se llegó a este nivel de crueldad que ahora se vive. Incluso en el siglo XIX se llevó a cabo una política de misiones que, más allá de sus resultados, buscaba la protección y el respeto del idioma, la religión, la cultura y las propiedades de los indígenas.

 

 

 

La revolución bolivariana hizo alarde de ser protectora de las comunidades indígenas. Uno de los actos simbólicos ocurrió cuando se derrumbó la estatua de Cristóbal Colón para elevar la de Guaicaipuro. Ahora queda demostrado que se trataba de un discurso populista, que nada de aquello fue sincero.

 

 

La Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, consagró en su artículo 119 el reconocimiento de los pueblos indígenas, para lo cual es fundamental respetar “su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. De manera que no pueden llegar ni las fuerzas policiales o militares, ni mucho menos los colectivos a imponerles patrones de conductas políticas o ideológicas a los pemones.

 

 

 

Se ha convertido en un hecho notorio, por la divulgación pública de videos, declaraciones y reportajes periodísticos, que durante los días 22 y 23 de febrero una comunidad de pemones en el estado Bolívar se organizó para recibir la ayuda humanitaria que venía de Brasil; esto no fue aceptado por quienes, doblegados por dogmas ideológicos y consignas políticas, reprimieron a los indígenas. No solo no recibieron las medicinas y alimentos que necesitaban, sino que algunos de ellos fueron heridos de bala, lo que produjo varios fallecidos.

 

 

A la protección constitucional de los indígenas no escapa la explotación de las riquezas que se encuentran en sus “hábitats” (artículo 120). Esta explotación debe hacerse “sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeta a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. De manera que si el Estado desea explotar las riquezas que existen en esos territorios, debe hacerse previa consulta. Esta norma está en armonía con el artículo 30, numerales 1 y 2, de la “Declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas”, que exige el consentimiento de los indígenas para desarrollar actividades militares en sus territorios; “o que lo justifique una razón de interés público pertinente”, pero siempre debe ser una acción consultada. No es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

 

 

 

Esta protección regulada en la “Declaración de los pueblos indígenas” se hace bajo el manto de la preocupación de las “injusticias históricas” que son consecuencia “de la colonización y de haber sido desposeídos los indígenas de sus tierras, territorios y recursos”, como reza uno de los considerandos. A la ristra de injusticias hay que añadir esta inédita persecución contra la comunidad indígena en la Gran Sabana.

 

 

 

La tragedia vivida por los pemones durante los días 22 y 23 de febrero queda sellada de manera indeleble en la memoria histórica como una prueba más de la intolerancia y la crueldad del modelo socialista de inspiración castrista. Si a eso se suman las imágenes de horror difundidas sobre lo vivido en la frontera con Colombia, nos permite parafrasear a Hannah Arendt, y decir en voz alta y clara: con la revolución bolivariana los venezolanos hemos podido conocer “la naturaleza verdaderamente radical del mal”.

 

 

Ramón Escovar León

@rescovar

La “Comisión de la Verdad” y los presos políticos

Posted on: diciembre 28th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

La Comisión de la Verdad se constituye para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las dictaduras. Así ocurrió en Chile con la comisión creada en el año 1990 para esclarecer estas violaciones por parte de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El informe presentó un compendio de medidas compensatorias para las víctimas y sus familiares. La integración de esta comisión fue producto del consenso político y fue presidida por el político y profesor de Filosofía del Derecho Raúl Rettig. Por eso el informe producido lleva su nombre.

 

 

 

Una comisión de la verdad para que sea confiable debe estar integrada por personas independientes, que reciban el respaldo de las distintas fuerzas políticas y grupos sociales del país. Si se integra por militantes de una determinada tendencia política y con marcado interés en las resultas de la investigación, esta carecerá de reconocimiento.

 

 

 

Una asamblea constituyente -de ser legítima- solo tiene como objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la misión es transformar el Estado por medio de la elaboración de una nueva Constitución, la cual debe ser aprobada por el pueblo. Los actos constituyentes están limitados por este objetivo. Todo lo que se haga fuera de estos límites es violatorio de la Constitución y de los valores de la democracia.

 

 

 

 

 

 

La Ley de la comisión de la verdad, justicia y paz aprobada durante la segunda sesión de la asamblea nacional constituyente escapa a las facultades de la constituyente, pues esta no tiene nada que hacer con la elaboración de una nueva Constitución. Por eso, esta comisión merece varias observaciones.

 

 

 

En primer lugar, la asamblea constituyente no puede dictar leyes porque eso es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Entonces, los “actos constituyentes” no pueden apartarse de su objetivo; mucho menos, pueden llamarse “leyes constitucionales”, como se pretende. Las leyes las dicta la Asamblea Nacional, están por debajo de la Constitución y deben ajustarse a sus mandatos. Por consiguiente, estas “leyes constitucionales” son actos constituyentes que consisten en vías de hecho sin soporte constitucional.

 

 

 

En segundo lugar, no son los gobiernos los que proponen la creación de una Comisión de la Verdad para investigar responsabilidades de dirigentes políticos opositores, ni para establecer sanciones. Tampoco pueden investigar hechos de corrupción porque para eso están el Ministerio Público y los tribunales.

 

 

 

En tercer lugar, una Comisión de la Verdad solo puede investigar violaciones de los derechos humanos cometidos por gobiernos totalitarios. Como consecuencia de ello, está habilitada para señalar las reparaciones a las víctimas y a sus familiares. Eso y nada más.

 

 

 

En este contexto, hay que examinar la decisión del gobierno de conceder medidas penales sustitutivas a un grupo reducido de presos políticos, lo que no implica libertad plena. El Tribunal Supremo de Justicia declaró de inmediato que consideraría estas “recomendaciones”. Sin embargo, presentarlos ante la “comisión de la verdad” no solo persigue su aceptación, sino recordar que más allá de la Constitución y las leyes está la ANC, con capacidad de actuar en todos los espacios. El efecto que se busca es político: alegar en la mesa de negociación que han hecho concesiones y que la oposición ahora debe hacer las suyas.

 

 

 

Las medidas sustitutivas a favor de los presos políticos no ponen en peligro el deseo del régimen de perpetuarse en el poder. Para la mesa de negociación hay que llevar -además de la libertad plena de todos los presos políticos- aspectos concretos relacionados con el proceso electoral que se avecina. Para ello es necesario que no se inhabiliten a los partidos políticos y se revoquen las inhabilitaciones a Henrique Capriles y Leopoldo López. Junto a ello se requiere la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. De lo contrario iremos a un proceso electoral al estilo nicaragüense: con partidos y candidatos con el visto bueno del régimen.

 

 

Ramón Escovar León

@rescovar