Las políticas públicas en las sociedades democráticas son el producto de la abierta discusión, del análisis compartido entre los distintos sectores que eventualmente se verán afectados.

En las democracias los procesos de reforma tributaria son abiertos, es decir, los ministerios de hacienda o finanzas y la Administración tributaria elaboran un proyecto o plan maestro que abarca los lineamientos generales de la propuesta, sus objetivos, las reformas parciales de los tributos vigentes y la creación de aquellos que de acuerdo con la políticas tributaria (tiene que ver sobre la acción del sistema tributario sobre la coyuntura e interacción con la política fiscal) y de administración tributaria (cuya preocupación es la vocación permanente de adaptación y perfeccionamiento de la gestión del tributo) resulten necesarios para apuntalar, coadyuvar e impulsar los objetivos de las otras políticas públicas.

Los planes de reforma tributaria y el conjunto de sus propuestas son expuestos ante los sectores productivos de acuerdo a cada proceso que realizan y los consumidores; las universidades (escuelas de derecho, economía, administración y contaduría); las instituciones especializadas (las asociaciones e institutos que aglutinan los especialistas tributarios) amén del sector político.

Las épocas de reforma se traducen en un ambiente de frenetismo, de un gran mercado de las ideas, en el que los responsables de las propuestas aparecen como oferentes buscando convencer a los agentes económicos y políticos de su necesidad y conveniencia para las finanzas públicas reduciendo las naturales resistencias a su vigencia.

En las democracias, además, las reformas tributarias se aprueban en el seno de los órganos parlamentarios como manifestación del viejo principio partero del constitucionalismo moderno, que paró en seco el origen arbitrario de la imposición desde el año 1215, conforme al cual “no existe tributación si no hay representación”.

Es la manifestación democrática según la cual la creación de tributo (impuesto, tasa o contribución social) es consentida por el ciudadano a través de su representante legítimamente electo mediante el sufragio universal y directo. Es la expresión del consentimiento de aceptar su sumisión a la exigencia de una contribución dineraria para contribuir con las cargas públicas o especie que involucre, por ejemplo, cesiones de inmuebles a los fines urbanísticos.

La evolución de la democracia y su institucionalidad, en simétrica correspondencia con la evolución de los derechos humanos, exige la participación ciudadana en todos los asuntos que le conciernen.

La Constitución de 1999 obliga a la Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes durante el procedimiento de discusión y aprobación de proyectos de las leyes consultar a los otros órganos del Estado, a la ciudadanía y la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos, incluso, previendo la posibilidad de derecho de palabra en la discusión de los proyectos de ley (artículo 211).

De esta forma, el viejo principio según el cual “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, se remoza frente a la exigencia de seguridad jurídica y ciudadana en consonancia con la naturaleza evolutiva de los derechos humanos.

La discusión abierta de las propuestas de reforma tributaria es un derecho fundamental, una exigencia democrática y no una concesión graciosa del gobierno proponente. Es una ventaja para la Administración para conocer las debilidades de la propuesta, los resquicios de eventual evasión o sus implicaciones distorsivas.

En anteriores reformas, en este mismo gobierno que lleva más de 15 años rigiendo los destinos del país, incardinaba su acción en procesos de consulta. En el año 1999 en el marco de la primera ley habilitante otorgada al ex presidente Hugo Chávez hubo consulta abierta no solo por parte de la Comisión Permanente de Finanzas de la extinta Cámara de Diputados para la redacción de la ley que autorizaba a la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la conversión del impuesto al consumo suntuario y las ventas al mayor y la previsión de armonización y coordinación en la creación de tributos como lo fue los convenios de estabilidad jurídica, entre otras, sino que el entonces Ministro de Hacienda José Alejandro Rojas y el Superintendente del Seniat Coronel Prieto, abrieron un compas consultivo.

Lo mismo puede decirse con las reformas parciales efectuadas en la legislatura 2000-2005 en las que el Diputado Ricardo Sanguino, sin torcer los objetivos del Ejecutivo Nacional, trabajo duramente con los sectores involucrados, el Seniat y los parlamentarios de oposición.

No obstante, después del 2006 año de la “sinceración” ideológica del gobierno y la ejecución del programa legislativo, el proceso consultivo se restringió, los grandes trazos de la política legislativa se hacen en los fríos vericuetos de las leyes habilitantes. La planificación centralizada, entendida como la dirección de la producción por el gobierno expuesta en el “Plan de la Patria” como instrumento de construcción del modelo económico, político y social tiene una dinámica distinta al proceso anterior de elaboración de las políticas públicas.

En la planificación centralizada, como lo expresaba Hayek cuando comenzaba su apogeo como la panacea para el logro del bienestar, “no cabe ejercer un control eficaz de la misma mediante un proceso democrático, ya que en una sociedad libre es imposible lograr el grado de conformidad que se requiere. Se precisan métodos que pongan de acuerdo a la gente, pues de lo contrario no tendríamos frenos democráticos”.

La reforma tributaria que propone el gobierno no será para:

(i) Dar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del tributo y, por tanto, dinamismo a las finanzas públicas;

(ii) Armonizar y coordinar el sistema tributario pues para ello se debe creer firmemente en la descentralización y en el respeto de las autonomías estadal y local. El Estado Comunal busca una centralización política, que desconoce y buscar sustituir tales entes de base territorial, complementaria a la económica que se expresa con la planificación centralizada;

(iii) Inyectar neutralidad externa e interna al sistema tributario para hacerlo más competitivo en términos de atracción de la inversión extranjera;

(iv) Simplificar la estructura del sistema tributario ni racionalizar la carga tributaria pues el Estado Comunal necesita para su financiamiento las contribuciones parafiscales, no importa su gran número, el solapamiento con el ISLR el efecto consfiscatorio, la averia de la previsión presupuestaria, la erosión de la capacidad contributiva de las empresas y el alto costo de observancia.

La reforma tributaria será para cerrar el cerco de control del circuito económico, para crear el “sistema tributario socialista”. Ya se tiene el control de las importaciones, el acceso a las divisas, costos, precios y rentabilidad; la distribución y el consumo. Ahora falta la tributación para sintonizarla, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley de régimen cambiario y sus ilícitos, y no precisamente para una mayor consulta a la capacidad económica del contribuyente.

El Estado Comunal en plena expansión.

Es por eso que decimos que la reforma tributaria no será televisada, es decir, discutida abiertamente sino que “amanecerá de golpe” en la Gaceta Oficial o en el “Decreto con rango y fuerza de ley” correspondiente que se firmará en cadena de radio y tv.

Por Leonardo Palacios

Fue sembrada muy honda la idea de que el venezolano es el propietario de una riqueza que brota fácil, pero a la cual poco se accede; que nos hizo pedigüeños y parasitarios

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económica, Cedice Libertad, cumple tres décadas de existencia mostrando “a los venezolanos lo que realmente constituye la otra cara de la moneda frente a las alternativas solapadas socialistas”. Arribar a treinta años de existencia institucional en Venezuela es una proeza.

Hace mucho tiempo leí en uno de los discursos de Rómulo Betancourt que si bien alejado del pensamiento liberal, sus palabras más allá de sus posturas, nos sirven de muletas para destacar la importancia de este aniversario, que “ya es algo, fundamental haber “vivido”, haber durado, haber persistido, en un país tan desasistido de preclaros ejemplos de continuidad en la empeñosa obra.

El tiempo es ácido en el cual resultan fácilmente solubles los entusiasmos generosos suscitados en el país. Y la virtud de perseverar en las empresas limpias de apetitos personal y egoísta no es de las que se puedan exhibir como caracterizadoras de la psicología colectiva”.

Lo expresado por el expresidente se da con meridiana claridad en el caso de Cedice. Resulta más encomiable, aun cuando el objetivo de la institución celebrante y celebrada es la de pensar, servir de escenario abierto para el debate de la ideas, cuya esencia parte de la noción misma de la libertad individual y su proyección inherente al desarrollo de la dignidad a través de la defensa al derecho de propiedad y la iniciativa privada como forma de expresión trascedente del ciudadano en la sociedad y su actuación frente al Estado.

El perfil propio y definido de think tank que viene dibujando desde 1984 Cedice, de manera clara y sin descanso, sorteando un serie de cortapisas de la más variada naturaleza y de distinta intensidad en sus aplicaciones e implicaciones, le ha llevado a un reconocimiento internacional creciente por haberse convertido en un escenario para la discusión abierta en el desierto de ideas en que se ha transformado el país, en un gran reservorio de talento y pensadores en pro de la libertad económica.

No es fácil divulgar el pensamiento y luchar por la libertad ciudadana, en un país que durante varios años ha vivido bajo la concepción que el Estado debe ser el gran tutor de la actividad económica, el gran orientador cultural, el gran docente, distribuidor de una renta que ha llevado a una gran rapiña social entre los gestores de esa gran asignación y quienes desean resultar beneficiados. Un Estado cuyos ciudadanos fuimos formados bajo el influjo de su necesaria intervención y, en esa misma medida, en la cesión del derecho a exigir limites a su actuación.

Esa actitud irresponsable, por la omisión de todos y la acción de muchos, conformó la cultura ciudadana del facilísimo del propietario de la riqueza petrolera.

Nos sembraron muy hondo la idea de que el venezolano es el propietario de una riqueza que brota fácil, pero a la cual poco se accede; que nos hizo pedigüeños y parasitarios, pues nos acostumbraron a pedir, cola por delante, y a esperar todo del Estado sin trabajo creador y compromiso creativo.

La acción de la dirigencia política y su influencia devastadora en el ciudadano partió de la idea que un Estado con recursos fiscales en un país absolutamente atrasado no puede cruzarse de brazos, lo cual llevó a Manuel Pérez Guerrero a afirmar que “en Venezuela la amplitud de los recursos en manos del Estado, obliga a este intervenir en grado diverso en la mayor parte de las gestiones económicas”.

El tamaño de los detractores y la intensidad de sus ataques revela la importancia de la acción de Cedice, su reconocimiento dentro y allende nuestras fronteras, tal como quedo demostrado con la gran convocatoria y repercusión del encuentro internacional celebrado entre el 24 y 25 de abril denominado “América Latina: la libertad es el futuro. El papel de las ideas en la transformación económica, política y social para crear riqueza y reducir la pobreza”

No resulta pues fácil enfrentar a quienes desde las entrañas manejan las riendas del “caballo de Troya” del intervencionismo populista, que ha salido del potrero local, comenzado a relinchar y cabalgar por la América Latina, incentivado por la zanahoria guindada de la vara de la limitada y cada mas exangüe riqueza petrolera para propagar, ahora revestido del nuevo impulso que ha tomado el radicalismo bajo el ropaje del “socialismo del siglo XXI”, los postulados de un régimen comunista anquilosado, renuente a morir a pesar de sus comprobados fracasados, la inocultable generación de pobreza, los traumatismos sociales generalizados y la carbonización de generaciones.

El país se encuentra a merced de una suerte de dorado panfletario que promete el “bienestar de todos”, “la igualdad ciudadana” que no son más que una lidocaína engañosa para inocularnos el antídoto doloroso que nos conduzca mansamente a un “camino de servidumbre” y “al mar de la felicidad del modelo cubano”.

Esa es, sin duda, el valor existencial e institucional de Cedice: desmotar, a través del estudio, el análisis y la divulgación del pensamiento, del mundo real de las ideas “en” y “desde” Venezuela para toda la región, la mentira sistemática que el único camino de transformación, abandono de la pobreza, conquistas de mayores estadios de bienestar e igualdad, la paz social y política es la asfixiante intervención del Estado bajo la hueca égida del socialismo, bajo el disfraz de la nueva centuria.

Los valores esenciales de la democracia bajo las banderas de la defensa de libertad en todos sus ámbitos, la iniciativa del Estado para la generación de riqueza, trabajo y la verificación de condiciones generales de desarrollo que implica formas de responsabilidad y el establecimiento de limitaciones efectivas e inhibitorias de abuso del Estado a través del control cruzado e interdependiente de los órganos del Poder Público en ejercicio de su autonomía e independencia deben ser los postulados que orienten la lucha por el restablecimiento de la democracia y la definición institucional de esta nueva etapa.

Estamos seguros que Cedice estará en esa vanguardia. Nuestro reconocimiento y congratulación a toda la junta directiva de este respetable think tank, a todos sus miembros y, en especial, a nuestra amiga Rocío Guijarro su gran motor e inspiración para que sigan con este lucha libertaria, preservando espacios para el dialogo, la discusión, la divulgación y el debate, para que continúen empapando el campo fértil de la ideas, que atraviesa esta gran sequía y alumbrando este eclipse de libertad de Venezuela y la América Latina para lograr “una sociedad libre y responsable”.

 Leonardo Palacios

En el medio del show mediático de anoche 26 de febrero de 2014 de Miraflores Productions (Conferencia de Paz o una canción desesperada), muy concurrido pero carente de representatividad por parte de la mayoría que estaban y que no deberían estar, unos por que no tiene la legitimidad en sus ámbitos de actuación o porque se subrogaron una representación que no fue consultada con sus organismos representados o simplemente no carecen de ella, se materializó la “Comisión de la Verdad” propuesta por el Presidente de la República.

Sin embargo, Lorenzo Mendoza uno de los asistentes líder indiscutible del empresariado “no por apellido” sino por trabajo denodado y preparación, que no encabeza organismo cúpula empresarial, sino por ser el Presidente con credenciales propias y reconocimiento por parte de “tirios y troyanos” de su liderazgo indiscutible pocos su compromiso con el país y trayectoria ciudadana impecable propuso, para sorpresa de los empresarios, una “Comisión por la Verdad Económica”.

La CVE de Mendoza fue la única posición seria, analítica y propositiva, que exigió menos politiquería y más atención al tema económico que lo condiciona todo, por no decir en nuestra posición conceptual todo, que desenmascara posiciones de aquellos que obtiene una rentabilidad perversa de la prédica de la polarización del país y su rol de fiel de la balanza al servicio del mejor postor; que puso de relieve lo “afirmativo venezolano” al destacar su carácter emprendedor, el no ser envidioso, su solidaridad y firme creencia en la empresa privada como dispensador de bienestar colectivo.

Mendoza le dio un giro importante con su intervención y propuestas dejando más al descubierto, sin malicia de ningún tipo, que el show deja un sabor a desaliento, frustración, tristeza galopante que puede generar en depresión colectiva, que dejo por fuera de la “Paz de la cadenas” a los actores víctimas de las acciones que la originaron (los estudiantes), que dejó condenados a la penumbra a los presos políticos y de conciencia; que lejana e incidentalmente toco el tema de la inseguridad, del desabastecimiento, de la entrega de divisas, de la libertad de expresión, del acorralamiento del empresariado, de leyes que desconocen la iniciativa privada, de los abusos en la actuación contra las empresas, del block out informativo, de la persecución contra los medios, del arbitrariedad y felonía en la distribución del insulto e incluso, que la política económica no cambiará, como se desprendió del regaño presidencial al obediente Cudemus cuando reclamo las cadena de festividad no laborable decretada.

En fin del desconocimiento de la mitad de un país que reclama su derecho esencial, primario de bienestar y el resarcimiento en la lesión de sus derechos.

La figura de la “Comisión de la Verdad”, así de simple o de la “Verdad y Reconciliación” No existe en el constitucionalismo venezolano, entendiendo por tal las instituciones, principios y valores recogidos y desarrollados sucesivamente en los textos constitucionales y, en especial, los de 1946, 1961 y 1999.

Tampoco existe una definición y desarrollo normativa vinculante de esta forma alternativa de determinación de responsabilidad en los acuerdos o tratados internacionales suscritos por Venezuela, de tal manera que su definición, contenido, alcances, metodología de actuación, implicaciones y resultados es el producto de la experiencia derivada de unas decenas de “Comisiones de la Verdad” nombradas y operadas en el mundo.

Por lo general, una “Comisión por la Verdad” es la respuesta política que la sociedad encuentra para determinar la responsabilidad de un gobierno o de los factores políticos que interactúan como oposición o moldeadores de manera coetánea al control institucional frente a la verificación de una series de actos, hechos o actuación que verifican supuestos graves de desconocimiento o lesión de los derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales concepto más amplio de los derechos humanos han dejado de ser meros limites al ejercicio del poder político (garantías negativas de los derechos individuales) para devenir en un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva del Poder Público” (Pérez Luño).

La “Comisión de la Verdad” emerge cuando esos derechos fundamentales que tienen valor universal, más allá de las fronteras (razón por la cual el mundo democrático, de manera institucional o personal ha mostrado preocupación por lo sucedido en Venezuela sin que se aceptable el trasnochado la frase hueca de “no intervención en los asuntos internos”) son objeto de desconocimiento, lesión o violación por actos de represión.

En el caso de Venezuela la “Comisión de la Verdad”, por más esfuerzo por ocultarla, es la solución desesperada del gobierno de lograr cierta estabilidad interna y una forma de reparar la generalizada condena que a nivel internacional a merecido la represión desmedida, brutal e inédita desplegada contra los estudiantes y la sociedad civil, como ha quedado evidenciado en grabaciones, audios, fotografías, testimonios de cualquier naturaleza que avalan las denuncias hasta ahora presentadas a nivel interno.

Una accionar represivo que se refleja en todos los derechos fundamentales recogidos en los tratados y acuerdos internacionales en la materia y por la Constitución de 1999.

Una violación nada solapada y sostenida en el tiempo de la libertad económica, causa eficiente de las protestas del 12 F, que reclama protección, siguiendo al jurista venezolano José Ignacio Hernández; en su doble vertiente: subjetiva como derecho público e institucional, “en tanto ellos son instituciones garantizadas por la Constitución, atendiendo al sistema económico reconocido”.

Ese sistema económico tiene como premisa esencial, a partir de la consagratoria de los derechos de propiedad y la libertad económica y de empresa conforme al cual todos podemos dedicarnos a la actividad económica de nuestra preferencia la yunta de oro de orfebrería constitucional del reconocimiento e interdependencia entre el Estado y la iniciativa privada a los fines de la promoción del “desarrollo armónico de la económica nacional con el fin de generar trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de la vida y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para logar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (artículo 299).

En consecuencia, la CEV propuesta por Mendoza tiene que estar acompañadas de una agenda abierta y acordada entre todos los sectores, entre las que en nuestro criterio dene encontrarse de las siguientes premisas:

1. Del reconocimiento del Estado a la propiedad privada y a libertad de industria y comercio dentro de los límites constitucionales.

2. Reformulación, por no decir derogatoria por ser ajeno a la concepción de Estado y de la economía del gobierno, de la Ley Orgánica de Precios Justos que lo que genera es desinversión, descapitalización, escasez e inflación.

3. Revisión de las exigencias burocráticas y de permisologia que afectan la productividad, que imposibilitan el acceso a las divisas, a la incorporación de nuevos productos y servicios, su distribución y comercialización.

4. La coordinación con los Gobernadores y alcaldes para la revisión inmediata de leyes y ordenanzas de contenido tributario con altas alícuotas impositivas, confiscarías que afecta la inversión, encarece el proceso productivo de bienes y servicios, afecta la recaudación del gobierno nacional y torpedea sus planes de soberanía nacional, producción nacional y dotación de viviendas.

5. La agilización de los mecanismos de devolución a los contribuyentes del IVA derivados de mecanismos confiscatorios de retención o enrevesados en materia de exportación.

6. Revisión del abanico exorbitante, irracional y confiscatorio de los “impuestos a la nómina”, es decir, de las contribuciones parafiscales que van a fondos sin control alguno de gestión y destino de los recursos, afectando la transparencia de las finanzas públicas, el equilibrio presupuestario nacional y la productividad.

7. Revisión del marco normativo de las relaciones laborales para garantizar una verdadera protección al salario mejores condiciones materiales e intelectuales de los trabajadores sin perjudicar la productividad, condiciones indispensable para todo lo demás.

8. Revisión de la eficacia y eficiencia del sistema registral de la propiedad y de las actividades económicas sin que ello signifique desconocimiento de los derechos de empresariales, individuales o de corporativos.

9. Reorientación de los incentivos fiscales y presupuestarios que eviten la opacidad de las finanzas públicas y estimulen, sin corruptelas y sin perjuicio al Estado, aquellas actividades consideradas como prioritarias para el desarrollo del país.

10. Sujeción al ordenamiento jurídico de las actuaciones de los órganos de policía administrativa y respeto a los derechos y garantías tanto en los procedimientos administrativos como en los procesos contenciosos administrativos.

11. Diseño de un sistema impositivo nacional que permita la formulación de un plan de reforma integral de la estructura tributaria del país a los fines de e la recaudación, reducir la evasión fiscal, incentivar la inversión privada, gravar capacidades económicas que se encuentra en la “penumbra de la imposición” dentro del marco de los tratados y acuerdos internacionales.

12. La lucha contra el contrabando de bienes y contrabando de extracción con el concurso del sector privado, como lo refiere la exitosa experiencia del pasado en la materia.

13. Estimular un dialogo abierto, de encuentro y de intercambio de opiniones en la formulación de políticas públicas (tributarias, comerciales, salud, monetarias, alimentarias, etc.) lo cual no sugiere gobernar con y solo con el sector privado sino dar espacios ciertos y verdaderos para la participación.

14. Armonización y coordinación entre los órganos del mismo gobierno nacional y entre estos y los niveles estadales y locales para evitar duplicaciones, trabas o costos transaccionales mayores que afectan los fines y cometidos del Estado y la productividad.

15. Reconocimiento y liquidación de las acreencias de las empresas con proveedores extranjeros, una vez comprobadas de manera transparente, oportuna y con fundamento en la ley, el soporte y causa de las mismas, solventado situaciones patológicas como los insumos agroindustria, alimentario, médicos quirúrgicos, farmacéuticos, el papel periódico, repuestos, entre otros.

16. La implementación del nuevo régimen cambiario de manera abierta, ágil, viable y con la participación transparente de todos los sectores partiendo de la buena fe de las solicitudes, operaciones y actuación dentro del régimen limitado de administración y adquisición de divisas sin renuncia al ejercicio de la fiscalización.

17. Mecanismos concertados de colaboración para la información y divulgación entre el empresariado de la leyes, reglamentos y providencias para el mejor cumplimiento y para conjurar los efectos nocivos de la corrupción.

18. Provisión presupuestaria y agilización de reconocimientos y pago de deudas de organismos como PDVSA, aquellos vinculados a la Misión Vivienda, sector salud y farmacéutico, entre otros.

19. Revisión inmediata de la regulación de precios y una definición de una política del sector privado de la salud, con todos los sectores involucrados.

20. Un cambio del gabinete económico para garantizar homogeneidad en la visión y en aplicación de las políticas, dejando de un lado los pruritos de que la oligarquía quiere manejar las finanzas y el gobierno.

Ante la canción desesperada del gobierno, que ya algunos sectores oyeron, seamos muy cautelosos y vigilantes haber si ahora quiere que le reciten las veinte propuestas que se traducen en veinte poemas de amor hacia el país, hacia el ciudadano.

Por Leonardo Palacios

A medida que se lee y relee la Ley Orgánica de Precios Justos más firme es la convicción de su inconstitucionalidad, de la negación de los derechos fundamentales del ciudadano y el abono para la escasez y la inflación.

Las leyes se dictan conforme a un proceso constitutivo rodeado de formalidades que garanticen la participación de todos los sectores que van a ser alcanzados por su vigencia. Una participación que puede ser directa para lo cual la Constitución consagra la consulta obligatoria e indirecta a través de sus representantes democráticamente elegidos.

La participación así concebida busca que la ley sea el reflejo de un consenso aproximado de la definición de lo que debe ser el interés general, el bienestar colectivo y la ponderación de los diversos intereses presentes en toda la sociedad para el logro de eso objetivos.

La ley debe orientarse hacia la seguridad jurídica como valor esencial del ordenamiento, que permite que el ciudadano, el empresario y hasta las propias instituciones del Estado puedan planificar, proyectar su actuación hacia largo plazo, tanto en su vida privada como en las actividades económicas que desarrollan o regulan.

Por tal motivo, la redacción de leyes debe hacer con una adecuada técnica legislativa, con conocimiento del campo que se va a incidir y clara delimitación de las facultades y competencias de los órganos y funcionarios que van actuar en actividades de policía administrativa y, especialmente, de regulación, como en el caso de la LOPJ, de las actividades económicas realizadas en toda la cadena de producción, distribución, comercialización hasta llegar al consumo final.

Los funcionarios no pueden estar por encima de la ley, no pueden hacer de ésta un montículo sobre el cual se alcen para delimitar indebidamente las libertades públicas en la falsa creencia que su criterio puede suplir o complementar a lo previsto en la ley en una supuesta cruzada en pro de los objetivos trazados.

Una ley no puede ser concebida como herramienta para destruir un sector de la sociedad, mucho menos, como el caso de los empresarios, cualquiera sea el sector en que se ubique, el tamaño de su emprendimiento o el riesgo que comporta, que realizan una actividad económica creadora de riqueza amparada en libertades reconocidas por el Estado, que le son impuestas por la Constitución y cuya regulación extralimitada y lesiva de tales derechos es supuesto de responsabilidad.

Las leyes se dictan para cumplirse; para establecer las reglas conforme a las cuales se desenvuelve la vida en sociedad dentro de parámetros de respeto a la dignidad humana, el acceso real y libre a bienes y servicios, en cuanto a la libertad de escogencia y no por imposiciones arbitrarias de una burocracia desbocada.

La LOPJ es un instrumento inconstitucional, que adopta un concepto agresivo y antidemocrático de la legislación para hacerla servir a intereses políticos grupales para subvertir el ideal de la sociedad política venezolana como democrática y plural que propugna por un régimen económico y social donde la iniciativa privada conjuntamente con el Estado se orienta en beneficio de todos.

Se crea riqueza para garantizar la producción de bienes y servicios, generar empleos para facilitar a los trabajadores la obtención de un “salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales” y otros beneficios económicos.

Se crea riqueza para que el ciudadano, empresario o no, puede tener un ámbito de libertad necesario para el desarrollo de todos el catalogo de derechos que consagran la Constitución bajo la denominación de esenciales, fundamentales o humanos.

Se crea riqueza para retribuir el emprendimiento organizador del capital y el trabajo dentro de la acepción amplia de la libertad de todo ciudadano a “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento jurídico, “por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social” debidamente calificadas por la ley y no por la burda discrecionalidad de un funcionario las más de las veces sin preparación técnica, experiencia en criterio económicos y producción.

Se crea riqueza para generar fuentes de enriquecimientos y estimular la acción económica de los particulares que generen la obligación del pago de tributos, racionalmente establecidos sin que una tributación confiscatoria como la existente sin retribución social representada en bienes públicos y actividad prestataria efectiva del Estado, coloque al ciudadano y a la empresa a una exposición lesiva a su propiedad y libertad económica.

Se crea riqueza para dar la oportunidad al ciudadano tener un campo de acción amplio y fértil para la consecución de sus derechos sociales, ya bien por su propio desempeño o por la tutela efectiva del Estado.

Le generación de riqueza concertada, en el marco de la Constitución y respeto de los derechos fundamentales beneficia al ciudadano por partida doble: directamente pues tiene la libertad de acceder y escoger bienes y servicios de calidad, sin obstáculos derivados de la escasez o la inflación distorsiones derivadas de políticas erráticas o de acciones lesivas a los derechos fundamentales; indirectamente pues la riqueza como concepto económico es la base para que mediante la configuración de un sistema racional y justo el Estado puede obtener recursos para prestar servicios públicos sin exclusiones arbitrarias de ningún tipo.

Una ley es para estimular la iniciativa privada no para anularla.

Una ley es para respetar los derechos no para violarlos o desconocerlos.

Una ley es para hacer del Estado la institución de todos, en función de todos y con principios y valores aceptados por todos. Una ley no puede dejar sin efectos los derechos fundamentales del ciudadano sedimentado en la libertad y la dignidad y crear un apoderamiento inaceptable de la propiedad.

Nada más convertir a la expropiación, un medio extraordinario de limitar la propiedad, en un instrumento de carácter general y universal supeditado al criterio de un funcionario, en un procedimiento sin garantías hace palidecer al constitucionalismo moderno. Existen otras muchas razones que evidencian la inconstitucionalidad de esta Ley. La LOPJ; las posiciones del Presidente Maduro y de la Intendente Granadillo con respeto a su aplicación son inconstitucionales. No hay duda.

Por Leonardo Palacios

Me sirvo de la frase de Hilaire Belloc que denunciaba a principios del siglo pasado “El Estado de Siervos” para emprender la caracterización de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Cada ley que se viene dictando en el país, cada ley que se viene ejecutando queda automáticamente incorporada en el terreno de la inconstitucionalidad.

La LOPJ no es la excepción sino la profundización del vicio de nulidad e ineficacia normativa de todas las leyes que se hayan dictado.

La Constitución de 1999, a pesar de violación continua y perfeccionada en el tiempo de su vigencia, establece una serie de valores que parte de la idea básica y esencial según “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada” “promoverá el desarrollo armónico de la economía con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza”.

La disposición constitucional a través de una nada planificación democrática, participativa y de consulta abierta”, queda en evidente abandono con la puesta en vigencia de la LOCP.

1. La LOPJ responde a un modelo y a medidas que se encuentran reñidas con la Constitución, que responde a un andamiaje de un Estado distinto al Estado Constitucional, y esto hay que seguirlo insistiendo hasta saciedad.

La forma inconsulta, atentatoria contra los derechos fundamentales del ciudadano lleva la atribución de potestades discrecionales abierta, no técnicas generadoras de abusos y arbitrariedades que no pueden corregirse por la acción restitutoria del derecho infringido por la ausencia un Poder Judicial autónomo e independiente.

Vale la pena traer a colación que son fines de la LOPV “cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional” (artículo 3.9), lo cual la expresión más acabada de un Estado totalitario que emplea la planificación centralizada para incidir, condicionar y controlar la producción, distribución, comercialización de bienes y servicios y en las decisiones del consumo de la producción.

2. La esencia de la ley como herramienta de planificación centralizada no solo afecta o inhabilita la libertad económica, sino la libertad misma pues se somete a control todo el espacio vital en que se desenvuelve el ciudadano: decisión de escoger entre lo necesario o lo marginal; el derecho a recibir servicios u obtener bienes de calidad pues una ley como la que nos ocupa generara escasez y mala calidad de bienes y servicios; la libertad de tránsito; la decisión de destino de los medios con que contamos para la satisfacción de nuestras necesidades materiales, intelectuales, espirituales que sean considerados distintos o contrarios al orden económico socialista (lea con detenimiento los fines de la ley: artículo 3).

3. Representan una grave lesión al derecho de propiedad al declarar de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requerida para el desarrollo de la actividad económica (artículo 7), lo cual expone ilimitadamente a los agentes económicos a la intervención del Estado, al apoderamiento de sus bienes mediante mecanismos expropiatorios y de confiscación; esto incluye la pretensión de la “apropiación social del conocimiento”

4. Todos los particulares que realizamos actividades económicas, de una manera u otra, seremos alcanzados por su aplicación, aún en los casos que nuestro desempeño económico habitual se encuentre sometido a leyes especiales.

Es la esencia de una planificación centralizada puesta en prácticas en los países de corte autoritario comunista.

5. Es un instrumento que tergiversa los principios y valores constitucionales indicado, y tiene por objeto:

(A) operaciones regulatorias básicas o materiales de (i) control de precios y la determinación “justa” de los mismos (artículo 27); (ii) establecimiento de los márgenes máximos de ganancia o rentabilidad” artículo 32); y (iii) control y supervisión de las divisas suministradas dentro del marco exorbitante y restrictivo del control cambiario (artículo 5).

(B) Una actividad regulatoria instrumental o de apoyo de las primeras como es (i) el “Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas” (RUPDAE) (artículos 21 al 23) y (ii) el denominado contrato de fiel cumplimiento mediante el cual el agente económico asume la obligación estricta de destinar las divisas para el objeto y uso para la cual fueron destinadas (artículo 6).

6. La LOPJ define un complejo enrevesado de controles y concurrencia de todos los órganos de policía administrativa con que cuenta el Estado bajo la invocatoria del principio de colaboración y coordinación (artículos 8 y 17)

7. Es un sistema arbitrario que seguramente se concretara en medidas de abusivas de negativas de inscripción en el Rupdae; emisión de certificados de precios justos; aplicación de medidas preventivas derivas de simples indicios de funcionarios sin preparación (artículo 11), experticia o apegados un libreto preestablecido y la apertura de procedimientos reñidos con la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, la legalidad y demás corolarios que informan el Estado democrático de Derecho y lo que se ha denominado “el derecho al buen gobierno”.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), con sus Intendencias de Costos, Ganancias y Precios Justos y de Protección de los Derecho Socio Económicos, dotadas de amplias potestades de inspección y fiscalización que han palidecer al Código Orgánico Tributario, le corresponderá ponen en movimiento este pesado sistema regulatorio.

Razón tenía Hayek cuando expresó “que la mayoría de los planificadores que han considerado en serio los aspectos prácticos de su tarea apenas dudan que una economía dirigida tiene que marchar por líneas mas o menos dictatoriales” que “tiene que serlo por un solo estado mayor de técnicos, y que la responsabilidad y el poder último tienen que estar en manos de un general en jefe, cuyas acciones no puedan estovarse por procedimientos democráticos”.

8. La interpretación de la normativa de la LOPJ, parte de la cual es ajena a la esencia de lo que es una norma jurídica pues responde a manifestaciones o proclamas ideológicas, no puede efectuarse sin tener en cuenta las leyes del Estado Comunal, en especial, la Ley Orgánica del Sistema Económica Comunal pues en criterio de El Troudi “el modelo de planificación centralizada capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, logrando la suprema felicidad social, solo alcanzable, a través del modelo socialista”, que las mismas definen y organizan paralelamente a la Constitución.

En fin, la pretendida defensa de los ingresos del ciudadano y su libre acceso a bienes y servicios, significara que el ya demostrado fracaso de la planificación centraliza que se consolida lo que persigue es relevar al venezolano de la decisión de cómo resolver sus problemas, de elegir la mejor formas para su bienestar, las cuales serán sustituidas por la máxima autoridad planificadora.

La “planificación exige la dirección de casi todo en nuestra vida” (Hayek), es el control absoluto de la vida humana.

Por Leonardo Palacios

En la política las percepciones son cruciales, escribe Stiglitz en su más reciente obra “El precio de la desigualdad”. Según el premio nobel de economía 2001, “los ideólogos más fervientes eligen cuidadosamente los ejemplos y extraen de ellos amplias generalizaciones” y “los poderosos manipulan la percepción pública apelando a la equidad y a la eficiencia, mientras que los resultados reales únicamente les benefician a ellos”.

Lo afirmado por el profesor de la Universidad de Columbia, es perfectamente aplicable a Venezuela que no le es ajena, y especialmente, a la “Ley Orgánica de Precios Justos” (LOPJ) dictada “con el supremo compromiso y voluntad de lograr la eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”.

No queda duda, que la LOPJ es la topa en la construcción del túnel que conduce al “sistema económico comunal” que busca “la nueva sociedad”; la “eliminación de la división del trabajo”; el “modelo de producción basado en la propiedad social” basado en el “derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción o entidades con posibilidades de convertirse en tales”.

Por consiguiente, un instrumento de ideologización que parte de la premisa de Marx, expuesta en El Capital, que “en el proceso de producción capitalista, considerado en su continuidad, o como reproducción, no produce solamente mercancías ni solamente sobrevalor (plusvalía); produce y eterniza la relación social entre capitalista y asalariado”.

La LOPJ tiene como objetivo, por tanto, dentro del marco del Estado Comunal y sus leyes paraconstitucionales, “la consolidación del orden económico socialista, consagrado en el Plan de la Patria”, suerte de gacetilla plagada de repeticiones, citas, frases y estrategias que resultan más bien el resumen para un examen parcial de la tesis marxista mal digerida.

También la LOPJ busca diluir la responsabilidad en el fracaso en la creación de bienestar colectivo; la ausencia de políticas públicas coherentes y efectivas en la redistribución inconmensurable de la riqueza petrolera dilapidada, regalada a los aliados del proceso político en perjuicio del venezolano y desaparecidas en los vericuetos de la corrupción; el ocultamiento de la improductividad y el abandono de los medios de producción objeto de la frenética práctica de confiscaciones revestidas de la formalidad de expropiaciones sin indemnización justa y oportuna como forma de acelerar la toma de la posesión de los medios de producción, distribución de bienes y las decisiones en materia de consumo; así como el estruendo de la crisis financiera signada por el círculo perverso de inflación, devaluación, escasez e insuficiencia de divisas.

De una interpretación del artículo 3, se colige que de lo que se trata, es inculpar al sector productivo del fracaso económico y social, y por consiguiente, de la profunda crisis que atraviesa el país.

El Ejecutivo Nacional acusa al empresariado, pequeño o grande, de no contribuir con el “equilibrio económico, el nivel de vida del pueblo venezolano, con miras a alcanzar la mayor suma de felicidad posible”; impedir “el desarrollo armónico y estable de la economía”; de no determinar “precios justos de los bienes y servicios” y obstaculizar “el acceso de las personas a los bienes y servicios” atentando contra “el salario y demás ingresos de las personas”; generar prácticas “contra el pueblo de acaparamiento, especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión del modelos capitalista”.

Es el empresariado que organiza su capital y el trabajo, que arriesga su patrimonio y se expone a la acción corrosiva del Estado Comunal que va tras su propiedad, el que, según el gobierno, impide la “máxima suma de felicidad posible de la población”.

Sin embargo, la realidad es otra; no es el empresario sino el propio Ejecutivo Nacional el responsable de la inflación que erosiona la capacidad de consumo y nos lanza a una espiral de deterioro de nuestro bienestar; es la causa eficiente del manejo incompetente y perverso de las divisas.

Según la LOPJ el desastre que vivimos no es culpa del Estado que maneja más del 90% de las fuentes generadoras de divisas, que la distribuye con criterios asistemáticos y de discrecionalidad abierta, sino del empresario, del capitalismo y del mercado.

No es la intervención asfixiante y empobrecedora del Estado ni la expoliación del ciudadano y del empresario mediante una tributación sin destino y afectación clara que la convierte en rapiña, al decir de Santo Tomás, los responsables de la falta de producción y la pérdida de bienestar.

Por ello para lograr, la apropiación indebida de la propiedad empresarial y concretar la falsa percepción de su responsabilidad se apela a la declaratoria de utilidad pública e interés social de todos los bienes y servicios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios” (artículo 7).

Expropiación para todo el mundo, a la mejor forma del porro colombiano interepetado por Noel Pietro que distribuía “ron pa´to el mundo, ron pa´l que quiere”, para lo cual toda la violencia del Estado pende del cuello del empresariado como la famosa espada de Damocles.

El inicio del “acabose” serán inspecciones y fiscalizaciones abusivas (artículo 12), en vivo y directo, con un libreto preestablecido y generalizado y con resultados predefinidos en cuanto la presunción de derecho de responsabilidad del desafortunado que salga premiado, que no encontrará en la práctica forma e institución alguna para aportar prueba en contrario, no obstante, lo establecido en el artículo 38.

La LOPJ establece “medidas preventivas” (artículo 39) que no son más que medidas de condena anticipada, consistentes en comiso, cierre temporal del establecimiento; suspensión temporal de licencias, permisos o autorizaciones y ajustes inmediatos de los precios, suponemos que todo con fundamento en la experiencia obtenida en la práctica “justa” y “ajustada a la Constitución y a las leyes” ejecutadas durante los meses de noviembre y diciembre, es decir, “método Daka de justicia administrativa”.

La LOPJ para ser más efectivo el apoderamiento de los bienes de producción con asidero en “valores constitucionales” (¿?) del Estado Comunal y lograr materializar los parámetros deseados de percepción pública, en cuanto inculpar y llevar al cadalso al empresariado cual María Pineda por enarbolar (coser) la bandera de la libertad económica establece (artículo 45) una “razonable” y “proporcional” propuesta sancionatoria que incluye multas confiscatorias, suspensiones de registros temporales que por la ausencia de tutela judicial efectiva se transforman en permanentes; ocupación temporal, cierre temporal y clausura con intervención de almacenes, depósitos o establecimientos fuente segura de propiedad social primaria y secundaria; revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones y confiscación de bienes “de conformidad con la Constitución”.

Para hacer fácil la práctica exitosa de estas medidas revolucionarias la ley es pletórica de galimatías, conceptos jurídicos indeterminados y la atribución de una abierta potestad discrecional.

Por lo pronto, para quienes pesaban que el lobo antillano disfrazado de Estado redistribuidor no llegaría y acusaban de monotemáticos a quienes denunciaban la vesania normativa del Estado Comunal, le invitamos a leer y analizar esta pieza del nuevo Derecho, hija legitima y directa de una plan no para darnos sino quitarnos patria.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios

Ha sido tanto la ausencia y la inexistencia de la voluntad del dialogo en los últimos años, que extraña que el gobierno y la oposición amaguen sentarse a conversar.

El dialogo y el consenso son herramientas consuetudinarias en la democracia. No se debe ser algo extraordinario, fuera de serie o que llame la atención sentarse a definir la estrategia y las formas de enfrentar un problema nacional, fijar los lineamientos o discutir los corolarios de una política pública.

Es la esencia de la democracia y su institucionalidad; es el catalizador para que cualquier política pública logré su objetivo: propender al desarrollo económico, al logro de los fines y s del régimen económico y social, en fin, en beneficio de la colectividad. El dialogo entre el gobierno y la oposición resulta no solo necesario sino indispensable.

La misma estructura congénita al sistema democrático diseñado en la Constitución de 1999, con todo y las imperfecciones que lo desdibujan, más el fruto de su ejecución complementaria que de su concepción primigenia constituyente, definen unos valores que los ciudadanos decidieron que sean los que guíen el sistema constitucional que rige la sociedad.

En un sistema constitucional, como lo asienta el catedrático español Alejando Nieto, “las políticas públicas se deciden de acuerdo con unos valores que los ciudadanos han fijado previamente en un texto de esta naturaleza, aunque también sucede que los valores constitucionales suelen estar formulados en unos términos tan amplios que permiten a los gobiernos concretarlos dentro de una escala más o menos abierta”.

En teoría los controles institucionales (administrativos especiales, judiciales y parlamentarios) sirven para evitar la tergiversada interpretación que pueda dar el gobierno de esos valores o que su ejecutorias se alejen de los mismos. El “desgobierno” es una patología grave, no solo presente en el sistema inmunológico del régimen político venezolano, sino incluyo en los gobiernos efectivamente democráticos.

Esta enfermedad, que parte de supuestos ideológicos fundamentados en la manipulación de los valores constitucionales consiste, en criterio del citado autor, en el falseamiento de los deseos e intereses del pueblo, viejas metáforas de la voluntad popular y del contrato social.

El síntoma primario de este virus que ataca las bases inmunológicas de la democracia propicia la protección al rompe de la clase política dominante, la preservación del poder a cualquier costo, la activación de los mecanismos paralelos e ilegales de financiamiento del activismo y simpatía de ciertos factores con dineros del Estado o con facilidades que éste brinda en procedimientos engorrosos y discrecionales, amparados en una prédica que desvía lo valores constitucionales aceptados por la población.

La enfermedad avanza cuando las propias defensas institucionales del sistema democrático ceden o resultan insuficientes para contrarrestar el desgobierno.

Ante tal situación la oposición de manera razonable y dentro de los limites de una democracia, aun endeble e incluso vaciada de contenido, debe buscar agotar todas las vías para frenar el desgobierno a través de los valores y mecanismos constitucionales. Así, la oposición no debe negarse al dialogo y las oportunidad que lo favorezca, aún cuando las mismas sean abiertas por el propio gobierno.

La responsabilidad de la oposición es depurar el radicalismo que atosiga, que mina las bases de una plataforma unitaria de proyección de una alternativa democrática al desgobierno.

El dialogo no puede dejarse a un lado, hay que enfrentar la conjura del necio radicalismo, hay que apagar la hoguera de la vanidades personalistas de las agendas ocultas y las pretensiones suicidas de liderazgos inmaduros e impacientes que empujan al país a escenarios nada halagüeños.

El país reclama dialogo “en” y “desde” la oposición que permita frenar el desgobierno. En el intercambio de pareceres, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno que es una de sus expresiones para la definición de políticas públicas como la inseguridad, desempleo, reactivación económica o productividad o la simple manera de hacer conocer al gobierno posibles soluciones, propuestas y proyectos es la vía para buscar soluciones a los gravísimos problemas que amenaza el bienestar de los venezolanos, razón última y específica que avala y secunda a quienes creen en el dialogo.

Un dialogo con condiciones de igualdad, que represente la confrontación de ideas y proyectos, para que luego en una síntesis, se logre una política pública en beneficio de todos. Un dialogo serio, abierto sin complacencias serviles y manifestaciones adulantes de “felicitadores” improvisados productos quizás del impacto de sentirse en la representación inmobiliaria del poder y cerca de quien lo usufructúa, como presenciamos hace unas semanas en el primer encuentro entre el Presidente de la República, los alcaldes y gobernadores.

Aceptar el dialogo no implica de una, entrega o debilidad política. Se pueden mantener posiciones dignas, constructivas y democráticamente demoledoras como las sostenidas por los Alcaldes Blyde, Ledezma u Ocariz.

El dialogo y su aceptación es manifestación inequívoca de un ser y de un talante democrático, de visión de largo plazo que evite confrontaciones sangrientas en una sociedad profundamente divididas y con factores exógenos que nada pierden en incentivarla o participar en ella.

En definitiva, es la expresión de un liderazgo maduro que no mide sacrificios o desgaste personal, como ha sido la actitud de Henrique Capriles, que en la soledad de la sombra de la ingratitud y la pretensión de desconocer su esfuerzo ciclópeo de evitar la debacle de las elecciones locales, generará un faro que iluminara el verdadero sendero de la oposición democrática en la recuperación y rescate pleno del régimen de libertades.

El dialogo gobierno y oposición, si ésta se conduce con seriedad y agendas abiertas, por la vía del contraste en la calidad de las propuestas y de los proponentes es mucho más beneficiosa para el país y para la oposición misma. El dialogo no es debilidad, es la expresión de una aguda y lenta estrategia que al final, de darse o no a plenitud, rendirá sus resultados deseados.

Si bien el gobierno como unidad de continuidad durante varios lustros ha evidenciado intolerancia, desapego a las formas y procedimientos democráticos, con abierto desde no solo a la legalidad sino como forma burda de patanería chambona contra los voceros de los distintos sectores que formulan críticas o lo adversan, ello no resulta suficiente como para abandonar el dialogo, la búsqueda de puntos de encuentro.

De lo que se trata en la oposición es decidir si la orientación de su prédica y practica se hará sobre la base de una extremismo que capta rápidamente voluntades pero que origina un desgaste con igual o superior intensidad o la escogencia de un camino lento, razonable, difícil pero que a la postre resulta más beneficioso y conveniente, con relaciones más sólidas y compromisos más coherentes. El dialogo es parte de esa estrategia.

Se debe condenar cualquier atisbo de acusación de colaboracionismo opositor, rechazar cualquier señalamiento de colaboracionista a quienes creen en el dialogo. Un cosa es buscar dialogar para solucionar (Blyde, Capriles, Ledezma, por ejemplo, en el sector político; Roig, en el sector empresarial) y otra muy distinta el recule acomodaticio de algunas alcaldesas o alcaldes evidencia en el pasado reciente. Hay que buscar el dialogo. No hacerlo como forma de agotar etapas, puede ser muy lesivo al país.

Por Leonardo Palacios

Fausto Maso tuiteó el pasado domingo 1 de diciembre que “asombrosamente los principales abstencionistas son los jóvenes, los que debieran estar interesados en el futuro del país”.

Es una afirmación lapidaria que no se corresponde con la gesta que los estudiantes siempre han demostrado en las luchas por la democracia.

Ejemplos varios encontramos en la historia de Venezuela: la irrupción el 21 de noviembre de 1957, “el año en que los venezolanos perdieron el miedo” (titulo de la obra de Simón Alberto Consalvi) en que se produjo la huelga estudiantil y se produjeron una serie de comunicados que se repartieron en volantes y pese a que la Seguridad Nacional, órgano de represión política del régimen de entonces tomó por asalto la Universidad Central de Venezuela, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior, la gesta tuvo tal éxito que fue uno de los desencadenantes que concluyeron con la caída del gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez.

En los años más recientes nos encontramos con la salida a la calle de los estudiantes cuando el cierre de RCTV, fecha de que marco la cantera de líderes políticos, muchos candidatos a Alcalde y Concejales en estas elecciones municipales.

Si atribuimos seriedad, como siempre a los comentarios de Masó ¿cuáles serían las razones para que los jóvenes se abstengan de participar?

Son muchas y variadas las razones que pudieran esgrimirse con tal solo pensar en un foro, por ejemplo, en que el tuvieran participación Briceño León, Ángel Oropesa, Luis Vicente León, Gustavo Tarre y hasta el propio Maso.

Los jóvenes, al igual que el resto de la sociedad, ha caído presos del desencanto hacia los procesos eleccionarios que gran parte de la misma dirigencia política de oposición ha sembrado, específicamente con los acontecimientos del pasado 14 A sin que se le diera la oportunidad de aprender la máxima del beisbol según la cual que “quien no hace le hacen”, vale decir que el que no participa y se abstiene el otro equipo aprovecha hacer cualquier tipo de desmán rayano en delitos electorales. Es la ausencia ciudadana democrática en las mesas y en los centros electorales la que facilita la verificación del tipo conductas fraudulentas que todos conocemos.

Los jóvenes y otros sectores de la población han adquirido y desarrollado el síndrome de una “hastío” electoral, han copiado y adquirido de sus mayores la ansiosa búsqueda de una trocha y de un camino fácil pues son más de 15 años de elecciones y referendos y nada, siempre ocurre lo mismo.

Pareciera que se les ha contagiado a muchos, de manera distorsionada, el sentimiento minoritario de “la vía engañosa de la conspiración o del golpe del Estado (que) parece más corta, pero presenta riesgos políticos tremendos que la experiencia histórica demuestra con bastante claridad” (…) desconociendo que “el civismo, vía quizás más lenta pero mucho más segura, está sujeta a menos contingencia” (Luis Herrera Campins “Los caminos cívicos del sufragio electoral”).

Hay que enseñarles a nuestros jóvenes que una prédica constante que “es necesario no temer al tiempo. Al tiempo sólo lo temen los inconstantes, los apresurados y los cobardes ante la vida” (LHC).

Es posible que entre los jóvenes, y eso fuera muy triste reconocer, existe una mayoritaria tendencia, de escapar del país antes que se baje la santamaría de la burocracia migratoria, de muy variadas formas, y estar condenados a hacer la semilla de justificación y fortalecimiento de un régimen eterno que expolia su futuro y bienestar que sigue a pie juntillas el libreto cubano de ese gran teatro del absurdo al cual han acudido durante más de cincuenta años artistas, políticos, intelectuales y empresarios a recrear su sentimientos igualitarios como forma de exculpación con sus desmanes pero siempre bajo la lejana colina de la observación y de la complacencia mecánica de un gran altavoz publicitario.

Sin embargo, el sentido de la patria se alimenta, se cuece poco a poco con el ejemplo y los valores del hogar, la influencia de una conducta férreamente apegada a ellos.

Las elecciones del 8 de diciembre no son unas elecciones municipales normales pues no se están dentro del marco de una democracia efectiva y real.

Mas por el contrario, son unos comicios que en el que participan dos tendencias claramente definidas desde le punto de vista ideológico y con dos concepciones distintas del Estado.

El municipio para el oficialismo es el ámbito que deben a conquistar, al cual le deben poner la mano pues es la semilla de la revolución, el depósito de los desechos de una institución que se demolerá con la comuna.

La comuna es un espacio para la distracción, para la definición de relaciones de sumisión y enajenación de la libertad pues la cabeza superior de la que emana un pensamiento y voz única, permitida y aupada, es la del Presidente de la República.

La comuna es espacio vital de la definición y puesta en práctica de un sistema económico que desconoce la esencia de la propiedad como condicionamiento básico de la libertad cuya máxima expresión es la “cola” que se forman para que a cuenta gotas se nos de la ración de dignidad que el régimen considere y las autorizaciones y registros como mecanismo de selección discriminada del derecho a formarla.

No es exageración es historia; no es Casandra la que anunciaba la destrucción de Troya, son las “Leyes del Estado Comunal” que así lo establecen; no es una reacción atávica de una derecha apátrida sino las implicaciones y perversidades de una medidas que se vienen dictando y que anuncian lo que todo el mundo sabe y rehúsa enfrentar .

Son muchas las razones para ir a votar; abstenerse como reacción de la malacrianza democrática de guapetones de barrio que lo que quiere es acabar la fiesta como forma de imposición de autoridad o de llamar la atención, no conduce a nada. Hemos llegado hasta donde hemos llegado pues lo hemos permitido; hemos dejado espacios abandonados o hemos renunciado aquellos que debimos haber preservado-

@Negropalacios

Por Leonardo Palacios

Los actuales gobernantes acatan a regañadientes pero no olvidan; siempre giran sobre su propio eje. La primera oportunidad que tienen retoman el camino trazado para imponer lo que por cualquier vía, le fue vedado, impedido u obstaculizado.

En enero de 2007 el Presidente Chávez designó un Consejo Presidencial para la reforma de la Constitución, presidido por la Dip. Cilia Flores, actual Primera Dama de la República.

El Decreto N. 5138 del 17/1/07 mediante el se designó del referido Consejo establecía que el trabajo de revisión y propuesta de reforma debía realizarse “de conformidad con los lineamientos del Jefe de Estado en estricta confidencialidad”, secrecía ratificada por la Presidenta de la Comisión el 20 de febrero de 2007.

El Prof. Brewer Carías sistematiza las reformas propuestas (véase “Hacia la consolidación de un Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista, 2007) de la siguiente manera:

1. Los cambios en los principios fundamentales de la organización del Estado que buscan transformar el Estado democrático descentralizado en un Estado Socialista centralizado.

2. Los cambios en el sistema político, que buscaban transformar la democracia representativa en una supuesta participación conducida desde el Ejecutivo Nacional.

3. Los cambios en la forma de Estado, que buscaba la centralización del Estado.

4. Los cambios de la organización del Poder Nacional para acentuar el presidencialismo.

5. Los cambios en la Constitución Económica, que buscan la configuración de un Estado Socialista de economía estatal centralizada y confiscatoria.

6. Los cambios de los derechos laborales.

7. Los cambios en las fuerzas armadas para transformar el Estado Civilista en un Estado Militarista

La propuesta de reforma constitucional propuesta fue rechazada por la mayoría de la población.

No obstante, el 21 de diciembre de 2010 últimos estertores de una legislatura (2005-10) que actuó a sus anchas, entre gallos y media noche, sin encontrar ningún tipo de valladar construido por una oposición ausente del debate parlamentario (mea culpa por delante) se aprobaron las “Leyes del Estado Comunal”, amparados en una mayoría, recién obtenida en las elecciones de principios de mes, que hacía imposible su reforma ulterior conforme a la CR en virtud del carácter orgánica con que fueron investidas.

El parlamentarismo oficialista de manera sumisa e inconstitucional parió un Estado Comunal.

De un solo sablazo introdujeron por vía legal, lo que corresponde a una reforma constitucional, cambios en la organización y forma del Estado; en la Constitución económica y sentaron las bases, aunque fraudulentas y endebles en cuanto a la legitimidad se refiere, para los otros cambios deseados.

La Ley Habilitante concedida al Presidente Maduro es otro paso para reivindicar vía Jalisco (“si no gana arrebata”) el contenido del Anteproyecto de Constitución, elaborado por la Comisión, el cual buscaba en palabras del HCh “en el terreno político, profundizar la democracia popular bolivariana; en el terreno económico, preparar las mejores condiciones y sembrarlas para la construcción de un modelo económico productivo socialista, nuestro modelo, lo mismo en lo político la democracia socialista; (…) en el campo de la Administración Pública incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia administrativa”.

La actual Ley Habilitante, da para todo, es un declaración de principios, un manifiesto que se aleja de lo que debe ser una autorización destinada, en la mejor redacción de la CR de 1961, a dictar medidas extraordinarias en materias económica y financiera requerida por el interés público, y no un cesión atípica de la función legislativa privativa, aunque no excluyente en las materias indicadas, que le corresponde a la AN.

El Presidente Maduro la justifica en la “imperiosa necesidad de la construcción de un sistema de gobierno popular que permita el aceleramiento y recuperación de la economía nacional, la operación eficiencia o nada y la lucha contra la corrupción, consagrando el deber de forjar la cultura humanista en todos los ámbitos y así dignificar al servidor público”.

En este fast track de instauración de nueva “superestructura” institucional y de ordenamiento que condicione la “infraestructura” de las relaciones económicas y sociales definitorias del “Socialismo del Siglo XXI” abarca muchas materias, entre las cuales, nos encontramos en materia económica:

1. La definición de un sistema económico socialista basada en un esquema de tributación de altos porcentajes justificados no solo en una mayor progresividad de la imposición a la renta y la propiedad/riqueza (“que paga más quien tiene más) sino su apropiación a través de una serie de impuestos (impuesto a las transacciones financieras; tenencias de bienes y uso de servicios suntuarios; la revalorización de inmuebles por efectos de obras públicas; instalaciones y equipos productivos sin uso por causas no justificadas) y contribuciones parafiscales (la más reciente es el aporte previsto en el Proyecto de Ley de Protección Social Integral al Artista y Cultor Nacional a cargo de las personas naturales y jurídicas de naturaleza pública y privada que realicen actividades artísticas y culturales con fines de lucro será del uno por ciento (1 %) sobre la utilidad neta o ganancia contable de cada evento o actividad).

2. La reorganización del consumo en la distribución de energía; telecomunicaciones y otros servicios.

3. Asegurar una mayor participación del Estado en la economía y profundización de la planificación centralizada; así uno de los decretos leyes a ser dictados es convertir en Ley el “Plan de la Patria. Programa de Gobierno Bolivariano 2013-2019”.

4. La intervención en la estructura de costos; precios y los márgenes de ganancia (ya lo hicieron sin previsión legal alguna; el Presidente dictó Decreto Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos, la cual debe estar en consulta con el TSJ por lo el carácter orgánico de la cual fue investida) a través de sistemas registrales de precios referenciales de importación y de márgenes de ganancias sectoriales; limites de índole diversa a los inmuebles destinados al comercio, entre ellos, límites cuantitativos a los arrendamientos determinación restrictiva de costos susceptibles de ser reconocidos o aquellos que debe excluirse; tipificación de nuevos supuestos de ilícito económico, especulación, acaparamiento, usura, cartelización y delitos conexos; fijación de nuevos criterios de determinación carácter de bienes y servicios de primera necesidad y declaratoria de utilidad pública de los bienes necesarios para la actividad de producción, distribución y comercialización de los mismos.

5. Un nuevo esquema productivo mediante el condicionamiento y medidas que implican lesión a la propiedad, la libertad de empresa y a la iniciativa privada mediante, entre otras, la Ley de los Consejos Socialistas de los Trabajadores y la Ley antimonopolio; ambas pendientes en la agenda legislativa de la AN.

6. Controles y mayores requerimientos en el suministro de divisas, cupos, autorizaciones y habilitaciones (reforma a la Ley contra los Ilícitos Cambiarios).

7. La definición de procedimientos administrativos ampliando potestades discrecionales y reducción de garantías al administrado (medios de prueba; recursos; etc.,), exacerbamiento de las medidas cautelares y de intervención estatal (reformas Código Orgánico Tributario; Ley para la defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios.

No piense el amigo lector que lo que acaban de leer es un ejercicio de prestidigitación, desconocimiento de lar valor y eficacia de los derechos fundamentales o simplemente de la CR.

Por el contrario, es el producto del análisis de discursos, alocuciones y declaraciones presidenciales y de funcionarios del Poder Público en cualquiera de sus ramas; de la lectura de estudios personas afectas al proyecto político y de los llamados “Planes de la Patria”.

Por ese le pregunto a usted, paciente lector, ¿no cree Ud. que la habilitante no es una reforma constitucional oculta?

Por Leonardo Palacios

El impuesto sobre la renta, su inserción en el sistema tributario e impacto en la actividad económica es un problema complejo, muy condicionado a la concepción que se tiene del régimen económico y social como expresión y reflejo de la tipología de Estado que se traza en la Constitución.

Es una tarea, sin exageración alguna ciclópea, que implica no solo el esfuerzo del responsable de la política tributaria en la elaboración y redacción de los lineamientos generales que la expresan sino la delicada y dedicada tarea de convencer a los entes del Poder Público, en condiciones de autonomía, independencia y contrapeso ya lejano a nuestra realidad, de su conveniencia, oportunidad y bondades, y a los ciudadanos de su contenido y alcance, venciendo la resistencia normal que una reforma impositiva conlleva sembrando en el destinario de la norma que el resultado de creación y la formación de la incidencia material, representa un sacrifico que bien vale la pena soportar para lograr una actividad financiera proclive a su bienestar.

Los procesos de reformas tributarias son necesarios y deseables; son procesos que deben ser recurrentes pero siempre bajo la impronta de la reflexión, la consulta abierta y la participación de los sectores involucrados, especializados o no; y su racionalidad expresada entre el medio escogido y los objetivos perseguidos.

La tributación es la más frágil manifestación de la democracia, la vitrina que exhibe si la propensión de un gobierno es el respeto efectivo a los derechos fundamentales, garantías del ciudadano indicado en una sujeción pasiva tasada y protegida por el derecho para proteger su ámbito de desenvolvimiento pleno en libertad y la esfera de su propiedad frente al ejercicio de la facultad impositora del Estado, o si por el contrario, lo que se busca es un proceso de exacción arbitrario y confiscatorio so pretexto de la búsqueda de la redistribución y la reducción de la desigualdades por la vía de la imposición y no del gasto presupuestario.

Constituye una prueba de esfuerzo para la democracia cuando sus órganos de actuación dentro de su esfera competencial correspondientes deben hacer propuestas de reformas, de acuerdo a la iniciativa legislativa constitucionalmente establecida y someterla a la discusión abierta y sin exclusiones del ciudadano, el empresariado, las academias, universidades, los gremios, los sindicatos y hasta de la propia Administración tributaria.

Los tributos en cualquiera de sus especies (impuestos, tasas y contribuciones especiales), recuerda Franco Gallo, “han encontrado así siempre su justificación en una óptica distributiva y no de compensación”.

En una primera fase, en la soberanía (fiscal) del Estado mismo y, más adelante en el tiempo – en régimen de sufragio universal y democracia constitucional- en el deber de solidaridad, en cuya virtud se desarrolla, con finalidad, justamente de reparto, una potestad legislativa de imposición vinculada a las manifestaciones de una especifica capacidad contributiva”.

La democracia, único sistema de gobierno aceptado, aceptable y posible en un Estado Social de Derecho siempre está expuesta a la arremetida que desdibuja su esencia y borra los principios y valores que nutren este de tipo de Estado.

La tributación puede ser el martillo neumático que demuele la legitimidad de la exigencia de contribuir a las cargas públicas y, por ende, de la democracia cuando es el resultado de reformas inconsultas; ajenas a los principios que informan el sistema tributario como limites a la creación de los tributos; cuando desconoce la esencia de los derechos fundamentales del ciudadano exacerbando las transferencias dinerarias de las economías privadas a la pública mediante la manipulación de la naturaleza y esencia del tributo erigiéndose como un valladar infranqueable que desconoce la iniciativa privada y la libertad de industria y comercio, dejándolas sin contenido y creando falsas bases de sustentación de un Estado asistencialista e interventor.

El premio nobel de economía 1974 Friedrich Hayek expresa que “El arma principal con que actualmente cuenta el intervencionismo en su afán confiscatorio es el impuesto. No importa si el objetivo que se persigue con el impuesto sobre la renta es un pretendido motivo social de igualación de la riqueza de los ciudadanos o si, por el contrario, lo que se persigue es conseguir mayores ingresos para el erario público. Lo único que importa son las consecuencias”

La imposición puede (i) restringir o suprimir totalmente la producción de determinados bienes; (incrementos de aranceles, prohibiciones arancelarias, incrementos alícuotas impuestos específicos); (ii) expropiar una parte de la renta o del patrimonio y (iii) expropiar totalmente la renta y el patrimonio.

En último supuesto es el cauce que conduce a la implantación del socialismo.

No cabe duda por las políticas que se ejecutan, por las leyes y la orientación del régimen de potestades y títulos de intervención que las amparan que nuestro país está adentrándose peligrosamente en una etapa de desmantelamiento institucional de la estructura económica de iniciativa privada, mercado y libre empresa que hace posible la acción económica, no predecible o moldeable en etapa alguna, que causa o motiva la renta.

La generación de riqueza, el concepto de beneficio, las formas de organización de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) y las formas de retribución de los mismos es el concepto renta vigente desde 1943 y el norte de la justicia tributaria.

Eso conceptos no solo se ponen en juego por efectos de las políticas erráticas evidenciadas en controles y restricciones, la inflación estructural o la devaluación sin previsiones normativas que corrijan las distorsiones que origina sino por fijaciones o limites en la rentabilidad como elemento retributivo del capital o del esfuerzo personal.

Estamos a las puertas de un grave hito para la democracia: la aprobación de una Ley habilitante pues ésta representa nuevas y más intensas lesiones directas a la libertad y demás derechos fundamentales y formas indirectas de expresión normativa que incrementaran la incidencia impositiva al excluirse o no reconocerse ciertos elementos que impactan los costos y, por tanto, los precios a los cuales se “regulan” o “limitan” afectando la generación de renta tanto del capital como del trabajo.

El Presidente de la República dijo tener lista la “Ley de Costos Precios y Ganancias”, la cual entre otras cosas, fijará límites o topes máximos de rentabilidad.

Tal circunstancia traerá importantes distorsiones y consecuencias negativas para los contribuyentes que se verá expuestas en un recrudecimiento de la tributación excesiva, solapada y no armonizada.

En otro orden de ideas, el presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ en un “Conversatorio con los jueces de la jurisdicción contencioso tributara “los instó a que vayan reflexionando sobre in nuevo COT que “obedezca a los intereses públicos, donde se piense que los tributos son una absoluta necesidad para la vida” “para lograr el objetivo republicano que es la felicidad mayor posible”.

Los contenidos de la Ley habilitante aprobada en primera discusión no están precisados.

No obstante, para el mundo de la tributación los dos instrumentos que se presumen serán parte de la ley habilitante escapan de la su esencia, no serán objeto de consulta abierta violando el viejo principio que se conoce desde 1215 que “no puede haber tributación sino hay representación”.

La reforma del COT debe ser el resultado de una amplia consulta a todos los sectores tal como sucedió en oportunidades anteriores, debiendo ser la AN el único órgano dedicado a tal fin todo con el afán de mantener el equilibrio entre el Estado y el Contribuyente.

Se está habilitando para atentar más contra el empresariado -grande o pequeño-; para generar una tributación abusiva y un desequilibrio mayor entre el Estado y los contribuyentes.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios