La semana pasada fueron divulgadas dos fotografías que merecen ser comentadas. En la primera aparece la señora Fabiana Rosales de Guaidó al lado del presidente Donald Trump y acompañada del vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. La segunda recoge la imagen de Juan Guaidó rodeado de varios dirigentes políticos venezolanos de agrupaciones y partidos opositores.

En relación con la primera imagen, vale la pena destacar que la reunión fue en el Despacho Oval, en el cual el presidente de Estados Unidos recibe a los jefes de Estado. Igualmente, Melania Trump recibió a la señora de Guaidó en su residencia particular en Mar-a-Lago. Las imágenes envían un mensaje político claro: el gobierno norteamericano no solo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, sino que le brinda todo su apoyo político y diplomático. Asimismo, esto demuestra que el gobierno de Estados Unidos ve en Juan Guaidó a un político confiable en este proceso complejo que vive nuestro país.

En la segunda imagen aparece el presidente (e) en un acto en la casa del partido Acción Democrática, junto a dirigentes opositores de distintos partidos y agrupaciones políticas. Se envía un mensaje de unidad, necesario en estos momentos de tanta intolerancia. Más allá de las diferencias y de la diversidad de puntos de vista, debe destacarse el papel desempeñado por los partidos políticos y organizaciones que integran al movimiento opositor desde el triunfo en las elecciones parlamentarias del año 2015. La Asamblea Nacional –a través de las gestiones de Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza– pudo sobrevivir a la agresión judicial de la cual fue víctima, al despojarla progresivamente de sus facultades constitucionales. Incluso, se pudo evitar la amenaza de su disolución. Eso permitió llegar a la situación política que vivimos en la actualidad. Pero hay algo más: no hubiese sido posible consolidar alianzas internacionales si las democracias occidentales que apoyan a Venezuela hubiesen percibido una clase política opositora anarquizada. Es cierto que se han cometido errores; además, de notables aciertos. Lo fundamental ha sido comprender que sin unidad estratégica en el liderazgo opositor nada puede hacerse. Y actuar, claro está, en consecuencia.

Sin embargo, la fotografía que recoge el acto realizado en la casa de Acción Democrática ha recibido críticas intransigentes de un sector que descalifica a Juan Guaidó cuando la acción política de este no se ajusta a sus deseos. Las críticas más radicales se dirigen a cuestionar la presencia de varios de los dirigentes políticos que se encontraban en la tarima con Guaidó. Quienes lanzan los cuestionamientos se consideran ungidos de una facultad moral superior que les permite ser los árbitros inapelables en materia de decisión política. Ha desaparecido la necesaria amplitud para enfrentar una crisis tan aguda como la que vivimos.

En estos momentos debe preservarse la unidad. Cualquier disidencia debe manejarse con discreción para evitar obstaculizar el difícil camino hacia la libertad. Al observar con atención el juego político, se advierte un sentido de unidad entre quienes se encontraban en la tarima de la casa de Acción Democrática en torno al objetivo final señalado, el cual no es otro sino la celebración de elecciones libres. Este proceso requiere de un nuevo Consejo Supremo Electoral, la revisión del registro, la habilitación de todos los partidos y candidatos, y la eliminación de la ilegal asamblea nacional constituyente. Nada de esto será posible con la oposición dividida.

De lo que se trata es de recuperar la libertad y de rescatar las instituciones democráticas. Una muy importante es la Fuerza Armada, a la que hay que reiterarle, a los cuatro vientos, que, en democracia, tendrá un rol estelar: ayudar a construir un país que garantice la libertad a sus ciudadanos, independientemente de sus simpatías políticas y convicciones ideológicas.

Por su responsabilidad ante la historia, la Fuerza Armada debe ponderar, sin dogmatismos ideológicos ni consignas políticas, lo que conviene a los venezolanos. Ella está llamada a tener un papel relevante en una deseada y pacífica transición hacia la democracia, la cual permitirá que la reinstitucionalización del país sea viable, y que las jóvenes generaciones puedan educarse sin contratiempos.

Las fotos comentadas demuestran dos cosas. En primer lugar, que Juan Guaidó goza de apoyo y reconocimiento por parte de las potencias democráticas occidentales. Y, en segundo lugar, que la tendencia a criticar busca romper la unidad, lo que solo garantiza la permanencia de la dictadura. Es Guaidó, además, con una oposición unida, quien puede convencer a la institución castrense de su rol fundamental para recuperar la democracia.

Ramón Escovar León

@rescovar

Las imágenes que recogen los hechos de los días 22 y 23 de febrero, cuando el régimen desplegó su violencia para evitar que una comunidad de indígenas pemones recibiera ayuda humanitaria, nos pusieron ante lo que es el “Mal”. Los pemones fueron perseguidos a hierro y fuego en la Gran Sabana del estado Bolívar y estos hechos dejaron heridos y fallecidos.

A esto se debe añadir lo que ocurrió el 23-F en la frontera con Colombia: una fuerte represión que dejó heridos y ayuda humanitaria incendiada. Fueron hechos de horror que quedan registrados en la memoria histórica colectiva. Para que no haya margen a duda, se nos dice sin ambages: “Ayer solo vieron un pedacito de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela” ¿Cómo interpretar esta frase pronunciada por la propia vicepresidente?

Este contexto evoca las lapidarias palabras de la gran pensadora Hannah Arendt: “Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal” (Los orígenes del totalitarismo). Venezuela ha vivido la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, los autoritarismos de los siglos XIX y XX, en los cuales se vio represión, cárcel, tortura, restricción a las libertades, pero no se llegó a este nivel de crueldad que ahora se vive. Incluso en el siglo XIX se llevó a cabo una política de misiones que, más allá de sus resultados, buscaba la protección y el respeto del idioma, la religión, la cultura y las propiedades de los indígenas.

La revolución bolivariana hizo alarde de ser protectora de las comunidades indígenas. Uno de los actos simbólicos ocurrió cuando se derrumbó la estatua de Cristóbal Colón para elevar la de Guaicaipuro. Ahora queda demostrado que se trataba de un discurso populista, que nada de aquello fue sincero.

La Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, consagró en su artículo 119 el reconocimiento de los pueblos indígenas, para lo cual es fundamental respetar “su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. De manera que no pueden llegar ni las fuerzas policiales o militares, ni mucho menos los colectivos a imponerles patrones de conductas políticas o ideológicas a los pemones.

Se ha convertido en un hecho notorio, por la divulgación pública de videos, declaraciones y reportajes periodísticos, que durante los días 22 y 23 de febrero una comunidad de pemones en el estado Bolívar se organizó para recibir la ayuda humanitaria que venía de Brasil; esto no fue aceptado por quienes, doblegados por dogmas ideológicos y consignas políticas, reprimieron a los indígenas. No solo no recibieron las medicinas y alimentos que necesitaban, sino que algunos de ellos fueron heridos de bala, lo que produjo varios fallecidos.

A la protección constitucional de los indígenas no escapa la explotación de las riquezas que se encuentran en sus “hábitats” (artículo 120). Esta explotación debe hacerse “sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeta a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. De manera que si el Estado desea explotar las riquezas que existen en esos territorios, debe hacerse previa consulta. Esta norma está en armonía con el artículo 30, numerales 1 y 2, de la “Declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas”, que exige el consentimiento de los indígenas para desarrollar actividades militares en sus territorios; “o que lo justifique una razón de interés público pertinente”, pero siempre debe ser una acción consultada. No es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Esta protección regulada en la “Declaración de los pueblos indígenas” se hace bajo el manto de la preocupación de las “injusticias históricas” que son consecuencia “de la colonización y de haber sido desposeídos los indígenas de sus tierras, territorios y recursos”, como reza uno de los considerandos. A la ristra de injusticias hay que añadir esta inédita persecución contra la comunidad indígena en la Gran Sabana.

La tragedia vivida por los pemones durante los días 22 y 23 de febrero queda sellada de manera indeleble en la memoria histórica como una prueba más de la intolerancia y la crueldad del modelo socialista de inspiración castrista. Si a eso se suman las imágenes de horror difundidas sobre lo vivido en la frontera con Colombia, nos permite parafrasear a Hannah Arendt, y decir en voz alta y clara: con la revolución bolivariana los venezolanos hemos podido conocer “la naturaleza verdaderamente radical del mal”.

Ramón Escovar León

@rescovar

La Comisión de la Verdad se constituye para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las dictaduras. Así ocurrió en Chile con la comisión creada en el año 1990 para esclarecer estas violaciones por parte de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El informe presentó un compendio de medidas compensatorias para las víctimas y sus familiares. La integración de esta comisión fue producto del consenso político y fue presidida por el político y profesor de Filosofía del Derecho Raúl Rettig. Por eso el informe producido lleva su nombre.

Una comisión de la verdad para que sea confiable debe estar integrada por personas independientes, que reciban el respaldo de las distintas fuerzas políticas y grupos sociales del país. Si se integra por militantes de una determinada tendencia política y con marcado interés en las resultas de la investigación, esta carecerá de reconocimiento.

Una asamblea constituyente -de ser legítima- solo tiene como objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la misión es transformar el Estado por medio de la elaboración de una nueva Constitución, la cual debe ser aprobada por el pueblo. Los actos constituyentes están limitados por este objetivo. Todo lo que se haga fuera de estos límites es violatorio de la Constitución y de los valores de la democracia.

La Ley de la comisión de la verdad, justicia y paz aprobada durante la segunda sesión de la asamblea nacional constituyente escapa a las facultades de la constituyente, pues esta no tiene nada que hacer con la elaboración de una nueva Constitución. Por eso, esta comisión merece varias observaciones.

En primer lugar, la asamblea constituyente no puede dictar leyes porque eso es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Entonces, los “actos constituyentes” no pueden apartarse de su objetivo; mucho menos, pueden llamarse “leyes constitucionales”, como se pretende. Las leyes las dicta la Asamblea Nacional, están por debajo de la Constitución y deben ajustarse a sus mandatos. Por consiguiente, estas “leyes constitucionales” son actos constituyentes que consisten en vías de hecho sin soporte constitucional.

En segundo lugar, no son los gobiernos los que proponen la creación de una Comisión de la Verdad para investigar responsabilidades de dirigentes políticos opositores, ni para establecer sanciones. Tampoco pueden investigar hechos de corrupción porque para eso están el Ministerio Público y los tribunales.

En tercer lugar, una Comisión de la Verdad solo puede investigar violaciones de los derechos humanos cometidos por gobiernos totalitarios. Como consecuencia de ello, está habilitada para señalar las reparaciones a las víctimas y a sus familiares. Eso y nada más.

En este contexto, hay que examinar la decisión del gobierno de conceder medidas penales sustitutivas a un grupo reducido de presos políticos, lo que no implica libertad plena. El Tribunal Supremo de Justicia declaró de inmediato que consideraría estas “recomendaciones”. Sin embargo, presentarlos ante la “comisión de la verdad” no solo persigue su aceptación, sino recordar que más allá de la Constitución y las leyes está la ANC, con capacidad de actuar en todos los espacios. El efecto que se busca es político: alegar en la mesa de negociación que han hecho concesiones y que la oposición ahora debe hacer las suyas.

Las medidas sustitutivas a favor de los presos políticos no ponen en peligro el deseo del régimen de perpetuarse en el poder. Para la mesa de negociación hay que llevar -además de la libertad plena de todos los presos políticos- aspectos concretos relacionados con el proceso electoral que se avecina. Para ello es necesario que no se inhabiliten a los partidos políticos y se revoquen las inhabilitaciones a Henrique Capriles y Leopoldo López. Junto a ello se requiere la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. De lo contrario iremos a un proceso electoral al estilo nicaragüense: con partidos y candidatos con el visto bueno del régimen.

Ramón Escovar León

@rescovar