El próximo 15 de diciembre, la oposición y el gobierno se vuelven a reunir en República Dominicana. Poco se sabe de los resultados de la primera ronda de conversaciones. Lo que sí conocemos es la condición que el gobierno ha puesto ante el futuro electoral inmediato: No habrá elecciones si no se levantan las sanciones al gobierno de Venezuela y a algunas de sus más connotadas figuras.

Así lo declararon los hermanos Rodríguez, jefes del equipo negociador del gobierno y las informaciones que se filtran señalan que el problema de las sanciones es, junto con el reconocimiento de la asamblea constituyente, la petición central del gobierno de Nicolás Maduro.

Estos dos puntos son inaceptables.

Las sanciones en contra de personeros del gobierno, por violación de derechos humanos y por narcotráfico, no están en la mesa de negociación y no puede la oposición ni siquiera aceptar que sean tema de discusión. ¿Puede algún opositor poner en duda la responsabilidad de los jerarcas del gobierno sancionados por los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios y las violaciones reiteradas de las garantías constitucionales más elementales?

¿Puede algún negociador representante de las fuerzas democráticas salir en defensa de altos funcionarios cuya participación en el tráfico de drogas ha sido plenamente demostrada? La respuesta solo puede ser un no rotundo, contundente y categórico.

Hay sanciones en contra de Pdvsa y de instituciones financieras del gobierno venezolano. Estas han sido dictadas por diferentes países por las conductas antidemocráticas asumidas por Nicolás Maduro y sus secuaces. El levantamiento este tipo de sanciones solo puede producirse cuando Venezuela vuelva a ser una democracia. Entiéndase bien: no se trata de promesas sino de realidades.

Cuando en Venezuela no existan presos políticos, cuando la separación de poderes vuelva a existir, cuando tengamos libertad de prensa, cuando cesen los procesos electorales cargados de fraude y extorsión, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral dejen de ser apéndices del PSUV, cuando los principales líderes opositores dejen de estar inhabilitados. Cuando todo esto ocurra, los países democráticos del mundo levantarán las sanciones.

El riesgo que corren los negociadores es pagar por adelantado. El gobierno quiere que la oposición pida al mundo levantar las sanciones a cambio de acuerdos que “abran el camino” hacia un CNE imparcial y hacia una Asamblea Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y  que permitan también la llegada de la ayuda humanitaria y la libertad de algunos presos.

¡Ojo! Allí está la trampa. No pueden los negociadores de la oposición olvidar que están sentados frente a un atajo de pillos que ya han demostrado estar dispuestos a incumplir cualquier compromiso, una vez que hayan obtenido lo que buscaban.

Ya vimos cómo incumplieron todo lo acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos de los años 2002 y 2003, y cómo lo volvieron a hacer el año pasado con la complicidad del mismo Rodríguez Zapatero que sigue fungiendo de “mediador”. En esas dos oportunidades el chavismo y el madurismo se burlaron de Jimmy Carter y de César Gaviria primero y nada menos que del Vaticano en la segunda oportunidad. De la misma forma se burlarán de los cancilleres que acompañan esta ronda de negociación.

A la oposición le van a ofrecer el oro y el moro: “Pidan ustedes al mundo el levantamiento de las sanciones, firmen un ‘acuerdo de gobernabilidad’ y nosotros nos comprometemos a integrar una autoridad electoral imparcial, a soltar los presos y a reconocer la Asamblea Nacional”. Una vez producido el llamado a la comunidad internacional para que levante las sanciones, vendrán por parte del gobierno las excusas, demoras y dilaciones que terminen descartando todo lo ofrecido, burlándose de los cancilleres como ya lo hicieron antes con los otros “garantes” de buena fe.

En consecuencia: ni una palabra a favor de levantar las sanciones a los narcopillos, ni a los violadores de derechos humanos ni a las instituciones gubernamentales de la dictadura.

Lo segundo que es inaceptable se refiere a la asamblea constituyente. El gobierno ofrecerá moderación por parte de ese organismo espurio. Dirán que se limitará a la redacción de un proyecto de Constitución, que procurará coexistir en armonía con la Asamblea Nacional dentro de un respeto mutuo. ¡Mentira podrida! La asamblea constituyente es el instrumento que le permite a Nicolás Maduro transformar una minoría chantajeada de electores en una mayoría de gobernadores y alcaldes, pasar por encima de la Constitución vigente y dar “legitimidad” y apariencia de legalidad a una dictadura. La oposición no puede dar validez, bajo ninguna forma, a una Asamblea convocada en violación de la Constitución, elegida mediante un sistema electoral fascista, producto de un fraude electoral descomunal y que usurpa poderes supraconstitucionales.

Soy un firme creyente en la necesidad de negociar. Aun con delincuentes. Pero creo también que se negocia hasta donde lo permita la ética, el derecho y la realidad política. Negociar no es claudicar. Negociar es demostrar firmeza aunque ello conduzca al fracaso de la negociación. En todo caso, los fracasados nunca serán los que se niegan a arrodillarse sino los que pretenden arrodillarlos.

Los negociadores en Santo Domingo, que representan lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen el próximo viernes la posibilidad de recuperar la coherencia y la credibilidad que el liderazgo de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ha perdido; pueden volver a ser lo que una vez fueron: los conductores de la sociedad democrática venezolana. También puede ocurrir que se dejen engañar y engatusar nuevamente: Eso no se lo perdonaría nunca el pueblo venezolano y serán juzgados con implacable severidad por la historia. Allí está el reto para Leopoldo López, preso de conciencia y líder de un partido descabezado por la narcodictadura; para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y fundador del partido en el que milita Juan Pablo Guanipa; y para Henry Ramos Allup, guardián de la herencia de Leonardo Ruiz Pineda, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.

Gustavo Tarre

El viejo Karl Schmidt, soporte intelectual del autoritarismo del siglo XX, definió la política como el enfrentamiento entre amigos y enemigos.  Hugo Chávez posiblemente nunca leyó a Schmidt, pero lo intuyó: el socialismo del siglo XXI no tiene adversarios, como ocurre en las democracias, sino enemigos.  Producto de su mentalidad fascista y de su formación militar, se trazó un objetivo: Destruir a los que se atrevieran a pensar distinto. Plomo, gas del bueno, insultos, calumnias, trampas, cárcel, torturas, exilio, intolerancia y descalificación.

A la oposición, a los demócratas, no nos está permitido responder con las mismas armas. Tenemos una limitación ética y no queremos parecernos a ellos: no podemos asesinar, ni torturar, ni calumniar, ni descalificar.  Nuestras armas son la verdad y la ley.  Pero eso no significa que debamos disminuir la contundencia y radicalidad de nuestra respuesta. Debemos tomar todas las iniciativas que conduzcan a la derrota de quienes nos consideran “enemigos” y quieren destruirnos.

Frente a las elecciones regionales cabían dos posibilidades, diría Perogrullo:  participar o no participar.

Por un cúmulo de razones que en su momento traté de explicar con la mayor claridad, propuse no participar en estos comicios. No voy a repetir mis argumentos. El hecho es que la mayoría del liderazgo político venezolano decidió de manera distinta y a mí y a muchos como yo nos quedaban también dos posturas: la primera, mantenernos en nuestra posición y dejar que aquellos amigos que decidieron ir a votar dieran su pelea solos. Hablo de amigos porque muchos de ellos efectivamente lo son, pero lo fundamental es que “todos los enemigos de mi enemigo son mis amigos”.

Hoy en día mis amigos van desde Leopoldo López, por quien siento no solo cariño, comprensión y admiración, sino que también incluyo a Luisa Ortega Díaz que fue instrumento principal de mi salida del país. Y entre esos dos extremos están todos los venezolanos que piensan que la prioridad única es salir de Maduro y de su pandilla de ladrones y criminales. Todos son mis amigos, cualquiera que sea el camino que escojan para librar la batalla.

Por eso pongo mi granito de arena y pido a los venezolanos que vayan a votar, que se coloquen del lado de los amigos, así estos se hayan equivocado.   No se trata de “preservar” unos espacios que sigo creyendo que no existen, sino de derrotar de manera aplastante al enemigo de todos: Nicolás Maduro.

Sabemos muy bien que los gobernadores electos serán perseguidos, acosados, encarcelados, privados de presupuesto y de sus competencias constitucionales.  Pero eso no es lo que importa.  Lo que realmente debemos buscar es la expresión masiva del rechazo popular al payaso que pretende gobernarnos. Y un mensaje a Raúl Castro, el dueño del circo…

¿Qué quiere el gobierno?  Ganar “limpiamente” estas elecciones. Por ello, no votar es votar por el PSUV.

No caben medias tintas, no basta con “no llamar a la abstención”.  Se trata de movilizar, de revivir un entusiasmo que ha venido mermando, de respaldar a quienes están en la calle, arriesgando mucho, pidiendo el voto.

Por eso llamo a mis grandes amigos María Corina Machado y Antonio Ledezma a dar un paso más y ser los primeros en ir, en la madrugada del 15 de octubre, a su centro de votación (si es que a Antonio se lo permiten) y que lo anuncien desde ya.

No se trata de aplicar aquel viejo dicho: “A los amigos, con la razón o sin ella”, porque a quienes decidieron participar en estas elecciones le pudieran faltar “razones” pero les sobre la “razón”. Puedo no compartir ni la táctica, ni la estrategia; me disgusta muchísimo la forma de tomar las decisiones y la pobre manera de comunicarla, pero están tratando, a pesar de todos los desaciertos, de reconquistar la democracia. No son los medios que yo hubiera deseado, no son los tiempos que a mí me gustarían, muchas veces no me agrada el discurso y carecen de una buena narrativa, pero entre los dos bandos que se enfrentan el 15 de octubre, sé muy bien cuál quiero yo que pierda

Son pocos los medios que están a nuestro alcance para expresar nuestra opinión en la Venezuela de hoy, pero todos tenemos derecho de expresarla, todos tenemos mucho que decir, que exigir, que reclamar, que responder.  “DILO CON TU VOTO”.

Gustavo Tarre Briceño

Las “comisiones de la verdad” se han convertido en una práctica corriente en países que han vivido períodos de violencia y transiciones democráticas. Buscan afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia y de violación de los derechos humanos y lograr establecer, de manera objetiva e imparcial, qué fue lo que realmente ocurrió en un determinado lapso histórico. Todo ello para propiciar una reconciliación auténtica, basada en recomendaciones de políticas que buscan identificar y atender las causas de los abusos y de las violaciones con el fin de prevenir su futura repetición.

Históricamente, las comisiones de la verdad se han creado durante períodos de cambio político, cuando se derrumban regímenes dictatoriales o con la finalidad de ayudar a la resolución de un conflicto armado. No suele ocurrir que sea el régimen autoritario y represivo el que la promueva.

La característica más importante de una verdadera comisión de la verdad debe ser su absoluta imparcialidad. A estos efectos, sus miembros deben estar totalmente alejados de toda parcialidad o influencia política, así como gozar de una intachable honorabilidad y reputación moral y profesional. Los procedimientos para las investigaciones deben ser absolutamente transparentes y no pretender sustituir a los tribunales de justicia. No les corresponde establecer responsabilidades penales individuales y sus actuaciones solo pueden servir como elementos de juicio para los procesos judiciales

En Venezuela, la mal llamada e ilegítima asamblea nacional constituyente ha creado una “comisión para la verdad, la justicia y la tranquilidad pública”; una suerte de tribunal de inquisición, con amplios poderes de investigación y atribuciones sancionatorias.

Este mamotreto, que desvirtúa la esencia de las comisiones de la verdad, es totalmente inaceptable y merece un rechazo general que aún no ha ocurrido. No olvidamos los muy acertados comentarios del Observatorio Venezolano de la Justicia que dirige la profesora Laura Louza y otras valiosas opiniones de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela que, con legítima indignación, han señalado que más que una comisión de la verdad es una comisión de la venganza que busca perseguir a la oposición política y a quienes se atreven a pensar distinto.

¿Quiénes integran este adefesio? Empecemos por señalar que su presidente es Delcy Rodríguez. Está integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general, tres miembros de la ANC, tres de organizaciones de víctimas de la violencia política 1999-2017, un miembro de una organización venezolana de derechos humanos; dos personas designadas por su “competencia profesional, integridad y ética”, y tres diputados de la Asamblea Nacional en representación de la “derecha”.

Muy correctamente, la Asamblea Nacional se negó a participar en esta parodia. Las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos no fueron ni siquiera consultadas y solo las “víctimas” afines al gobierno fueron tomadas en cuenta. En resumen, los 14 miembros de la comisión son militantes o declarados simpatizantes del PSUV.

La presidente de la ANC y de la comisión anunció que esta abordará varias investigaciones, entre ellas: los planes desestabilizadores promovidos por Julio Borges contra el sistema socioeconómico y financiero del país; la violencia y el terror que generaron grupos de choque opositores durante los últimos meses, dirigidos por el diputado Freddy Guevara; y la presunta red de corrupción y extorsión encabezada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y por su esposo. No hay ninguna intención de investigar los asesinatos de cientos de manifestantes ni los miles de heridos en las calles de las ciudades venezolanas, ni la tortura sistemática, ni las detenciones arbitrarias, ni los juicios por tribunales militares, ni el saqueo de los dineros públicos, ni las violaciones de la libertad de expresión.

¿Engaña a alguien esta payasada? No lo creo, pero sí pienso que el repudio a esta manipulación espuria, a este patético mamarracho, debe ser mucho más sonoro y contundente, antes de que empiece a “establecer verdades” y a imponer “la tranquilidad pública”. Nadie con un átomo de respeto por sí mismo puede participar en actividades promovidas o auspiciadas por una comisión de odio y de venganza.

Gustavo Tarre Briceño

Existen rumores y/o informaciones en virtud de los cuales se plantea la posibilidad de un acuerdo, en el marco de las “conversaciones” en curso entre gobierno y oposición, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez lo plantearon en cadena nacional. Se dice que la oposición democrática podría aceptar que la Constituyente, inconstitucional y fraudulenta, sea reconocida siempre y cuando se limiten sus atribuciones o que tenga como función única la elaboración de un proyecto de Constitución, que luego sea sometido a consulta popular.

En mi opinión aceptar la mera existencia de la ANC, es jurídicamente incorrecto, políticamente erróneo y moralmente inaceptable. Basta con recordar la opinión prácticamente unánime de los juristas venezolanos y de los principales constitucionalistas del continente, el rechazo masivo de la comunidad internacional y de TODOS los líderes políticos de la oposición y del chavismo disidente, así como de la Iglesia Católica, de las Academias Nacionales, de los Colegios Profesionales, de las universidades autónomas, del liderazgo estudiantil y de todas las instituciones y organizaciones democráticas del país. Como si ello fuera poco, está la pregunta Nº 1 del referendo consultivo del 16 de julio pasado: ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

Casi ocho millones de venezolanos dieron una respuesta clara, inequívoca y no susceptible de interpretaciones.

Este tema no tiene discusión.

Me permito invitar a todos los venezolanos a que expresen su rechazo y repudio, a través de todos los medios, a la mera posibilidad de que cualquier reconocimiento a la ANC entre en la agenda de discusiones, al margen de que estemos o no de acuerdo con esas conversaciones. Igualmente propongo que se abra en las redes sociales un mecanismo de recolección de firmas que permita expresar el masivo repudio que merece cualquier legitimación de la ANC.

Gustavo Tarre Briceño

Hace unas semanas, escribí algunos comentarios sobre el dilema que se le presentaba a la oposición venezolana:  participar o no participar en las elecciones regionales convocadas por Nicolás Maduro y Tibisay Lucena. Ha corrido agua bajo los puentes y quisiera transmitirles unas nuevas reflexiones.
Ya la mayoría de los partidos de oposición tomó la decisión de inscribir candidatos para las gobernaciones.  Las razones que dieron no me convencieron y, además de tardías, no fueron (que yo sepa) producto de una discusión abierta e inclusiva dentro del movimiento opositor.

Pero, a lo hecho, pecho.

Lo que tenemos que preguntarnos ahora ante esta nueva encrucijada, es ¿qué hacer para que la lucha en contra de la dictadura se vea afectada lo menos posible por esa decisión? ¿Es el voto de unos y la abstención de otros el mejor camino? ¿Cómo combatir el desánimo y la desesperanza?

Antes de formular algunas propuestas, quisiera hacer una consideración personal:

No comparto el razonamiento de quienes piensan que la MUD “se vendió” y “traicionó” al pueblo venezolano. En mi opinión la MUD simplemente se equivocó.  Muchos opositores están muy disgustados por el accionar de sus líderes, y tienen buenas razones para ello, pero yo presumo la buena fe, con los ojos muy abiertos.  La mayoría de los dirigentes democráticos viven tiempos de riesgos, de sacrificios y muchos de ellos de estrechez económica.  Lo digo porque conozco a muchos de ellos.  No niego que existan vagabundos.  En toda actividad humana los hay.  Pero la mayoría de los dirigentes fundamentales no lo son.  Que actúan movidos por ambiciones personales.  Es verdad.  Nunca conocí un político que no se moviera por algún grado de ambición, como ocurre también en otras profesiones o actividades. Que la ambición sea lo único que los mueve, cada uno piensa como quiere, pero es obvio que consideraciones de estrategia tuvieron un peso importante a la hora de decidir. Que las decisiones muchas veces tienen que ver con los intereses partidistas, es verdad y lo lamento, pero todos saben que el mayor interés partidista es salir del chavismo. Que se hayan vendido al gobierno, por dinero o migajas de poder, salvo rarísimas excepciones, tampoco lo creo.  Los hay poco inteligentes y/o no muy honestos, pero son minoría.  Nuevamente, lo digo porque los conozco.  Y ante la frecuente acusación de que sacrificaron todo por un cargo, digo que ser candidato a gobernador puede satisfacer al ego de algunos, pero provechos personales habrá muy pocos:  quienes han aceptado postularse, compraron un pasaje para la persecución y la cárcel.  De haber elecciones y de resultar ganadores, serán gobernadores con las manos atadas. Las candidaturas son meramente simbólicas.

Dicho esto, me atrevo a hacer algunas propuestas, sin pretender dar lecciones a nadie:

La primera es una verdad de Perogrullo:  No se puede abandonar la calle.  Pero, si a ver vamos, la calle ya se estaba perdiendo.  Casi cuatro meses de represión, de gases, de perdigones y de arriesgar la libertad y la vida, traen consigo lo que eufemísticamente podríamos llamar una “fatiga”.  La calle no se “enfrió” únicamente por la decisión de la MUD, aunque ésta, sin duda, ayudó.

La calle es el instrumento movilizador por excelencia cuando se enfrenta una dictadura. Respaldo idea de recentrar las razones de la protesta:  Al pedido de democracia, de elecciones libres y de libertad para los presos, hay que agregar una cada vez mayor queja por el hambre, por la inseguridad, por las enfermedades que no se atienden, por el salario que no alcanza.

En segundo lugar, hay que reforzar, reconstruir, intensificar y también reinventar la unidad.  Nadie duda que la MUD ha cometido errores, pero no sobra recordar que ha tenido grandes aciertos.
También es cierto que en éstos últimos meses hemos visto, con emoción y admiración, la presencia cada vez mayor de una pléyade de jóvenes dirigentes, que nos llenan de orgullo y de optimismo sobre el futuro de Venezuela.  La inmensa mayoría de ellos militan en los partidos de la MUD.

A la MUD hay que abrirla hacia la sociedad civil, hacerla eficaz, ayudarla a que aprenda a comunicar, exhortarla a que no excluya a nadie, pero, por sobre todo MANTENERLA, con ese o con otro nombre. Por ello celebro la decisión de Alianza Bravo Pueblo, que no postulará candidatos a las gobernaciones pero que permanece dentro de la alianza opositora.

Se puede discutir si conviene o no dialogar con el gobierno, pero ¿puede alguien, en su sano juicio, sostener que los opositores no deben dialogar entre ellos? Hay que dejar de lado la prepotencia, olvidar la intransigencia, no creer que la razón pueda ser objeto de monopolio. Descarta las viejas y nuevas rencillas. No seguir interpretando al gusto el mandato del 16 de julio.  El único e inequívoco mandato del pueblo venezolano fue luchar por poner fin a la dictadura.  El “cómo” se irá desarrollando paso a paso. Arroparse en interpretaciones de leguleyos es inconveniente, inútil y sólo trae más división.

La disonancia, las contradicciones y la incoherencia desorientan al pueblo opositor, que es un solo.  La decisión de presentar (y la de no presentar) candidatos a las elecciones de octubre fue anunciada primero por cada partido y luego vinieron declaraciones conjuntas.  Eso no tiene sentido, confundió, sembró escepticismo y estimuló la desconfianza.

Como bien ha dicho Luis Enrique Pérez Oramas: “Si la dictadura es el reino de una política sin reglas, entonces es también el espacio de lo que no conocemos. Y tendremos que aprender a actuar ante lo que no conocemos, evitando a toda costa las normas absolutas, los mandamientos tiesos, los maximalismos del discurso ante la amenaza inminente que es también el régimen del terror con el cual la dictadura se hace eficaz”.

La oposición se merece un “borrón y cuenta nueva” para formar un bloque político poderoso, eficaz y merecedor de la confianza de todos. Tal vez tenga razón Claudio Nazoa cuando afirma que “todos tenemos la razón”.

¿Mi conclusión?  Hay que hacer de tripas corazón.

Hay gente que piensa votar y gente que piensa no hacerlo. Estamos divididos y los opositores no pueden dividirse.  Es importantísimo entonces pedirles que reflexionen. Si hay elecciones cada abstención es un voto por Maduro. Hay quien piensa que la democracia es escoger de entre males, el menor.  Votar en vez de abstenerse puede ser lo mismo. Abstenerse es dejar en la estacada a mucha gente valiosa y, muy especialmente, a Miguel Pizarro, a Juan Requesens, a Stalin González, a Freddy Guevara, a David Smolansky, a Armando Armas, a Jon Goicochea, a Carlos Paparoni, a José Manuel Olivares, a Manuela Bolívar y a tantos otros que bien se merecen nuestro respaldo.

Desde la distancia y con humildad, hago un pedido al venezolano de a pie:

Resiste, sigue en la calle, continúa denunciando al gobierno en las redes, en las colas, en los transportes, en tu familia y en tu trabajo, convence cada día a más gente. Como dijo el Profeta Isaías, “levanta con fuerza tu voz”. Emplaza y formula exigencias a los que son dirigentes y a los que pretenden serlo.  Si estás convencido, haz campaña por los candidatos, si eso te resulta difícil o ninguno te entusiasma, limita tu acción a golpear todos los días al gobierno en todas las esferas donde vives y actúas.  Pero, llegado el día de las elecciones, si es que llega, ve a votar, así sea, como alguna vez dijo Rómulo Betancourt, con un pañuelo en la nariz.  Cada abstención es un regalo a la dictadura.  Si aún crees que votar es una mala estrategia, tu abstención no la va a cambiar sino a empeorar. Nada pierdes votando, salvo “darte un gusto”, castigando a quienes crees que se equivocaron, pero también es darle un gran gusto a Maduro.

Recuerda que estás votando por los 120 asesinado, por los presos, por los torturados, por los heridos. Estás votando contra la dictadura, contra la corrupción, contra la incapacidad. Estás votando por futuro de Venezuela.

Gustavo Tarre Briceño

Son muchos los argumentos que se han esgrimido en torno al dilema diabólico, como acertadamente lo define Allan Brewer Carías, planteado a la oposición por las elecciones regionales: inscribir o no inscribir candidatos. Hay argumentos poderosos en favor de ambas posibilidades. Después de sopesarlos con la mayor amplitud de espíritu, mi conclusión es que la oposición no debe participar en ese proceso, diseñado por el gobierno con la única finalidad de dividirnos y, en ningún caso, para permitir que los estados escojan libremente a sus gobernadores en el marco de un federalismo en el que no creen, ni que el pueblo exprese su voluntad por la vía del voto.

Expongo mis razones:

La instalación de la Asamblea Constituyente, producto de un insólito pero esperado fraude constitucional, evidencia un cambio sustancial en la política venezolana. Tendremos, para los próximos dos años, según anunció Nicolás Maduro, un superpoder absoluto que puede, de un plumazo, acabar con todos los demás, tomar las decisiones que se le antojen y derogar la Constitución. Nadie puede negar que la disolución de la Asamblea Nacional y la destitución de la fiscal general son una posibilidad inminente. El interés del régimen, consciente de que ha perdido el apoyo del pueblo venezolano, nunca ha sido modificar una Constitución, que ha venido violando y desaplicando sistemáticamente, sino asumir, por la vía de la ANC, el poder sin límites ni control alguno. Para ello, acaba de instrumentar el fraude electoral más importante que conozca nuestra historia.

Sentada esta premisa, si ella es aceptada, saco las siguientes conclusiones:

Mientras esté gobernando Nicolás Maduro, no volverá a haber en Venezuela elecciones libres. La elección fraudulenta del 31 de julio se hizo para consolidar la dictadura arropada ahora por el manto de una “legitimidad electoral” expresada por 8 millones de venezolanos que nunca existieron. El gobierno no perderá más elecciones. Sencillamente no habrá más consultas populares o si las hay, serán igualmente fraudulentas.

Se argumenta que el fraude pudo efectuarse porque, al no participar la oposición, por razones que nadie objeta, el CNE pudo obviar los controles normales en una elección democrática y que la presencia de testigos hubiese evitado la manipulación electoral. Eso pudo ser cierto en las elecciones parlamentarias de 2015, pero no debe olvidarse el evidente intento de manipular los resultados que solo fracasó por la intervención de la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando las dictaduras convocan elecciones y como consecuencia de ellas son derrotadas es porque cometieron un error de cálculo. Augusto Pinochet creía que iba a ganar el plebiscito en Chile y cuando lo perdió trató de desconocer el resultado, lo que no pudo hacer debido a la intervención militar. Las elecciones no son ajenas a las dictaduras. Las hay en Cuba y en Nicaragua, las hubo en República Dominicana en tiempos de Trujillo, en Venezuela cuando Pérez Jiménez, en la Europa Oriental antes de la caída de la cortina de hierro y casi todas las dictaduras. ¿Habrá alguna razón para creer que nuestro dictador sea una excepción y que esté dispuesto a permitir que el pueblo se exprese y a acatar lo que este diga? Debe recordarse que, a pesar de haberlo prometido, Nicolás Maduro nunca permitió revisar los resultados de las elecciones de 2013 cuya validez no fue examinada por el Tribunal Supremo de Justicia, al no oír los argumentos presentados por quien muy seguramente había ganado los comicios, Henrique Capriles Radonski.

El 31 de julio, el Alto Mando Militar avaló el fraude no porque fue engañado sino porque era parte de él. La casi totalidad de la Fuerza Armada, por la vía del Plan República, fue testigo de la inmensa abstención electoral, de la ausencia de los controles destinados a impedir la manipulación del voto, de la publicación de los resultados y de la adjudicación de cargos sin base alguna. Y, sin embargo, los altos mandos obligaron a los soldados a actuar con criminal complicidad. Falta saber qué piensan los demás integrantes del estamento militar que vieron los centros de votación vacíos, presenciaron el voto múltiple, así como la criminal coacción que se ejerció sobre los electores, basada en el hambre y en la amenaza de perder el empleo u otro beneficio social.

No es válido entonces argumentar que “este es el mismo CNE del año 2015” y que en aquella fecha “lo obligamos” con nuestra presencia en las mesas a reconocer la derrota del gobierno. Cierto, son las mismas personas las que integran la máxima autoridad electoral, pero la motivación y las órdenes que recibieron fueron el 31 de julio y serán, de ahora en adelante, distintas. No niego en ninguna forma el desempeño histórico de los testigos, de los miembros de mesa y de toda una estructura electoral cuyo esfuerzo fue importante pero no determinante en forzar al gobierno a aceptar los verdaderos resultados.

Se argumenta que la oposición debe limitarse, por ahora, a inscribir candidatos y que solo participaría si se le dan claras garantías de respeto a la pureza del sufragio. La respuesta a este argumento es muy sencilla: si, por algún milagro, la dictadura llega a aceptar dar garantías reales de realizar elecciones libres, en ese momento, se le exigirá un nuevo lapso de inscripción de candidatos.

Se dice también, y este planteamiento pudiera tener mucho peso, que si la oposición inscribe candidatos no habrá elección, pero que si no lo hace los comicios serán convocados de inmediato y serán “ganados” por el gobierno. Esto es, muy posiblemente, cierto. Pero cabe preguntarse: ¿será una victoria del chavismo “ganar” otra elección con una altísima abstención? ¿Ganó Maduro la elección del pasado 31 de julio? No solo Venezuela, sino el mundo entero, supo que se produjo un descomunal fraude electoral. Con victorias así, el régimen no necesita derrotas. Tampoco es válido el argumento de “no perder espacios”. ¿Para qué sirven, en el supuesto negado de que se reconozca el resultado de la elección, unas gobernaciones privadas desde hace mucho tiempo de las pocas atribuciones que la Constitución les concedía, carentes de dinero por la ilegal retención del situado, con sus policías regionales intervenidas y con la instauración de autoridades paralelas como ocurrió en Caracas después de la elección del heroico alcalde Antonio Ledezma, en el estado Miranda y en tantos otras ciudades cuyos mandatarios han sido destituidos y muchos de ellos presos o perseguidos.

Se alega también que no se debe abandonar el voto, que es el único instrumento que tenemos los demócratas para la acción política. Esto fue cierto cuando el sufragio tenía valor. Después del fraude ya no lo es. Los medios de acción que quedan para actuar contra la dictadura son la protesta en la calle, que no tiene por qué ser diaria y que debe excluir trancazos anárquicos autodestructivos; intensificar la crítica implacable a través de las redes sociales y por las rendijas que quedan en los demás medios de comunicación; instrumentar la desobediencia civil y estimular la presión internacional. La oposición debe seguir luchando por hacer respetar el mandato del pueblo expresado el 16 de julio y que consiste, no debemos ni olvidarlo ni alterarlo, en “impulsar la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional” (resaltado mío). La fuerza de ese mandato reside en el respeto a la Constitución, en la cual no se establece la designación de gobiernos paralelos sino el ejercicio de las potestades que tiene la Asamblea Nacional y el desconocimiento de los usurpadores, fundamentado en los artículos 333 y 350 de la carta fundamental. Corresponde también seguir llamando a la Fuerza Armada, como se hizo el 16 de julio, a que cumpla con su juramento de defender y hacer cumplir la Constitución de 1999, que sigue vigente a pesar de lo que diga la espuria Asamblea Constituyente. No debemos seguir engañándonos con la magia de una victoria electoral que no se producirá si no cambian las actuales condiciones. La lucha por esas condiciones forma parte primordial del accionar político democrático. Pero debemos repensar la estrategia, combatir el desaliento, descartar acciones que molestan al pueblo o perjudican a quienes tienen que buscar la comida de cada día. Y por sobre todo reforzar la unidad, mediante amplias discusiones internas y dejando de lado las acciones unilaterales. La crisis económica y social, el hambre, la miseria, la inseguridad seguirán intensificándose e incrementarán el apoyo popular a quienes adversan las políticas equivocadas y el robo sistemático de las riquezas del país.

En cumplimiento del mandato popular debe designarse un nuevo Consejo Nacional Electoral. No se trata solo de nombrar a los dos rectores cuyo período está vencido, sino hacer el nombramiento definitivo de los tres restantes que fueron designados de manera provisional, según el ordinal 7 del artículo 336 de la Constitución por el Tribunal Supremo de Justicia y solo reconocer al TSJ cuando se incorporen los magistrados legítimamente nombrados por la Asamblea Nacional y hoy en día perseguidos sin haber cometido delito alguno.  Al nombrar, de conformidad con la Constitución y el mandato del 16 de julio, un nuevo CNE, mal puede pensarse en participar en un proceso de elección convocado por una autoridad electoral usurpada y jurídicamente inexistente.

Ocurre que al inscribir candidatos en este proceso de elecciones regionales se acata, tácitamente, la autoridad del Consejo Nacional Electoral. No convencen quienes afirman que “inscribir candidatos no es participar”. La postulación de candidatos es la primera fase del proceso eleccionario y, en consecuencia, quien se inscribe empieza a participar. Se legitima, así sea bajo protesta, la autoridad de un árbitro que ya sabemos totalmente parcializado, culpable de innumerables delitos electorales y desconocido por buena parte de la comunidad internacional.

Las consideraciones que anteceden son producto de una muy desapasionada reflexión, después de oír y analizar los argumentos de todos los sectores, en plena consciencia de que, por no estar en Venezuela, se me puede escapar la percepción de algunas realidades. También sé que es demasiado fácil dar consejos y recomendaciones sin correr los riesgos que cada venezolano enfrenta día tras día.

No pretendo descalificar a nadie, ni supongo aviesas motivaciones en quienes piensen distinto, a muchos de los cuales debo inmenso respeto. Solo les invito, con toda modestia, a reflexionar sobre lo que he expuesto, a discutirlo y al final, a pedir a los líderes que tomen, unidos, la decisión que mejor convenga a los intereses de Venezuela y explicarla con diáfana claridad a los venezolanos. Nos lo piden 157 mártires, miles de presos y miles de heridos y torturados.

Gustavo Tarre Briceño

Cuando pienso en la Venezuela de hoy, con frecuencia me pregunto ¿Cómo puede alguien apoyar, defender y servir al gobierno de Nicolás Maduro? Me estoy refiriendo a la Venezuela de los niños que mueren por desnutrición, de los seres humanos que compiten con los perros escarbando las bolsas de basura, de los jóvenes asesinados, torturados y encarcelados por los cuerpos represivos, de los bonos de PDVSA rematados a un tercio de su valor, de los revolucionarios multimillonarios dueños de yates, mansiones en el imperio y aviones privados, de los pacientes sin medicinas y de la mayor inflación e inseguridad personal del mundo.

Que quede muy claro que no me refiero a aquellos que apoyan a Maduro para garantizar una bolsa CLAP o por terror a los colectivos que amenazan a diario a quienes evidencien algún síntoma de disidencia. Tampoco estoy pensando en quienes con entusiasmo, buena fe y patriotismo, creyeron alguna vez en Hugo Chávez.

Mi pensamiento va dirigido a los que hoy respaldan al partido oficialista y a su jefe, el Presidente de la República.

No son idiotas, aunque algunos lo parezcan, ni creen que los venezolanos lo seamos, aunque algunos actúan como si lo fuéramos. Me permito suponer que ellos tienen su propia ética, que les lleva a justificar lo injustificable y a permanecer leales a quien no merece un ápice de lealtad.

Me estoy refiriendo a quienes piensan que “dentro de la Revolución, todo. Fuera de la Revolución, nada”. Forma de pensar expuesta de manera muy clara por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht:

“Aquél que lucha por el Comunismo debe saber batirse

y no saber batirse, decir la verdad y no decirla,

prestar sus servicios y rehusar sus servicios,

mantener sus promesas y no mantenerlas,

Exponerse al peligro y huir del peligro

darse a conocer, y mantenerse anónimo,

el que lucha por el comunismo, posee todas las virtudes en una sola: la de luchar por el comunismo.”

Cambiemos la palabra “comunismo” por “socialismo del Siglo XXI” o dejémosla allí, y creo que tenemos la respuesta a mi interrogante. Quienes luchaban por el comunismo y estaban dispuestos a todo para que triunfara, tenían una convicción clara: estaban prestos a sacrificar la moral, la verdad y la justicia, todo para alcanzar una sociedad justa, solidaria, generosa e igualitaria.

El veredicto del tiempo fue terrible. Alguna vez leí que el comunismo era un árbol con raíces generosas, tronco torcido y frutos venenosos. En todas partes del mundo el llamado “socialismo real” resultó algo totalmente distinto a lo ofrecido y esperado, y por ello, fueron legiones los decepcionados y los arrepentidos de haber violado todas las leyes, asesinado a millones de personas, atropellado, mentido, engañado y calumniado por una ideología que naufragó en el fracaso más espantoso. Muchos de esos arrepentidos no cometieron crimen alguno, se limitaron a creer en Marx, Lenín, Stalin, Mao o Fidel.

El comunismo resultó ser una estafa, una nueva forma de injusticia, de explotación egoísta y de corrupción sin límites. Condujo siempre al desastre económico.

Así pasó en Venezuela. Muchos acompañaron a Hugo Chávez para hacer la Revolución Bonita. Con buena fe, con generosidad y patriotismo. Los que así pensaron fueron paulatinamente abandonando al régimen que hoy en día padecemos. No valía la pena incurrir en injusticias para que Nicolás Maduro hablara con las vacas, tocara piano y bailara salsa sobre los cadáveres de estudiantes venezolanos. No tenía sentido tanto esfuerzo para que unos ladrones, narcotraficantes y rateros se enriquecieran.

El fin dejó de justificar los medios. Los medios pervirtieron al fin.

Algunos pensamos que estas perversiones se iniciaron hace muchos años, otros las atribuyen al mentecato que ejerce todavía la Primera Magistratura.

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz es un claro ejemplo, entre muchos, de esta visión ética que no comparto pero que respeto porque supone mucho coraje en el momento de rectificar.

Otros permanecen atados al sistema. Lo hacen por comodidad, por miedo, por disfrutar de bienes mal habidos o porque se enamoraron del poder. Perdieron la pureza, la inocencia y la conciencia.

O simplemente nunca leyeron otro texto de Brecht. Aquel que dice: “El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!”

A diferencia del dicho popular, en la Venezuela de hoy, son las ratas las que permanecen en el barco. A los que no se sientan roedores, aún están a tiempo de abandonarlo.

Gustavo Tarre Briceño

General, son muchas sus intervenciones públicas en las cuales usted se coloca al margen de la Constitución. Me quiero limitar a hacerle algunas preguntas en relación con sus más recientes declaraciones en las cuales usted afirma que “la primera pregunta que debe hacerse un soldado venezolano ante cualquier acción es si está eso (sic) enmarcado en la Constitución”.

Usted afirma que la Fuerza armada “está del lado de un proceso constituyente de acuerdo con los principios que establece la Constitución de este país, por voto universal, directo, secreto y libre”. Al hacer su propuesta, el señor Nicolás Maduro afirmó que la constituyente quedaría integrada de manera “territorial y sectorial”. Esta misma expresión aparece en el Decreto Nº 2830 que, por cierto, lleva su firma. Se explicó que elegir sectorialmente a los miembros de la constituyente sería mediante “la clase obrera, las comunas, las misiones y movimientos sociales” y que la mitad de los constituyentes, que se calculan en 500 serían elegidos en circunscripciones municipales y el resto por los sectores ya mencionados. Le pregunto si usted sabe que el voto “universal”, definido en el artículo 62 de la Constitución, es exactamente lo contrario de lo que propone el gobierno.

El oficialismo ha sido muy contradictorio a la hora de especificar cuál es el objeto de la asamblea constituyente y ha tratado de aclarar que no se trata de cambiar la Constitución, sino de “reforzarla y blindarla”. ¿Sabe usted que el artículo 347 de la Constitución establece que el objeto de una asamblea constituyente es “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”?

 
Usted afirma, en relación con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que se trató de una “controversia” que se resolvió en poco tiempo luego de que se revocó el fallo, pero dijo que ese “exceso” del TSJ “no puede ser llamado golpe de Estado”. ¿Piensa usted que asumir todas las competencias de la Asamblea Nacional y eliminar la inmunidad parlamentaria es una controversia o un exceso? ¿No se enteró usted de que la fiscal general de la República calificó “ese exceso” como un rompimiento del hilo constitucional? ¿Olvida usted que el Consejo de Defensa de la Nación, del que usted forma parte importantísima, consideró que esas sentencias, inicialmente aplaudidas por el presidente de la República, afectaban la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes? ¿Cree usted que la revocatoria de ambas sentencias, a las 24 horas de dictadas, por “exhorto” de ese mismo Consejo, que no tiene ninguna atribución en la materia, es una confirmación de la independencia y autonomía del TSJ consagrada en el artículo 254 de la Constitución?
Usted ha asegurado, general, que la actuación de la fuerza pública, buena parte de ella bajo su mando, ha “contenido” la violencia de las manifestaciones. ¿A quién pretende usted engañar? Venezuela (y el mundo) sabe que la Guardia Nacional lanza bombas lacrimógenas, muchas veces a quemarropa, a manifestaciones absolutamente pacíficas con la única intención de impedir el libre tránsito y violar el derecho de manifestar consagrado en el artículo 64 de la Constitución. ¿Ignora usted, general, que en esa norma se prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas? ¿Lleva usted la cuenta del número de muertos y de heridos que han causado los guardias que usted dirige? ¿Se ha enterado de las bombas que se han lanzado en hospitales, escuelas, guarderías y residencias particulares? ¿Le han informado que civiles armados disparan contra los manifestantes bajo la mirada complaciente o la complicidad de la Guardia Nacional?

 
Bajo su responsabilidad y mando se encuentra la prisión de Ramo Verde. Usted dice que la limitación del régimen de visitas es producto de una sanción a Leopoldo López por violentar las normas del penal. “Yo solo puedo decir –agrega– que el privado de libertad está gozando de buena salud y de sus derechos”. Le pregunto, ¿alguna vez, aunque sea por curiosidad, ha tenido usted ocasión de leer el artículo 44 de la Constitución, cuyo ordinal 2º reza: “Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas”? Y ya que está leyendo el artículo 44, lea también el 46 que dice: “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

 
Señor general en jefe: acaba usted de leer normas claras e inequívocas de la Constitución que usted juró defender. Le repito la frase con la que usted abre sus declaraciones: “La primera pregunta que debe hacerse un soldado venezolano ante cualquier acción es si está eso enmarcado en la Constitución”. Queda usted en el uso de la palabra, como soldado venezolano.

Pero le quiero hacer otra pregunta, ya no como abogado que soy, sino como ciudadano: ¿a usted la importa, para citar un solo nombre, Armando Cañizales Carrillo?

Gustavo Tarre Briceño

Creo que nadie discutirá el hecho de que el diálogo no ha sido bueno para la oposición. No es este el lugar y no soy yo la persona para hablar de los errores cometidos. Más bien me quiero referir a los “logros” del gobierno. Más de un sesudo analista ha proclamado que Maduro y su combo de delincuentes alcanzaron una gran victoria, pues lograron lo que buscaban: ganar tiempo. Y es verdad. Pero yo me pregunto, ¿para qué le sirve el tiempo al gobierno?

El tiempo sería útil si el oficialismo tuviese un plan político, económico y social para enderezar una situación que conduce a una catástrofe histórica sin precedentes. Pero sabemos que no es así. Quienes nos (des)gobiernan no tienen ninguna intención ni capacidad para descartar el modelo desastroso que les legó Hugo Chávez. Y si las tuvieran, no poseen ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la capacidad gerencial, ni la honestidad administrativa que se requerirían para implementarlo. El cociente intelectual y las destrezas de Maduro y sus ministros son, comparados con otros equipos de gobierno, los más bajo del mundo. Mugabe, Ortega, Correa y Evo Morales parecen genios cuando se les compara con nuestro primer mandatario, cuyos apodos son suficientemente esclarecedores en lo que a su intelecto se refiere.

El tiempo “ganado” solo le sirve al gobierno para nuevas metidas de pata, nuevos errores, nuevos desaciertos, mayores corruptelas y un crecimiento exponencial de la crisis que azota a Venezuela. El lapso que ha ganado, será aprovechado por Maduro para mayores desatinos (la palabra sí existe en el diccionario), más atropellos al lenguaje y más infundios, calumnias y mentiras. Los días que sigan a esta “victoria” temporal le permitirán incrementar la represión, pero vuelvo a preguntar: ¿para qué?

En la memora colectiva de los venezolanos está grabado el referéndum revocatorio contra Chávez. Y es verdad que el tiempo “ganado” le permitió al Comandante Eterno desarrollar una efectiva estrategia para recuperar popularidad. Pero Chávez tenía dinero y tenía la asesoría de Fidel Castro. Maduro no cuenta ni con lo uno ni con lo otro. La decisión de la OPEP le da a Venezuela un mínimo respiro que se reducirá a nada debido a la pérdida de la capacidad de producción de Pdvsa. Y Fidel Castro, pasó a peor vida… Quienes le sobreviven en La Habana tienen una gran capacidad para asesorar en materia de represión, pero nada saben del manejo eficiente de la economía.

Sí, Maduro ganó tiempo, pero para qué. Solo logró retrasar unos días o semanas, su inevitable renuncia. Así que no hay lugar para el desaliento.

GustavioTarre Briceño

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, declarando nulos, “por desacato”, los actos que aún no ha dictado la Asamblea, no solo encierra una ridícula contradicción lógica, pues pretende ejercer la función de control sobre actos inexistentes para el momento de la decisión, sino que significa el fin de la representación popular elegida el 6 de diciembre pasado. La voluntad de 7 jueces de dudosa procedencia prevalece por encima de la decisión de 8 millones de venezolanos.

Para muchos comentaristas esta sentencia sella la muerte de la democracia venezolana. Vivimos en dictadura.

En nuestra opinión, se trata de un paso más en un proceso que viene marchando desde hace varios años.

Debemos recordar que la caracterización del régimen político venezolano ha sido objeto de discusión tanto académica como política, y que ese debate ha ocurrido no solo en Venezuela sino en el plano internacional. ¿Hay todavía democracia en Venezuela? ¿Vivimos ya en una dictadura?

Existe un tema, a nuestro parecer esencial, para dilucidar la cuestión.

Se trata del estado de excepción que rige en Venezuela desde el mes de enero del presente año.

Debe recordarse que esta figura tiene origen en la Roma antigua. Se establecía que, de presentarse situaciones que pusieran en peligro la vida de la República, se abría la posibilidad de entregar el poder supremo, de manera temporal, a un magistrado propuesto por uno de los cónsules, con la aprobación del Senado.

Desde entonces, un número importante de constituciones en el mundo han consagrado los estados de excepción, denominados por la doctrina como “dictadura comisoria” permitiendo la desaplicación de una parte del orden jurídico para que puedan tomarse, con celeridad y eficiencia, las medidas que permitan superar circunstancias que pongan en peligro la supervivencia de la nación y de los derechos de los ciudadanos. La Constitución venezolana regula también cómo una situación excepcional puede temporalmente conducir a suspender la aplicación de la norma común.

Pero ocurre en el derecho constitucional moderno, y en el venezolano en particular, que el estado de excepción está sometido a estrictas regulaciones:

a) Deben presentarse unas “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos”. Es perfectamente razonable el pensar que las facultades ordinarias conferidas al presidente, a la Asamblea Nacional y al Banco Central de Venezuela son absolutamente “suficientes” para resolver la crisis que vive Venezuela. Lo que falta es una voluntad política clara, que conduzca a decisiones acertadas y logre la acción coordinada de todos los poderes públicos y de la sociedad civil. A contrario debe señalarse que nada ha hecho el gobierno con plenos poderes para solucionar la crisis.

b) Para impedir el uso abusivo de la excepción, se establece que la decisión debe ser tomada por el Poder Ejecutivo con la aprobación de los demás poderes públicos. Dice la Constitución: “El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción” y agrega: “El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad”. De manera violatoria de este texto, que no tiene otra interpretación que no sea la literal, el Tribunal Supremo de Justicia ha permitido que el presidente usurpe las funciones de la Asamblea y violado la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, promulgada por el presidente Hugo Chávez en el año 2007, que ordena:

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia”.

c) Por definición, los estados de excepción son temporales y cualquier prórroga de los mismos requiere igualmente la aprobación del Parlamento. La Constitución venezolana señala que en el caso de la emergencia económica la duración será de sesenta días y para la “conmoción interior y exterior”, noventa días. Cualquier prórroga debe ser aprobada por la Asamblea Nacional que podrá además revocar el decreto, en cualquier momento, cuando considere que han cesado las causas que lo motivaron. El estado de excepción rige en Venezuela desde hace ocho meses y tiene visos de permanecer en el tiempo y conducir a nuevas violaciones de la Constitución.

d) No todo el ordenamiento jurídico puede ser suspendido por el estado de excepción. En Venezuela se establece de manera imperativa la vigencia, aun en estas circunstancias excepcionales, de las garantías “referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, además se debe cumplir con “las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El estado de excepción no permite atentar contra el derecho a la vida, desaparecer personas, torturarlas y privarlas del debido proceso. La libertad de información es intocable.

e) El poder no se concentra en una sola persona. Los poderes públicos mantienen sus funciones. Así lo ordena La Constitución: “La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”. Es, por lo tanto, imposible pensar en que el estado de excepción le permita al presidente disolver la Asamblea Nacional o levantar la inmunidad de los parlamentarios que, dicho sea de paso, solo puede allanarse con la autorización previa de la propia Asamblea. En esa misma norma se estable que “los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”.

De lo antes dicho se desprende que la dictadura comisoria, limitada en el tiempo, restringida en su ámbito y sometida a controles no es lo que existe en Venezuela, sino una dictadura pura y simple, en la cual la excepción se ha convertido en regla y ni siquiera se respeta la normativa que debe regir durante la emergencia.

Hay quienes piensan o alegan que Nicolás Maduro, a diferencia de los dictadores tradicionales, fue elegido por el pueblo venezolano. Pero debemos recordar el carácter muy dudoso de esa elección, cuya pureza no fue, a pesar de las promesas, comprobada y que esa “legitimidad de origen” se ve claramente afectada por la intransigente negativa del gobierno a someterse a la aprobación del pueblo venezolano, a través del referendo revocatorio establecido de manera inequívoca en la Constitución, tal como lo señalara recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En cuanto a la “legitimidad de ejercicio” la dramática situación económica y social que vive Venezuela nos ahorra cualquier comentario.

El gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo tanto en su origen como en su desempeño.

En cuanto a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, debe anotarse que se trata de un organismo espurio, producto trasnochado de una Asamblea Nacional derrotada, con violación de las disposiciones constitucionales que rigen su designación y cuyos integrantes no cumplen con las condiciones de idoneidad profesional, honorabilidad y experiencia que exigen la Constitución y la Ley Orgánica del mismo Tribunal Supremo. El TSJ no solo ha violado la Constitución al cohonestar la decisión del gobierno de decretar el estado de excepción sin la aprobación de la Asamblea, sino que ha vulnerado sistemáticamente las atribuciones del Parlamento anulando las leyes que este sanciona y eliminando las facultades de control sobre el Poder Ejecutivo, que la Constitución le otorga.

A manera de conclusión señalamos que el gobierno de Venezuela se ha convertido en una dictadura que ya ni siquiera se pretende disfrazar o disimular.

Las características del gobierno de la República, establecidas en el artículo 6 de la Constitución, y que se refieren a la democracia, la participación, la elección, la descentralización, la alternabilidad, la responsabilidad, el pluralismo y la revocabilidad de los mandatos, han desaparecido y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de tener vigencia.

Gustavo Tarre Briceño