Contra El Nacional: los ataques continúan por Miguel Henrique Otero

Posted on: enero 29th, 2023 by Super Confirmado No Comments

 

 

 

 

Reapertura de la frontera entre Venezuela y Países Bajos avanza con Delcy Rodríguez en La Haya

 

 

En una nueva arremetida contra El Nacional el 25 de enero, el periodista José Gregorio Meza fue sacado de su casa por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un fiscal le informó que sería interrogado por unos trabajos de investigación publicados en El Nacional. Más tarde, cuando fue liberado, el organismo se quedó con su teléfono. Se le notificó que debía volver al día siguiente, jueves 26, para nuevo interrogatorio. Cuando regresó, tal como informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, le continuaron el interrogatorio y le devolvieron el teléfono, seguramente después de haber copiado la base de datos. Escribo este artículo la mañana del viernes 27 de enero. A esta hora, no sabemos hacia dónde se dirige esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de El Nacional y sus trabajadores. Lo que sí tengo claro es que un régimen dictatorial no tolera una prensa libre que investigue y denuncie la corrupción.

 

Debo añadir que en la causa abierta por el Ministerio Público (MP-6626-2023) fueron citados las siguientes personas: una que ya no trabaja en El Nacional y que, mientras trabajó, ningún vínculo tenía con los contenidos; otra, que se desempeña en funciones administrativas, tampoco relacionada con lo editorial; a tres que no viven en Venezuela (yo entre ellos). Debo añadir que, en dos de los casos, al entregar las boletas de citación, los funcionarios profirieron amenazas en contra de los familiares de estos periodistas que viven en otros países.

 

 

Me preguntaba ayer un periodista cuántos ataques ha recibido El Nacional a lo largo del régimen de Chávez y Maduro. Le respondí que no soy capaz de responder a esa pregunta con precisión porque ya he perdido la cuenta. Desde junio de 1999, cuando Chávez me amenazó públicamente, por primera vez, el poder ha puesto en movimiento su poderosa maquinaria de aplastamiento de las libertades. En contra nuestra han utilizado el sistema judicial, la capacidad de sancionar en lo administrativo y el acoso tributario; han enviado colectivos a lanzar bombas o excrementos a nuestras instalaciones; en las calles, esos mismos colectivos que hoy, dirigidos por los militares, atacan las marchas de maestros o de los médicos, han golpeado, robado, detenido y amenazado a nuestros periodistas y a nuestros reporteros gráficos; el poder, una y otra vez, ha girado instrucciones a todos los organismos del Estado para prohibir el acceso a los reporteros de El Nacional a las sedes oficiales y a la información; se nos ha dificultado o impedido nuestro derecho a informar; nos expropiaron la sede, con la rotativa y otros equipos adentro, durante un asalto en el que participaron unidades militares; el bloqueo del acceso a nuestra página web, a cargo de Conatel, práctica ilegal y violatoria de una libertad elemental, la del derecho a la información, que ha sido constante desde hace no menos de cinco años. Y hay más. A todo lo anterior hay que añadir las persecuciones judiciales que han empujado al exilio a periodistas, editores y miembros del Consejo Editorial, sin la mediación de delito alguno, sin pruebas, sin procesos judiciales justos, sin permitirnos un verdadero derecho a la defensa. Estas razones explican por qué todos los miembros de nuestra unidad de investigación viven fuera de Venezuela.

 

 

¿Qué explica este particular ataque del 25 de enero de 2023 a trabajadores, extrabajadores y a mí, que vivo exiliado en España? En un plano general, lo explica la aversión congénita que la dictadura tiene hacia la libertad de expresión y hacia el libre ejercicio del periodismo. En un plano específico, el odio sistémico que el régimen tiene hacia El Nacional y todo aquello que lo representa. Pero en el plano coyuntural, hasta donde sabemos, este ataque, a diferencia de muchos otros, no proviene de las esferas bajo el control de Diosdado Cabello o de Tareck el Aissami: proviene de Miraflores, de “la famiglia” más poderosa, del clan que encabeza “la cosa nostra” venezolana.

 

Lo consignaré aquí por si el lector no lo sabe o no lo recuerda: el 23 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a Santiago José Morón Hernández y a Ricardo José Morón Hernández por el apoyo que han brindado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, en sus prácticas de corrupción. En el comunicado de prensa distribuido por esa entidad, disponible en su página web, se lee: “Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones”. En otras palabras, son lo que, en riguroso uso de la lengua española, se denomina “testaferros”.

 

A comienzos de este mismo enero, el equipo de investigación de El Nacional publicó tres reportajes en secuencia: el primero de ellos, el 10 de enero, titulado “Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales”; el segundo, el 11 de enero, “Los ‘homónimos’ de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra”; y el tercero, el 12 de enero, “Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón”. Los tres materiales aportan datos y ponen en primer plano a unos señores que hicieron costosos esfuerzos por desaparecer en la red, para escapar de la vigilancia de la opinión pública. Paradójicamente, la injustificada e ilegal acción del régimen en contra de El Nacional ha tenido un efecto búmeran: quienes no sabían quiénes son los hermanos Morón Hernández y qué relación tienen con Nicolás Maduro Guerra, miembro fundamental de “la famiglia”, ya lo saben. El ataque ha servido para que en las instancias correspondientes de la Comunidad Europea se evalúe sancionarlos, tal como ocurrió en Estados Unidos.

 

Delcy Rodríguez se reunió con el fiscal adjunto de la CPI en La Haya

En una nueva arremetida contra El Nacional el 25 de enero, el periodista José Gregorio Meza fue sacado de su casa por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un fiscal le informó que sería interrogado por unos trabajos de investigación publicados en El Nacional. Más tarde, cuando fue liberado, el organismo se quedó con su teléfono. Se le notificó que debía volver al día siguiente, jueves 26, para nuevo interrogatorio. Cuando regresó, tal como informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, le continuaron el interrogatorio y le devolvieron el teléfono, seguramente después de haber copiado la base de datos. Escribo este artículo la mañana del viernes 27 de enero. A esta hora, no sabemos hacia dónde se dirige esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de El Nacional y sus trabajadores. Lo que sí tengo claro es que un régimen dictatorial no tolera una prensa libre que investigue y denuncie la corrupción.

 

Debo añadir que en la causa abierta por el Ministerio Público (MP-6626-2023) fueron citados las siguientes personas: una que ya no trabaja en El Nacional y que, mientras trabajó, ningún vínculo tenía con los contenidos; otra, que se desempeña en funciones administrativas, tampoco relacionada con lo editorial; a tres que no viven en Venezuela (yo entre ellos). Debo añadir que, en dos de los casos, al entregar las boletas de citación, los funcionarios profirieron amenazas en contra de los familiares de estos periodistas que viven en otros países.

Me preguntaba ayer un periodista cuántos ataques ha recibido El Nacional a lo largo del régimen de Chávez y Maduro. Le respondí que no soy capaz de responder a esa pregunta con precisión porque ya he perdido la cuenta. Desde junio de 1999, cuando Chávez me amenazó públicamente, por primera vez, el poder ha puesto en movimiento su poderosa maquinaria de aplastamiento de las libertades. En contra nuestra han utilizado el sistema judicial, la capacidad de sancionar en lo administrativo y el acoso tributario; han enviado colectivos a lanzar bombas o excrementos a nuestras instalaciones; en las calles, esos mismos colectivos que hoy, dirigidos por los militares, atacan las marchas de maestros o de los médicos, han golpeado, robado, detenido y amenazado a nuestros periodistas y a nuestros reporteros gráficos; el poder, una y otra vez, ha girado instrucciones a todos los organismos del Estado para prohibir el acceso a los reporteros de El Nacional a las sedes oficiales y a la información; se nos ha dificultado o impedido nuestro derecho a informar; nos expropiaron la sede, con la rotativa y otros equipos adentro, durante un asalto en el que participaron unidades militares; el bloqueo del acceso a nuestra página web, a cargo de Conatel, práctica ilegal y violatoria de una libertad elemental, la del derecho a la información, que ha sido constante desde hace no menos de cinco años. Y hay más. A todo lo anterior hay que añadir las persecuciones judiciales que han empujado al exilio a periodistas, editores y miembros del Consejo Editorial, sin la mediación de delito alguno, sin pruebas, sin procesos judiciales justos, sin permitirnos un verdadero derecho a la defensa. Estas razones explican por qué todos los miembros de nuestra unidad de investigación viven fuera de Venezuela.

 

 

¿Qué explica este particular ataque del 25 de enero de 2023 a trabajadores, extrabajadores y a mí, que vivo exiliado en España? En un plano general, lo explica la aversión congénita que la dictadura tiene hacia la libertad de expresión y hacia el libre ejercicio del periodismo. En un plano específico, el odio sistémico que el régimen tiene hacia El Nacional y todo aquello que lo representa. Pero en el plano coyuntural, hasta donde sabemos, este ataque, a diferencia de muchos otros, no proviene de las esferas bajo el control de Diosdado Cabello o de Tareck el Aissami: proviene de Miraflores, de “la famiglia” más poderosa, del clan que encabeza “la cosa nostra” venezolana.

 

Lo consignaré aquí por si el lector no lo sabe o no lo recuerda: el 23 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a Santiago José Morón Hernández y a Ricardo José Morón Hernández por el apoyo que han brindado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, en sus prácticas de corrupción. En el comunicado de prensa distribuido por esa entidad, disponible en su página web, se lee: “Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones”. En otras palabras, son lo que, en riguroso uso de la lengua española, se denomina “testaferros”.

A comienzos de este mismo enero, el equipo de investigación de El Nacional publicó tres reportajes en secuencia: el primero de ellos, el 10 de enero, titulado “Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales”; el segundo, el 11 de enero, “Los ‘homónimos’ de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra”; y el tercero, el 12 de enero, “Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón”. Los tres materiales aportan datos y ponen en primer plano a unos señores que hicieron costosos esfuerzos por desaparecer en la red, para escapar de la vigilancia de la opinión pública. Paradójicamente, la injustificada e ilegal acción del régimen en contra de El Nacional ha tenido un efecto búmeran: quienes no sabían quiénes son los hermanos Morón Hernández y qué relación tienen con Nicolás Maduro Guerra, miembro fundamental de “la famiglia”, ya lo saben. El ataque ha servido para que en las instancias correspondientes de la Comunidad Europea se evalúe sancionarlos, tal como ocurrió en Estados Unidos.

Pero tengo varias respuestas más que dar a las muchas personas que me han preguntado por las consecuencias de esta acción. Lo primero es repetir lo que ya señalé en una declaración que ha sido replicada en decenas de medios en todo el mundo: continuaremos con nuestro trabajo. Las investigaciones seguirán adelante. Lo segundo: este nuevo ataque en contra de El Nacional y sus trabajadores (¡y hasta contra extrabajadores!) ratifica la práctica de sistematicidad, añade otra prueba más al cada día más voluminoso expediente que las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro han consignado y continuarán consignando ante la Corte Penal Internacional. Y lo tercero: ya comenzamos a enviar, a miles de personas en Venezuela, vía correo electrónico, los tres reportajes sobre los hermanos Morón Hernández y su líder, Maduro Guerra.

 

Cáncer de pulmón: conoce cómo detectarlo y prevenirlo

En una nueva arremetida contra El Nacional el 25 de enero, el periodista José Gregorio Meza fue sacado de su casa por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un fiscal le informó que sería interrogado por unos trabajos de investigación publicados en El Nacional. Más tarde, cuando fue liberado, el organismo se quedó con su teléfono. Se le notificó que debía volver al día siguiente, jueves 26, para nuevo interrogatorio. Cuando regresó, tal como informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, le continuaron el interrogatorio y le devolvieron el teléfono, seguramente después de haber copiado la base de datos. Escribo este artículo la mañana del viernes 27 de enero. A esta hora, no sabemos hacia dónde se dirige esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de El Nacional y sus trabajadores. Lo que sí tengo claro es que un régimen dictatorial no tolera una prensa libre que investigue y denuncie la corrupción.

 

Debo añadir que en la causa abierta por el Ministerio Público (MP-6626-2023) fueron citados las siguientes personas: una que ya no trabaja en El Nacional y que, mientras trabajó, ningún vínculo tenía con los contenidos; otra, que se desempeña en funciones administrativas, tampoco relacionada con lo editorial; a tres que no viven en Venezuela (yo entre ellos). Debo añadir que, en dos de los casos, al entregar las boletas de citación, los funcionarios profirieron amenazas en contra de los familiares de estos periodistas que viven en otros países.

Me preguntaba ayer un periodista cuántos ataques ha recibido El Nacional a lo largo del régimen de Chávez y Maduro. Le respondí que no soy capaz de responder a esa pregunta con precisión porque ya he perdido la cuenta. Desde junio de 1999, cuando Chávez me amenazó públicamente, por primera vez, el poder ha puesto en movimiento su poderosa maquinaria de aplastamiento de las libertades. En contra nuestra han utilizado el sistema judicial, la capacidad de sancionar en lo administrativo y el acoso tributario; han enviado colectivos a lanzar bombas o excrementos a nuestras instalaciones; en las calles, esos mismos colectivos que hoy, dirigidos por los militares, atacan las marchas de maestros o de los médicos, han golpeado, robado, detenido y amenazado a nuestros periodistas y a nuestros reporteros gráficos; el poder, una y otra vez, ha girado instrucciones a todos los organismos del Estado para prohibir el acceso a los reporteros de El Nacional a las sedes oficiales y a la información; se nos ha dificultado o impedido nuestro derecho a informar; nos expropiaron la sede, con la rotativa y otros equipos adentro, durante un asalto en el que participaron unidades militares; el bloqueo del acceso a nuestra página web, a cargo de Conatel, práctica ilegal y violatoria de una libertad elemental, la del derecho a la información, que ha sido constante desde hace no menos de cinco años. Y hay más. A todo lo anterior hay que añadir las persecuciones judiciales que han empujado al exilio a periodistas, editores y miembros del Consejo Editorial, sin la mediación de delito alguno, sin pruebas, sin procesos judiciales justos, sin permitirnos un verdadero derecho a la defensa. Estas razones explican por qué todos los miembros de nuestra unidad de investigación viven fuera de Venezuela.

 

 

¿Qué explica este particular ataque del 25 de enero de 2023 a trabajadores, extrabajadores y a mí, que vivo exiliado en España? En un plano general, lo explica la aversión congénita que la dictadura tiene hacia la libertad de expresión y hacia el libre ejercicio del periodismo. En un plano específico, el odio sistémico que el régimen tiene hacia El Nacional y todo aquello que lo representa. Pero en el plano coyuntural, hasta donde sabemos, este ataque, a diferencia de muchos otros, no proviene de las esferas bajo el control de Diosdado Cabello o de Tareck el Aissami: proviene de Miraflores, de “la famiglia” más poderosa, del clan que encabeza “la cosa nostra” venezolana.

 

Lo consignaré aquí por si el lector no lo sabe o no lo recuerda: el 23 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a Santiago José Morón Hernández y a Ricardo José Morón Hernández por el apoyo que han brindado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, en sus prácticas de corrupción. En el comunicado de prensa distribuido por esa entidad, disponible en su página web, se lee: “Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones”. En otras palabras, son lo que, en riguroso uso de la lengua española, se denomina “testaferros”.

A comienzos de este mismo enero, el equipo de investigación de El Nacional publicó tres reportajes en secuencia: el primero de ellos, el 10 de enero, titulado “Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales”; el segundo, el 11 de enero, “Los ‘homónimos’ de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra”; y el tercero, el 12 de enero, “Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón”. Los tres materiales aportan datos y ponen en primer plano a unos señores que hicieron costosos esfuerzos por desaparecer en la red, para escapar de la vigilancia de la opinión pública. Paradójicamente, la injustificada e ilegal acción del régimen en contra de El Nacional ha tenido un efecto búmeran: quienes no sabían quiénes son los hermanos Morón Hernández y qué relación tienen con Nicolás Maduro Guerra, miembro fundamental de “la famiglia”, ya lo saben. El ataque ha servido para que en las instancias correspondientes de la Comunidad Europea se evalúe sancionarlos, tal como ocurrió en Estados Unidos.

Pero tengo varias respuestas más que dar a las muchas personas que me han preguntado por las consecuencias de esta acción. Lo primero es repetir lo que ya señalé en una declaración que ha sido replicada en decenas de medios en todo el mundo: continuaremos con nuestro trabajo. Las investigaciones seguirán adelante. Lo segundo: este nuevo ataque en contra de El Nacional y sus trabajadores (¡y hasta contra extrabajadores!) ratifica la práctica de sistematicidad, añade otra prueba más al cada día más voluminoso expediente que las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro han consignado y continuarán consignando ante la Corte Penal Internacional. Y lo tercero: ya comenzamos a enviar, a miles de personas en Venezuela, vía correo electrónico, los tres reportajes sobre los hermanos Morón Hernández y su líder, Maduro Guerra.

 

 

Dicho todo esto, quiero llamar la atención sobre la carta que Yris Medina y Liliana Ortega Mendoza, de Cofavic, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha enviado a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ahora mismo de visita en Venezuela. Se trata de un documento que los lectores deben buscar en su página web y leerlo con la mayor atención. Hay allí cifras y una revisión del estado de los derechos humanos que no puede ni debe obviarse, que debe ser divulgado dentro y fuera del país, y que pone de manifiesto, con la disciplina que ha caracterizado siempre a esa organización, que nuestro país no se ha arreglado sino que las cosas están cada día peores. Cofavic pone de bulto, no solo las graves amenazas que se han levantado en contra de todas las ONG, sino, en un sentido amplio e ilimitado, sobre las libertades de las personas y las organizaciones.

 

Termino este artículo con un párrafo copiado de la mencionada carta: “Todo lo precedente confirma que en Venezuela enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, cuyas razones estructurales no solo se mantienen, sino que se han profundizado. Así fue señalado en informes y declaraciones de la Fact Finding Mission de la ONU para Venezuela, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según las cuales existen motivos razonables para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país”.

 

 

 

 

 

79 años de El Nacional, un enorme desafío por delante

Posted on: agosto 7th, 2022 by Periodista dista No Comments

 

 

El Nacional cumplió 79 años el miércoles 3 de agosto, en medio de una serie de fenómenos sobre los que siento necesidad de reflexionar.

 

 

79 años en la vida de un diario es mucho tiempo. Me explico. En un medio de comunicación el tiempo transcurre de forma extendida. Ninguna jornada termina del todo, los días se suceden como un fluido sin pausa. Llegan las noches y el descanso para la mayoría de las personas en el mundo, pero en el periodismo siempre hay algo ?alguien? que permanece despierto y activo. En cierto modo, sin abusar de la analogía, la sala de redacción de un diario tiene algo semejante a una sala de urgencias médicas, donde nunca es posible apagar todas las luces.

 

 

Una sala de redacción, como la que tuvo El Nacional durante décadas, y que todavía mantienen los grandes medios de comunicación en numerosos países, es un centro de trabajo peculiarísimo: un lugar en el que las cosas se congregan sin descanso. Un espacio donde las realidades se concentran y amontonan, donde las expresiones de lo real, en forma de buenas y malas noticias, son incesantes.

 

 

Una figura indisociable de las salas de redacción solía ser y es la del periodista veterano. Un profesional que lleva consigo una característica extraordinaria: alguien del que uno puede decir, otra vez sin abusar de la analogía, que lo ha visto todo. Miguel Otero Silva, Oscar Guaramato, Mario Delfín Becerra, José Moradell, Pedro Llorens o Argenis Martínez, por ejemplo, fueron de esos periodistas que, llegados a punto del recorrido profesional, era casi imposible sorprender. Desde sus respectivos despachos, no se separaban del transcurrir del país. Escuchaban e interrogaban a los reporteros. Por sus manos pasaron decenas de miles de noticias, decenas de miles de titulares. Fueron hombres memoriosos que, como pocos, eran capaces de prever lo que vendría con especial tino: habían aprendido a conocer el funcionamiento de las instituciones, de las luchas por el poder, de las conductas frecuentes de los hombres públicos.

 

 

A partir de las contribuciones de estos periodistas y de tantísimos otros, El Nacional fue construyendo una cultura de conocimiento y de vínculo con el país, quizá incomparable. Basta con leer los reportajes de Gonzalo Rincón Gutiérrez sobre la Venezuela profunda, o los de Ida Gramcko (indetenible reportera) sobre lo que ocultaban ciertos oficios en la Caracas de 1943, para entender que aquel periódico, desde sus primeros pasos, había comenzado a innovar y a dispersar sus raíces por todo el territorio venezolano. En tiempos en que las carreteras eran penosas, las telecomunicaciones incipientes y en el que el oficio del periodismo era comprendido solo por unos pocos, El Nacional comenzó a dar cuenta de los hechos del país, al tiempo que creaba la sección de opinión más potente que ha tenido Venezuela desde entonces.

 

 

Por supuesto, no tardarían en aparecer presiones y mecanismos de censura, ataques institucionales y personales, persecuciones de distinta índole, campañas en contra de nuestra actividad. No puede decirse que El Nacional y las distintas generaciones de reporteros se hayan acostumbrado a trabajar en situación de riesgo ?nadie se acostumbra a vivir en estado de amenaza?, pero fue siempre algo que conocimos. Que estaba allí. En 79 años, el gendarme nunca se alejó de nuestra actividad.

 

 

Nada de lo que nos ocurrió antes del 2000 se compara con el estado de cosas que hemos padecido desde que Chávez accedió al poder. Y en el marco del régimen, hay que reconocerlo, lo peor empeoró, si cabe decirlo, a partir del ilegal e ilegítimo ascenso al poder por parte de Maduro y Cabello.

 

 

No volveré a repetir aquí la cadena de ataques y violaciones de nuestros derechos sufridos, especialmente desde 2014. Nos han asfixiado y despojado de nuestra sede. Varios de los directivos de El Nacional, entre los que me incluyo, permanecemos en el exilio desde 2015. Por mucho menos que eso, cualquier otro diario o medio de comunicación habría puesto fin a sus operaciones. Sin embargo, aquí estamos: hemos llegado a los 79 años, pero no con una perspectiva en declive, sino lo contrario. A eso se refiere “el enorme desafío por delante” que menciono en el título.

 

 

El desafío se nos presenta en varios planos. Mencionaré solo dos de ellos. El primero, con relación a nuestros lectores: tenemos más de medio millón de lectores únicos, personas que nos siguen día a día. La devastadora crisis venezolana, que ha provocado la migración forzosa de más de 6 millones de personas, ha cambiado la demografía de quienes nos siguen: nos leen en toda la esfera hispanoparlante. De ser un diario venezolano, en lo esencial, ahora somos un diario proyectado al ámbito de la lengua española. Cuando nos detenemos en las conductas de nuestros lectores nos percatamos de un fenómeno crucial: el crecimiento del interés por la información internacional, en especial, referida a América Latina. Hay un interés en ascenso, sobre el futuro político del continente, y son muchos, entre nuestros lectores, los que están buscando respuestas a la tormenta latinoamericana en nuestra oferta de contenidos.

 

 

Y ese es justamente el segundo desafío: la preocupación por el auge del populismo, izquierdista o no, en América Latina, necesita de medios de comunicación independientes, que se mantengan firmes en la defensa de los derechos a informar y a expresarse libremente, que den cuenta de las realidades, que aglutinen la opinión libre. Sin dejar de cumplir con nuestras vocaciones de casi ocho décadas, hacia allá están encaminados nuestros empeños en curso. Tenemos un potencial de crecimiento en la geografía del español, en la geografía donde las libertades están sometidas a poderosas amenazas. Ya hemos comenzado a recorrer la ruta hacia nuestro 80 aniversario, con la expectativa de que será un acontecimiento que celebrarán nuestros lectores, dentro y fuera de Venezuela.

 

 

Miguel Henrique Otero

 

 

 

 

¿Quién invertirá en unas empresas, en manos de quienes las destruyeron?

Posted on: mayo 22nd, 2022 by Laura Espinoza No Comments

 

Durante los años de la Perestroika ―de 1985 a 1991, aproximadamente―, aprovechando la apertura política que se produjo en aquel momento, se publicaron informes que revelaban el estado de las empresas estatales en la Unión Soviética. El Estado totalitario era propietario de casi 90% de los bienes que se producían en aquel mundo de sometimiento y represión. Cada empresa, incluso las de pequeño tamaño, operaba como una célula política-policial: había comisarios e informantes, fiscales de cada proceso, funcionarios dedicados a vigilar a obreros y empleados, jefes del Partido Comunista dedicados a las labores de la corrupción. Imperaba el terror: quienes se atrevieran a expresar alguna crítica al régimen, no solo era despedidos sino que, con insólita frecuencia, era detenidos, torturados y llevados a juicio, acusados por el delito de “sabotaje a los intereses del pueblo”.

 

 

Uno de los aspectos más asombrosos de aquel desastre era el de productividad. O, mejor dicho, de la improductividad. Recuerdo un caso muy comentado en aquel momento ―alguna vez citado por Carlos Rangel―: el de la fabricación de refrigeradores domésticos ―neveras― de 12 pies. Mientras en Estados Unidos, el proceso de ensamblaje de cada artefacto estaba a cargo de 3 trabajadores, que tardaban una hora y 50 minutos en cada uno; en la cadena de producción comunista participaban 10 trabajadores, que tardaban casi 9 horas para ensamblar un producto con menos prestaciones y de muy baja calidad. En las fábricas de la Unión Soviética, por ejemplo, había un funcionario cuyo papel consistía en suministrar, uno a uno, los tornillos que se utilizaban. Decían algunos economistas europeos y norteamericanos que la industria comunista operaba bajo la regla del 6X8: costos de producción 6 veces más altos, trabajadores que devengaban salarios 8 veces menores a sus colegas de Occidente.

 

 

A comienzos de 1992 se produjo un tímido proceso de privatización, cuyos resultados fueron insignificantes: no había empresarios, ni dinero con el que comprar las empresas, ni tampoco la plataforma jurídica que asegurara las inversiones. En algunos casos se planteó la entrega a ciudadanos rusos, sin que intermediara pago alguno, a cambio de que aumentaran la producción. Se anunció un programa que incluía venta simple, subastas, concursos, venta de algunos bienes, que no fue muy lejos, entre otras razones, porque los requisitos burocráticos eran prácticamente insalvables.

 

 

Estas realidades obligaron a implantar políticas para liberalizar la economía, lo que incluyó la aceptación de las recomendaciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional. En líneas gruesas hay que decir que este proceso fue lento, cargado de obstáculos, pero hizo posible legitimar la propiedad privada, hasta entonces lastrada por la persecución, los prejuicios y el burocratismo del Estado.

 

 

En 2016, cuando el déficit apretó el cuello de la economía rusa, la vida cotidiana de la sociedad rusa derivó en una situación de precolapso. Putin emprendió un plan de privatizaciones, básicamente en sectores como petróleo y gas, minería, transporte marítimo y banca. En un primer momento, el objetivo era recoger cerca de 10.000 millones de euros. Uno de los resultados de este programa de privatizaciones fue el de estrechar todavía más sus vínculos ―muchos de ellos señalados como opacos y mediados por la corrupción― con los oligarcas rusos. Con su dinero los oligarcas sacaron a Putin del atolladero, a cambio de inmunidad, impunidad, protección dentro y fuera de su país, oportunidades de nuevos negocios y, sobre todo, la posibilidad de operar sus movimientos financieros fuera del alcance de las autoridades de otros países. Los que ya eran ricos se han convertido, en pocos años, en hombres de riqueza incalculable, más allá de toda estimación, fortunas desproporcionadas, en la mayoría de los casos, alimentadas por negocios donde impera la corrupción.

 

 

Todo el anterior panorama nos sirve para comprender que las oleadas de privatizaciones en Rusia no son comparables con el anuncio hecho por Maduro, de que ofrecerá pequeños porcentajes accionarios ―entre 5% y 10%― en el mercado de valores, de empresas de telecomunicaciones, petróleo, gas y petroquímica, bajo el supuesto de que necesitan capital para tecnología, avanzar hacia nuevos mercados y ejecutar proyectos de ampliación.

 

 

También aquí hay que recordar que la mayoría de esas empresas estaban en manos del sector privado, funcionando y produciendo, cuando fueron estatizadas y, al cabo de dos o tres años, conducidas a la ruina, la quiebra financiera, la distorsión política y la corrupción. En realidad, la información disponible sobre el estado de la infraestructura, los equipos, las capacidades técnicas y profesionales, los ingresos y egresos, las deudas y las cuentas por cobrar, todos son ámbitos opacos y falseados, desprovistos de controles y proyecciones. Además, en mayor o menor medida, son organizaciones tomadas por la corrupción en todas sus instancias, tal como ocurre con la Cantv, a escala masiva y nacional.

 

 

Lo esencial es que ahora mismo no es posible saber, ni siquiera de forma aproximada, cuál es el valor de cada una de esas empresas. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el periodista Víctor Salmerón se refería al balance de 2019 de Cantv, auditado por la empresa Deloitte. Leyendo las frases que cita del documento, por muy cuidadoso que sea el modo de expresarse, queda clara la opacidad, la ausencia de controles, la imposibilidad de saber cuál es el estado financiero y operativo de la empresa.

 

 

Cuesta pensar sobre qué bases un inversionista podría decidir que invertirá en unas organizaciones politizadas, clientelares, ruinosas, corruptas e improductivas. Si el inversionista no tiene el control, ¿quién puede darle alguna garantía de que su inversión será utilizada en la empresa y no, como pensamos muchos, que irá a los bolsillos de los jerarcas del régimen? Es legítimo preguntarse: ¿qué valor tiene una empresa que presenta a diario, en todo el país, recurrentes y prolongadas fallas en el servicio?¿Que mantiene unidades de servicio en las calles que exigen pagos en dólares por restablecer el servicio? ¿Que ofrece un servicio de conexión a Internet precario, de baja potencia, que falla a toda hora y que no ofrece garantía alguna a los usuarios?

 

 

¿Quién podría invertir en una empresa que sigue en manos de quienes las condujeron a la ruina? ¿Los amigos del régimen? ¿Los propios enchufados?

 

 

Miguel Henrique Otero 

 

Saab

Posted on: septiembre 19th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

 

Las primeras reacciones al anuncio del régimen de Maduro -mejor dicho, a la pretensión- de que Alex Saab se sumara como su representante en las jornadas del diálogo que están ocurriendo en México, fueron de escandalosa perplejidad. Escuché comentarios como “no puede ser cierto”, “debe ser una noticia falsa”, “parece un mal chiste” y otras semejantes. Otras reacciones fueron directo a laviabilidad del diálogo: es la forma escogida por Maduro y sus secuaces, de propinarle un manotazo final a un proceso en el que no creen y que no está en la ruta de sus intereses: toda posibilidad, por mínima que sea, de que en Venezuela se produzca un cambio de régimen, debe ser aplastada, anulada, saboteada.

 

 

Hasta donde recuerdo, Alex Saab debe ser el sujeto acusado de numerosos delitos, que más protección ha tenido del régimen. La acción emprendida en contra de los reporteros del portal informativo Armando.info, que condujo al exilio a sus integrantes, fue, además de un grotesco e injustificado ataque a la libertad de expresión y del ejercicio de la profesión del periodista, una especie de aviso político: Saab, por razones que probablemente están todavía muy ocultas y que sobrepasan el desfalco de la importación de alimentos para las cajas CLAP, es una ficha clave del régimen, a este punto: siendo colombiano se le ha otorgado nacionalidad venezolano, se le ha designado diplomático, se ha intentado, sin éxito alguno, envolver su imagen en un aura de perseguido político, siendo que no es más que un delincuente de cuello blanco, de acuerdo a los señalamientos que se han formulado en su contra.

 

 

Pero algo muy grueso debe esconderse tras las operaciones, viajes, diligencias, transacciones y maniobras de Saab, que involucran no solo a personas, empresas y organismos en Venezuela, sino también de otros países. ¿Armas, drogas, lavado de dinero,transporte de oro, de maletas llenas de dólares, sobreprecios, comisiones, trata de blancas, tráfico de terroristas? No lo sabemos, y es muy probable que no lo sepamos en el corto plazo, porque es improbable que Saab suelte prenda, al menos durante los primeros años de su prisión. Sus confesiones no aparecerán de un día para otro. De hecho, es probable que el régimen de Maduro haya desaparecido, mientras Saab permanecerá preso y en silencio, por años y años, mientras, tal como ocurre ahora mismo, ejércitos de trolls, manejados por Putin, por el régimen iraní y por el castrismo, se dedican a victimizarlo, y a inventarle una biografía como revolucionario. El camino está trazado desde ahora mismo: intentarán que el delincuente sea percibido como un preso político.

 

 

Alex Nain Saab Morán está acusado de vender con sobreprecios alimentos de mala calidad o en mal estado, de lavado de activos, corrupción, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias, estafa, operaciones financieras irregulares y más. Ha sido señalado, por autoridades de su país, Colombia, de ser “testaferro” de Nicolás Maduro. ¿Cabe, realmente, asombrarse por los desvelos del régimen para librarlo de la detención y restituirle la condición de impunidad con la que venía actuando?

 

 

No. No debe asombrarnos. Si hacemos una revisión de los hechos, rápidamente constataremos que para Chávez y Maduro, violación de las leyes y ejercicio del poder, son indisociables. Los delitos, en todas sus gamas y posibilidades, no son herramientas que hayan usado excepcionalmente. Con el paso del tiempo, han desterrado el uso de cualquier forma de legalidad, para dar paso a un Estado donde todas las instituciones son ilegales, ilegítimas, productos fraudulentos de falsos procesos electorales, de constituyentes amañadas, de trampas tendidas aquí y allá. De forma simultánea, el poder ha destruido la política, con un primer objetivo: impedir que el ciudadano demócrata, opositor, encuentre mecanismos para expresar sus inquietudes.

 

 

Han ilegalizado los partidos políticos; perseguido, secuestrado, torturado y asesinado a sus dirigentes; han creado instrumentos legales que permiten al poder criminal acusar a cualquiera de incitar a la violencia o al odio, solo por denunciar al poder o exigir el cumplimiento de sus derechos; han forzado el exilio de varios centenares de dirigentes políticos; han criminalizado el ejercicio del periodismo independiente; hasta las actividades de los humoristas se han convertido en objetivo de ataques y persecución. Lo mismo ha ocurrido con medios de comunicación, editores, reporteros gráficos, comentaristas y profesionales afines: se les ha etiquetado como enemigos de la patria, traidores, lacayos y, en lo fundamental, en representantes de una actividad, la informativa, que debe ser asediada, arrinconada, impedida.

 

 

Alex Saab forma parte del contingente de sujetos con expedientes penales, o de las bandas organizadas, que son factores integrantes del régimen. En realidad, pertenece a la misma categoría de las FARC y el ELN, de los extorsionadores uniformados que están diseminados en carreteras y autopistas, de los corruptos que florecen en cada rincón: impunes que viven de los bienes de los venezolanos.

 

 

En el caso de Saab, por último, me atreveré a formular un pronóstico: no irá a la mesa de negociación en México, pero se convertirá en uno de sus temas candentes. El régimen lo propondrá como parte de un trueque, muy pronto: que Estados Unidos lo libere, a cambio de liberar los presos políticos venezolanos. Apostaría a que vienen más detenciones, especialmente de dirigentes con mucha proyección. No lo olviden: Maduro hará lo imposible, lo inhumano, lo extremadamente cruel, para lograr la liberación de su socio y testaferro.

 

 

 

 Miguel Henrique Otero

100 años del Partido Comunista de China

Posted on: julio 11th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

Organizaron un gigantesco espectáculo de luces y fuegos artificiales. Una batería de cañones lanzó 100 atronadores disparos. Desfilaron los militares –los militares son, en realidad, el cuerpo armado del Partido Comunista de China– en una exhibición de impecable sincronía.

 

 

Por todas partes desplegaron las banderas rojas con sus dos elementos en amarillo, la hoz y el martillo. Cientos de miles de globos de colores surcaron el aire. Cerca de 70.000 militantes agitaban pequeñas banderas, mientras un despliegue de helicópteros hacía piruetas en el aire. He leído que en la escenificación en la que se representaba la historia del Partido Comunista Chino participaron 10.000 actores, bailarines y figurantes: el más retrasado nacionalismo, pura deformación histórica, convertido en coreografía y efectos visuales.

 

 

De todas partes del mundo viajaron centenares de periodistas, invitados por el régimen, que los condujo, bajo férreos controles y una agenda imposible de evadir, a distintas actividades de celebración. El torrente propagandístico alcanzó cada punto de la geografía china. Me refiero, por supuesto, a la celebración de los 100 años del Partido Comunista de China, que el 1° de julio alcanzó su fecha centenaria.

 

 

Cuando el dictador Xi Jinping tomó la palabra en la plaza de Tiananmén (la plaza donde fueron masacrados los estudiantes chinos que pedían libertad en junio de 1989) se produjo un silencio absoluto. No se escuchó ni la respiración de una persona. El miedo, que bien podría ser el sentimiento nacional chino, se posó con su atmósfera aplastante, en la enormidad de la plaza. Una vez más. Como todos los días. A cada minuto.

 

 

Habló de los éxitos del Partido Comunista Chino. Y, además, lanzó dos expresas advertencias. Una, evidentemente dirigida a Estados Unidos: «El pueblo chino nunca ha abusado de otros países; ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. Del mismo modo, el pueblo chino nunca permitirá que fuerzas extranjeras abusen de nosotros. Quien albergue esas ilusiones se golpeará y derramará su sangre contra la Gran Muralla de acero formada por 1.400 millones de chinos». Que China no ha abusado de otros países es absolutamente falso: pregúntenle a tibetanos o a uigures, que han padecido la persecución y el cerco y la represión del poder comunista.

 

 

La otra advertencia anunciada por el dictador, quizás la más grave e inminente, fue la de someter a Taiwán: «Resolver la cuestión de Taiwán y completar la reunificación de la patria es una tarea ineludible para el PCCh y la aspiración común de todo el pueblo chino». «Nadie debería minusvalorar nuestra determinación y poder a la hora de defender la soberanía nacional y la integridad territorial».

 

 

Puede decirse que el despliegue propagandístico, dentro y fuera de China, funcionó: sorprendentemente, en muchos de los principales medios de comunicación del planeta, en los reportajes que se publicaron sobre este aniversario, no se ha dicho ni una palabra del dato más importante de su biografía: que el Partido Comunista Chino es la más grande y feroz maquinaria de la muerte que haya existido en el mundo moderno, y que, en estos 100 años, sus hombres han asesinado a más de 70 millones de personas. Tengo que repetirlo, para que no haya dudas: han acabado con las vidas de más de 70 millones de personas.

 

 

Estos crímenes, la gran mayoría de ellos cometidos en procesos de nombres rimbombantes –El Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural– se cuentan entre los más desgarradores, extremos y atroces cometidos jamás. A millones se les mató de hambre, solo para complacer los apetitos de ese insuperable psicópata que fue Mao Tse-tung.

 

 

De Mao proviene, y esto es fundamental, la política del régimen comunista chino que, salvo matices, ha continuado vigente tras su muerte: la de aplastar a sus enemigos. La de erradicar toda forma de disidencia. La de convertir al Partido Comunista Chino en una especie de religión, ahora consagrada al culto del emperador Xi Jinping, el hombre que gobierna China desde 2012, y que reivindica, no solo al psicópata de Mao, sino también a su maestro ideológico, el también psicópata Vladimir Ilich Lenin.

 

 

Cuando se leen los análisis sobre las inversiones que el Partido Comunista de China está haciendo en el Ejército y en el desarrollo de letal y cada vez más sofisticado armamento; cuando llegan las noticias de las brutales campañas de adoctrinamiento a los que son sometidos los escolares del país; cuando los historiadores denuncian la actividad de blanqueo de la historia por parte del régimen, que pretende borrar el historial criminal de los comunistas chinos; cuando se observan sus movimientos en el ámbito de la política internacional, destinados a lograr el dominio político, económico, financiero y hasta territorial en decenas de países en África y América Latina; cuando vemos cómo se persigue a los disidentes taiwaneses, a sus periodistas o a simples ciudadanos que ejercen su derecho a protestar; cuando la comunidad científica internacional denuncia las extrañas muertes y desapariciones de algunos de sus representantes; cuando, a diario tenemos noticias de la proyección del régimen comunista chino en el plano internacional, lo que incluye el apoyo irrestricto de Xi Jinping a Nicolás Maduro; cuando constatamos todas estas realidades, no queda sino preguntarnos: ¿acaso la pesadilla del Partido Comunista de China durará otros cien años más?

 

 

 

 Miguel Henrique Otero

El daño antropológico es vivir con miedo

Posted on: junio 13th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

 

 

Ha comenzado a debatirse en Venezuela si, una vez que el régimen chavista-madurista ha acumulado más de 22 años en el poder, la sociedad venezolana, la comunidad venezolana, ha sufrido lo que cabría llamar un daño antropológico: un cambio que, además de resultar significativo y evidente, ha afectado a muchos o, si se quiere, a amplias capas de la población.

 

 

Se trata, obviamente, de un debate muy complejo, porque obliga a establecer un corte o un punto de partida. Para constatar que se ha producido un cambio, hay que definir o describir cómo era ese venezolano que ahora ya no es el mismo que antes, porque unas fuerzas se le han impuesto, han vencido sus resistencias y le han obligado a cambiar su constitución física; le han forzado a modificar sus modos de expresarse, de comunicarse y relacionarse con los demás; han torcido el vínculo con las instituciones; y, en un sentido más amplio, habría que evaluar si se le ha obligado a adoptar otra visión de la realidad o del mundo. Como el lector puede concluir, la cuestión puede resultar controvertida, suscitar criterios muy distintos, dar pie a una discusión sin principio ni final.

 

 

Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, tengo la idea de que algo se puede decir al respecto, a partir de evidencias razonables y a la vista de todos.

 

Una realidad, masiva e indiscutible, es la expansión del hambre y la pérdida de peso promedio de los venezolanos. Somos una sociedad que ha enflaquecido, que se alimenta mal y que ha perdido la capacidad de consumir proteínas. Estos son factores mensurables, que no pueden ocultarse ni negarse. Están expuestos a simple vista. En ello hay un clarísimo daño antropológico, social y sanitario, que compromete el futuro de las personas, de las familias y del país.

 

 

El otro aspecto inequívoco, que podría resultar en un cambio de profundas repercusiones, se refiere al tamaño de la migración forzada que se ha producido en nuestro país: está próxima a 20% de la población, casi 7 millones de personas. Que un país pierda semejante porcentaje de la población en un tiempo tan corto, sin estar en guerra, es un hecho inédito. Y obliga a preguntarse por sus consecuencias en el aparato productivo, en la disposición de talentos en el país, en las capacidades para afrontar la reconstrucción de Venezuela. Este gigantesco movimiento de personas, que no tiene antecedentes en América Latina, ocupa el interés de especialistas en universidades y academias del mundo entero. No me cabe duda: es un daño enorme y duradero a la comunidad venezolana.

 

 

Otro cambio que debe ser registrado: el auge, la expansión, la multiplicación, hasta extremos insólitos, de la corrupción. La que ha sido una conducta reiterada en las entidades del Estado, de forma particular en la gestión de los contratos de compras y obras públicas, se ha diseminado simplemente a todo: hemos ingresado en una época donde pedir una cita en un hospital público o simplemente circular por cualquier calle o avenida del territorio puede significar para cualquier ciudadano una experiencia de extorsión, secuestro y hasta cárcel, por no pagar a las alcabalas de uniformados corruptos, que gozan de total impunidad. El asunto que quiero destacar es el de la indefensión: es probable que la sensación generalizada de indefensión que se experimenta hoy constituya un cambio sustantivo con respecto a su semejante antes del actual régimen. ¿Califica esto como un expediente de daño antropológico causado a la sociedad venezolana? Lo creo. El estatuto de impunidad y arbitrariedad, de precariedad del ciudadano ante los funcionarios, de omisión absoluta de las instituciones, todo ello conforma un cuadro radicalmente distinto con respecto al estado previo de cosas: el venezolano es hoy un sujeto a la intemperie, alguien que debe sobrevivir en una nación donde el funcionariado campea a sus anchas, protegido por una vasta red de complicidades.

 

 

Otro cambio, que cualquiera puede constatar minuto a minuto, es patente en el fenómeno de la polarización de este tiempo, cuyas ramificaciones no solo se reflejan en la intolerancia hacia cualquier opinión distinta a la propia. También en esa conducta de ponerlo todo bajo sospecha, de desconfianza generalizada hacia todo y hacia todos, en una actividad de constante escrutar en las redes sociales o en la vida de los demás. Se formulan acusaciones carentes de fundamento, se extraen conclusiones graves de los episodios más fútiles. Hay quienes prefieren invertir sus energías en atacar a opositores, quienes deberían ser sus aliados –aunque se difiera con respecto a cuál es el camino que se debe seguir–, y se enajenan por completo de la más importante responsabilidad política, que es la de denunciar y enfrentar al régimen, en todos los terrenos donde sea posible.

 

 

Aunque no soy un experto en los meandros propios de la sociología o la antropología, me atrevo a añadir una cuestión más a esta relación, seguramente incompleta, y que debe ser una de las más potentes expresiones del daño antropológico causado al ciudadano venezolano: vivir con miedo. Esa condición, la de un miedo que no cesa, que erosiona, que socava, que impide el sueño, que acecha a todos dentro y fuera de Venezuela, ese es, así lo creo, el más grande daño espiritual, cotidiano, sostenido –antropológico– que el régimen de Chávez y Maduro nos ha causado a los venezolanos.

 

En el Nacional

Miguel Henrique Otero

 

¿Acaso es posible una glasnost a la venezolana?

Posted on: abril 18th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

Antes de entrar en la pregunta de mi artículo, creo prudente recordar de dónde venimos: de más de dos décadas de luchas ininterrumpidas en contra del régimen de Chávez y Maduro. Durante este tiempo, producto de dolorosos aprendizajes, a los venezolanos les ha correspondido enfrentar una realidad que no conocían y para la que no estaban –no estábamos– preparados: la de un poder que aspira al control total de la sociedad, que la somete a un proyecto brutal de empobrecimiento y que para imponer sus objetivos no ha dudado en destruir la democracia, asesinar a quienes se le oponen, torturar y reprimir a los ciudadanos indefensos, y hacer uso de las armas de la república, de modo siempre desproporcionado.

 

 

La afirmación de que no estábamos preparados es sustantiva: ni en lo político, ni en lo institucional, ni en lo organizativo, ni en lo económico, ni en lo social y ni siquiera en lo psicológico. Fuimos sorprendidos. Me refiero a que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos, resultaba impensable proyectar y asumir que podríamos llegar al estado de devastación y muerte con que los criminales han sometido a nuestro país. Y, debemos reconocerlo, las advertencias que algunos hicieron no encontraron a una audiencia dispuesta o sensible a escuchar la gravedad de lo que podría venir.

 

 

¿Podemos reclamar a la sociedad venezolana, a las instituciones, a la sociedad civil y a los partidos políticos, el que no hayan podido anticipar el actual estado de cosas? En lo sustantivo, no lo creo. Se han cometido errores tácticos –siempre señalados a posteriori–, pero analizadas las cosas bajo una perspectiva más amplia, lo que debemos entender es que la cultura política establecida en Venezuela, a lo largo de cuatro décadas, no contaba con las herramientas para considerar que se produciría semejante destrucción. Imaginar, prever, pronosticar el horror, resultaba una tarea casi incomprensible para una sociedad que, con problemas y no pocos esfuerzos, había aprendido a vivir bajo las reglas de la democracia representativa, y había logrado sortear los peligros que la habían acechado en esos cuarenta años.

 

 

¿Adónde nos conduce esta reflexión? A una conclusión: nos ocurrió algo semejante a lo que pasa a toda sociedad, especialmente aquellas que viven en condiciones generales de libertad, cuando irrumpe una fuerza que viene a destruir la libertad: en una primera etapa no entiende bien a lo que se enfrenta; tarda en reaccionar; toma caminos equivocados; se debilita y cansa; y, producto de tantas dificultades, se divide, pierde el sentido de la unidad necesaria, es víctima de la desesperación y la falta de resultados.

 

Pero, y ese es también un resultado neto de la cultura democrática venezolana, en dos décadas, con no pocos vaivenes, buenos y pésimos momentos, algunas victorias y muchas derrotas, a pesar de la represión, los exilios, el proceso migratorio y la creciente pobreza, una parte sustantiva de la sociedad no ha tirado la toalla, ha persistido y ha mantenido la lucha.

 

 

Los venezolanos lo hemos intentado todo, absolutamente todo. En estos días volví a mirar las imágenes de Caracas el 11 de abril de 2002: más de 1 millón de personas en las calles, en una de las marchas más extraordinarias que se hayan producido en el mundo, en el último siglo. Y así, por años: se ha protestado en todas las regiones, sin excepción; se ha intentado que las instituciones entiendan que el país demanda un cambio; se han utilizado las vías legales, institucionales, electorales y políticas; se ha buscado y obtenido apoyo internacional de naciones democráticas; y hasta se alimentó la ficción de que una fuerza militar extranjera podría ingresar al territorio venezolano y acabar con la dictadura. A pesar de los errores que políticos y ciudadanos hayamos podido cometer, no reconocer la dignidad y el valor de estos esfuerzos y sostenidos intentos es, probablemente, un error de fondo, todavía mayor.

 

 

En medio de esta evaluación, preguntarse por una posible glasnost a la venezolana no es ocioso. Recordemos que se llamó glasnost al proceso de apertura ocurrido en la Unión Soviética comunista, al quinquenio comprendido entre 1986 y 1991, período de apertura política y económica, y de establecimiento de un ambiente de relativas libertades cotidianas y de también relativa libertad de prensa, pero, y esto es lo significativo, promovido desde adentro del régimen, por un movimiento que encabezó Mijail Gorbachov, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.

 

 

Ese movimiento, finalmente derrotado por la ortodoxia comunista en 1991, mostró que, enfrentados a un estado de extrema inviabilidad, sin la participación de fuerzas externas al propio régimen, es posible que aparezca un movimiento que, al tiempo de aliviar en alguna medida la opresión sobre la sociedad, busque oxigenarse y renovar sus fuerzas y sostenibilidad en el tiempo.

 

 

Por supuesto, la situación venezolana no es comparable con la Unión Soviética de mediados de los ochenta. Pero el concepto glasnost quizás nos sirva para prefigurar un posible escenario: el de un movimiento que, sin la participación de sectores democráticos, surgido del propio régimen –probablemente comandado, por ejemplo,  por Jorge Rodríguez– podría intentar un cambio –sacar a Maduro del poder–, generar mecanismos de alivio para la economía, la política y la vida cotidiana de las familias, que le sirva al régimen para dotarse de algunas nuevas energías, e intentar así, mantenerse más tiempo en el poder, disminuyendo el castigo a la sociedad.

 

 

¿Un escenario así es posible? ¿Podría venir un cambio desde las propias entrañas del régimen?

 

 

 Miguel Henrique Otero

 

¿Pero de qué cansancio hablamos?

Posted on: marzo 14th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

 

 

Desde hace algún tiempo –¿cinco, seis años quizás?–, de forma cada vez más insistente, se repite que el venezolano “está cansado”. El cansancio se ha vuelto una especie de recurso conceptual presente en numerosos análisis de la realidad venezolana. Por momentos, incluso, adquiere la categoría de reproche moral: ¿cómo podría justificarse ese cansancio si todavía la lucha contra la dictadura no ha finalizado?

 

 

En el razonamiento de analistas y también de algunos políticos se alcanza este extremo: el cansancio habría aparecido justo en el momento en que la dictadura estaba arrinconada. De no haber aparecido esa especie de “cansancio fuera de lugar”, sugiere esa perspectiva, las cosas serían muy distintas en la Venezuela de hoy. Si hubiésemos logrado mantener la presión, se afirma, el régimen habría caído.

 

 

No sé si, en los términos de la sociología o de la psicología social, es posible hablar de “cansancio social”. Pero sin pretenderme un especialista de la cuestión, mi percepción es que hay, al menos, tres dimensiones distintas que conviene separar y reconocer.

 

 

La primera, si se quiere la más general, sobrepasa al simple cansancio y adquiere las proporciones del hartazgo. De las tantas cosas que reporta el periodismo, de la lectura atenta de las redes sociales, de lo que indican las encuestas, de lo que hablan los testimonios, del intercambio con personas amigas que viven en Venezuela, así como de la observación directa, es posible concluir, sin lugar a error, que la sociedad venezolana está hastiada, harta del régimen encabezado por Maduro.

 

 

Es una sensación que desborda el cansancio y se mezcla con otras emociones como desprecio, rabia, impotencia, repulsión, y, por momentos, también aflicción. En el sentimiento de que el régimen se agotó, en la idea cada vez más repetida de que todo es una inmensa farsa y que Maduro en realidad no tiene nada que ofrecer a los venezolanos, confluyen muchas cosas, que pueden agruparse como un complejo y masivo sentimiento de rechazo.

 

 

Otro plano distinto, permanente y tangible, se refiere al día a día de los venezolanos, cuando el cansancio de los ciudadanos, especialmente de los padres de familia, es evidente y cada vez más acusado. La cotidianidad en Venezuela tiene un carácter infernal: no hay servicios básicos, todo en el espacio público está corrompido, los bienes son escasos o costosísimos, a menudo no es posible ni siquiera salir de casa. Ir de un lugar a otro supone un peligro extremo: una alcabala de uniformados puede convertir a cualquiera en objeto de extorsión. Las cosas más elementales, ir y volver a la escuela o al trabajo, comprar comida o medicamentos, reparar un electrodoméstico o un automóvil, asistir a una consulta médica, hacer un trámite ante cualquier organismo del Estado, todas son experiencias hostiles, sembradas de dificultades, peajes, funcionarios corruptos, costos fuera de lógica o realidades de lo imposible. La cotidianidad en Venezuela es una sucesión interminable de batallas, cuyo efecto es que supera la inmediatez del cansancio para convertirse en un estado de agotamiento crónico. Esa forma de cansancio extremo existe y está extendida en todo el país.

 

 

Paradójicamente, ese cansancio de la sobrevivencia no ha derivado, como se afirma sin demasiado fundamento, en cansancio político o cansancio social, como también lo llaman. En la edición de noviembre de 2020 de la Revista SIC, que edita el Centro Gumilla con admirable disciplina, Marco Antonio Ponce comentaba lo ocurrido en los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social: se habían producido hasta septiembre más de 7.000 protestas, protagonizadas por vecinos y trabajadores. Dice Ponce: “Al mirar en detalle estas manifestaciones encontramos algunos aspectos que nos permiten conocer qué exigen los ciudadanos, dónde y cómo lo hacen, además de la respuesta institucional. Habitantes de pequeñas poblaciones y caseríos de distintas regiones del país salieron a las calles para exigir calidad en los servicios básicos, rechazar la crisis de gasolina y un salario mínimo mensual inferior a un dólar, destacando la presencia de las mujeres en el liderazgo de las manifestaciones por servicios básicos”. Y añade dos cuestiones, relevantes en lo social y en lo político: la primera, que “una característica recurrente de la protesta venezolana es su espontaneidad, con un mínimo de organización vecinal, sin indicios de una conducción o acompañamiento, o plan organizado desde sectores o partidos políticos tradicionales. Solo en contadas excepciones líderes sociales locales, vinculados a partidos políticos, han organizado protestas”; la segunda es la presencia de las protestas combinadas: las personas utilizan una misma acción para exigir varios derechos. “Un fenómeno que se viene registrando con mayor intensidad en los últimos tres años”.

 

 

De acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se realizaron durante 2020 un total de 9.633 protestas, a un promedio de 26 por día. Y esto nada menos que en tiempos de pandemia y con un régimen que la ha aprovechado para impedir la movilización ciudadana. Un dato más: en 2019, las protestas fueron 16.739, a un promedio de 46 por día. Dicho esto: ¿se puede afirmar que en Venezuela hay cansancio político? ¿Se puede sostener que la voluntad de lucha ha mermado? Apegados a los hechos, ¿se puede asegurar que la sociedad venezolana se ha rendido y que es una especie de títere a merced de lo que el régimen quiera hacer con ella? Mi respuesta a todas esas preguntas es categórica: los venezolanos seguimos en pie de lucha. Las vicisitudes de lo cotidiano no han destruido sino alentado nuestras energías políticas. Nada más revelador que esto: a pesar de las dificultades diarias, cada vez más, sin apoyo ni organización previa, la gente sale a la calle y protesta. Y cada vez más, los venezolanos entienden que la solución a sus demandas está asociada a la salida inmediata del régimen de Maduro.

 

 

 Miguel Henrique Otero

La represión

Posted on: mayo 22nd, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

La represión es el capítulo más tenebroso del empeño de Maduro y su banda de mantenerse en el poder al costo que sea. Es tenebroso en sus dos ámbitos: en las calles, donde produce muertos, heridos y personas afectadas, además de cantidades grotescas de detenidos. Pero la represión no termina en las calles: se prolonga a los centros de detención, donde se tortura a quienes protestan, a este extremo: obligar a unos detenidos a comer excrementos.

 

 

 

Es absolutamente necesario hacer una revisión del modo en que han venido ocurriendo las cosas: funcionarios que disparan bombas lacrimógenas a quemarropa; personas que mueren asesinadas por balas o por metras; uniformados que golpean con saña a personas en estado de completa indefensión; grupos que atacan a la gente en lugares donde no hay protesta alguna; funcionarios que, además de golpear con furia a los civiles, les roban sus pertenencias; funcionarios que disparan a los edificios; acciones en las calles, donde policías o guardias nacionales actúan de forma coordinada con grupos paramilitares o colectivos; grupos que saquean comercios, destrozan vehículos en estacionamientos, destruyen sus propios vehículos, con el objetivo de acusar a quienes protestan.

 

 

 

A esta enumeración del párrafo anterior le faltan decenas y decenas de modalidades con las que se ha ejercido la violencia. Es tal la acumulación de hechos y tal el silencio de las autoridades, que no cabe duda al respecto: la violencia psicópata forma parte del programa del Plan Zamora ideado por Padrino López. No en vano tiene ese nombre, Zamora fue un delincuente y psicópata, uno de los sujetos más peligrosos del siglo XIX venezolano. El Plan Zamora es una operación represiva cuyo libreto incluye prácticas de violencia desproporcionadas, humillantes, psicóticas y casi inenarrables.

 

 

 

Las cifras de muertos, heridos, detenidos y torturados se incrementan a diario. Además de Padrino López, ¿quiénes son los responsables de estos delitos de violación sistemática de los derechos humanos? El Plan Zamora establece la existencia de tres niveles o anillos. El primero, bajo las órdenes de Reverol, incluye a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, los colectivos, los patriotas cooperantes, el Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la milicia. El segundo anillo está constituido por todos los factores anteriores más la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del general Benavides Torres.

 

 

 

El tercer anillo sumaría al Ejército, a la Armada y a la Aviación a las tareas represivas. Estas son las fuerzas que, hasta ahora, no han sido movilizadas. En abril del año de 2002, cuando las mismas salieron de sus cuarteles, se produjeron los hechos que alcanzaron su apogeo en la famosa frase de “se le pidió su renuncia, la cual aceptó”.

 

 

 

Luego de más de 50 días de actividad represiva, en el seno de la Guardia Nacional Bolivariana el ambiente de entusiasmo de los primeros días ha desaparecido. Hay cansancio, oficiales y subordinados preguntándose si terminarán juzgados en los tribunales, historias de soldados que se ha visto obligados a reprimir a sus propios familiares. Esta es la razón por la que Padrino López se ha visto en la necesidad de escenificar mensajes de aliento y reconocimiento al esfuerzo hecho, buscando restablecer el ánimo perdido.

 

 

 

En la Guardia Nacional hay quienes se preguntan por qué les toca a ellos hacer “el trabajo sucio”. Estar bajo el mando de narcotraficantes indigna a muchos. El tema de la Corte Penal Internacional se ha vuelto un secreto a voces. Entre los oficiales del Ejército y las demás fuerzas se repite la misma frase: el orden público es responsabilidad de la Guardia Nacional, de forma exclusiva. Nadie quiere sumarse a las acciones represivas, porque representaría nada menos que sumarse a un contingente de militares y civiles cuyo expediente de delitos contra los derechos humanos tarde o temprano será castigado. Y, para peor, nada indica que las protestas vayan a cesar en el corto plazo.

 

 

 

Miguel Henrique Otero@miguelhotero

 

La guerra de Maduro en contra del periodismo

Posted on: marzo 20th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

 

No exagero cuando uso la palabra guerra para titular el artículo que sigue, dedicado a las condiciones en que se está haciendo periodismo en Venezuela. Antes de entrar en materia, debo reconocer, y creo que con ello expreso la opinión de millones de venezolanos, el coraje civil y el sentido de responsabilidad democrática con que los reporteros están cumpliendo con un ejercicio profesional que es cada día más riesgoso.

 

 

 

Uno de los objetivos del régimen de Maduro es imponer un estatuto de miedo: que los periodistas no salgan a la calle, que bajen la voz o se callen para siempre, que se abstengan de informar sobre el estado de cosas en nuestro país. Ahora mismo, ese objetivo ha fracasado. En los medios independientes que se mantienen en Venezuela, se resiste a pesar de las condiciones más adversas. En medio de enormes dificultades, que incluyen las económicas y la falta de papel en el caso de los medios impresos, la tarea de informar se realiza.

 

 

 

Tal como señalé en un artículo dedicado a esta misma cuestión hace algunas semanas, la guerra de Maduro en contra del periodismo tiene un carácter nacional. No se limita a las grandes ciudades, sino que sus hechos ocurren en cualquier parte del territorio, a la hora que sea, donde quiera que haya algún periodista haciendo su trabajo. Afecta por igual a periodistas de radio, televisión, portales informativos, diarios, revistas y corresponsales internacionales. Es decir, se trata de un plan masivo e indiscriminado, contra todo medio de comunicación y contra todo profesional del periodismo que no sea parte de los medios oficialistas o pro gobierno, que son mayoría en el país.

 

 

 

Las armas que utiliza el gobierno en contra del periodismo son múltiples y peligrosas. Utilizan a colectivos y grupos paramilitares para que golpeen y roben cámaras fotográficas, teléfonos móviles y equipos de televisión a sus portadores. Se les dispara perdigones, tal como le ocurrió a Emmanuel Rivas cuando cubría una manifestación en la ciudad de Mérida. Retienen a reporteros, les revisan sus teléfonos, cámaras y grabadores, para borrar el trabajo que han realizado. Se les acosa en las calles o en sus lugares de trabajo, en escenas donde a menudo se les insulta o se les agrede físicamente. A Jesús Hurtado le citaron con el objetivo de que revelara su fuente. Se jaquean cuentas de Twitter, blogs y otros sitios web. La guerra de Maduro emplea recursos que son propios de la llamada ciberguerra, que exige la contratación de costosos expertos.

 

 

 

En lugares públicos, es decir, propiedad de los venezolanos, hay funcionarios desplegados cuyo único trabajo consiste en evitar que se documente, especialmente con fotografías, el estado de ruina que tienen las instalaciones de puertos, aeropuertos, hospitales y centros de salud, escuelas, cárceles, instalaciones petroleras, calles y carreteras. La pretensión del gobierno es eso: no más que una vana pretensión, puesto que el estado ruinoso de todo es simplemente inocultable.

 

 

 

Las amenazas y las acciones legales ordenadas por Maduro en contra del diario El Nuevo País, que se iniciaron el 8 de octubre de 2016, constituyen por sí mismas la evidencia de otro de los extremos de esta campaña en contra del periodismo, que no se limita a las agresiones físicas y verbales de parte de funcionarios de la GNB, del Sebin, de la Policía Nacional Bolivariana, de las milicias y de otros cuerpos armados del gobierno, sino que también incluye a tribunales y al sistema judicial. Las deportaciones de corresponsales y la prohibición al canal de noticias CNN en Español de transmitir su señal en Venezuela, ponen en evidencia que los ataques al periodismo son simplemente ilimitados.

 

 

 

En el documento emitido por Luis Almagro, secretario general de la OEA, de fecha 14 de marzo, sintetiza la situación con estas palabras: “El gobierno venezolano no ha cejado en sus esfuerzos por restringir la libertad de expresión, llegando incluso a atacar a los medios de comunicación; se han registrado violaciones flagrantes, desde actuaciones penales y administrativas contra periodistas y medios de prensa hasta la censura indirecta, el hostigamiento y la estigmatización verbal, la represión y la criminalización de la protesta social, así como violaciones del derecho de acceso a la información pública”. Una frase del mismo documento expresa, con total lucidez, lo que ocurre en Venezuela: “El gobierno de Venezuela ha decidido que los medios independientes son el enemigo”.

 

 

 

Una cuestión fundamental en esta lucha es que los periodistas, por fortuna, no están solos. Los ciudadanos, haciendo uso de las redes sociales, constituyen un acompañamiento vital, especialmente en esta etapa en la cual el régimen agónico puede resultar peligroso en extremo. Si hay un mensaje que creo necesario difundir ahora es el siguiente: los ciudadanos están llamados a proteger, multiplicar y solidarizarse con el trabajo que están haciendo los periodistas venezolanos. La labor que realizan, además de respeto, merece ser proyectada dentro y fuera del país. El esfuerzo conjunto de los profesionales del periodismo y de los reporteros ciudadanos está produciendo un resultado invalorable: que la crisis venezolana despierte la conciencia y la acción de los demócratas del planeta.

 

 

 

Miguel Henrique Otero

@miguelhotero