La represión es el capítulo más tenebroso del empeño de Maduro y su banda de mantenerse en el poder al costo que sea. Es tenebroso en sus dos ámbitos: en las calles, donde produce muertos, heridos y personas afectadas, además de cantidades grotescas de detenidos. Pero la represión no termina en las calles: se prolonga a los centros de detención, donde se tortura a quienes protestan, a este extremo: obligar a unos detenidos a comer excrementos.

Es absolutamente necesario hacer una revisión del modo en que han venido ocurriendo las cosas: funcionarios que disparan bombas lacrimógenas a quemarropa; personas que mueren asesinadas por balas o por metras; uniformados que golpean con saña a personas en estado de completa indefensión; grupos que atacan a la gente en lugares donde no hay protesta alguna; funcionarios que, además de golpear con furia a los civiles, les roban sus pertenencias; funcionarios que disparan a los edificios; acciones en las calles, donde policías o guardias nacionales actúan de forma coordinada con grupos paramilitares o colectivos; grupos que saquean comercios, destrozan vehículos en estacionamientos, destruyen sus propios vehículos, con el objetivo de acusar a quienes protestan.

A esta enumeración del párrafo anterior le faltan decenas y decenas de modalidades con las que se ha ejercido la violencia. Es tal la acumulación de hechos y tal el silencio de las autoridades, que no cabe duda al respecto: la violencia psicópata forma parte del programa del Plan Zamora ideado por Padrino López. No en vano tiene ese nombre, Zamora fue un delincuente y psicópata, uno de los sujetos más peligrosos del siglo XIX venezolano. El Plan Zamora es una operación represiva cuyo libreto incluye prácticas de violencia desproporcionadas, humillantes, psicóticas y casi inenarrables.

Las cifras de muertos, heridos, detenidos y torturados se incrementan a diario. Además de Padrino López, ¿quiénes son los responsables de estos delitos de violación sistemática de los derechos humanos? El Plan Zamora establece la existencia de tres niveles o anillos. El primero, bajo las órdenes de Reverol, incluye a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, los colectivos, los patriotas cooperantes, el Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la milicia. El segundo anillo está constituido por todos los factores anteriores más la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del general Benavides Torres.

El tercer anillo sumaría al Ejército, a la Armada y a la Aviación a las tareas represivas. Estas son las fuerzas que, hasta ahora, no han sido movilizadas. En abril del año de 2002, cuando las mismas salieron de sus cuarteles, se produjeron los hechos que alcanzaron su apogeo en la famosa frase de “se le pidió su renuncia, la cual aceptó”.

Luego de más de 50 días de actividad represiva, en el seno de la Guardia Nacional Bolivariana el ambiente de entusiasmo de los primeros días ha desaparecido. Hay cansancio, oficiales y subordinados preguntándose si terminarán juzgados en los tribunales, historias de soldados que se ha visto obligados a reprimir a sus propios familiares. Esta es la razón por la que Padrino López se ha visto en la necesidad de escenificar mensajes de aliento y reconocimiento al esfuerzo hecho, buscando restablecer el ánimo perdido.

En la Guardia Nacional hay quienes se preguntan por qué les toca a ellos hacer “el trabajo sucio”. Estar bajo el mando de narcotraficantes indigna a muchos. El tema de la Corte Penal Internacional se ha vuelto un secreto a voces. Entre los oficiales del Ejército y las demás fuerzas se repite la misma frase: el orden público es responsabilidad de la Guardia Nacional, de forma exclusiva. Nadie quiere sumarse a las acciones represivas, porque representaría nada menos que sumarse a un contingente de militares y civiles cuyo expediente de delitos contra los derechos humanos tarde o temprano será castigado. Y, para peor, nada indica que las protestas vayan a cesar en el corto plazo.

Miguel Henrique Otero@miguelhotero

No exagero cuando uso la palabra guerra para titular el artículo que sigue, dedicado a las condiciones en que se está haciendo periodismo en Venezuela. Antes de entrar en materia, debo reconocer, y creo que con ello expreso la opinión de millones de venezolanos, el coraje civil y el sentido de responsabilidad democrática con que los reporteros están cumpliendo con un ejercicio profesional que es cada día más riesgoso.

Uno de los objetivos del régimen de Maduro es imponer un estatuto de miedo: que los periodistas no salgan a la calle, que bajen la voz o se callen para siempre, que se abstengan de informar sobre el estado de cosas en nuestro país. Ahora mismo, ese objetivo ha fracasado. En los medios independientes que se mantienen en Venezuela, se resiste a pesar de las condiciones más adversas. En medio de enormes dificultades, que incluyen las económicas y la falta de papel en el caso de los medios impresos, la tarea de informar se realiza.

Tal como señalé en un artículo dedicado a esta misma cuestión hace algunas semanas, la guerra de Maduro en contra del periodismo tiene un carácter nacional. No se limita a las grandes ciudades, sino que sus hechos ocurren en cualquier parte del territorio, a la hora que sea, donde quiera que haya algún periodista haciendo su trabajo. Afecta por igual a periodistas de radio, televisión, portales informativos, diarios, revistas y corresponsales internacionales. Es decir, se trata de un plan masivo e indiscriminado, contra todo medio de comunicación y contra todo profesional del periodismo que no sea parte de los medios oficialistas o pro gobierno, que son mayoría en el país.

Las armas que utiliza el gobierno en contra del periodismo son múltiples y peligrosas. Utilizan a colectivos y grupos paramilitares para que golpeen y roben cámaras fotográficas, teléfonos móviles y equipos de televisión a sus portadores. Se les dispara perdigones, tal como le ocurrió a Emmanuel Rivas cuando cubría una manifestación en la ciudad de Mérida. Retienen a reporteros, les revisan sus teléfonos, cámaras y grabadores, para borrar el trabajo que han realizado. Se les acosa en las calles o en sus lugares de trabajo, en escenas donde a menudo se les insulta o se les agrede físicamente. A Jesús Hurtado le citaron con el objetivo de que revelara su fuente. Se jaquean cuentas de Twitter, blogs y otros sitios web. La guerra de Maduro emplea recursos que son propios de la llamada ciberguerra, que exige la contratación de costosos expertos.

En lugares públicos, es decir, propiedad de los venezolanos, hay funcionarios desplegados cuyo único trabajo consiste en evitar que se documente, especialmente con fotografías, el estado de ruina que tienen las instalaciones de puertos, aeropuertos, hospitales y centros de salud, escuelas, cárceles, instalaciones petroleras, calles y carreteras. La pretensión del gobierno es eso: no más que una vana pretensión, puesto que el estado ruinoso de todo es simplemente inocultable.

Las amenazas y las acciones legales ordenadas por Maduro en contra del diario El Nuevo País, que se iniciaron el 8 de octubre de 2016, constituyen por sí mismas la evidencia de otro de los extremos de esta campaña en contra del periodismo, que no se limita a las agresiones físicas y verbales de parte de funcionarios de la GNB, del Sebin, de la Policía Nacional Bolivariana, de las milicias y de otros cuerpos armados del gobierno, sino que también incluye a tribunales y al sistema judicial. Las deportaciones de corresponsales y la prohibición al canal de noticias CNN en Español de transmitir su señal en Venezuela, ponen en evidencia que los ataques al periodismo son simplemente ilimitados.

En el documento emitido por Luis Almagro, secretario general de la OEA, de fecha 14 de marzo, sintetiza la situación con estas palabras: “El gobierno venezolano no ha cejado en sus esfuerzos por restringir la libertad de expresión, llegando incluso a atacar a los medios de comunicación; se han registrado violaciones flagrantes, desde actuaciones penales y administrativas contra periodistas y medios de prensa hasta la censura indirecta, el hostigamiento y la estigmatización verbal, la represión y la criminalización de la protesta social, así como violaciones del derecho de acceso a la información pública”. Una frase del mismo documento expresa, con total lucidez, lo que ocurre en Venezuela: “El gobierno de Venezuela ha decidido que los medios independientes son el enemigo”.

Una cuestión fundamental en esta lucha es que los periodistas, por fortuna, no están solos. Los ciudadanos, haciendo uso de las redes sociales, constituyen un acompañamiento vital, especialmente en esta etapa en la cual el régimen agónico puede resultar peligroso en extremo. Si hay un mensaje que creo necesario difundir ahora es el siguiente: los ciudadanos están llamados a proteger, multiplicar y solidarizarse con el trabajo que están haciendo los periodistas venezolanos. La labor que realizan, además de respeto, merece ser proyectada dentro y fuera del país. El esfuerzo conjunto de los profesionales del periodismo y de los reporteros ciudadanos está produciendo un resultado invalorable: que la crisis venezolana despierte la conciencia y la acción de los demócratas del planeta.

Miguel Henrique Otero

@miguelhotero

Estoy obligado a copiar aquí la primera línea del artículo 72 de la Constitución vigente: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.  El movimiento nacional, léase bien, el movimiento nacional que está promoviendo la realización de un referéndum revocatorio para decidir si Nicolás Maduro sigue o no al frente del gobierno de nuestro país lo que está haciendo es exigir el cumplimiento de un derecho consagrado en la Constitución. No está pidiendo una gracia. No está poniendo en circulación una maniobra política. No está proponiendo una posibilidad, que podría ser o no aprobada. Lo que demanda es la ejecución de un derecho, que el Estado venezolano debe atender de inmediato. El referéndum revocatorio es un derecho y no una carta para negociar o intercambiar.

El que sea la Mesa de la Unidad Democrática la entidad encargada de gestionar el proceso no limita la exigencia a los partidos que la integran. El referéndum revocatorio es una demanda del país, de su inmensa mayoría. La afirmación de que se trata de un movimiento nacional es irrebatible. Por el Revocatorio 2016 están los sectores no partidistas –la considerable masa de ciudadanos democráticos independientes que no pertenecen a ningún partido–; cada vez más numerosos dirigentes y militantes del PSUV y de otros grupos que alguna vez fueron partidarios del régimen; una abrumadora mayoría de trabajadores de la ciudad y del campo, incluso aquellos que, perseguidos y amenazados como trabajadores del sector público, están esperando el momento de votar. Por el Revocatorio 2016 están los estudiantes universitarios de todo el país; todas las fuerzas políticas democráticas, aglutinadas o no en la MUD; la inmensa mayoría de los sectores productivos de la nación; la mayoría de los miembros de la FANB. Más de 80% de los venezolanos lo expresa con inequívoca claridad: Revocatorio ya, Revocatorio este 2016.

Frente a esta aplastante realidad, frente a la fuerza de este movimiento, el Consejo Nacional Electoral no puede continuar siendo el negador de la voluntad política de los ciudadanos venezolanos. El programa de sabotaje diseñado para retrasar e impedir la verificación de 1% de las firmas necesarias para iniciar el proceso no puede continuar. Tiene un límite: el del cada día más categórico y ansioso deseo de que se produzca, de una vez por todas, el acto electoral que decidirá el futuro de Venezuela.

Lo que el régimen de Maduro y sus secuaces del Consejo Nacional Electoral están tratando de impedir es que se consuma el rompimiento de la sociedad con el más extremo y grotesco fracaso político venezolano. Pero esa pretensión es ilusa. Porque lo que hay que entender, de una vez por todas, es que el rompimiento ya ocurrió. Los venezolanos no queremos a Maduro. Estamos hartos. Conteniendo la rabia y la frustración causada por la visión de una Venezuela improductiva, destruida, enferma y hambrienta. El Revocatorio 2016 es la última oportunidad de dar salida a la crisis política, en el marco de la Constitución.

Más de 8 millones de personas están esperando. Que nadie se equivoque. Ante la expectación y los padecimientos de un país no es posible continuar con emboscadas legales, procedimentales y con reglamentos de última hora. Hay que dar paso de inmediato al mecanismo del revocatorio para que los venezolanos puedan expresar su opinión. Seguir por el camino de impedirlo constituirá nada menos que un desconocimiento del Estado de Derecho. El régimen se colocará al margen de la ley. Si eso ocurre, las consecuencias son, al día de hoy, imprevisibles.

Miguel Henrique Otero

Aunque no llevara ese nombre, la ayuda humanitaria es una tradición que se remonta hasta la Antigüedad. Los historiadores de aquellos tiempos narran episodios que deben hacernos reflexionar; son numerosos los casos en los que ejércitos victoriosos, luego de doblegar a sus oponentes, organizaban la distribución de alimentos entre los vencidos, sobre todo en beneficio de mujeres, niños y ancianos. Proveer de agua y comida a quienes carecen de ella ha sido desde siempre el modo de reconocer la existencia de una condición humana en común. Quien entrega un pan para mitigar el hambre de otro reconoce que el otro es también una persona. Alguien con necesidades. Una persona vulnerable, es decir, que sufre de sed, de hambre, de enfermedades.

En el transcurso de las épocas, la voluntad de ayudar a quienes sufren padecimientos extremos no ha dejado de manifestarse en las más diversas circunstancias. Es conocido el episodio que dio lugar a la creación de la Cruz Roja: tras la batalla de Solferino, donde se enfrentaron los ejércitos de Austria y Francia en 1859, el suizo Henri Dunant organizó una operación de socorro médico a los heridos de ambos bandos. Cuatro años después, con la participación de 14 países y numerosas entidades privadas, se creó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja.

Por fortuna, la Cruz Roja, cuya historia es admirable, no es única. Herbert Hoover, por ejemplo, un empresario norteamericano, organizó, apenas iniciada la Primera Guerra Mundial, una cadena de ayuda humanitaria destinada al pueblo de Bélgica, que salvó las vidas de cientos de miles de personas indefensas. Después de aquello, Hoover dedicaría buena parte de su vida a estos esfuerzos. De hecho, al terminar la guerra dirigió la American Relief Administration, cuya gestión es bien conocida: llevó ayuda a más países que habían sido afectados por la guerra.

A lo largo del siglo XX, los contenidos de la ayuda humanitaria se han ampliado. Se han asociado a todo tipo de crisis humanitaria, hayan tenido o no relación con la guerra. Ante las hambrunas causadas por sequía extrema, situaciones derivadas de catástrofes como tsunamis o terremotos, epidemias sanitarias y otras, gobiernos, organizaciones del tercer sector, empresas y organismos multilaterales, han creado mecanismos de asistencia que a menudo han cruzado las fronteras más inmediatas, y también distancias geográficas, religiosas, ideológicas y de otro orden.

En el siglo XX, un episodio es emblemático del odio que el gobernante totalitario guarda por sus semejantes. Finalizaba 1932, cuando Laurenti Beria, entonces secretario general del Partido Comunista de la Región Transcaucásica, recibió un informe que alertaba sobre la mortandad de las familias campesinas de Ucrania, por hambre. En ese momento, el cálculo decía que 2 millones de personas habían muerto ya y que el doble de esa cifra (otros 4 millones), corría el mismo peligro. Beria fue a ver a Stalin y le dijo que la hambruna de Ucrania sobrepasaba los intereses de la revolución. A lo que Stalin contestó: “Si los fascistas tienen mucha hambre, que se coman entre ellos”.

La pregunta de por qué Maduro rechaza la ayuda humanitaria tiene una respuesta: porque el odio a las personas, el desprecio al infortunio de los hambrientos y los enfermos de Venezuela, ha colonizado las instancias del alto poder. Aquí y ahora, la exclusión es el primer signo del gobierno de Nicolás Maduro.

Negar la existencia de una crisis humanitaria en nuestro país; rechazar la ayuda internacional; afirmar, como hacen algunos ministros, que hay medicamentos y alimentos en las estanterías, son expresiones de un mismo trasfondo: negar la condición de personas, rebajar la dignidad, excluir a quien se rebela ante ese estado de cosas. Maduro se propone la existencia de un venezolano hambriento y conforme, enfermo y dócil.

Pero hay algo más que añadir: rechazar la ayuda humanitaria es otra decisión más asociada a la corrupción. Bajo la emergencia se mueven los más perversos intereses: importaciones que no tienen otra finalidad que el sobreprecio; sistemas de distribución diseñados para alimentar el contrabando de extracción; funcionarios militares o de las aduanas ingresando beneficios obtenidos al margen de la ley. Todos estos mecanismos actúan contra el ciudadano más indefenso. Contra el trabajador o el desempleado, que no puede pagar la especulación promovida por los CLAP, y que tampoco tiene posibilidad de protestar sin el riesgo de que el PSUV o el Ministerio de las Comunas lo incluyan en sus listas negras.

No hay peor consejero que el hambre y la desesperación. Maduro, por más que te empeñes en actuar como el barbarazo destruyendo todo lo que está a tu paso, esta pesadilla a la que sometes a los venezolanos pronto tendrá fin, tus días están contados, entraste en cuenta regresiva.

Miguel Henrique Otero

Más temprano que tarde, el régimen que encarna la barbarie del siglo XXI, será desplazado al trastero de la historia. Maduro será recordado como el Barbarazo, el que acabó con todo, hasta lo que le dejó su mentor Hugo Chávez.

No hay un ápice de exageración en esto: Venezuela es un país en proceso de destrucción. Una perversa mezcla de ambiciones, perpetuación en el poder y codicia extrema se han cebado sobre el aparato productivo, destruyendo a su paso empresas y empleos. La única guerra económica que se ha producido en el país es la del régimen en contra de empresarios y personas de trabajo. Han expropiado, ocupado y asaltado empresas y fincas productivas para sumarlas a ese catálogo de ruinas que es el socialismo del siglo XXI, la barbarie del siglo XXI. Lo único que quiere este régimen es velar por sus intereses, no le importa ni el padecimiento de los ciudadanos ni el progreso del país.

Hay que decirlo sin eufemismos: Chávez y Maduro han hecho de las vidas de los venezolanos vidas opacas, maltrechas, despojadas de los más elementales derechos. Vidas, a menudo, miserables. A los venezolanos nos matan como resultado de unas políticas que han alentado la delincuencia. El régimen de Chávez y Maduro es el autor de la figura de los colectivos, en los que se confunden las prácticas políticas con la delincuencia pura y dura, ejercida con asombrosa impunidad.

La magnitud de esta barbarie es de estudio. A la gran Venezuela, la próspera, la que tiene la mayor reserva petrolera, el régimen devastador la desangró, la convirtió en la Venezuela pobre, la paupérrima, la Venezuela del hambre; a los venezolanos los someten y los hacen sufrir un programa de hambre, de humillación y de enfermedad. No es, como se pretende, el producto de una coyuntura causada por la baja de los precios del petróleo. Es un hambre planificada, una promoción de las enfermedades, que tiene su origen en decisiones absurdas y políticas insostenibles, que fueron advertidas por años sin que el régimen corrompido las escuchara. Por lo tanto, esa situación que vive nuestra Venezuela tiene responsable, el verdugo Nicolás Maduro. Que le explique al mundo cómo se mueren niños y adultos por falta de antibióticos en el siglo XXI.

El programa de destrucción del país es casi inenarrable, porque ha tenido lugar a todo lo ancho y largo del país, en todos los ámbitos de lo posible: nada se ha salvado de la carcoma y la incompetencia. Que se profanen las tumbas de dos figuras fundamentales del siglo XX venezolano; que el régimen promueva una emboscada a un grupo de diputados opositores, y que en medio de ello una banda de mercenarios golpee con ventaja a Julio Borges; que ahora mismo se estén muriendo personas porque no hay los medicamentos básicos para los más elementales tratamientos; que los venezolanos seamos obligados a escuchar declaraciones oficiales en las que prevalecen la mentira, el cinismo y los insultos, todas son realidades específicas y emblemáticas de un estado de cosas, de un país destruido por un régimen corrupto, incompetente e inescrupuloso que debe ser denunciado sin cortapisas. Nuestra Venezuela se vistió de rojo, pero no del color del partido del dictador, cada vez son menos lo que quieren ponerse esa franela. El país está rojo porque lo han teñido de sangre la inseguridad y la impunidad de este gobierno cómplice.

En los últimos catorce o quince meses, me he dedicado a llevar conocimiento e información veraz sobre la situación venezolana por varios lugares del mundo. Desde el instante en que para mí fue evidente que la persecución gubernamental me impediría regresar a la actividad cotidiana, decidí que, en lo sucesivo, mi tarea sería la de contribuir a divulgar el sufrimiento de la familia venezolana, a desenmascarar al régimen en cada lugar donde tuviese oportunidad.

Y no ha sido en vano: a medida que los padecimientos cotidianos han empeorado; a medida que la inflación y el desabastecimiento han devastado la economía de todos, mayor ha sido el interés de personas, instituciones y gobiernos amigos de la libertad por saber y entender qué está pasando en Venezuela. En quince meses, no ha habido prácticamente ni un día en el que yo no haya participado en encuentros de distinto carácter, reuniones públicas o privadas, para intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de Venezuela. Este activismo por Europa, Estados Unidos y América Latina ha generado reacciones: no solo desde el gobierno, sino también desde otros sectores, se han lanzado ataques en contra de El Nacional o de mi persona, distorsionando los hechos, haciendo afirmaciones sin fundamento. Lo último fue el cobarde ataque perpetrado por los colectivos financiados por el régimen contra la sede el viernes. Pero ello no cambia mi convicción: seguiré con mi tarea, porque amo a mi país,  porque sé que el final de la pesadilla está próximo. Sé que es imperativo seguir denunciando cada atropello, cada injusticia, cada desastre. El Nacional y nuestra web con sus valientes periodistas daremos la batalla hasta el final. Tengan presente que los gobiernos pasan y los medios quedan. El final de este régimen está cerca, repito. Más pronto que tarde los venezolanos nos daremos ese gran abrazo colectivo celebrando el rescate del país y la democracia.

Miguel Henrique Otero

Maduro se otorga plenas facultades para «castigar la guerra psicólogica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio»

Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ordena en tono militar al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (dos instituciones que se suponen no deben estar subordinadas al Poder Ejecutivo) que evalúen “medidas especiales” que le otorguen al primer mandatario plenas facultades para “castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio” con las informaciones “que difunden sobre el desabastecimiento de alimentos en Venezuela” cualquier observador desprevenido puede llegar a creer que se trata de un disparate que alguien de mala fe puso en boca del presidente venezolano.

Lamentablemente lo que usted leyó es absolutamente cierto y forma parte de la tragedia que hoy vive Venezuela y en especial sus medios de comunicación. Por si quedarán dudas, Nicolás Maduro afirmó sin que le temblara el pulso que “esta cobertura mediática de los medios privados va en contra de la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación”. No hay dudas de que el sistema cubano desembarcó aquí y vino para quedarse.

De manera que en este momento cualquier inquieto pensador latinoamericano debería estar preocupado sobre la forma en que el crecimiento del neoautoritarismo en esta parte del mundo está condicionando, de manera acelerada, el comportamiento no sólo de los grandes medios de comunicación social sino también de las redes sociales. Ya no se trata de los archiconocidos problemas generados por la aparición de las nuevas tecnologías y el desalojo de nuestras vidas cotidianas de los periódicos en papel. Es otra enfermedad más peligrosa y mortal para la democracia y sus modernizados medios independientes.

Hoy, como lo fue en la agitada Europa de los años 30, el peligro que amenaza a los medios de comunicación nace del control político e ideológico que traen consigo los nuevos modelos de gobierno que, travestidos de democracia, vocean en calles y mitines las bondades de un nuevo populismo que arrasará con las deficiencias y maldades de las democracias representativas.

En esta parte del continente americano y en especial en Suramérica y el Caribe, la prensa siempre desempeñó un papel rotundo en la llegada al poder de las democracias y en la difusión de sus valores fundamentales que ellas conllevan como lo son la libertad de pensamiento y expresión, la calidad de nuestra vida, la crítica y la discusión abierta, el equilibrio de los poderes, el sometimiento de lo militar a lo civil y el respeto a lo establecido en la Constitución.

Pero desde hace unos quince años gobierna en Venezuela un régimen que, si bien nació de los votos, nunca tuvo en su mente un desarrollo más vigoroso de la democracia sino más bien persiguió, desde un primer momento, el control progresivo y absoluto del poder.

Desde luego que esto no es posible llevarlo a cabo sin reducir el papel de los medios de comunicación y de limitar día tras día su ámbito de acción. Hoy podemos decir que el neopopulismo que manda en Venezuela ha logrado cercar a la prensa de una forma tan agresiva y eficaz que, sin ser pesimistas a ultranza, ya podemos decir que los periódicos, las radioemisoras y las plantas de televisión independientes tienen sus días contados, a menos que cambien los vientos de la historia.

Decenas de radioemisoras en el interior del país y en la capital han cesado sus trasmisiones ya sea por el boicot publicitario de parte del gobierno, de la no renovación de sus licencias para operar públicamente y de las amenazas y ataques de bandas armadas que asaltan sus locales y golpean y persiguen a sus periodistas.

No se trata de exageraciones políticas o propagandísticas pues en mi carácter de miembro de la comisión de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) me ha tocado el doloroso deber de recoger pruebas, indagar estos hechos, redactar informes y acumular expedientes de esta guerra sin cuartel del gobierno venezolano contra la libertad de prensa y de expresión.

Las televisoras no escapan a este vandalaje y el caso del cierre a la fuerza de uno de los principales canales de televisión (RCTV) produjo una conmoción nacional e internacional. Los equipos de transmisión de RCTV y sus antenas repetidoras fueron objeto de expropiación, y se abrieron juicios en los tribunales contra sus directivos.

Igual ha sucedido aunque en menor medida contra el canal de noticias Globovisión, cuyos dueños sufrieron ataques y amenazas diarias hasta que finalmente vendieron sus acciones. No contentos con ello, los nuevos dueños han sido objeto de medidas restrictivas sobre su programación y luego fueron multados por haber trasmitido imágenes que ponían en evidencia el grado de escasez de alimentos que se sufre en Caracas y el resto del país. También las televisoras del interior de Venezuela en su gran mayoría han dejado de operar o han pasado a manos de amigos del régimen, cuidándose muy bien de ejercer el derecho a la crítica.

En el caso de la prensa escrita la situación no es mucho mejor. Los principales insumos (papel, tinta, repuestos, etcétera) deben comprarse mediante un cupo en dólares que concede a su real gana y bondad, Cadivi, un organismo oficial encargado de aprobar las solicitudes de divisas para importar papel de Estados Unidos y Canadá. No es necesario advertir que si bien este mecanismo oficial no ha dejado de funcionar sí resulta complicado y es en extremo burocrático e intimidante. Basta pensar en los efectos devastadores que tiene sobre la importación de papel las sucesivas devaluaciones de la moneda que prácticamente llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas periodísticas.

En el caso de nuestro periódico, El Nacional, hemos sobrevivido a un largo boicot publicitario de parte del régimen, que ha dado órdenes precisas para que ningún aviso del gobierno, o de la petrolera PDVSA, sea publicado en nuestras páginas. Incluso, el Consejo Nacional Electoral, un organismo que se supone independiente del poder central, se niega a colocar los avisos con información vital para el ciudadano como los lugares de votación, la forma de votar, los llamados a acudir a las urnas y los resultados oficiales.

También hemos sido blancos de ataques de militantes enardecidos (al estilo de los años previos al nazismo en Alemania) que han puesto en peligro la integridad física de los periodistas y la seguridad de nuestras instalaciones. Contra los directivos de El Nacional se han introducido decenas de querellas ante los tribunales por causas nimias o carentes de fundamentos. Cualquier recurso ante los tribunales de alzada o de las Salas del Tribunal Supremo es un esfuerzo inútil porque siempre termina siendo rechazado sin estudiar los argumentos de fondo.

Finalmente nos encontramos ante una situación de fragilidad y desprotección total de parte del Estado y sólo contamos con el apoyo de la opinión pública, los grupos organizados de la sociedad como gremios y sindicatos no oficialistas, las universidades y sectores mayoritarios de la Iglesia Católica, a pesar de que somos un medio laico, abierto a todas las religiones y tendencias democráticas.

Ha sido para nosotros un apoyo vital el que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Grupo de Diarios de América (GDA), la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones como Reporteros sin Fronteras, se hayan hecho eco de nuestra situación dándonos apoyo y aliento para seguir adelante.

Sin embargo también hemos sentido el silencio de los gobiernos y los partidos democráticos de Europa que, sin más, han aceptado las acusaciones sin fundamento que el régimen nos lanza por doquier, etiquetándonos de golpistas y de ultraderecha. Somos estrictamente, en verdad, un medio independiente y democrático que lucha contra un régimen populista y antidemocrático.

Miguel Henrique Otero

Fuente: El País