Muchos analistas en el ámbito jurídico han señalado con propiedad las fallas del juicio

La sentencia contra Leopoldo López, emitida el jueves 10 de septiembre, es injusta. Para todos aquellos que quieran aplicar la razón, es claro que no ha habido lo que en derecho se conoce como un «debido proceso», y que la sentencia no hace más que reproducir una decisión política tomada por el gobierno desde el mismo momento de su entrega.

Muchos analistas en el ámbito jurídico han señalado con propiedad las fallas del juicio, y voceros de organismos internacionales como la ONU, OEA, la Unión Europea y hasta la propia Unasur, han mostrado su consternación por la dureza de esta sentencia, por lo cual piden que rápidamente sea publicada en su integridad, para estudiar los argumentos que sirvieron de base para la emisión del veredicto.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró consternado por la «dura sentencia» que se le impuso al dirigente del partido Voluntad Popular. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aboga por el respeto a la disidencia como base fundamental del fortalecimiento de una cultura democrática de libertades civiles, que no debe ser sancionada con la privación de la libertad, salvo en casos demostrados de violación del orden constitucional. Por su parte, desde la Unión Europea voceros autorizados afirmaron textualmente «los juicios contra el señor Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, y los cuatro estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martín y Ángel González no han proporcionado a los acusados las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal».

Esta sentencia, por injusta y arbitraria, hace un terrible daño a la sociedad, porque contribuye a crispar la polarización existente, exaltando los odios y el rechazo entre chavismo y oposición. El gobierno pretende unificar a sus partidarios presentando a Leopoldo López como el mayor enemigo interno de la revolución, causante de muertes, incendio, instigador contra la ley y el gobierno. Su condena es la respuesta de la revolución que se defiende y castiga a todos aquellos que intentan derrocarla. Para quienes se identifican con la oposición política, la sentencia cierra puertas para el entendimiento y la posibilidad de diálogo, es imposible establecer acuerdos con quien se empeña en destruirte abusando del poder y de la fuerza. De esta manera se profundiza un abismo en la sociedad, un muro infranqueable que conduce inevitablemente al enfrentamiento. Desgraciadamente ese es el mensaje que intenta vender la sentencia.

Oscar Schemel, analista de opinión que goza de la confianza del gobierno, señaló recientemente que quien va ganando en este momento en el país es el descontento. Lamentablemente coincido con él. Sólo que matizaría los siguientes elementos: más del 80% de la población señala en las encuestas su profundo malestar con la situación económica y social que padece el país, con la incertidumbre sobre cómo vamos a salir de esta situación. Hasta aquí de acuerdo con Schemel. Sin embargo, hay que agregar que ese malestar se hace más profundo cuando se comprueba que se pretende disfrazar esos grandes problemas con falsas batallas creando enemigos internos y externos imaginarios, fantasmagóricos, supuestos causantes de los problemas que nos aquejan.

La oposición no ha pisado el peine que esta sentencia busca, que es caer en la desesperanza y en la búsqueda de salidas radicales, agudizando el conflicto. Todo lo contrario, el mismo Leopoldo ha llamado a unificarse en torno a la salida electoral, convirtiendo el próximo 6 de diciembre en una expresión institucional y democrática de manifestación de rechazo a esta forma de gobierno.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

El impacto económico del cierre de frontera para ambos países es demoledor

El modo de gobierno en Venezuela es estrambótico. Se trata de administrar lo público a través de acciones que produzcan impacto, que infundan miedo, que den mucho de qué hablar nacional e internacionalmente, que pongan en evidencia la mano dura del gobernante y la fuerza del Estado para hacerse valer. Generalmente, hay discursos públicos de tono fuerte para anunciar las medidas, reparto de ofensas sin discriminación y prudencia a quienes se califica de enemigos y argumentos justificativos que no explican mucho pero sí acusan con contundencia. En su discurso del pasado viernes 28 de agosto ante un grupo de militantes del PSUV, convocados para apoyar las medidas en la frontera tachirense con Colombia, el presidente Maduro dijo: «en Venezuela no hay un gobiernito, sino una revolución con cuatro bolas, una revolución antioligárquica, antiimperialista y profundamente chavista, ¡carajo!».

Las medidas referidas son un buen caso para ejemplificar lo estrambótico como modo de gobierno. El pasado 21 de agosto el gobierno venezolano decretó el cierre de frontera y estado de excepción constitucional en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta del estado Táchira. El 28 de agosto el cierre de frontera y movilización de 3.000 efectivos militares en los municipios Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano del mismo Estado.

A los pocos días, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportaba, que las acciones desarrolladas por el gobierno de Venezuela, habían dejado como saldo 1.088 ciudadanos colombianos deportados /repatriados en el Norte de Santander, incluyendo 244 menores de edad. También estimaba el informe, que 4.260 personas han retornado espontáneamente a Colombia desde los municipios afectados por la medida.

Las acciones han sido legitimadas como respuesta a la «guerra económica» que desde el país vecino se desarrolla contra Venezuela, mediante el comercio ilegal de extracción, la manipulación artificial del tipo de cambio y el negocio ilícito que dirigen diversos grupos irregulares, con omisión de las autoridades colombianas. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia han señalado que el Gobierno actúa en el marco de la potestad que le concede la Constitución Nacional y que las circunstancias justifican la aplicación del Estado de excepción.

Los problemas referidos en la frontera colombo-venezolana son muy graves. Muchos voceros así lo han señalado con claridad desde hace tiempo, sin que hayan encontrado respuesta en los gobernantes de nuestro país y en Colombia. La población residente es quien más ha sufrido y es quien con estas medidas la está pasando peor. No se ve cómo los grandes responsables de mantener el orden en la frontera van a ser puestos «en orden», cómo se va a enfrentar la corrupción de algunos políticos, entre los actores importantes. Pero, además de todo ello, desde el punto de vista de nuestros problemas económicos, cerrar la frontera no detiene el contrabando, porque en nuestro país los estímulos para el contrabando se mantienen intactos. Al mismo tiempo, el impacto económico del cierre de frontera para ambos países es demoledor. Desde el punto de vista social, los impactos son duros y crueles. Desde el punto de vista diplomático, estamos perdiendo un socio tradicionalmente importante.

Obviamente, estas debilidades ponen de manifiesto que las medidas adoptadas buscan otros efectos de índole simbólico, mediático y movilizador en un contexto de grave vulnerabilidad del Gobierno, para lo cual lo estrambótico como modo de gobernar puede funcionar.

Francisco José Virtuoso SJ

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Este proceso electoral, por sus características, requiere un tipo de campaña muy especial

Esperamos mucho por la fecha de las próximas elecciones parlamentarias. Obviamente había una fuerte resistencia en el oficialismo. Era público y notorio el debate interno en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela. La decisión fue precedida por huelgas de hambre, marchas ante el Consejo Nacional Electoral y de pronunciamientos de voceros internacionales. Ha sido un espectáculo bochornoso para la institucionalidad electoral y, más aún, una evidencia de por qué una mayoría importante del electorado percibe al CNE como un organismo público parcializado.

Ahora, pasado este episodio, hay que navegar por las turbulentas aguas del crispado ambiente político venezolano para que estas elecciones sirvan para que alcancemos un clima de convivencia democrática, en medio de la disidencia y la polarización existente.

Lo primero, es tener muy presente que estamos ante unas elecciones cuyas características son muy complejas por su propia naturaleza y por las características del sistema electoral. Los optimismos fáciles no tienen mucha cabida. Los sondeos nacionales sobre preferencias electorales señalan tendencias generales pero no se traducen necesariamente en números de diputados en la Asamblea Nacional. La militancia de los distintos partidos que concurren a las elecciones, como la sociedad en general, tienen que tener en claro esta realidad para evitar falsos conflictos y las frustraciones que devienen de una comprensión errada de este proceso electoral.

Las próximas elecciones parlamentarias no serán una elección nacional. Eso conviene tenerlo muy claro. El próximo 6 de diciembre tendremos 114 elecciones distintas e independientes entre sí. Los venezolanos elegirán, entre todas ellas, a 167 diputados. 113 serán electos nominalmente, 51 mediante lista y 3 representantes de las comunidades indígenas, también electos nominalmente.

Por ello es importante tener en claro que las proyecciones que puedan hacerse de las diversas encuestas nacionales, sin negar su importancia como herramienta para visualizar las preferencias políticas de los electores, no predicen necesariamente la posible composición de la nueva Asamblea Nacional.

Por otra parte, como ha insistido la organización Observatorio Electoral Venezolano (OEV), la Ley Orgánica de Procesos Electorales instauró en el país un sistema electoral cuasi mayoritario, no de representación proporcional, contrariando con ello explícitas y reiteradas disposiciones en la Constitución. Por lo que termina privando las llamadas «alianzas perfectas» que permiten imponer las mayorías relativas.

Este proceso electoral, por sus características, requiere un tipo de campaña muy especial. Es necesario que los electores en cada circunscripción tengan un conocimiento muy exacto de las opciones y sus candidatos y que constituyan formulas electorales que permitan alcanzar mayorías en cada una de ellas.

La necesidad de construcción de mayorías supone también un mensaje unitario, una suerte de paraguas común, que permita que la mayoría nacional se agregue a nivel local en fórmulas electorales concretas, a la vez que se atienden a los problemas locales. Se requiere pues de estrategias muy concertadas de las grandes opciones en disputa, lo que parece muy difícil de lograr en el actual cuadro de dispersión y personalismos que presenta el chavismo y la oposición.

Finalmente, si efectivamente queremos que estas elecciones constituyan un puente para arribar a un escenario de mayor institucionalidad democrática, se requiere que esta contienda sea de mucho debate, movilización y de exigencia para que respeten las garantías de una sana competencia electoral.

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Las buenas prácticas recomiendan la aplicación de diferentes modalidades de evaluación

El 16 de diciembre de 2014, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), presentó ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), las nuevas variables para la asignación de cupos, utilizando un modelo multivariable, que consiste en valorar el 50% del índice académico de las notas de primero a cuarto año de bachillerato, 30% a las condiciones socioeconómicas para favorecer a los que menos tienen, 15% a la territorialización (variable geográfica) y un 5% por la participación del estudiante en actividades que trascienden lo individual, es decir, trabajo con su comunidad, con el liceo y la sociedad.

En abierta contradicción con el artículo 20 numeral 6 de la Ley de Universidades y con las decisiones tomadas previamente por el CNU, se estableció que los cupos para las universidades públicas serían asignados en su totalidad y directamente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Mediante estos procedimientos se estaría garantizando la democratización del acceso a las universidades, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 102 y 103 de la Constitución Nacional y en el Plan de la Patria.

Todo venezolano debe estar de acuerdo con garantizar la democratización de los procesos de acceso a la educación universitaria. El problema es qué significa este desiderátum. Si entendemos que democracia representa igualdad de oportunidades, lo que el Estado y la sociedad deben garantizar, es que nuestros niños y jóvenes encuentren en la educación inicial, la escuela básica y el bachillerato una adecuada formación para el desarrollo de sus capacidades y talentos, de tal manera que puedan escoger «sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones», la carrera profesional de su preferencia.

Al mismo tiempo, las instituciones universitarias, deben estar debidamente preparadas para responder efectivamente a esta demanda, contando con recursos presupuestarios adecuados, docentes debidamente remunerados, infraestructura en condiciones de alojar en su seno a los solicitantes, permanente reposición de mobiliario y equipos, inversión constante en tecnología, entre otros factores.

Las buenas prácticas a nivel internacional recomiendan la aplicación de diferentes modalidades de evaluación de los aspirantes a ingresar al sistema universitario, en base a sus méritos académicos, sus aptitudes y su orientación vocacional, para evitar la deserción y garantizar su egreso exitoso, lo que permite también que la institución les ofrezca un adecuado acompañamiento durante su proceso de formación.

El modelo de asignación de cupos establecido por el MPPEUCT y la prerrogativa asumida por la OPSU de asignar la totalidad de los cupos, quitando las competencias establecidas por ley a los consejos universitarios, no representa ninguna garantía de democratización, lo que está facilitando es un mecanismo de ingreso masivo a las universidades, sin garantizar ni la prosecución exitosa de la carrera por parte de los estudiantes, ni la adecuada atención por parte de las casas de estudio. Demagogia no es democracia, es solo falsa ilusión.

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Los ciudadanos debemos exigir condiciones electorales íntegras

Es inadmisible que al día de hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya fijado fecha para las próximas elecciones parlamentarias. No hay razón para que no contemos con un día preciso en el último trimestre de este año, cuando desde hace mucho tiempo se sabe que estos comicios deben realizarse en este período. Las razones señaladas en una entrevista reciente por la presidenta del CNE, fueron que las solicitudes de elecciones internas realizadas tanto por el PSUV como por la oposición, complicaron el trabajo normal del ente comicial.

Fijar la fecha de las elecciones parlamentarias, permitiría, en primer lugar, despejar todo tipo de dudas sobre la intención o no de celebrar dichas elecciones. Son muchos los rumores que corren y que contribuyen a crispar el ambiente político, generando zozobra e incertidumbre.

La fijación de la fecha es fundamental para los candidatos y las organizaciones políticas, los cuales pueden planificar mejor sus campañas electorales y sus estrategias. También la ciudadanía en general y las instituciones pueden organizar más adecuadamente su participación en este evento.

Pero más allá de estos argumentos prácticos, lo más relevante tiene que ver con la seriedad institucional, cosa de la que lamentablemente carecemos en demasía por estos tiempos. Si para algo las instituciones son relevantes en una sociedad, es para generar confianza, establecer normas claras, dar ejemplo de apego a la ley y con todo ello marcar derroteros claros para la acción colectiva.

Estas elecciones parlamentarias tienen un significado fundamental en la construcción de espacios para procesar políticamente la crisis que vivimos como sociedad. Dada esta relevancia, el CNE está obligado a generar confianza para la masiva participación electoral y en la generación de expectativas que contribuyan a fortalecer las esperanzas en la composición política del nuevo Parlamento.

Lamentablemente este no es el rol que está desempeñando el CNE en este momento. Muy por el contrario, parece empeñado en contribuir a desmovilizar a la ciudadanía. Por una parte, se decide arbitrariamente suspender la elección directa de los miembros al Parlamento Latinoamericano, ante la solicitud del partido oficial de gobierno. En segundo lugar, se reforma la composición de algunos circuitos electorales, concediendo una clara ventaja a los partidarios del gobierno. Tampoco se acepta la presencia de la observación internacional de organismos de amplia trayectoria y reconocimiento en la materia como son la OEA y la Unión Europea, pretendiéndolas sustituir bajo el artificio del «acompañamiento electoral» de personalidades internacionales invitadas por el CNE. La observación nacional también viene siendo limitada desde hace varios años.

Lo peor que podemos hacer los ciudadanos es caer en la trampa de la desmovilización, haciéndole el juego a quienes están empeñados en desdibujar la institucionalidad del proceso electoral. Los ciudadanos debemos exigir condiciones electorales íntegras, debemos organizarnos para participar en la vigilancia del proceso electoral y, especialmente, hacer uso de nuestro derecho al voto.

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Los relatos de la pasión ponen al descubierto las diversas patologías del poder y la religión

Los largos relatos de la pasión de Jesús en los evangelios ponen de manifiesto el drama de un hombre justo, bueno y santo, enfrentado con saña por los poderosos de su tiempo, expuesto al escarnio público, traicionado por los suyos, reducido a la soledad y al desamparo total. Para los cristianos, ese hombre es el Hijo de Dios, el Mesías, el «enviado», que nos revela que la tierra de paz, fraternidad, justicia y libertad, tantas veces soñada y proclamada, es posible en la medida en que asumimos la verdad en toda su radicalidad y no transigimos ante el mal, sirviéndonos para ello no de la venganza, la espada y la muerte, sino del servicio y la entrega, hasta de la propia vida.

Jesús fue un Mesías que decepcionó a muchos. No asumió la figura del mesías político que liberaría a su pueblo del dominio extranjero, que implantaría de nuevo el recordado y glorioso reino de David. No fue tampoco el mesías de gestos espectaculares de gloria y poderes especiales. Siempre rechazó la tentación de utilizar sus milagros como signos de su propia grandeza y poder.

Su mesianismo fue muy especial. Su tarea fue anunciar la cercanía del reinado de Dios, como un profeta itinerante entre la gente de su pueblo. A todos los invita «entrar» en el reino de Dios que está ya irrumpiendo en sus vidas. Jesús camina entre campesinos y pescadores, entre ellos enseña, sana y reconcilia. El evangelio lo dice de manera clara y directa: «fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios»

Los estudiosos del Jesús histórico afirman de manera unánime lo siguiente: «Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado reino de Dios y, con él, la vida, la justicia y la paz.»

Profeta del reino de Dios, maestro de la palabra, poeta de la compasión. Ese fue Jesús. Pero también un crítico muy duro de los poderes que en nombre de Dios, del Estado o de la tradición oprimían a la gente. Su presencia pública desencadena un proceso que termina con un juicio, cuya sentencia estaba dictada de antemano: es conveniente que muera por el bien de la religión y de la estabilidad del orden político.

Los relatos de la pasión ponen al descubierto las diversas patologías del poder y la religión. En el juicio a Jesús se manifiesta la arrogancia y soberbia de quienes amparados en el poder político se sienten con la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de aquellos que están bajo su imperio. La hipocresía del apego a las formalidades jurídicas cuando sólo se busca legitimar las decisiones ya asumidas. La utilización de la voz del pueblo para teñir de democracia lo que es un dictamen autocrático. Y, por supuesto, la utilización del nombre de Dios para corregir severamente lo que se considera una blasfemia.

Aquel que vino a salvar el mundo no se le escucha, no se le acoge, no se le recibe

Es de noche en Belén. Una mujer embarazada y su esposo buscan posada. Han viajado mucho para llegar hasta allí. Salieron desde Nazaret para cumplir el mandato del emperador Augusto, que ordenó hacer un censo en todos sus dominios, es decir, «en todo el mundo el mundo», según acota el evangelio de Lucas, que es quien nos narra la historia que celebraremos esta noche de 24 de diciembre.

El relato que nos cuenta Lucas parece sugerirnos que en el caso de la región de Judea, el censo se dirigía a los jefes de familia y se aplicaría en la tierra de sus antepasados. José, el esposo de María, la embarazada de nuestra historia, se tiene que dirigir hasta Belén, de donde son oriundos sus familiares. Entre ellos se cuenta nada menos que con el rey David, recordado en Israel como el inaugurador del período de grandeza y soberanía de la nación. Pero eso fue hace ya muchos siglos, de aquel reino no quedaba ni grandeza ni independencia. El mismo José era ahora un artesano que vivía en una humilde comarca.

Llegó la hora del parto. La madre envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada.

Así de sobrio y escueto es el relato del evangelio sobre nada menos que el acontecimiento más importante de la historia humana según la fe cristiana. Llegó el momento que Israel esperaba desde hacía muchos siglos, durante tantas horas oscuras, el momento en cierto modo esperado por toda la humanidad: que Dios saliera de su ocultamiento, acampando entre nosotros, renovando todo, trayendo la salvación de la paz y la fraternidad.

La mamá acuesta al niño en un pesebre por una estremecedora razón, dicha de paso en el relato. No habían encontrado lugar en la posada. Juan, en su Evangelio, fijándose en lo esencial, ha profundizado en esta breve referencia sobre la situación de Belén. «Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron» (1,11). El Hijo de David fue a su ciudad, pero tuvo que nacer en un establo, porque en la posada no había sitio para él. Se refiere también a todo Israel. Vino a sus paisanos, pero no lo quisieron. En realidad, se refiere a toda la humanidad. Aquel que vino a salvar el mundo no se le escucha, no se le acoge, no se le recibe.

Sigue la noche, un grupo de pastores acampan en la intemperie, cuidando sus ovejas. Ellos, entre temores y asombro, reciben la buena noticia, se mueven desde donde están y van rápidamente hasta donde les indicaron a ver lo sucedido. Al llegar comentan, comparten el asombro, dan gloria a Dios. Ellos sí lo reconocieron, lo acogieron y se alegraron.

La salvación, que celebramos esta noche, comienza con el encuentro fraterno, que nos hace cercanos y prójimos de los otros. Comienza cuando salimos de nosotros mismos y extendemos la mirada, cuando somos capaces de dejarnos sorprender e impactar, cuando tomamos la iniciativa para salir al encuentro de la novedad.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

Venezuela necesita de encuentro, de fraternidad y convivencia. Necesitamos salir de la oprobiosa polarización que nos divide artificialmente y que sirve a la elite política en el poder para excluir y dominar. Reconocernos y encontrarnos nos salvará.

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