En medio de la mayor crisis política y social que hayamos vivido, Nicolás Maduro ha convocado a una asamblea constituyente, que deberá realizarse en las condiciones que él determine. Esta será una constituyente “comunal”, diseñada para anular a la Asamblea Nacional, que ha sido su contrapeso. Se elegirá a unos 500 constituyentes, de los cuales la mitad serán elegidos entre las bases sociales, y el resto serán de carácter municipal. En sus palabras, será “una constituyente profundamente obrera”. Al cierre de su alocución, luego de declararse “un demócrata profundo”, afirmó que, con este acto, le estaba entregando el poder a la clase obrera.

El mismo régimen que ha anulado a los sindicatos para sustituirlos por gente designada a dedo, ahora le ofrece al país una constituyente obrera; pero, por supuesto, obreros dispuestos a votar como ordene Maduro. El mismo régimen que ha conducido a la clase obrera a la miseria, cerrando puestos de trabajo, haciendo depender a la gente humilde de las bolsas de comida que reparten los CLAP, obligando a los empleados públicos a asistir a las marchas, y sometiendo a muchos a las dádivas que reparte el Estado, ahora les ofrece el poder para hacer una nueva Constitución.

El mismo régimen que ha desconocido la elección de los diputados indígenas, porque no eran los indígenas que quería el gobierno, ahora ofrece una constituyente en la que ellos estarán debidamente representados.

Cuando se aprobó la actual Constitución, Chávez sostuvo reiteradamente que esta era la mejor Constitución del mundo. Una y otra vez, el “comandante eterno” afirmó que la nuestra era una Constitución modélica, “para nuestros nietos, nuestros bisnietos, y para las futuras generaciones”. Irónicamente, esa Constitución, que tampoco fue respetada por su gobierno, ahora está “moribunda”.

La anterior Asamblea Nacional Constituyente estuvo integrada por 120 miembros, de los cuales solo 4 no venían de las filas del chavismo. Allí estaban Elías Jaua, Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Noelí Pocaterra y Francisco Ameliach; los mismos que hoy conforman la comisión presidencial designada por Maduro para preparar un nuevo “Kino electoral”. A menos que, constitucionalmente, despenalicen el narcotráfico y la corrupción, o permitan a la FAN actuar como un partido político, no hay nada nuevo que puedan aportar. ¡Excepto, ofrecernos una segunda Constitución chavista!

El presidente de la República está facultado para convocar a una asamblea constituyente, pero ¿para qué una nueva Constitución? La actual crisis por la que atraviesa Venezuela no encuentra sus raíces en una Constitución deficiente, sino en la circunstancia de que ella no ha sido respetada y acatada por el gobierno nacional, ni por los otros poderes públicos excepto la actual Asamblea Nacional. Desde que se rechazó la reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007, el gobierno nacional montó una Constitución paralela, con un poder comunal, con una Fuerza Armada Nacional “Bolivariana”, con la eliminación de la independencia de los poderes públicos, y con una Sala Constitucional capaz de decir que la noche es día.

La solución a la crisis venezolana no está en cambiar la Constitución, sino en respetar la que tenemos y que ellos mismos (Maduro, Jaua, Ameliach, Escarrá, Pocaterra, Istúriz y compañía) redactaron y aprobaron. Esta convocatoria solo sirve para escamotear nuevamente las elecciones regionales que debieron realizarse el año pasado, y para intentar distraer la atención, procurando que la gente se olvide de los colectivos armados y del desabastecimiento de alimentos y medicinas. En todo caso, si los constituyentes no aprueban una Constitución a la medida de Maduro, este ya sacará otro conejo de la chistera.

Hèctor Fapundez

Mientras Nicolás Maduro pide “que cada quien se defina” y diga “si está con la patria o contra ella”, en un acto pocas veces visto, el Ministro de Defensa ha declarado su “lealtad incondicional” a Nicolás Maduro; algunos se podrán preguntar si, con esa decisión, se está identificando con la patria o con quienes la han destruido; pero lo cierto es que el General Padrino está con Maduro. Uno hubiera esperado que las Fuerzas Armadas fueran incondicionalmente leales a la Constitución o a la institucionalidad democrática; pero, en esta ocasión, el general Padrino le ha declarado su apoyo incondicional a Nicolás Maduro, independientemente de su falta de apego a la Constitución y del escaso respeto que éste ha mostrado por los derechos de sus compatriotas. Con el respaldo de Padrino, Maduro afirma que “no le va a temblar el pulso para encarcelar a quien deba”.

Los enemigos de la patria no son los habitantes de los barrios populares que protestan diariamente en contra del desabastecimiento, la inflación, la inseguridad y el desempleo. Los antipatriotas no son ni Antonio Ledezma ni Leopoldo López, que tienen una visión distinta del país que queremos y que han tenido el valor de decir que el rumbo que llevamos es equivocado. Los enemigos de la patria no son los estudiantes que salen a la calle a protestar porque sus gobernantes les están dejando un país sin futuro. El enemigo no es Braulio Jatar ni los periodistas que informaron sobre el rechazo popular que generó la presencia de Maduro en San Félix.

Quienes están contra la patria son aquellos que han dilapidado los recursos nacionales, han regalado el petróleo que produce esta tierra, y se han sometido a los dictados de un gobierno extranjero. Los enemigos de Venezuela hay que buscarlos entre quienes poseen cuentas millonarias en paraísos fiscales, y entre quienes han entregado a Cuba la seguridad del Estado y la identificación de los venezolanos. No hay que darle más vueltas; a los enemigos de la patria hay que buscarlos entre quienes están montando una milicia armada para asesinar a sus compatriotas, y entre los soldados que han disparado en contra de su propio pueblo.

En democracia, los militares están sometidos al poder civil; pero, sugerir que se sirve a la patria poniendo a la FAN “incondicionalmente” al lado de un autócrata, va más allá de toda lógica. La función de la FAN no es servir de guardia pretoriana de quien pueda ocupar un cargo de gobierno, sino garantizar la seguridad de la Nación. No se está haciendo patria cuando, violando la Constitución, el oficial de mayor graduación de la FAN se identifica con una parcialidad política y, sibilinamente, amenaza con el uso de las armas a un pueblo que sólo pide elecciones.

Es difícil saber qué es lo que Maduro entiende realmente por patria; pero lo cierto es que ésta no se puede identificar con el narcotráfico, la corrupción que nos azota, el uso de bandas armadas para amedrentar a la población, la represión de manifestaciones pacíficas, o la persecución política de aquellos venezolanos que desean un país diferente. La patria nunca ha sido el equivalente de una tiranía en que el que manda amenaza con seguir encarcelando a quienes no piensen como él y no estén dispuestos a agachar la cerviz.

Hay muchas maneras de querer a la patria y de trabajar por ella y su engrandecimiento; pero cada uno de sus hijos tiene derecho a tener una visión diferente del tipo de sociedad en que queremos vivir. Eso no nos hace ni enemigos ni antipatriotas. Quienes se suelen envolver en la bandera nacional no siempre son sus más firmes defensores; por algo, Samuel Johnson decía que “el patrioterismo es el último refugio del canalla”. Y, en lo que va de este siglo, Venezuela ya ha tenido suficientes canallas y canalladas.

Héctor Faúndez

Luego de una indagación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a Tareck el Aissami de participar en el tráfico internacional de drogas, supuestamente, facilitando cargamentos que salieron desde una base aérea y desde puertos venezolanos. Esta noticia carecería de mayor relevancia si no fuera porque el acusado es nada menos que el vicepresidente de Venezuela y porque el gobierno nacional ha salido rápidamente en su defensa, negando la acusación y descalificando al acusador.

No es primera vez que se señala a un destacado funcionario del régimen por sus nexos con el narcotráfico. Desde luego, no se puede descartar que esas acusaciones estén políticamente motivadas; pero ya hay demasiados elementos que indican que Venezuela se ha convertido en un narcoestado, desde el que han salido vuelos con maletas de cocaína hacia Francia, España y otras naciones. Los nexos con las FARC tampoco son un invento de la oligarquía. Además, Walid Makled, condenado en Venezuela por narcotráfico, ya había señalado a El Aissami como uno de sus colaboradores en el gobierno. Esa sola circunstancia hubiera obligado a realizar una investigación seria para establecer qué ocurrió; no obstante, tanto ayer como hoy, el gobierno ha preferido evitar que se conozca toda la verdad.

Pero, esta vez, había una razón adicional para que el gobierno de Venezuela ordenara una investigación. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos sostiene que El Aissami posee aeronaves, numerosas empresas y otros bienes en el imperio. Es posible que todo eso sea falso, y que la fortuna que se le atribuye sea el producto de sus ahorros como gobernador de Aragua o ahora como vicepresidente de la República. Sin embargo, por tratarse de un funcionario público, ¿no es algo que habría que investigar, ya sea para limpiar su nombre o para establecer las responsabilidades penales que corresponda?

Ningún gobierno tiene que asumir la defensa de quien es acusado de un delito. Por lo mismo, es por lo menos extraño que, desde el gobierno de los “hombres nuevos”, se asuma la defensa a ultranza de alguien señalado nada menos que de narcotraficante. Resulta imprudente que un gobierno que ha sido acusado de dirigir un narcoestado y que tiene una larga historia de hechos que lo identifican con el tráfico de drogas, ponga las manos al fuego por alguien supuestamente vinculado con el narcotráfico. Si El Aissami es inocente de lo que se le acusa, los hechos hablarán por sí solos y no será necesario que nadie tenga que hacer el ridículo hablando de lo que supuestamente no sabe, a menos que esté tan conectado con las actividades del acusado que también deba dar explicaciones. De no ser así, ¿cómo le consta a Maduro que El Aissami es inocente?

En lugar de ir al fondo de la acusación, este gobierno recurre, como una letanía, al mantra del imperio. No es creíble que tantos incidentes ligados con el narcotráfico, que involucran a oficiales de la FAN y funcionarios del gobierno, sean atribuibles a una potencia extranjera. Con tantos problemas que hay en el mundo, no es verosímil que los agentes de la CIA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estén tan pendientes de calumniar a El Aissami y a otros próceres del socialismo del siglo XXI. Pero, si ese fuera el caso, esa patraña se podría desmontar fácilmente ordenando una investigación independiente e imparcial, asumiendo que en este país todavía haya algún tribunal que pueda considerarse independiente e imparcial.

Al negar hechos atribuidos a uno de los suyos y que solo este podría conocer, el gobierno venezolano está incursionando en un terreno que no le corresponde, haciéndose cómplice de los hechos de que se acusa a El Aissami. ¡Algo huele mal, y no precisamente en Dinamarca!

Héctor Faúndez

Este es, sin duda, el régimen más dialogante de la historia de Venezuela. Omito citar las veces que, en estos últimos 18 años, el gobierno ha invitado a sentarse a la mesa del diálogo a los sectores empresariales, a los gobiernos de Colombia o Guyana, o incluso al gobierno de Estados Unidos. En relación con la crisis política venezolana, por señalar solo los hitos más notables, entre 2002 y 2003 se realizó un largo proceso de diálogo, coordinado por el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, el cual, después de más de seis meses, culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno presidido por Hugo Chávez y la oposición representada por la Coordinadora Democrática. En abril de 2014, gobierno y oposición nuevamente se sentaron a dialogar, sin que nada cambiara, y sin llegar a ningún resultado que aliviara las tensiones y resolviera los problemas económicos y sociales de los venezolanos. Ahora, con facilitadores mayoritariamente de la confianza del gobierno, se ha dado inicio a un nuevo proceso de diálogo y negociación.

El diálogo y la concertación son siempre las herramientas básicas de una sociedad democrática. Incluso si se forma parte de la mayoría (que no es el caso del gobierno), se tiene el deber de escuchar a quienes, coyunturalmente, puedan formar parte de la minoría. Incluso cuando se trata de lidiar con una dictadura, la política es diálogo y entendimiento. El diálogo es la única forma civilizada de resolver las diferencias políticas.

Sin embargo, una cosa es el diálogo serio y responsable, en el que cada parte debe hacer concesiones razonables y constitucionales para alcanzar el bien común, y otra cosa distinta es recurrir al diálogo como un esfuerzo condenado de antemano al fracaso. Esto no puede ignorarse cuando el que llama a dialogar es un gobierno forajido, que nunca ha honrado sus compromisos.

El chavismo nunca le ha tendido la mano a los sindicatos, a las universidades, o a las organizaciones de la sociedad civil. Nunca ha habido diálogo con aquellos sectores a los que el PSUV desprecia y de los que solo espera obediencia y sumisión. El gobierno tampoco ha escuchado a los estudiantes o a las esposas de los presos políticos. No obstante, en la hora más menguada de su sintonía con los ciudadanos, cuando los sectores populares le han dado la espalda, Maduro dice estar dispuesto a dialogar.

Este diálogo, al que el gobierno pretende aferrarse como un náufrago a un salvavidas, llega justo en el momento en el que se ha cerrado la puerta a una salida pacífica, democrática y constitucional, cancelando fraudulentamente el proceso iniciado para la revocación del mandato presidencial. Se invita a dialogar a los representantes de la oposición, pero después de encarcelar a sus líderes fundamentales, amenazar a otros e incrementar la represión, hacer mofa de la independencia de los poderes públicos y desconocer las facultades de la Asamblea Nacional. Ahora es cuando el gobierno está dispuesto a negociar el restablecimiento de una parte de la Constitución.

Este régimen no dialoga por convicción, sino porque lo necesita para sobrevivir; pero nunca se debe dejar pasar una oportunidad para dialogar y fortalecer las bases de la convivencia democrática. Sin embargo, antes de iniciar ese diálogo, lo menos que se podía haber esperado es que se dispusiera la libertad de todos los presos políticos, se restableciera el proceso revocatorio, y se reconociera la plenitud de las competencias de la Asamblea Nacional, incluyendo la facultad de aprobar el presupuesto nacional y la de ejercer funciones de control sobre el gobierno. No hacerlo así es prestarse para una farsa y otro engaño por parte del régimen, destruyendo la confianza en cualquier llamado futuro a un diálogo constructivo.

HÉCTOR FAÚNDEZ

Luego de largas dictaduras, durante las cuales se han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, en la fase de transición hacia el pleno restablecimiento de la democracia, es frecuente que se designe comisiones encargadas de investigar las atrocidades cometidas por la tiranía, a las que se suele dar el nombre de “comisiones de la verdad”. Pero esas comisiones son muy distintas de la comisión de la verdad recientemente designada por Nicolás Maduro, presidida por el vicepresidente de la República e integrada por otros connotados miembros del gobierno o del PSUV.

Cuando leyes de autoamnistía (como las dictadas por Pinochet o Fujimori), la prescripción de los delitos de que se trate, u otras circunstancias (como la amenaza de militares golpistas), impiden que se haga justicia y se castigue a los responsables de violaciones de derechos humanos, las comisiones de la verdad son una respuesta realista, aunque no suficiente, que ofrece a la sociedad una reparación simbólica, mediante el pleno esclarecimiento de los hechos. ¡Si no es posible obtener justicia, por lo menos que se sepa la verdad! Pero Nicolás Maduro ha recurrido a una “comisión de la verdad” no para determinar quién es responsable de qué, sino como una forma perversa de esconder la maldad y justificar la prisión de los perseguidos políticos.

Hasta ahora, las comisiones de la verdad siempre habían surgido en la fase de transición de una dictadura al pleno restablecimiento de la democracia. Entre otras, así lo demuestran, las experiencias de Sudáfrica, Timor Oriental, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador o Perú. Nunca antes esas entidades habían sido creadas por un gobierno tiránico para consolidarse en el poder. Aunque este régimen pueda tener los días contados, ni se ha acabado ni estamos en la transición a la democracia. No tiene sentido que, cuando aún estamos sufriendo las consecuencias del régimen liberticida instaurado por Hugo Chávez, se pretenda, por ese mismo régimen, recurrir a una comisión de la verdad para que, desde las oficinas del PSUV, esta le extienda un certificado de buena conducta.

Una característica común a las comisiones de la verdad es que ellas ha estado presididas e integradas por personas de reconocido prestigio, de una alta autoridad moral y de insospechada independencia e imparcialidad. En Sudáfrica, ella estuvo encabezada por el obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz por su incansable lucha en contra del apartheid; en Argentina la presidió el escritor Ernesto Sabato, convertido en emblema del retorno a la democracia, y en Perú, una vez concluido el régimen de Fujimori, la dirigió Salomón Lerner, para ese entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nunca esas comisiones fueron presididas por un político del gobierno de turno ni integradas por personajes rastreros que pudieran ser considerados responsables o, por lo menos, cómplices o encubridores de las atrocidades que debían investigar. En esas comisiones nunca tuvieron cabida individuos señalados de participar en la persecución política o en la fabricación de pruebas para condenar a disidentes políticos. En cambio, en la versión venezolana de estas comisiones solo ha faltado que se designara como miembros de la misma al ex fiscal general Isaías Rodríguez y a su testigo estrella en el asesinato de Danilo Anderson.

Históricamente, las comisiones de la verdad han sido la única respuesta posible cuando un poder judicial servil le ha escamoteado a la sociedad la verdad sobre los crímenes de la tiranía. Por eso, se trata de dos opciones excluyentes; de lo contrario, se estaría aceptando dos versiones oficiales de la verdad: la de los jueces, emitida a través de sus sentencias, y la de la comisión de la verdad que, sin ser una instancia jurisdiccional, es un mecanismo independiente e imparcial que también actúa en nombre del Estado. Con la creación de esta comisión, el gobierno venezolano está admitiendo que las sentencias de los tribunales, basadas en órdenes emanadas del Palacio de Miraflores, luego de juicios amañados, con testigos falsos y pruebas fabricadas, no son ni un pálido reflejo de la verdad. Sigmund Freud hubiera tenido mucho que decir ante este reconocimiento tácito de que las actuaciones de los tribunales venezolanos no son más que una farsa.

Es paradójico que esta comisión de la verdad sea promovida por el gobierno más opaco en la historia de Venezuela, que niega el acceso a la información, que castiga a quienes ejercen su libertad de expresión, que ha cerrado medios de comunicación social, y que se ha empeñado en asumir la hegemonía comunicacional para que solo se conozca su verdad. Este gobierno sabe mucho de comisiones; pero no de comisiones de la verdad.

Cuando despertemos de esta pesadilla, ya llegará el momento de que jueces independientes e imparciales puedan investigar y castigar los crímenes que se han cometido en estos diecisiete años. En caso contrario, ya habrá ocasión de designar una auténtica comisión de la verdad, integrada por personalidades respetadas y respetables, que comience por recoger el testimonio de los Eladio Aponte, los Franklin Nieves, y tantos otros que recibieron órdenes para contribuir a la destrucción de Venezuela. Mientras tanto, ¡no creamos en cantos de sirena!

Héctor Faúndez

Según la Constitución de Venezuela, el presidente de la República podrá decretar el estado de excepción “en circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la nación” y a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se dispone para hacerles frente. En uso de esta atribución, el presidente Maduro ha decretado el estado de emergencia en municipios fronterizos con Colombia, “para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad y la justicia”, luego de “un ataque masivo” que habría dejado tres militares heridos “por unos contrabandistas”, sorprendidos mientras pasaban mercancía hacia Colombia. No me voy a detener en el “formalismo” de que esa medida tendría que haber sido adoptada en Consejo de Ministros; lo verdaderamente importante es que, según Maduro, se trata de hechos que han puesto a la patria en peligro.

Llama la atención que, mientras en otras sociedades se estimula la exportación, aquí, el que adquiere legítimamente una mercancía no puede disponer libremente de ella; además, en el caso que nos ocupa, llevarla a otro país (aunque sea en pequeñas cantidades) se considera un delito que amenaza gravemente la seguridad nacional. Se trata, sin duda, de una amenaza surrealista, que solo se le podría ocurrir a alguien que haya nacido cerca de Macondo. Queda por aclarar si quienes, con su dinero, traen desde el exterior las medicinas, los repuestos para vehículos o el papel higiénico que aquí no se consigue están cometiendo el mismo delito. Pero lo que no admite discusión es que la declaración del estado de emergencia, con la consiguiente autorización para recurrir a medidas extraordinarias, está reservada para situaciones especialmente graves, que constituyan una seria amenaza para la seguridad de la nación. Algo tan excepcional como la necesidad de hacer frente a una guerra, una insurrección militar o los efectos de un terremoto; ¡no para evitar que unos colombianos se lleven seis paquetes de leche en polvo!

Tiene que ser motivo de preocupación que nuestras fuerzas armadas no estén preparadas para hacer frente al “ataque masivo” de un grupo de contrabandistas, cargados con bolsas de harina PAN, café, aceite comestible y un poco de jabón. Sorprende que, a pesar de todo el peso que portaban, esos desalmados hayan estado en capacidad de herir a tres de nuestros soldados y hayan logrado huir con su preciosa mercancía, probablemente destinada a abastecer los supermercados del imperio.

Es condenable que 3 soldados hayan sido heridos por un grupo de facinerosos que, probablemente, se negaron a pagar la consabida vacuna. Pero, en un país en que se producen más de 25.000 asesinatos al año, más de 90% de los cuales permanecen en la más absoluta impunidad, sorprende que al gobierno le preocupe más la suerte de esos 3 soldados que la seguridad de todos los venezolanos.

Resulta curioso que, con sus atribuciones ordinarias, este gobierno sea incapaz de controlar una situación como la descrita y, para hacerle frente, tenga que recurrir a la suspensión de las garantías constitucionales en la zona fronteriza. ¡Como si las libertades económicas, la privacidad de las comunicaciones y el derecho de reunión sin permiso previo fueran derechos y libertades que están vigentes en el resto del país! ¡Como si el resto de los venezolanos pudiera disfrutar de sus garantías constitucionales!

El estado de emergencia no autoriza recurrir a medidas desproporcionadas, que destruyan humildes chozas y que maltraten a ciudadanos de otros países, del mismo modo como Donald Trump haría con los mexicanos si llegara a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco sería proporcionado que, con un pretexto tan pueril como este, se suspendieran los derechos políticos de los venezolanos.

No es este desafortunado incidente lo que ha puesto a la patria en peligro. Ese hecho no pasa de ser un pretexto folklórico para distraer la atención de los venezolanos y para insinuar que el desabastecimiento que sufren es causado por unos colombianos que se han llevado cuatro latas de sardinas y una bolsa de azúcar. ¡No señor! Si hay una amenaza a la seguridad nacional, ella la han originado los que se llevaron el dinero de los venezolanos. El verdadero peligro para la vida de la nación deriva de la corrupción desbordada y de la presencia del narcotráfico dentro del territorio nacional. La amenaza real no proviene de unos seres miserables que subsisten revendiendo los pocos productos que logran conseguir, sino de grupos armados que operan impunemente en Venezuela. Los que han puesto a la patria en peligro son quienes han diseñado una política económica irracional, y que se movilizan rodeados de guardaespaldas mientras el pueblo es acribillado por el hampa. No nos confundamos. Los responsables de esa amenaza no están en la frontera; están en Miraflores.

HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA