Para 1994 Brasil enfrentaba una hiperinflación de 2.477% (46% mensual). Brasil, al igual que otros países latinoamericanos, había recurrido a diversas estrategias fallidas.

La reacción de los gobiernos de la región era bastante simplista. Si el problema era una balanza de pagos negativa, la respuesta era un control de cambios. Si la inflación era el aumento de los precios, la solución era un control de precios. Si el aumento de los precios deterioraba el salario, se decretaba un aumento de los salarios. Todo se regulaba.

Lo que ocurría en Brasil y en casi toda Latinoamérica era un drama que hoy se repite en Venezuela con mayor profundidad y menos sentido.

Brasil sufría un enorme déficit fiscal. Al no tener acceso al crédito externo lo financiaba mediante emisiones de moneda sin respaldo por parte de su banco central, lo que conducía tanto a la hiperinflación como a la devaluación. Para contener ambos males, los gobiernos implementaron controles de todo tipo, incluso de cambio y de precio, que derivaron en un desabastecimiento general y en la aparición de mercados negros con precios muy superiores a los fijados por las autoridades.

¿No nos suena esto conocido en la Venezuela de hoy?

Ante el desequilibrio relativo de precios se creó un patrón de valor denominado URV, suerte de moneda ficticia atada a la cotización del dólar, a la cual se vinculaban automáticamente todos los precios, salarios, contratos y tarifas.

Bajo tales circunstancias el presidente Itamar Franco designó ministro de Hacienda a Fernando Henrique Cardoso, quien adelantó con ímpetu el Plan Real. Como se dijo, al llegar Cardoso, en junio de 1994, la hiperinflación alcanzaba en Brasil 46% mensual. En el siguiente semestre cayó a 3,1%, y en 1995, a 1,7%.

¿Cómo lo hizo?

Emprendió un ajuste macroeconómico adelantando un proceso de apertura comercial y privatizaciones con el fin de equilibrar las cuentas y eliminar el déficit fiscal. Se desmontó el control de cambios que existía desde 1931. Se privatizaron más de 165 empresas públicas aportando al fisco un ingreso del 8% del PIB. Se limitaron las indexaciones de precios, salarios y contratos. Se concretó la renegociación de la deuda externa dentro del Plan Brady con una quita importante de deuda y un alivio en el cronograma de pagos.

El 1 de julio de 1994 se estableció una nueva moneda llamada “real” a razón de 2.750 cruceiros reales y se canjeó a esa tasa la moneda vieja por la nueva. La emisión del real quedó limitada al nivel de las reservas internacionales, y se estableció una paridad de 1 real por 1 dólar. Se le dio autonomía al Banco Central para impedir que financiase el déficit fiscal, aunque no se limitó por ley la facultad del Ministerio de Hacienda de modificar el tipo de cambio en caso de necesidad. En la práctica, el real se valorizó desde un principio respecto al dólar sin que se produjese un período recesivo.

Se reestructuró el sistema bancario y el Banco Central mantuvo tasas de interés positivas tanto para frenar la salida de capitales como para limitar la expansión monetaria. Se modernizaron las empresas y se acentuó substancialmente la competitividad del sector industrial lo cual se tradujo en un salto de las exportaciones brasileñas.

El freno a la inflación se tradujo en una revalorización del salario real, que estimuló tanto el consumo como la producción, lo cual condujo a una baja en los precios de la canasta alimentaria y a una reducción en la proporción de hogares en situación de pobreza, lo que mejoró el nivel de vida de vastos sectores de la población.

La fuerte apreciación del real acarreó un flujo positivo de capitales de tal magnitud que permitió financiar el déficit en cuenta corriente y alimentar una rápida expansión de las reservas internacionales que, entre 1995 y 1996, crecieron en 22.000 millones de dólares. Creció la inversión extranjera directa, impulsada por el programa de privatizaciones y por la compra de empresas privadas por inversionistas extranjeros. Se había restablecido la confianza.

El éxito del Plan Real fue tal que en las siguientes elecciones Fernando Henrique Cardoso fue elegido y después reelegido presidente de Brasil.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Venezuela se enfrenta a la peor hiperinflación en la historia del Hemisferio Occidental. La inflación es un fenómeno monetario que ocurre cuando la cantidad de dinero que circula crece más rápidamente que la producción de bienes y servicios. Se produce cuando los gobiernos obligan a los bancos centrales a emitir dinero en exceso para financiar el déficit fiscal. En su Dinámica monetaria de la hiperinflación Phillip Cagan la calculaba mediante la siguiente fórmula matemática:

Inflación anual = [(1 + i)^12 – 1] x 100, donde “i” es la inflación promedio mensual entre 100.

Durante los meses de diciembre, enero y febrero, la inflación mensual ha rondado 85%. De mantenerse tal promedio estaríamos superando, conforme a la fórmula anterior, una hiperinflación superior a 106.000% anual en 2018 o más. Todo es culpa del financiamiento del gasto público por parte del BCV.

La hiperinflación es el último estadio del mal inflacionario. Es una patología económica en estado terminal.

Muchos creen que una forma eficaz de acabar la inflación de cuajo es dolarizando. Veamos sus ventajas y sus desventajas.

Dolarizar implicaría sustituir el bolívar por el dólar como unidad de cuenta, como moneda de curso legal y como reserva de valor. Al no poder el gobierno emitir dólares, perdería la capacidad de recurrir al banco central para que financie el déficit con emisiones de dinero. Así, desaparecen los excedentes monetarios del sistema que son la causa última de la inflación. Esta es la ventaja de una dolarización.

Por otra parte, una medida así solo se puede aplicar con abundantes fuentes de ingresos en dólares, vía exportaciones variadas, a fin de que esas divisas reemplacen el signo monetario local.

En el caso de Venezuela luce imposible. Somos monoexportadores de petróleo, producto que aporta 96% de los dólares que recibimos. Para colmo el petróleo muestra severas oscilaciones en su precio, con lo cual la cantidad de dólares que circulan en la economía (la liquidez monetaria) padecería también fuertes vaivenes, imposibilitando el funcionamiento normal de la actividad económica.

Además, uno de los grandes problemas que hemos padecido es que durante años la sobrevaluación del bolívar impidió que, a excepción del petróleo, la mayoría de nuestros demás productos fuesen competitivos en los mercados internacionales. Por eso nos volvimos monoexportadores. Si tomásemos la decisión de dolarizar, el problema se agravaría imposibilitando la diversificación. Con una moneda tan dura como el dólar el país no podría competir con las exportaciones de otras naciones.

Pero el impacto de una medida de esa naturaleza iría mucho más allá. Puesto que las reservas internacionales en poder del BCV son exiguas, si decidiésemos dolarizar no habría dólares suficientes en el sistema para mantener el normal funcionamiento de las actividades económicas, en particular en momentos en que nuestra producción petrolera se está viniendo a pique. El resultado inmediato es que pasaríamos de una hiperinflación al polo opuesto del espectro monetario, es decir, una deflación.

En una hiperinflación hay excedentes de moneda demandando bienes que no están disponibles. En una deflación ocurre todo lo contrario. Puede incluso haber bienes en el mercado, pero no hay dinero con el cual realizar transacciones. Tan perjudicial es una hiperinflación como lo es una deflación. Ambas se traducen en una fuerte contracción de la actividad económica. Se detienen las transacciones y las inversiones. Las empresas se ven obligadas a cerrar y las economías caen en un marasmo de inactividad y de desempleo.

Bajo tales circunstancias el gobierno se vería obligado a aumentar el gasto público para reactivar la economía. Incurriría entonces en un déficit fiscal que solo podría atender mediante préstamos del exterior puesto que se vería obligado a inyectar dólares; pero en el caso específico de Venezuela, incursa ya en un creciente default de sus obligaciones, nadie está dispuesto a otorgarle financiamientos.

La experiencia de la dolarización en Ecuador fue excelente para combatir la inflación, pero ahora está atrapado en una trampa de crecimiento.

José Toro Hardy

@josetorohardy

El presidente Maduro anunció un nuevo aumento del salario mínimo integral de 58%, y pasó de 288.510 bolívares a 392.646 bolívares, que solo llega al sector formal.

Ese salario luce irrisorio cuando, por otra parte, el Cendas declara que la canasta alimentaria familiar de enero de 2018 se ubicó en 24.402.767,10 bolívares. Se requerirían 98,2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para que una familia de 5 miembros pudiera satisfacer sus necesidades de calorías.

Pero nada se gana con aumentar el salario cuando el beneficio que aporta tal aumento es menor que el perjuicio inflacionario que acarrea a toda la sociedad.

A nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se gana. Es decir, lo que importa es el salario real.

Habría que enfrentar con urgencia el problema al menos por dos vías de choque: la primera es atacar de frente las causas de la inflación, y la segunda, concentrar los mayores esfuerzos para estimular aumentos en la producción.

Veamos el primer ángulo, la inflación. La causa fundamental de que Venezuela se esté hundiendo en la vorágine, no ya de la inflación sino de la hiperinflación, es el déficit fiscal. Con una brutal caída de la producción petrolera y en manos del populismo y de un monstruo de mil cabezas en que ha devenido un aparato burocrático corrupto, ineficiente y politizado, el gasto público venezolano crece desenfrenadamente. Quizá el caso más dramático es el de Pdvsa, que enfrenta un inmanejable déficit en su flujo de caja y que, incapaz de generar más ingresos, sobrevive solo gracias a los auxilios financieros del Banco Central de Venezuela.

Los auxilios financieros que recibe esa empresa se incorporan al sistema monetario. Esa liquidez (no se confunda con efectivo) demanda bienes en el mercado, pero, debido a la perniciosa escasez imperante, el único efecto que produce es un aumento en el precio de los productos. Al final del día esos excedentes monetarios se desvían hacia lo único que se puede comprar: dólares en el mercado paralelo. Ello da lugar a una insostenible devaluación del bolívar en ese mercado, lo cual a su vez termina por retroalimentar la inflación.

Este año Venezuela padecerá una hiperinflación nunca antes conocida en el hemisferio occidental. Si la inflación promedio mensual fuese de 70%, la hiperinflación del año alcanzaría a 58.000%.

Un problema de esa magnitud no se resuelve con decretos de aumentos de salarios. A la hiperinflación hay que liquidarla de cuajo, regresando a la racionalidad fiscal y acatando la Constitución, cuyo artículo 220 le prohíbe expresamente al Banco Central financiar el gasto público.

El otro ángulo vital tiene que ver con los aumentos de producción y de productividad. Es indispensable pasar de una economía de controles a una economía de estímulos. Hay que abrir la economía. Hay que olvidarse del control de cambios. Es vital estimular las inversiones y para ello no hay otra vía que devolverle la confianza a los inversionistas, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y el respeto a la Constitución y a las instituciones, pasando por el equilibrio de los poderes públicos.

La hiperinflación está provocando una mortandad sin precedentes de empresas y generando un desempleo desmedido. De cumplirse el cálculo del FMI de una caída del PIB de 15% en 2018, nuestra economía se habrá contraído más de 50% en apenas 3 años. El empobrecimiento no tiene paralelo. Según la encuesta Encovi (UCAB, UCV y USB), 87% de las familias vive por debajo de la línea de la pobreza, y 61%, en pobreza extrema.

La hiperinflación, la pobreza, el desempleo y la escasez pueden conducir a un desgarre del tejido social.

¿Podrá Venezuela superar tan dramática situación? La respuesta es sí. Ahora bien, la velocidad con la cual el país pueda sobreponerse guarda relación directa con el cumplimiento de las metas antes señaladas y con la magnitud de las inversiones que seamos capaces de atraer.

Es evidente que para ello se requiere un cambio de modelo económico, lo cual, evidentemente, solo puede lograrse a través de un cambio del modelo político.

José Toro Hardy

@josetorohardy

En Venezuela tenemos vocación democrática. Nos la inculcó la democracia mientras existía. Cerca de 70% de los venezolanos está dispuesto a votar. Me cuento entre ellos. Ahora bien, una cosa es votar y otra hacerle el juego a una dictadura que se aferra a las enseñanzas de un comunista llamado Jósif Vissariónovich Jughashvili: “No importa quién vota, sino quién cuenta los votos”.

Quien así pontificaba adoptó el nombre de Stalin. Tan cínica frase la pronunció con motivo de las elecciones del secretario general del Partido Comunista en 1934. Fue uno de los mayores asesinos de la historia, responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, incluido su propio hijo.

La Carta Democrática Interamericana señala: “Los pueblos… tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

La vigencia de la democracia requiere que un gobierno cumpla con dos requisitos esenciales: legitimidad de desempeño y legitimidad de origen. La primera de tales condiciones se cumple cuando se gobierna respetando la Constitución y las leyes, la separación e independencia de los poderes, los tratados internacionales y las obligaciones asumidas por el Estado, la propiedad privada, la libertad de expresión y libertades ciudadanas y los derechos humanos. Es evidente que la legitimidad de desempeño no prevalece en este régimen.

La Carta Democrática Interamericana también se refiere a la legitimidad de origen, al señalar como condición indispensable de ella: “La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas”.

Pues bien, al llamar a unas elecciones anticipadas para el 22 de abril, el régimen perdería también la legitimidad de origen. La convocatoria a presidenciales conforme a nuestra legislación tendría que realizase con seis meses de antelación. Tal consulta no puede ser ni justa ni libre mientras los principales líderes de la oposición estén presos, inhabilitados, asilados o exiliados. Tampoco se respeta el régimen plural de partidos y organizaciones políticas cuando se prohíbe la participación de organizaciones como la MUD, Voluntad Popular o Primero Justicia. No pueden ser tales elecciones expresión de soberanía popular cuando quien las convoca es una asamblea constituyente elegida sin consultar al soberano –el pueblo–, violando disposiciones constitucionales. Para colmo, la referida constituyente fue el resultado de unos comicios en los cuales Smartmatic, empresa responsable del diseño y manejo de la plataforma tecnológica, denuncia que la votación se infló en “1 millón de votos”.

Además, en abril de 2016 se activó la solicitud para un referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Tibisay Lucena presentó un cronograma conforme al cual se requeriría un año para su realización. Pero ahora anuncia unas presidenciales en dos meses y medio. En el caso del revocatorio mencionado, al saberse perdidos, el CNE y algunos tribunales suspendieron el proceso.

Todo ello profundiza el aislamiento internacional. De hecho la OEA acaba de aprobar, con el voto de 19 de sus miembros, una resolución que exhorta a Venezuela a postergar el evento del 22 de abril y a la realización de elecciones “con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”.

La respuesta fue proponer unas megaelecciones que incluyan también a la Asamblea Nacional. Eso solo tendría un nombre: golpe de Estado.

Eso conducirá, sin duda alguna, a la profundización de las sanciones internacionales que podrían incluir sanciones petroleras y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Es posible que esas sanciones obliguen al régimen a negociar. Cualquier negociación pasa por un CNE confiable, la liberación de los presos políticos, la habilitación de líderes y partidos, el respeto a la Constitución y la presencia de observadores internacionales.

El régimen se está jugando a Rosalinda. Dudo que el dado en la noche linda le devuelva sus corotos.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Casi todas las partes del rompecabezas venezolano han encajado y ya el desenlace puede visualizarse.

Me referiré a las piezas ya colocadas en el tablero, suerte de sumario, para entender la encrucijada que enfrentamos:

Primero el tema petrolero. Se viene a pique. Solamente en 2017 la producción cayó en 649.000 b/d. Venezuela había demorado 20 años, después de la nacionalización, para aumentarla en un monto equivalente al que se destruyó en un solo año. De ese sector depende 95% del ingreso en divisas del país. La merma en la producción determina que no haya dólares.

Veamos el tema de los alimentos. Durante casi dos décadas el gobierno destruyó el sector, al expropiar a Agroisleña y más de 6 millones de hectáreas en nuestros campos que antes eran productivas y ya no lo son. Con furia digna de mejor causa, el régimen se dedicó a cumplir las órdenes de Chávez que parado en una esquina de Caracas proclamaba a los cuatro vientos: “Exprópiese, exprópiese”. Se nacionalizaron también infinidad de empresas agroindustriales que ya no ofrecen sus productos.

Existe, por tanto, una escasez perniciosa de alimentos que solo puede suplirse con importaciones, pero como cayó la producción petrolera, ya no hay dólares para importarlos. Tampoco hay dólares para importar medicinas o sus insumos.

En medio de este panorama dantesco se ha desatado otro monstruo que amenaza con alcanzar niveles nunca antes conocidos en el hemisferio occidental y que está destruyendo al país: la hiperinflación. Este cáncer, en un ambiente de escasez de alimentos, es mortal.

Es el resultado de un brutal déficit tanto fiscal como en el flujo de caja de las empresas del Estado –particularmente Pdvsa– que el Banco Central de Venezuela financia mediante emisiones de dinero sin respaldo. Ese dinero (altamente inflacionario conocido como “high potency currency”) se incorpora al sistema monetario y demanda bienes. Pero, como no hay bienes qué ofrecer, su efecto no es otro que provocar un desenfrenado aumento de los precios. Al final del día esos excedentes monetarios se desvían a la compra de dólares en el mercado paralelo dando lugar a una devaluación incontrolable.

Todo lo anterior (y mucho más) ha desembocado en una destrucción masiva del aparato productivo del país. Si a las caídas del PIB que tuvieron lugar en 2016 y 2017 le sumamos la que el FMI pronostica para 2018, el tamaño de la economía venezolana se habrá contraído 55% en apenas 3 años.

Para colmo las principales empresas calificadoras de riesgo soberano han señalado que tanto la República como Pdvsa se encuentran en situación de “default selectivo” por no pagar a tiempo sus deudas, con lo cual se ha cerrado el acceso al financiamiento internacional.

La hiperinflación, la contracción económica, la escasez de alimentos y medicinas, la catástrofe en educación y la salud, el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos y el desempleo llevan a un acelerado empobrecimiento de la población.

Todo ello ha redundado en que Venezuela encabece por cuarto año consecutivo la lista de países con mayores grados de miseria en el mundo entero conforme al “Misery Index” (Índice de Miseria) creado por Arthur Okun y publicado por Bloomberg. Como consecuencia de ello se calcula que unos 4 millones de venezolanos han tenido que emigrar del país.

Súmense a todo lo anterior las sanciones y el aislamiento internacional de Venezuela frente a los 27 país de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, los 14 países latinoamericanos que integran el Grupo de Lima, el Reino Unido, Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldova y Georgia. Todos se han pronunciado en contra del régimen. Agréguese también el retiro de la invitación a Maduro para asistir a la Cumbre de las Américas (y sus implicaciones conforme a la Carta de Quebec de 1991), además de las declaraciones y giras del señor Tillerson y, como si fuera poco, las amenazas de eventuales sanciones petroleras de Estados Unidos.

Por su parte, el oficialismo pretende adelantar unas elecciones, al margen de la Constitución, que se anuncia serán desconocidas casi universalmente.

Esa es la pieza que falta en el rompecabezas.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Concluida la II Guerra Mundial se desata una nueva y feroz contienda entre las dos superpotencias que habían emergido vencedoras del conflicto. Cada una de ellas encarnaba un sistema diferente con filosofías opuestas. En la primera la primacía era del individuo y en la otra, del Estado. Eran dos visiones confrontadas de la sociedad. En una, la propiedad privada era un derecho fundamental; en la otra, la propiedad de los medios de producción en manos del Estado era la base del modelo económico. La libertad del individuo, la libertad de expresión, los derechos humanos, eran la columna vertebral de uno de los dos modelos, en tanto que en el otro privaba la subordinación del individuo a los fines del Estado. Uno de aquellos sistemas defendía la libertad de culto y para el otro la religión era “el opio del pueblo”. Un modelo se inspiraba en los filósofos políticos del Siglo de las Luces que propiciaban la división y el equilibrio de los poderes, en tanto que el otro tomaba su inspiración del materialismo dialéctico de Hegel según la visión de Carlos Marx. Uno propiciaba el establecimiento de gobiernos democráticos, en tanto que el otro derivó hacia la formación de regímenes policiales. En fin, eran dos sistemas irreconciliablemente enfrentados a la cabeza de los cuales estaban, por una parte, Estados Unidos y, por la otra, la URSS.

Las dos superpotencias contaban con armamento atómico capaz de destruir a la humanidad. La paz se basó en la llamada “destrucción mutua asegurada”. Ninguna de las dos se atrevía a enfrentarse directamente con la otra, a pesar de lo cual se enfrentaban en sus respectivas áreas de influencia.

Aquella Guerra Fría, término acuñado por Bernard Baruch –consejero del presidente Roosevelt– y popularizado por el editorialista Walter Lippmann, copó las angustias de la humanidad.

Muy pronto uno de los dos sistemas demostró que era capaz de propiciar un mayor bienestar económico. Dentro del capitalismo el funcionamiento del mercado permitía un más eficiente aprovechamiento de los recursos. Las preferencias de los consumidores orientaban a los productores a través de los precios. Cuando los consumidores estaban dispuestos a pagar un mayor precio por un producto, surgían productores dispuestos a ofrecerlo para obtener una ganancia, hasta que la oferta superaba a la demanda y el precio de ese producto bajaba. La sociedad en su conjunto se beneficiaba y sus miembros lograban un mejor nivel de vida.

Por el contrario a quienes el destino obligó a vivir bajo regímenes comunistas no les tocó la misma suerte. Ciertamente, el comunismo permitió la creación de Estados y ejércitos poderosos. Al existir en ellos un sistema de planificación centralizada, sus responsables canalizaban la mayor parte de los recursos a atender las necesidades de los gobiernos. No contaban aquellos planificadores con el mecanismo de los precios para orientar la producción. Solo después de satisfechas las prioridades del Estado, se destinaba el remanente a atender las necesidades básicas de la población.

El comunismo murió por ineficiente. No fue capaz de resolver el problema de los ciudadanos ni de los países. Durante el llamado “otoño de las naciones”, en 1989, se vino a pique en todas las naciones europeas de la órbita soviética y en 1991 en la propia URSS que se desintegró en 15 naciones diferentes. Todo ocurrió sin que se disparase ni un tiro. “Es el fin de la historia”, proclamó Fukuyama.

Por desgracia, Venezuela se ha transformado en un nuevo ejemplo de la destrucción social, moral y económica que puede acarrear el marxismo. Mientras exhalaba sus últimos suspiros, el comunismo, aupado por una isla arruinada del Caribe, clavó sus garras en nuestra patria, la expolió y la destruyó. Su fracaso fue tal que el “caso Venezuela” será estudiado como un absurdo en las universidades del mundo.

Pero hoy no existen la URSS ni la Guerra Fría. Hay empresas rusas y chinas aprovechándose tanto como pueden del país y recibiendo contratos a dedo, pero ni Rusia ni China están librando una guerra por imponer un sistema. El marxismo feneció. Su último intento ocurrió en tierras venezolanas. Estamos siendo testigos de la muerte de un sistema.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Ha fracasado estruendosamente el aberrante experimento que trató de insuflar vida al difunto modelo comunista. De cumplirse los cálculos del FMI para 2018, en solo 3 años se habrá destruido 55% del PIB, así como una de las más sólidas industrias petroleras del planeta con una caída, en solo un año, de 649.000 barriles diarios. La escasez es abrumadora. Después de haber arrasado con la economía, y con el sector agrícola y agroindustrial, se ha hundido a Venezuela en la más perniciosa hiperinflación que existe hoy en el planeta. La pobreza crece aceleradamente.

Arrinconado por la profundidad de la crisis y un aislamiento internacional progresivo, el régimen intenta recurrir a algunas medidas económicas aisladas.

La eliminación del Dipro –que apunta en una dirección correcta– es una de esas medidas parciales. Pero, aisladamente, acarreará graves consecuencias y pocos beneficios. Se trata de una de las tasas dentro del control de cambios a través de la cual se podía importar alimentos, medicinas y algunos rubros esenciales a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar.

Se prestó el Dipro a casos de brutal corrupción, pues allegados al régimen se hicieron con groseras fortunas. Cerca de 70% de las importaciones del país que se realizaban a la tasa Dipro tendrán ahora que recurrir a la tasa Dicom (tipo de cambio administrado flotante), cuyo nivel resultará de subastas en las cuales el gobierno ha dicho que no ofertará dólares y, por tanto, la oferta se limitará a la que puedan hacer los particulares.

Entiéndase que el sector petrolero, en manos del Estado, es el que recibe 96% de todos los dólares que ingresan al país. Si esos dólares no participan en la subasta, la oferta será claramente insuficiente y, por tanto, el tipo de cambio que resultará de las mismas tenderá a subir.

No está claro el incentivo de los particulares para ofertar divisas en las subastas del Dicom. A pesar de ello, el paralelo bajó en los últimos días ante las expectativas generadas por el nuevo régimen cambiario. Si no resulta exitoso, el rebote sería inevitable.

En todo caso, el impacto inflacionario derivado de la eliminación de la tasa Dipro será fenomenal. Basta con calcular el precio que alcanzarán los alimentos y las medicinas que se venían importando a razón de 10 bolívares por dólar y que ahora tendrían que importarse a 25.000 bolívares por dólar, conforme a la última subasta Dicom.

El nuevo mecanismo podría, sin embargo, atraer algunas empresas mixtas asociadas a Pdvsa. Hasta el momento ellas carecían totalmente de incentivos para invertir. Un nuevo tipo de cambio más atractivo resultante de las referidas subastas podría estimular esas inversiones. En contrapartida, hay que resaltar que la participación que ellas tienen en las empresas mixtas alcanza a apenas 40%, que el accionista mayoritario, que es Pdvsa, no ha aportado su 60% y ni siquiera paga sus deudas. Además, ha sido declarado en “default selectivo” por las calificadoras de riesgo y no tiene acceso a nuevos financiamientos. A ello hay que agregar la inseguridad jurídica prevaleciente que no constituye el ambiente más propicio a las inversiones, como tampoco el entorno político cada vez más enrarecido.

Cuando una economía llega a tener tantas y tan profundas distorsiones, no es factible recurrir a parches aislados. Se requiere un cambio de modelo político y económico. Nada se gana con eliminar el Dipro si no se adoptan las demás medidas de racionalización de la economía, indispensable para restablecer la confianza y la seguridad jurídica sin las cuales no se recuperará el aparato productivo.

Hemos visto un continuo desfile de experimentos cambiarios fallidos: Cadivi, Sicad, Sicad 2, Simadi, Dipro, Dicom, etc. La eliminación del control de cambios sería la opción racional, conjuntamente con otras medidas de carácter social, fiscal y monetario, así como el apoyo frontal del FMI. De lo que se trata es de estimular al máximo la economía, las inversiones y la producción de bienes de todo tipo, con el fin de que el aumento de la oferta actúe sobre los precios, forzándolos a la baja. Se trata de frenar el empobrecimiento.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Me preguntaban en una conferencia:

—¿Qué pasa si Estados Unidos decide aplicar sanciones a las compras de petróleo a Venezuela?

Respondí:

—¿Qué pasa si Venezuela se queda sin petróleo para exportar a Estados Unidos?

Suena casi descabellado, pero veamos lo que ha venido ocurriendo:

Cuando el presidente Chávez llega al poder, en 1998, la producción petrolera de Venezuela alcanzaba alrededor de 3.400.000 barriles diarios. De haberse completado la apertura petrolera, que ya estaba en marcha, la producción petrolera del país hubiese alcanzado en pocos años los 5 millones de barriles diarios; sin embargo la revolución, adversa a aquel proceso, hizo todo lo necesario para frustrarlo y lo logró.

En lugar de 5 millones de barriles diarios, la OPEP nos informa que, según “comunicación directa con el gobierno”, la producción venezolana correspondiente al mes de diciembre de 2017 fue de apenas 1.621.000 b/d. El mismo informe presenta una caída de nuestra producción de 216.000 barriles diarios en diciembre, 118.000 b/d en noviembre y 130.000 b/d en octubre.

Las cifras anteriores muestran una situación catastrófica en nuestra principal industria. A lo largo del año 2017 la producción petrolera de Venezuela se vino abajo en 649.000 barriles por día, lo cual representa casi 40% en un solo año. Para entender la magnitud del drama, basta decir que a partir de la nacionalización Venezuela demoró 20 años aproximadamente en aumentar su producción petrolera en una cifra equivalente a la que los “rojos rojitos” tumbaron en apenas un año. ¡Válgame Dios

Por otra parte, los precios del petróleo se recuperaron a lo largo del año 2017, lo que podría atenuar la gravedad de la situación; en efecto, el precio del crudo marcador Brent pasó de 55 a 68 dólares por barril. La cesta venezolana alcanzó 61,35 dólares por barril, cerca de 5 dólares adicionales.

Hay 2 tristes consideraciones que deben hacerse al respecto. La primera es que en buena medida el referido aumento de precio es atribuible al hecho de que los mercados consideran que la OPEP está respetando los recortes de producción a los cuales se había comprometido.

Lamentablemente, el país que está recortando dentro de la OPEP es fundamentalmente Venezuela. Basta un ejemplo: solo en el mes de diciembre cuando nuestra producción cayó en 216.000 b/d, Arabia Saudita (el mayor productor de la OPEP) aumentó la suya en 80.000 barriles diarios. El espacio que estamos dejando vacío en los mercados lo están ocupando otros.

El efecto neto del aumento del precio en nuestro caso es negativo. Veamos: suponiendo que la totalidad de la producción fuese exportada (que no es cierto), estaríamos recibiendo 5 dólares más por cada uno de los 1.621.000 b/d que producimos: ingreso adicional, 8.105.000 dólares diarios. Pero estaríamos dejando de recibir 61,35 dólares por cada uno de los 649.000 b/d que ya no producimos: Caída de ingreso, 38.816.150 dólares diarios. Si lo multiplicamos por 365 días entenderemos la magnitud la debacle.

Pero regresemos al tema inicial: nuestras exportaciones petroleras hacia Estados Unidos. Para 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, nuestros envíos a esa nación del norte eran de aproximadamente 1.800.000 barriles por día. Éramos el primer abastecedor externo de hidrocarburos de Estados Unidos e históricamente el más seguro.

Ahora bien, según cifras de la EIA (US Energy Information Administration), las exportaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos cayeron a 416.000 b/d en 2017, es decir, cerca de 80%; pero el grueso de los dólares que aún recibimos vienen de allí. Venezuela cambió el mercado americano por otros en Asia, fundamentalmente China, donde, por cierto, es difícil competir por simples razones de geografía y distancia.

De mantenerse tan brutal derrumbe no es descartable que a lo largo de 2018 nuestra producción petrolera pudiese disminuir en términos dramáticos. Dudo que tal caída pueda detenerse vía “manu militari”. Tendríamos entonces que formularnos la angustiosa interrogante planteada al comienzo de estas líneas:

¿Qué pasa si Venezuela se queda sin suficiente petróleo para mantener sus exportaciones a Estados Unidos?

José Toro Hardy

@josetorohardy

La hiperinflación es el último estadio de la inflación; el más perverso. Se trata de un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio que adopta la forma de una espiral y da lugar a un círculo vicioso en el que se crea más y más inflación con cada repetición del ciclo. Los precios aumentan exponencialmente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población se empobrece.

La inflación siempre es provocada por una excesiva emisión de dinero que ocurre cuando los bancos centrales financian el gasto de los gobiernos. Es por ello que en todas las economías modernas a los bancos centrales les está prohibido financiar el déficit fiscal. De hecho, tal prohibición está expresamente establecida en nuestra Constitución, en cuyo artículo 320 se puede leer textualmente: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

No obstante lo anterior, el régimen ha impuesto sucesivas modificaciones de la Ley del Banco Central –de forma evidentemente inconstitucional– para que pueda financiar su déficit y el de las empresas del Estado, con lo cual ha desatado la tragedia hiperinflacionaria que hoy padecemos los venezolanos.

Lenin llegó a afirmar: “La mejor forma de destruir la civilización occidental, sin disparar ni un solo tiro, es desquiciar su moneda”. Eso es lo que ha logrado el régimen. Ha desquiciado la moneda venezolana en su afán por financiar un modelo desenfrenadamente populista. Las consecuencias son devastadoras y han perturbado las bases mismas sobre las cuales se asienta tanto la actividad económica como la estabilidad del tejido social en Venezuela.

Existen tres criterios diferentes para considerar si en una economía existe hiperinflación:

El de Phillip Cagan (“La dinámica monetaria de la inflación”, 1956), quien plantea que se hace evidente cuando la inflación promedio en un país alcanza 50% mensual.

El de Marta Reinhart y Kenneth Rogoff, quienes sostienen que ocurre cuando la inflación anual alcanza 500%.

El de la Asociación de Contadores Internacionales, que asegura que ocurre cuando en un país la inflación anual alcanza 100% por 3 años seguidos.
En Venezuela parecen cumplirse los tres criterios, aunque es necesario aclarar que según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional la inflación fue de 46% en octubre, de 55% en noviembre y de 85% en diciembre.

Como resulta difícil estimar la inflación ante la ausencia de cifras del Banco Central de Venezuela (que viene incumpliendo la obligación constitucional de suministrarlas), se plantearán tres escenarios con 50%, 70% y 100% de inflación promedio mensual. Ninguno de los tres escenarios luce descabellado si, como ya se dijo, la inflación de diciembre alcanzó 85%.

Escenario a.  50% de inflación promedio mensual:

Inflación Anual = (1+0,50)12 – 1 x 100 = 12.871%

Los precios se duplicarían cada 51 días.

Escenario b, 70% de inflación promedio mensual:

Inflación Anual = (1+0,70) 12 – 1 x 100 = 58.000%

Los precios se duplicarían cada 39 días.

Escenario c. 100% de inflación promedio mensual:

nflación Anual = (1+1,00) 12 – 1 x 100 = 410.000%

Los precios se duplicarían cada 30 días.

No estoy prejuzgando sobre la catástrofe que implicarían cada uno de esos escenarios. No lucen irreales si consideramos que la inflación de diciembre ya fue de 85% y que esta suele aumentar en forma de espiral. Estoy simplemente aplicando la fórmula matemática para el cálculo del valor futuro usualmente utilizada para estimar la inflación. Fue la misma fórmula que utilizó Phillip Cagan en su “Dinámica monetaria de la inflación”.

No quiero tampoco ser alarmista. Ante los escenarios de inflación anual que podrían alcanzar en 2018 –en cada uno de los escenarios analizados– 12.871%, 58.000% o 410.000% respectivamente, quiero simplemente lanzar un urgente llamado al gobierno para que proceda a un cambio inmediato de sus políticas económicas y, antes que nada, a la práctica aberrante de obligar al Banco Central de Venezuela a financiar su déficit fiscal mediante emisiones de bolívares sin respaldo alguno.

José Toro Hardy

 @josetorohardy

El régimen anunció recientemente la emisión de 100 millones de petros, la nueva criptomoneda oficial. En el contrato firmado por el jefe del Estado se establece “el campo número uno del Bloque Ayacucho de la faja como base material que sustenta la riqueza del petro. En el perímetro hay 5.342 millones de barriles de petróleo certificados y no desarrollados”; en otras palabras, el petro quedaría respaldado con las reservas de petróleo no desarrolladas ubicadas en dicho bloque.

Por su parte, el pasado viernes 22 de diciembre el superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, anunció la legalización de la minería digital en Venezuela. “Debemos generar las condiciones para que (el mercado del petro) sea un mercado ágil, versátil, pero en primer lugar legal”, dijo desde un foro celebrado en el Banco Central de Venezuela.

Además, agregó que el petro no será minable sino preminado, es decir, la emisión completa (al igual que futuras emisiones) estará a cargo el Estado y bajo su control.

Conviene analizar cada una de las informaciones anteriores. De ellas se desprende que el petro puede ser cualquier cosa, pero no una criptomoneda. Veamos:

Las criptomonedas solo existen en la web y se utilizan a través de un sistema de pagos electrónicos encriptado sin intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo. El valor del dinero fiduciario depende de la confianza, es decir, de que otros lo acepten como medio de pago.

Además, el valor de una criptomoneda depende en esencia de que exista un número limitado de unidades a las cuales los “mineros” acceden a través de un complejo sistema de algoritmos (secuencia de instrucciones) mediante una inmensa red de computadoras que funcionan en el mundo entero las 24 horas del día.

Pero en el caso del petro las unidades no quedarían limitadas y las emisiones completas estarán bajo el control de un Estado tan ávido de recursos que no ha dudado en recurrir al BCV para que financie su déficit fiscal con inmensas emisiones monetarias que destruyeron el valor del bolívar.

Las criptomonedas nunca han estado controladas por ningún Estado ni por ningún banco central. Sus transacciones son anónimas. No tienen país de origen ni son emitidas por ningún gobierno, ni tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Son únicamente plataformas electrónicas que permiten hacer transacciones.

Pues bien, el petro es el polo opuesto de todo lo anterior. Es emitido por un Estado, bajo la regulación de un gobierno, sometido al control de un superintendente que da sus declaraciones desde un Banco Central y sin que exista anonimato, puesto que para adquirirlo hay que llenar unas planillas e inscribirse en dicha Superintendencia.

Más aún, las criptomonedas –como ya se dijo– son fiduciarias y carecen de otro respaldo que no sea la confianza. En el caso del petro, el Estado que lo emite dice que estará respaldado por las reservas de petróleo –no desarrolladas– que existen en el subsuelo en el Bloque Ayacucho de la faja del Orinoco.

Aquí es necesario detenerse. Mal puede generar confianza la emisión de una “criptomoneda” basada en un acto ilegal. En efecto, tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley orgánica de hidrocarburos establecen ad litteris que las reservas no desarrolladas de petróleo son “inalienables e imprescriptibles”; es decir, no pueden darse en garantía.

El petro no es pues una criptomoneda. Luce más bien como un nuevo signo monetario. Ahora bien, en tal caso también es ilegal porque la Constitución establece al pie de la letra en su artículo 318 que “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”.

El petro reúne también características de un título de la deuda, es decir, de un compromiso ilegal de pago que asume el régimen. En efecto, conforme al artículo 312 de la Constitución requeriría de la aprobación de una Ley de crédito público que lo autorice. Lejos de eso, la Asamblea Nacional ha declarado que el petro es ilegal y nulo.

Habría que ser bien osado para caer en la trampa del petro. Parece evidente que se trata de una obligación, diseñada para evadir sanciones y que no sería reconocida por algún nuevo gobierno.

José Toro Hardy

@josetorohardy