En Argentina, en diciembre de 2001, un gobierno de derecha, encabezado por Fernando de la Rúa y con Domingo Cavallo como ministro de economía, prohibió a los ciudadanos disponer libremente de sus depósitos bancarios, limitando los retiros en efectivo a un máximo de 250 dólares por semana. Esta medida, popularmente conocida como “el corralito”, además de evitar la salida de dinero del sistema bancario, perseguía lograr una mayor utilización de los medios de pago electrónicos. Sin embargo, antes de que transcurriera un año, las protestas de la gente en la calle condujeron a la caída del gobierno de De la Rúa y a una crisis política (y económica) sin precedentes. Con sus diferencias, esas medidas económicas son el antecedente inmediato de lo que hoy está pasando en Venezuela.

Al contrario de lo que ocurrió en Argentina, en el caso venezolano no ha sido necesario ningún decreto prohibiéndonos disponer de nuestros depósitos bancarios; aquí, todo se ha hecho manu militari. Independientemente del monto que tengamos depositado en el banco, no tenemos libertad para disponer de esos fondos mediante una transferencia bancaria, no podemos usar nuestras tarjetas de débito más allá de un monto máximo permitido por día, semana o mes, y ni siquiera podemos cobrar un cheque equivalente a menos de veinte centavos de un dólar de Estados Unidos. No hay dinero en efectivo, y los bancos tampoco disponen de chequeras. La opción es el trueque, preconizado por el comandante eterno, o el petro, esa criptomoneda inventada por el chavismo, que tiene su respaldo en el oro, el coltán y los diamantes que aún se encuentran bajo tierra, ocultos a la voracidad de los corruptos.

En los años del corralito, Argentina no conoció la hiperinflación que hoy agobia a Venezuela. Aún así, en ambos casos, las consecuencias de una política económica torpe se convirtieron en una verdadera tragedia para los sectores más humildes de la sociedad, impedidos de satisfacer sus necesidades más elementales. Pero la duración y la dimensión de ambas crisis no son comparables. El corralito de Cavallo no alcanzó a durar un año, mientras que el invento de Maduro parece no tener fin. Puede que no disponer de dinero en efectivo impida algunas frivolidades (si es que comprar el periódico, pagar un estacionamiento o dejar una propina, puede calificarse como tal); pero lo cierto es que los ciudadanos no disponen de efectivo ni siquiera para costear el transporte público que les lleve a sus ocupaciones, y que millones de venezolanos se van a la cama sin haber comido. Esa es solo una parte de la crisis humanitaria por la que estamos atravesando, y que tanto ha llamado la atención de la prensa internacional. ¡Ni Haití se encuentra en una situación semejante!

Pero hay otra diferencia importante. En la Argentina de De la Rúa no había presos políticos, había prensa libre, un Poder Judicial relativamente independiente, y los ciudadanos pudieron salir a la calle a protestar. Además, el presidente argentino oyó el clamor de la gente, y renunció para dar paso a otros líderes que pudieran hacer frente a los desafíos de ese momento. No es ese el caso de la tierra de Bolívar.

En Venezuela no hay solamente un corralito financiero, que nos impide disponer de nuestros depósitos bancarios. Hay un corral que también tiene dimensiones políticas, que coarta el derecho a protestar, que nos mantiene cautivos en nuestras casas para protegernos del hampa, que nos obliga a entrar al redil del PSUV para obtener una bolsa de comida, y que impide acceder a un pasaporte para emigrar. Este no es un corralito; es un corralón regentado por una camarilla corrupta, torpe y terca, empeñada en mantener cerradas las compuertas de la libertad, incluso si eso puede costar la vida de millones de venezolanos.

Héctor Faúndez

No ha sido del agrado de Nicolás Maduro que se le retirara la invitación para participar en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Lima el 13 y el 14 de abril próximo. El gobierno peruano ha declarado que Maduro no es bienvenido en Perú, y que no podrá ingresar a su territorio. ¡No es poca cosa para el heredero de Chávez! Al ser excluido de una importante cita hemisférica, a la que están invitados todos los jefes de Estado del continente americano, Maduro ha comenzado a sentir el aislamiento internacional en que se encuentra su régimen, como consecuencia de haber usurpado el poder político y avasallar las libertades públicas en Venezuela.

Hace dos décadas, nadie hubiera imaginado que el gobierno de Venezuela se convertiría en un paria de la comunidad internacional, llegando a mantener relaciones fluidas únicamente con regímenes autoritarios, como los de Cuba, Nicaragua, Zimbabue, y otros similares. Era inconcebible que un país que había jugado un papel clave en la diplomacia continental pudiera ser excluido de la Cumbre de las Américas. Nadie podía imaginar que, algún día, Venezuela sería vista como un país digno de lástima, que necesita asistencia humanitaria. El desmoronamiento de la democracia venezolana, junto con el descrédito de quienes hoy fungen como sus gobernantes, era impredecible.

Perú es la primera nación que anuncia que Nicolás Maduro no es bienvenido en esa tierra; pero que no quepa ninguna duda de que le seguirán otras. Ya no se trata de cancelar reuniones internacionales para evitar la presencia de quien es considerado un tirano; los otros Estados, en ejercicio de su soberanía, sencillamente no le invitan y no aceptan su presencia. Por si alguno de sus aduladores no se ha enterado, sobran los consejos sugiriéndole que no vaya a Lima; este no es un asunto que dependa de la voluntad de Maduro. ¡No puede asistir a una cumbre en la que no se le quiere, y punto!

Pero, si no lo reciben en Lima, Maduro podría buscar otros destinos y, tal vez, La Haya pudiera ser una opción interesante. No es que allí le vayan a dar la bienvenida, o que le vayan a tender una alfombra roja y lo vayan a recibir con los brazos abiertos; pero puede tener la certeza de que no le van a negar la entrada al país de los tulipanes. Otra cosa es que vaya a poder pasear y disfrutar de las bellezas de Holanda.

Desde hace mucho tiempo se viene denunciando que el régimen venezolano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad, y que los responsables de esos crímenes deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Incluso antes de demostrar que había un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, y antes de que se dieran los supuestos procesales para que la CPI pudiera actuar respecto de crímenes de su competencia, hubo quienes se apresuraron a anunciar que esa instancia internacional ya estaba investigando el caso venezolano, que pronto habría acciones judiciales en contra de los autores materiales e intelectuales de los crímenes denunciados, y que Hugo Chávez sería el primer procesado por la CPI. No fue así, ni podía serlo. Pero ahora hay pruebas suficientes, y ya hay evidencia de que los tribunales nacionales no tienen intención de actuar.

Después del cuidadoso examen de comunicaciones e informes que documentan la posible comisión de crímenes de competencia de la Corte, la fiscal de la CPI ha anunciado la apertura de una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela, en el contexto de la represión de manifestaciones pacíficas, el arresto de opositores al régimen, y “las condiciones de su detención”, lo que es un eufemismo para señalar que han sido torturados. El siguiente paso es identificar a quienes ordenaron o ejecutaron esos actos; el destino final de todos ellos es La Haya.

Héctor Faúndez

Cuando, como parte de la lucha por el poder en la Francia posrevolucionaria, se capturó y se ejecutó al duque de Enghien (heredero de los Borbones, que aspiraba a la restauración de la monarquía), la historia cuenta que Talleyrand, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, habría dicho que ese hecho, más que un crimen, era una estupidez. Independientemente del rigor histórico de esa cita y de que, alguna vez, tal frase haya sido efectivamente pronunciada por Talleyrand o por otra figura de la época, lo cierto es que, con demasiada frecuencia, nos topamos con hechos políticos que, aunque no sean criminales, constituyen verdaderas estupideces. Es bueno tenerlo presente en relación con la juramentación ante la ANC por parte de cuatro gobernadores electos en las planchas de la oposición, y con los votos de ciudadanos que no desean apuntalar este régimen.

Uno espera de los políticos un mínimo de coherencia. No se puede decir una cosa hoy y al día siguiente hacer todo lo contrario. No se puede proclamar, como cuestión de principio, que tal o cual cosa es inaceptable y, al día siguiente, doblar la cerviz y someterse a todo aquello que antes se repudió. No se puede salir a la calle a pedir el respaldo ciudadano en función de determinadas ideas para que, una vez obtenido ese apoyo popular, se haga todo lo contrario a lo que sosteníamos ayer. Eso, más que un acto venal, es el producto de la precariedad mental de quienes creíamos que formaban parte de la oposición.

Hecha esa traición, no hay que buscarle cinco patas al gato, porque solo tiene cuatro. No hay que tratar de justificar lo injustificable y, con el mayor de los desparpajos, sostener que se traicionó al electorado pensando en el bien común. No, señora Gómez; no diga tonterías que la hacen quedar más en evidencia. No pretenda insultar nuestra inteligencia, diciéndonos que se juramentó ante la ANC para servir a los más altos intereses de la nación; con su felonía ya tenemos suficiente.

Dentro de la oposición, aunque podamos compartir un objetivo inmediato, como es la salida de esta dictadura, me siento muy lejos de Primero Justicia, porque no comparto el modelo de sociedad que ellos desean para Venezuela; la mía es una Venezuela de libertad, pero también de solidaridad y justicia social. Sin embargo, me siento orgulloso de políticos como Juan Pablo Guanipa, que fue fiel a lo que había prometido como candidato, y que no cambió sus principios por el sueldo de gobernador al que, por lo demás, se hizo merecedor en unas elecciones. Me satisface saber que hay políticos serios, responsables y coherentes, en los que se puede confiar.

Quiero creer que la juramentación de esos cuatro gobernadores ante la ANC fue una simple estupidez y no una traición o un acto venal. Pero, en política, las estupideces tienen su precio. Y, lamentablemente, a veces el precio es que los ciudadanos ya no podrán confiar en sus líderes; junto con las esperanzas, perderán la fe en la política como única forma civilizada de manejar los asuntos públicos, y algunos se dejarán ilusionar por aventuras inaceptables en una sociedad democrática.

La política debe ser un ejercicio de coherencia y dignidad; la política no es la marrullería que gusta de los acuerdos en una sala oscura y a puertas cerradas. Por eso, los tránsfugas de la política ni nos representan ni pueden hablar en nombre de la oposición venezolana. ¡Que disfruten de sus guardaespaldas y que aprovechen su cercanía con el oficialismo! Pero la Venezuela decente, la Venezuela que desea salir de esta dictadura, es la que hoy está al lado de Gustavo Dudamel, de los presos políticos, de los exiliados, de las víctimas del hampa, de las madres que no tienen qué darles de comer a sus hijos, y de la dignidad de Juan Pablo Guanipa.

Héctor Faúndez

El personaje de una película mexicana, llamado Jalisco, se caracterizaba porque nunca perdía. Inspirada en esa misma idea de la figura invencible, en Estados Unidos se produjo una serie de televisión (Parker Lewis nunca pierde, o Parker Lewis, el ganador), que también llegó a las pantallas venezolanas. La historia viene a cuento porque precisamente eso es lo que ocurre con los dictadores; parece que no hay forma de que pierdan una elección.

En octubre de 2002, una especie de Tibisay Lucena del gobierno iraquí de esa época anunció al mundo que, “en una manifestación singular de democracia, superior a toda otra forma de democracia, inclusive a la de aquellos países que estaban asediando e intentando estrangular a la nación”, Sadam Hussein había sido reelegido ¡con el 100% de los votos! Por supuesto, ayudaba el hecho de que el tirano iraquí tuviera la “hegemonía comunicacional”, controlara las condiciones en que se votaba, y que no hubiera oposición, pues sus líderes estaban en el exilio o en la cárcel. ¡La gente tenía miedo!

Zimbabue, uno de los países más miserables de África, con una inflación escandalosa que refleja la ineptitud de sus gobernantes, desde 1987, solo ha tenido como presidente de la república a Robert Mugabe; hace pocos meses, a sus 93 años, este tirano anunció que nuevamente buscará la reelección. Si la salud le acompaña, no puede haber ninguna duda de que volverá a ganar las elecciones previstas para 2018. Aunque parezca increíble, desde su entronización en el poder, en medio de un clima de represión y de violación sistemática de los derechos humanos, Mugabe ha ganado sucesivamente cada elección presidencial. La Unión Europea entiende que su gobierno carece de legitimidad, pues no es el resultado de elecciones libres, y porque los resultados anunciados han sido fraudulentos. Pero lo cierto es que Mugabe ha sabido “ganar” todas las elecciones a las que se ha presentado y, tal vez por su pericia para mantenerse en el poder, ha sido premiado con una copia de la espada de Bolívar.

En nuestro continente, Daniel Ortega ha demostrado una especial habilidad para inhabilitar a cualquier candidato de la oposición. ¡De alguien lo habrá aprendido! A pesar de que la Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección, se presentó como candidato (con la autorización y el aval de quien allá hace las veces de Lucena), y ha vuelto a “ganar”, con la presencia de observadores internacionales elegidos a dedo.

Pero, el sistema electoral más excelso, del cual nuestros gobernantes han aprendido mucho, es el cubano. En 1976, después de haber fungido como primer ministro, Fidel Castro fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, cargos para los que fue reelegido sin oposición hasta que anunció su retiro del poder, aunque cediéndolo a su hermano Raúl, como corresponde en cualquier dinastía que se precie. Sin que se permitiera la participación de partidos políticos distintos del Partido Comunista, sin libertad de expresión, sin libertades públicas, y con un firme control de quien contaba los votos, Fidel Castro también era reelegido por unanimidad; después de que alguien tuviera la genialidad de calificar esa isla como “el mar de la felicidad”, sería insensato que sus ciudadanos hubieran renunciado a ella, buscando una vida diferente.

El estamento militar siempre ha jugado un papel decisivo en todas esas dictaduras. Rafael Leónidas Trujillo nunca hubiera sido “elegido” sin el apoyo de los militares. En dictadura, los militares no se conforman con ser simples garantes de lo que decida la voluntad popular; su misión no es solo intimidar, sino garantizar que el pueblo no se equivoque y que su voluntad no será distinta de los deseos del sátrapa de turno.

Quiero creer que Venezuela es diferente.

Héctor Faúndez

Cuesta recordar cuántas veces es que la oposición se ha sentado a negociar con el gobierno de Venezuela; pero la verdad es que son muchas y el gobierno nunca ha cumplido lo acordado. Hasta el momento, el chavismo siempre se ha valido de las mesas de diálogo para ganar tiempo y para sembrar la resignación y la desesperanza entre los ciudadanos. Por eso, mientras el ex presidente del gobierno español Felipe González cree que este nuevo diálogo no irá a ninguna parte, el cardenal Urosa considera que esta es otra treta del gobierno de Maduro, y varios dirigentes de la oposición han manifestado sus reservas, pues no hay razones para confiar en un gobierno tramposo. Incluso, el gobierno de Chile, que ha aceptado participar como uno de los países mediadores, se hace pocas ilusiones de que esta vez vaya a ser distinto. Sin embargo, valdría la pena intentarlo, aunque precisando en qué condiciones se va a negociar, sobre qué asuntos, con qué objetivos, dentro de qué plazos y, sobre todo, quién es el interlocutor con autoridad para hablar en nombre del oficialismo.

Para que esta vez sea creíble, antes de sentarse a dialogar deben crearse las condiciones que garanticen el estricto respeto a la Constitución. Eso supone, por lo menos, fijar una fecha para las elecciones presidenciales que corresponde realizar el próximo año, designar un nuevo CNE que merezca la confianza y el respeto de los ciudadanos, garantizar la libertad de expresión y la operación de medios radioeléctricos que puedan difundir libremente informaciones e ideas de todo tipo, libertad de todos los presos políticos, y reconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Si no se dan esas condiciones mínimas, no vale la pena perder el tiempo en un nuevo proceso de negociación, condenado de antemano al fracaso.

Teniendo como eje central la transición a la democracia, lo que debería ser objeto de negociación es la forma como se procederá al restablecimiento de la independencia de los poderes públicos, los mecanismos para desactivar los colectivos armados, las medidas necesarias para reactivar la economía, garantizando el abastecimiento de alimentos y medicinas, y la vuelta de los militares a sus cuarteles. Pero no puede haber un diálogo interminable, sin objetivos y sin plazos, utilizado como un medio para perpetuarse en el poder. Si se trata de negociar en serio, el gobierno debe saber que el tiempo se agota. Desmontar un Poder Judicial servil puede tomar algún tiempo; pero, si hay voluntad, en esta, como en otras áreas, algunas medidas pueden adoptarse en forma inmediata.

Con todas las diferencias (y ambiciones) que pueda haber entre los distintos partidos y movimientos políticos representados en la MUD, pienso que es a esta a la que le corresponde elegir a quienes representarán a la oposición en una mesa de diálogo; pero, hoy en día, determinar quiénes son los interlocutores válidos del oficialismo es algo más complejo. El gobierno se empeñó en convocar a una asamblea constituyente espuria, elegida fraudulentamente, y –Maduro dixit– con poderes absolutos; si se acepta las competencias de esa pretendida ANC, Nicolás Maduro no podría negociar y comprometerse a algo que puede ser desautorizado por esa instancia que, supuestamente, es independiente y suprapoderosa. ¡A menos que el gobierno también desconozca a la ANC!

La política es diálogo y compromiso. Pero no tiene sentido negociar con un gobierno que carece de poder para ejecutar cualquier decisión que no sea aprobada por la ANC; tampoco se puede dialogar con una ANC que tiene 545 cabezas, que no está prevista en la Constitución, que no es reconocida ni por la oposición ni por la comunidad internacional, y que, en el mejor de los casos, no tendría la función de negociar un acuerdo político. ¡Cuidado!

Héctor Faúndez

En uno de los pasajes de Guerra y paz, León Tolstoi describe la vida en una colmena sin reina. Las abejas zumban alrededor de ella, lo mismo que en torno a las demás; todavía se percibe el olor a miel, y las abejas entran y salen, igual que en las otras colmenas. Pero, si se presta atención, observa el insigne escritor, en esa colmena ya no hay vida. Las abejas revolotean de modo distinto que en una colmena con vida; el olor y los sonidos son distintos. Si se golpea la pared de una colmena enferma, en lugar de la respuesta habitual del zumbido de miles de abejas que producen ese rumor lleno de vida, se oirá unos sonidos aislados, dispersos en los distintos lugares de la colmena vacía. Se percibe el olor a podredumbre y a lugar deshabitado. Ya no hay guardianes dispuestos a perecer por la defensa de la colmena. Ya no se oye ese sonido regular y suave del palpitar del trabajo, sino los ruidos inarmónicos y dispersos del desorden.

En la colmena sin reina entran y salen, tímidamente y a escondidas, las abejas ladronas cubiertas de miel, que ahora no pican y solo huyen del peligro. Antes, las abejas entraban llevando el polen y salían sin nada; ahora, salen llevándose el botín. Cuando el apicultor abre la parte inferior de esa colmena, en lugar de las abejas negras y gordas, apaciguadas por el trabajo, que cuelgan hasta la parte inferior, sujetándose unas a otras, incesantemente extrayendo la cera, se observa unas abejas soñolientas, secas, que deambulan distraídamente por el fondo y las paredes de la colmena. En lugar del suelo bien cuidado y barrido por las alas, hay migajas de cera, excrementos, abejas moribundas que apenas mueven las patas y cadáveres. Todo está sucio y desierto; las abejas ladronas abandonan rápida y subrepticiamente esa vieja colmena.

Los zánganos se baten en vano contra las paredes de la colmena. Entre los panales con abejas muertas, de cuando en cuando se oye un zumbido irritado, y las abejas, debilitadas o muertas, caen lentamente sobre un montón de cadáveres.

Al volver las dos partes centrales del panal para ver el nido, en lugar de los miles de abejas pegadas espalda contra espalda que se verán en una colmena con vida, se observan algunos centenares de esqueletos de abejas tristes, moribundas y adormiladas. Casi todas han muerto, sin darse cuenta de ello, sentadas en el santuario que guardaban y que ya no existe. Despiden un olor a podredumbre y a muerte. Tan solo algunas de ellas se mueven, se levantan, vuelan perezosamente y se posan sobre la mano del enemigo, pero ya sin fuerzas para morir picándolo

Al hacer esta descripción de una colmena sin reina, Tolstoi no tenía la intención de poner de relieve sus conocimientos de apicultura, sino aplicarlos para interpretar la vida de los pueblos. Ésta es, sencillamente, la forma exquisita que el célebre escritor eligió para explicar uno de los acontecimientos históricos a que se refiere en su famosa novela. Pero esa metáfora, que podía ser muy apropiada para describir la vida de Moscú luego de la invasión de Napoleón en 1812, sigue teniendo vigencia en 2017. Hoy, difícilmente se podría ilustrar de manera más cruda y descarnada la tragedia de una sociedad próspera y pujante que, de la noche a la mañana, se vio empobrecida y saqueada por una pandilla de zánganos. Pocos tienen el talento para describir, de manera tan gráfica como lo hace Tolstoi, la forma en que, en ausencia de un liderazgo responsable capaz de ofrecer trabajo bien remunerado, se acaba el sustento de una sociedad, se desvanecen los sueños y las esperanzas y, quienes formaban parte de la vieja camarilla, hoy deambulan distraídamente por las celdillas de esa colmena sin vida, en busca de lo que aún pueda servirles de botín, sin percatarse de que ellos también están acabados.

Héctor Faúndez

En una entrevista concedida al periodista Jon Lee Anderson en agosto de 1998, Augusto Pinochet decía que “la historia enseña que las dictaduras nunca terminan bien”. En su caso, ese juicio premonitorio se confirmó en la noche del 16 de octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido, en Londres, tres días antes de que esa entrevista fuera publicada en la revista The New Yorker. La reflexión del viejo dictador fue acertada: ¡Los tiranos nunca terminan bien! Así lo atestigua el triste final de Nerón, Calígula, Trujillo, Somoza, Muammar Gaddafi, Sadam Husein y, probablemente, Pol Pot.

No acabó bien la vida de Adolfo Hitler, que prefirió suicidarse antes que enfrentar a un tribunal internacional. No terminó plácidamente la aventura fascista de Benito Mussolini, detenido cuando intentaba huir a Suiza, fusilado, y cuyo cadáver fue colgado de los pies en el mismo lugar en el que, un año antes, su régimen había ejecutado a un grupo de partisanos que luchaba por la libertad. Tampoco tuvo un final feliz la dictadura de Nicolae Ceauşescu, víctima de un levantamiento popular, sometido a un juicio sumario en el que se le condenó por genocidio, daños a la economía nacional, enriquecimiento ilícito y utilización de las Fuerzas Armadas para atacar a la población civil; fue fusilado –junto a su esposa– en la Navidad de 1989.

Idi Amín debió huir al exilio, del mismo modo que el ex dictador de Chad, Hissène Habré, aunque este último fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Senegal (donde estaba refugiado), como responsable de graves violaciones de derechos humanos. Tampoco tuvo mejor suerte Charles Taylor, ex dictador de Liberia, condenado a 50 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por un Tribunal Especial para Sierra Leona. Mientras tanto, Omar al-Bashir, actual presidente de Sudán, tiene una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional.

En nuestro continente, Jorge Rafael Videla y otros miembros de la junta militar argentina terminaron en la cárcel. En Panamá, Manuel Antonio Noriega, que había creado los “batallones de la dignidad” (colectivos armados que sembraban el terror entre la población civil), provocó la invasión de su país y, después de buscar refugio en la nunciatura, “se entregó voluntariamente” a las fuerzas armadas de Estados Unidos, para enfrentar cargos de narcotráfico en ese país; luego de cumplir una sentencia de 20 años de prisión, fue extraditado a Francia, en donde se le condenó a 7 años adicionales por lavado de dinero. En Venezuela, Pérez Jiménez huyó del país, en la oscuridad de la noche, cargado de maletas con dinero, similares a las de Antonini Wilson, y terminó en la cárcel. En el año 2000, aunque acababa de “ganar” la reelección para un tercer período de gobierno, en medio de masivas protestas populares y con el pretexto de una conferencia de la APEC, Alberto Fujimori salió del Perú, envió su renuncia por fax y se refugió en Japón; sin embargo, poco después fue arrestado en Santiago y extraditado al Perú, en donde actualmente está cumpliendo una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Muy pocos tiranos, como Juan Vicente Gómez, Stalin, Francisco Franco o Fidel Castro, han muerto en su cama, sin recibir el castigo que merecían; pero las dictaduras nunca terminan bien. En algunos casos, la propia conciencia del tirano le indica que no puede continuar masacrando a la población; en otros, el miedo a las consecuencias penales les ha obligado a dejar el poder. En los casos más trágicos, el tirano ha debido hacer frente a la ira de su pueblo; en otros, como es deseable, ha logrado imponerse la justicia. Pero, tarde o temprano, los tiranos deben rendir cuentas y responder por sus fechorías; en Venezuela, es probable que sea más temprano que tarde.

Héctor Faúndez

Aunque Nicolás Maduro afirme que las manifestaciones en contra de su régimen han sido reprimidas solo con “agua y gasecito”, lo cierto es que las víctimas mortales de esa represión han fallecido como consecuencia del impacto de proyectiles asesinos, disparados por guardias nacionales que cumplían órdenes superiores. Es innecesario destacar que esos hechos están prohibidos tanto por la Constitución venezolana como por el derecho internacional; pero jamás eso ha sido un obstáculo para un gobierno forajido. Estos crímenes han sido cometidos por quienes, hasta antes de llegar al poder, se presentaban como los hombres nuevos que iban a hacer imperar el Estado de Derecho y que, bajo su mandato, tendrían como norte el respeto de los derechos humanos de todos.

Adolf Eichmann, ese funcionario del Tercer Reich alemán que envió a las cámaras de gas a millones de seres humanos, intentó justificar su conducta afirmando que era un burócrata que solo cumplía órdenes. Esa actitud fue calificada por Hannah Arendt como “la banalidad del mal”. Pero ningún funcionario del Estado, juez u oficial de la FAN puede ser indiferente a las consecuencias del acatamiento de órdenes superiores de carácter criminal. No hay excusa para comportarse como un salvaje en el trato a los ciudadanos, mientras se aparenta ser un hombre normal, piadoso y civilizado en la vida privada. Ni la maldad es algo banal, ni está desprovista de consecuencias jurídicas.

Ni Chávez se presentó como algo distinto a lo que era, ni Maduro ni sus esbirros han sugerido alguna vez que sean verdaderos demócratas, respetuosos del pluralismo político y de la vida humana. Entre quienes fueron ministros de Chávez o que recientemente lo han sido con Maduro, al igual que muchos diputados del PSUV, o incluso algunos de aquellos que han llegado al TSJ gracias al chavismo, no todos pondrían sus ideas políticas al servicio del asesinato y la barbarie. Muchos ya se apartaron de ese proyecto político. Con certeza, debe haber muchos oficiales de la FAN que no están dispuestos a prestar su nombre para una aventura criminal que desacredita a una institución históricamente respetable. Lamentablemente, hay otros a quienes el poder ha corrompido absolutamente y los ha transformado en algo muy distinto de lo que decían ser y de lo que sus familiares, vecinos y amigos creían que eran; han mutado en los “hombres nuevos”, obedientes y serviles, que necesita el chavismo para perpetuarse en el poder a sangre y fuego. Pero eso no es lo que necesita Venezuela.

¿Cómo es posible que gente que parecía respetable, de la noche a la mañana, pueda haberse transformado en seres inescrupulosos, crueles y sanguinarios? Quienes están al frente de la represión, si todavía tienen algo de decencia, deben estar avergonzados de sus actos. El defensor del pueblo no puede sentirse orgulloso de su trayectoria pasada si, cuando ha tenido la posibilidad de actuar, no ha sido capaz de aferrarse a los ideales que alguna vez pregonó. Ya sea porque dieron las órdenes o las ejecutaron, los responsables de esta carnicería han perdido la fibra moral que distingue la civilización de la barbarie.

Las personas podemos cambiar aprendiendo de nuestra propia experiencia o adaptándonos a nuevas circunstancias; en nuestro pensamiento y acción puede haber evolución, pero difícilmente habrá un cambio radical que nos aparte de nuestros valores y principios. Lo cierto es que, como regla general, los individuos tratan de ser coherentes con los ideales que han marcado su formación y a los que a veces se han aferrado con pasión. Lo que hace respetables a las personas no es que piensen como nosotros, sino que mantengan una conducta acorde con lo que han dicho y hecho previamente; pero ese no es el caso de quienes nos gobiernan.

Héctor Faúndez

Hace más de doscientos años, cuando los gobernados eran meros súbditos de un monarca con poderes absolutos, este último podía disponer de las vidas y de los bienes de los primeros; la Revolución Francesa cambió eso, al transformar al súbdito en ciudadano, poner límites al ejercicio del poder estatal y conferir derechos a los ciudadanos. A partir de ese momento, se sustituyó la arbitrariedad por la ley, y las dádivas por el respeto a los derechos iguales de todos. En las relaciones entre el gobernante y los ciudadanos, el perdón pasó a tener un espacio muy reducido, reservado para el indulto de las penas a que se hubiera condenado a un delincuente, pero en los términos regulados por el derecho. En una sociedad democrática no hay espacio para el capricho, y las franquicias y las dispensas reales han sido remplazadas por los derechos que tiene el individuo frente al Estado. Sin embargo, en la Venezuela chavista, se percibe que quienes ejercen el poder se sienten amos y señores de sus vasallos, que tienen que agradecer la magnanimidad de quien se cree la encarnación de Luis XIV.

Menciono lo anterior porque, durante su alegre imperio, Hugo Rafael I perdonó a quienes habían firmado solicitando la revocación de su mandato, a cambio de que se arrepintieran y “repararan” sus firmas. Además, este régimen también ha perdonado a algún tránsfuga de la política que, luego de haber estado con la revolución, se ha pasado a la oposición y de nuevo a la revolución, y que ha estado dispuesto a revisar sus teorías jurídicas sobre el artículo 350 de la Constitución, sobre los estados de emergencia, o sobre la independencia de los poderes públicos. Mientras Carlos Genatios debe permanecer en el exilio por haber escrito un artículo de opinión, Didalco Bolívar ha recuperado la confianza del régimen por haber cambiado de opinión. También han sido perdonados los corruptos y los narcotraficantes que, más bien, han sido premiados con altos cargos en la administración pública.

En esta lista de castigos, a veces perdonados, no tuvo la misma suerte Antonio Ledezma, que se atrevió a ganar la Alcaldía Mayor, ni tampoco el general Baduel, que tuvo la tentación de aspirar a la Presidencia de la República cuando ese cargo todavía era ocupado por el comandante eterno. Tampoco se ha perdonado a los estudiantes que se han atrevido a alzar la voz en contra de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, o al abogado Marcelo Crovato, preso por ejercer su profesión.

Después de decidir la expropiación de las fincas de quienes habían participado en protestas cívicas, el gobernador del Táchira anunció que esa medida quedaba sin efecto y que se les perdonaba. ¡Perdonados por ejercer el derecho a manifestar! ¡Perdonados por actuar en el marco de la Constitución! Obviamente, después de este gesto magnánimo de uno de los íconos del chavismo, se espera que esos agricultores y ganaderos no vuelvan a reincidir en el ejercicio de sus derechos; de lo contrario, todo el peso del capricho de quienes nos gobiernan caerá sobre ellos.

En democracia, el castigo por el Estado solo puede ser la consecuencia de un delito previamente tipificado por la ley, y el ejercicio de un derecho nunca puede ser objeto de represalias. Pero la distinción entre vasallos y ciudadanos no ha calado en la mente de los hombres nuevos. Para ellos, tampoco es relevante que la Constitución consagre derechos individuales, cuyo ejercicio no reviste carácter delictivo ni puede generar algún tipo de responsabilidades o dar paso a sanciones.

Resulta sorprendente que, más de dos siglos después de la Revolución Francesa, el “socialismo del siglo XXI” todavía se niegue a reconocer los derechos individuales y, como un gesto propio del poder real, excepcionalmente, no castigue a quienes los ejercen.

Héctor Faúndez

Con el pretexto de la guerra en contra de la subversión, las dictaduras militares del Cono Sur emprendieron una salvaje campaña en contra de toda forma de disidencia, utilizando la justicia militar como otro de sus instrumentos de represión. Menciono lo anterior porque el régimen venezolano le ha declarado la guerra a los ciudadanos de este país, y porque está recurriendo a los tribunales militares para que sean estos los que asuman la responsabilidad de perseguir y castigar a quienes alcen su voz en defensa de la libertad y la democracia.

La represión de las protestas del último mes ha dejado un saldo de al menos 43 personas asesinadas y centenares de heridos. Más de 260 civiles han sido presentados a tribunales militares, de los cuales 159 han quedado detenidos. A estos últimos se les acusa nada menos que de traición a la patria, terrorismo e incitación a la rebelión. Pero lo cierto es que ellos han sido detenidos en el ejercicio legítimo del derecho a manifestar.

Según el ministro Reverol, los detenidos son “terroristas contratados por la derecha”, lo cual amerita un trato distinto al que se da a los colectivos armados, protegidos por el gobierno; el general Padrino acusa a los detenidos de haber atacado a miembros de las Fuerzas Armadas, imagino que utilizando como arma la bandera de Venezuela. Curiosamente, entre ellos no figura nadie con el perfil de un golpista y sedicioso, conspirando en contra de las instituciones democráticas; muy por el contrario, se trata de amas de casa, de profesores universitarios, de estudiantes, e incluso de un par de indigentes. Uno de esos terroristas y traidores a la patria (tal vez el más peligroso) fue detenido portando nada menos que un megáfono. ¡A Hugo Chávez o a sus compinches nunca se les hubiera ocurrido utilizar un megáfono, mientras conspiraban debajo del samán de Güere!

No es primera vez que los ciudadanos han salido a la calle a protestar en contra de un gobierno que consideran que no está haciendo lo correcto. Sin embargo, incluso durante este régimen, se habían observado las formas y, a quienes se les detenía manifestando su descontento, se les sometía a la justicia ordinaria; pero ahora se recurre a la justicia militar para eludir las acciones de una fiscal general de la República dispuesta a hacer que se respeten las garantías constitucionales.

Según la Constitución, la justicia militar está reservada a delitos de naturaleza estrictamente militar, exceptuando de su competencia las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La Constitución garantiza que ningún civil podrá ser procesado por tribunales de excepción. En el caso del general Francisco Usón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo reiteró que los civiles no pueden ser procesados por jueces militares sino que, además, señaló que un militar retirado es, para todos los efectos, un civil.

Estando totalmente controlada por Nicolás Maduro, la justicia militar acepta como buenos partes de detención que no explican cómo, cuándo y dónde los detenidos habrían cometido algún delito. En las circunstancias actuales, en esta jurisdicción, las personas no gozan de garantías judiciales, no se les informa de la naturaleza y causa de su detención, no se les permite contar con un abogado de su elección, y el proceso se desarrolla en recintos militares, impidiendo el acceso del público a constatar lo que allí ocurre. Como ilustra el caso del general Ángel Vivas, el uso de tribunales castrenses es la puerta a otras graves violaciones de derechos humanos, tales como la tortura o el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este es el mecanismo por excelencia utilizado por las dictaduras; pero nunca ha servido para que ellas puedan perpetuarse en el poder.

Héctor Faúndez