Los venezolanos siguen dudando del liderazgo que ejerce el presidente Nicolás Maduro, según los reflejan los indicadores de percepción económica, política y desempeño de la última encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD).

Maduro no ha logrado convencer a los electores de que él es quién manda en el país. Según el IVAD cuatro de cada 10 ciudadanos están convencidos que las decisiones que toma el jefe del Estado se limitan a seguir las instrucciones dejadas por Hugo Chávez. Pocos son los que creen (12%) que Maduro ejerce su liderazgo personal, al punto que 16,9% considera que se limita a seguir las órdenes que le imparten desde Cuba, mientras 11,5% cree que improvisa sus decisiones.

Las dudas que existen sobre el liderazgo se trasladan a la valoración del país. Según el IVAD 1,3% de los ciudadanos consideran la situación como «muy estable» y 21,4% creen que es «estable». No obstante, 54,8% dice que es «muy inestable» y 12% «muy inestable». ¿Quiénes creen que la situación es «inestable» y «muy inestable»?

37% de los ciudadanos que se autodefinen como chavistas radicales creen que la situación es inestable, mientras que la cifra sube a 40,9% en el caso de quienes creen que es «muy inestable». Incluso, 36% de quienes aseguran simpatizar o militar en el PSUV coinciden en que la situación es «inestable».

Es de presumir que la percepción sobre la situación país está afecta directamente la intención de voto por los candidatos al chavismo. A tres meses de las elecciones municipales el IVAD refleja un «empate técnico» en el voto nacional. Según sus estimaciones 66% de los ciudadanos está dispuesto a votar el 8 de diciembre. ¿Cómo lo harán? 37,6% dice que apoyará a los candidatos postulados por el Gran Polo Patriótico, mientras 35% asegura que lo hará por los aspirantes respaldados por la Mesa de la Unidad Democrática.

La paridad en la intención de voto es similar a la que se refleja en los bloques políticos situacionales. Mientras el bloque chavista está integrado por 41,8% de los ciudadanos (36% de chavistas duros + 5,8% de chavistas moderados), el bloque opositor lo integran 39,6% de los ciudadanos (21,2% opositores duros + 18,4% de opositores moderados). En esta distribución de los bloques políticos la cifra de «no identificados políticamente» se reduce hasta 18,6%.

Este panorama, unido al previsible empeoramiento de crisis económica y a las encuestas de ámbito municipal, hace suponer que si las elecciones fueran este domingo existiría paridad en el voto nacional (con leve tendencia a favorecer a la oposición). No obstante, aunque el chavismo lograría ganar el mayor número de alcaldías, la oposición estaría en capacidad de duplicar el número de municipios que domina, llegando a conquistar el triunfo en un tercio de las jurisdicciones, la mayoría de ellas ubicados en el corredor electoral, lo que equivale a decir las municipales más importantes si se considera su población y recaudación fiscal.

Ante lo que podría convertirse en un descalabro electoral del chavismo, el presidente de la República prepara el terreno y advierte «¿Quién dijo que por un concejal más o un concejal menos la revolución se va a perder?».

En vista de este panorama el relanzamiento del Estado Comunal -amparado en las cinco leyes del Poder Popular aprobadas de formas express en diciembre del año 2010- está claramente concebido para sustituir el previsible avance de la oposición en el ámbito local y frenar cualquier tipo de proyecto regional o local autómono dentro del chavismo.

Como hemos escrito en anteriores oportunidades: La Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social y Ley Orgánica de Planificación Popular son normas que, aunque desconocen el resultado del referendo constitucional del año 2007, están vigentes y de ser aplicadas íntegramente hacen innecesaria la figura de los concejales y convierten el cargo de alcalde en una figura meramente decorativa.

La duda no es el resultado del 8D, sino cómo hará el chavismo para -tomando la palabra de Maduro- desmontar el actual sistema electoral para sustituirlo por uno de segundo grado en el cual la aspiración máxima sería lograr que la elección del presidente sea de segundo grado, vale decir: comunidades eligen a los integrantes de los consejos comunales, los consejos comunales aprobados por el ministerio (en vista de su afinidad ideológica) elegirán a los integrantes de las comunas y éstos a sus representantes antes los parlamentos comunales. En última instancia, desde los parlamentos comunales se escogerá al Parlamento Comunal Nacional y del consenso de sus integrantes el presidente de Venezuela.

Con esta fórmula se lograría eliminar lo que Maduro califica como «la asquerosa democracia representativa», que en última instancia es la elección con voto directo, universal y secreto.

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Desde hace cuatro años 83% de las alcaldías están en poder del PSUV. No obstante, la tendencia de votación del 14 de abril y el panorama que muestran distintos estudios de opinión pública (con excepción de los históricamente favorables para el chavismo) dan cuenta que la oposición, que actualmente domina 52 alcaldías, podría llegar a obtener el triunfo en 100 municipios y pelear la victoria en otros 20.

La tendencia del 14 de abril, unida a los resultados de las encuestas, sugiere que el chavismo continuará manteniendo el control de la mayoría de las alcaldías del país y la oposición, además de ganar el simbólico voto nacional, podría recuperar las alcaldías más importantes del país.

Si esta proyección resulta acertada, el chavismo estaría experimentando una merma considerable en su control sobre espacios locales En este escenario el cálculo oficial es sencillo. En caso de materializarse un descalabro electoral el 8 de diciembre las comunas le servirán para restar todo el poder político que sus adversarios pueden arrebatarle por los votos.

No es casualidad que el presidente Nicolás Maduro relanzara la semana pasada el tema comunal. Basta con recordar que el máximo deseo del Comandante Hugo Chávez era que, al menos, 68% de los venezolanos vivan en comunas.

En diciembre del año 2010 por el «nerviosismo» que causaba la llegada de la oposición a la Asamblea Nacional el chavismo no solo modificó el Reglamento de Interior y de Debates para restar todo el palco posible a sus enemigos, sino que aprobó cinco leyes que desarrollan todo el entramado del Poder Popular.

La Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social y Ley Orgánica de Planificación Popular son normas que, aunque desconocen el resultado del referendo constitucional del año 2007, están vigentes y de ser aplicadas íntegramente hacen innecesaria la figura de los concejales y de las cámaras municipales y convierten el cargo de alcalde en una figura meramente decorativa.

El chavismo quiere avanzar lo más rápido posible a un modelo que le servirá para desmontar definitivamente lo poco que queda de la estructura político-administrativa consagrada en la Constitucional Nacional, para sustituirla por un sistema que –desde el punto de vista electoral– llevará al país a comicios de segundo grado cuyo fin último es garantizar que las comunidades designen a sus representantes ante los consejos comunales, éstos a su vez escojan a las autoridades de las comunas, la unión de estas comunas servirá para que las autoridades designen al parlamento comunal (que paulatinamente sustituirá a la Asamblea Nacional) y los integrantes de esta última instancia tendrán el privilegio de escoger –al mejor estilo del Sóviet Supremo Soviético– al Presidente.

Esta es la consecuencia a largo plazo, que tal vez no se encuentre tan lejos como algunos analistas suponen si se considera que ya están constituidas 103 comunas en todo el país.

No obstante, en el corto plazo lo que podrá observarse es que el Estado que consagra la Constitución Nacional deberá coexistir con la nueva estructura político-territorial que crecerá a la par de las comunas.

Aunque cualquier vocero del Ejecutivo Nacional puede refutar los anteriores argumentos esgrimiendo que en ninguna de las cinco leyes del Poder Popular taxativamente se contemplan la eliminación de gobernaciones, alcaldías y concejos municipales, el hecho es que en la práctica la constitución de las comunas servirá –amparándose en las leyes de 2010 que desconocen el referendo de 2007– para invadir y tomar las competencias constitucionales que tienen los municipios y las gobernaciones.

Aunque desde el chavismo se argumenta que la constitución de comunas es «el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural y en todo ámbito», en la práctica el nuevo modelo político significará la configuración de un Estado totalmente diferente al Federal y descentralizado que aún se mantiene.

Relanzar la creación de comunas no solo servirá para desconocer elegantemente cualquier resultado adverso el próximo 8 de diciembre, la aplicación de las cinco leyes del Poder Popular significará la modificación sustantiva del régimen de propiedad, para promover la propiedad social directa e indirecta, la propiedad colectiva y la propiedad mixta; escenarios en los que la propiedad privada será cada vez más reducida.

La duda que se presenta a 14 semanas de las elecciones municipales ya no se orienta a si la oposición recuperará coutas de poder local, la principal interrogante es cómo se articulará la relación entre municipios (perdidos por el chavismo) y las comunas a partir del 9 de diciembre.

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Por Eugenio Martínez

Después del «susto» electoral del 14 de abril el chavismo está dispuesto a evitar que la oposición vuelva a tener opciones de triunfo. Desafortunadamente la estrategia no se orienta a resolver la crisis heredada del «gobierno anterior», ni a mejorar la gestión. La táctica es simple: evitar que cualquier persona u organización pueda hacer oposición.

Cíclicamente el chavismo -o los aliados circunstanciales- desempolvan la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El tema no es banal. Una inadecuada discusión sobre el financiamiento a la actividad política durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 condujo a la dinámica política al desastre actual.

Al día de hoy se desconoce cuánto dinero se gastó en las campañas electorales a partir del referendo revocatorio presidencial del año 2004. En otras palabras, en los últimos nueve años no se ha fiscalizado adecuadamente el origen de los recursos que se usan para realizar campaña.

De concretarse la «reciclada» propuesta de Patria Para Todos (se debatió en 1999, 2004, 2009 y 2010) el resultado será uno solo: control absoluto del Estado sobre quienes hacen política, especialmente de oposición. Visto desde otra perspectiva, el chavismo pretende «expropiar» a los partidos políticos y candidatos que le resultan incómodos.

De la propuesta de PPT es rescatarle que se intente enmendar el error que cometieron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente al eliminar el financiamiento público de las campañas. Lo criticable es el trasfondo, lo que persigue el chavismo con esta reforma.

La nueva postura del Gobierno sobre este tema se orienta a permitir que se financien las campañas -y la actividad política- con fondos del Estado para otorgarle indirectamente control absoluto sobre las actividades proselitistas, negando incluso el financiamiento privado. Ergo, cualquier partido que considere pertinente colocar publicidad para alertar -por ejemplo- de un inadecuado manejo en Pdval deberá esperar porque el Estado le apruebe recursos para hacerlo. Una situación similar ya sufren las ONG, no sólo con la Ley de Cooperación Internacional sino con la decisión del CNE de prohibirles actuar en el debate público que se genera durante una campaña electoral.

El artículo 3 de la engavetada propuesta de financiamiento establece que las organizaciones políticas «no podrán disponer para el desarrollo de sus campañas electorales de fondos distintos al financiamiento público».

Incluso los recursos para garantizar el desarrollo de las actividades proselitistas no serán asignados directamente a los partidos políticos. El artículo 5 de la propuesta PPT establecía que la entrega de los fondos se realizará por intermedio del CNE, organismo que está en la obligación de crear y administrar un Fondo Electoral constituido por: 1) El aporte que destine la Ley de Presupuesto. 2) El dinero proveniente de las multas electorales. 3) Las donaciones que se efectúen para las campañas. 4) Los reintegros que efectúen los partidos. 5) Los aportes privados destinados a este fondo.

Es obvio que en Venezuela se debe discutir sobre el financiamiento electoral. No obstante, lo más sensato -y sano- es optar, como lo hacen la mayoría de los países de la región, a un esquema mixto de financiamiento (público-privado) en donde los fondos públicos se asignarían por cuotas -pequeñas- al total de partidos y el resto dependiendo de la votación del partido. Es obvio que para que este sistema funcione se necesita un sistema transparente y público de rendición de cuentas. ¿Tope de gastos? En muchos países funciona, desafortunadamente establecer topes en Venezuela implicaría que un bloque político debería regirse por el límite aprobado y otro -el que tiene acceso a los recursos del Estado- podría invertir superando el límite establecido.

Básicamente el chavismo aspira a prohibir que los partidos y las ONG que los adversan puedan buscar recursos propios. Indirectamente quieren lograr que todos trabajen para el Gobierno o al menos que dependan del Estado, lo más parecido a estatizar a la oposición.

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Por Eugenio Martínez

Algo ocurre en el PSUV. El municipio Sucre del estado Miranda lo refleja muy bien. El partido que hace cuatro años postuló como alcalde a Jesse Chacón, comandante del 4F y ministro de varias áreas durante los cuatro periodos de Hugo Chávez, ahora confía la responsabilidad de retomar la alcaldía –en realidad el control de Petare, uno de los barrios más grande del continente– a «el Potro» Álvarez.

El problema básico con las candidaturas de «el Potro», Winston Vallenilla (Baruta), Miguel Pérez Pirela (Maracaibo), etc., no radica en los nombres en sí, el problema real está asociado con la forma de selección de estos candidatos. Las bases de chavismo han levantado su voz de protesta, acción que hace presagiar a no pocos analistas que la «unidad» revolucionaria está en juego.

El chavismo ya sufrió una crisis similar. En el año 2005 –coincidiendo con las últimas elecciones locales realizadas en Venezuela– las bases rojas también se quejaron y protestaron por la forma de selección de los aspirantes a cargos locales.

No obstante, la protesta de los Tupamaros y demás partidos minoritarios quedó reducida a titulares de prensa. La única diferencia entre ambas situaciones radica en quién ejercía el poder: Hace ocho años la voz de Chávez no admitía discusión; ahora, algunos, se atreven a cuestionar –con poco éxito– las decisiones de Nicolás Maduro.

Sin embargo, no deja de ser llamativo que el principal partido del país (según el IVAD 30% de los venezolanos milita o simpatiza con el PSUV) no tengan cuadros políticos formados en zonas que necesita recuperar. Algo ocurre en el partido de gobierno, no obstante es aún pronto para poder determinar el impacto real que las nuevas figuras políticas tendrán en la revolución. (En este análisis no se puede olvidar que «las estrellas» fueron postuladas en zonas en las cuales el triunfo revolucionario es poco factible).

Lo que si está claro es que al chavismo –inmerso en una crisis de gestión sin precedente en una década– no le interesa que el debate de las elecciones salga del ámbito local, mientras la oposición necesita centrarlo en la compleja situación económica. Al día de hoy parece complicado que el chavismo logre eludir la estrategia opositora de convertir la elección del 8 de diciembre en un plebiscito sobre Maduro.

No obstante, aunque no pueda eludirlo tratará de llevarlo a un terreno que domina: la lucha contra la corrupción (del lado opositor).

Al día de hoy, la percepción de los ciudadanos no es la mejor sobre el «combate» contra la corrupción. Un estudio encargado por el Sibci –realizado entre el 15 y 16 de julio– indica que 82% de quienes se definen como chavistas consideran que en el país hay mucha corrupción, al igual que 96% de los opositores y 89% de los independientes. Cuando se analiza la responsabilidad de este problema los chavistas tienden a señalar de los hechos de corrupción denunciados por el Gobierno a los propios funcionarios públicos. Por otra parte, opositores e independientes tienden a responsabilizar al propio Gobierno de la corrupción. El peor indicador de este estudio telefónico –sus conclusiones son similares a la última encuesta del IVAD– es que 55,7% de los encuestados cree que las medidas tomadas por el Gobierno en la lucha contra la corrupción son poco o nada adecuadas.

Resumiendo, este es el panorama a cuatro meses de la elección: La militancia del PSUV intentando adecuarse a la nueva dinámica del partido. La oposición intentando convertir las elecciones municipales en un plebiscito y el chavismo intentando que el debate sea solo local, y que si llega a convertirse en plebiscito simbólico que sea en torno a la corrupción en la oposición.

Para entender el 8D no se debe olvidar que en 2008 el chavismo llegó a su teórico tope de control municipal. En el año 2000 apenas gobernaba en 80 municipios; para las elecciones locales del año 2004 lograron expandir su poder a 163 municipalidades y en los comicios de 2008 obtuvieron la victoria en 265 municipios. En otras palabras, en este momento el chavismo controla ocho de cada 10 alcaldías en el país.

Suficiente control para que el debate local tampoco le resulte beneficioso, sin embargo en Venezuela hace tiempo que dejó de valorarse la gestión. Una vez más se votará a favor y en contra de Chávez. Eso, lamentablemente, es lo único que hay.

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Por Eugenio Martínez

Oposición y chavismo se han empeñado en convertir a las elecciones locales del 8 de diciembre en un plebiscito para determinar «voto a voto» y «alcaldía a alcaldía» cuál bloque es mayoría en el país.

Estrategia razonable que, sin embrago, oculta un hecho innegable: Denuncias de fraude al margen la diferencia del 14 de abril fue de apenas 220 mil votos (1,5 puntos porcentuales); un resultado que debería ser un mandato al diálogo entre los dos mitades en las que se dividió Venezuela. Mandato que pocos, especialmente los que manejan los hilos del poder, están dispuestos a cumplir.

Volviendo al 8 de diciembre, el principal problema con este inusual plebiscito es que está enmarcado en unos comicios que poco le importan a la población. Veamos un ejemplo concreto: En el año 2010 la Asamblea Nacional (electa en 2005 sin la participación de la oposición) eliminó la elección universal, directa y secreta de las Juntas Parroquiales y sentó las bases (con la aprobación de la cinco leyes del Poder Popular) para que las cámaras municipales y los alcaldes se conviertan (si se aplican estas leyes) en instancias sin competencias reales.

Otro detalle: Las actuales cámaras municipales fueron electas en el año 2005 para un mandato constitucional de cuatro años. Sin embargo desde 2009 se ha prorrogado constantemente su mandato sin que la población prestara mayor atención a este problema.

Llamativa la pasividad de las zonas pro-oposición que hace cinco años eligieron a 56 alcaldes que en los últimos cinco han debido gobernar con cámaras municipales adversas que responden a la dinámica política del país de hace nueve años. El caso más emblemático es la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda. Desde 2007 el chavismo no logra ganar en este municipio que alberga a uno de los barrios más grandes del continente. No obstante, el alcalde electo en 2008 debe gobernar con una cámara municipal que de 12 integrantes, 11 responden a la línea política del PSUV (porque fueron electos en 2005).

Casos como este abundan. El chavismo hizo punto de honor con la construcción del Sambil de La Candelaria (ahora convertido en un gran refugio). Pues bien, los concejales que aprobaron su construcción, todos del PSUV, siguen en sus cargos porque a los ciudadanos parece no importarles quiénes integran la cámara municipal y los constantes diferimientos para elegir a sus sucesores.

Hagamos un ejercicio simple estimado lector. ¿Usted sabe cómo se llaman los concejales de su municipio? ¿Al menos sabe cuántos integran la cámara municipal de la zona en donde reside? Desafortunadamente pocos podrán responder afirmativamente.

Históricamente las elecciones locales no mueven a los ciudadanos a participar. De ahí que en la última década las clases políticas no se aventuraran a convocar una elección de ámbito local separada de un evento de mayor envergadura. Si no fuera por el interés de convertir el 8 de diciembre en un inusual referendo sobre los resultados de la elección presidencial del 14 de abril, podríamos decir que estos comicios estarían condenados a una baja participación.

El problema con el plebiscito del 8 de diciembre es el parámetro que se usará para definir quién ganó: ¿Votos totales de los candidatos del chavismo y de la oposición?, ¿cantidad de alcaldías?, ¿cantidad de alcaldías en el corredor electoral?, ¿crecimiento o pérdida de poder local?

No se debe olvidar que el chavismo se encuentra (desde 2008) en lo que podríamos considerar su tope de control municipal. En el año 2000 apenas gobernaba en 80 municipios; para las elecciones locales del año 2004 lograron expandir su poder a 163 municipalidades y en los comicios de 2008 obtuvieron la victoria en 265 municipios. En otras palabras, en este momento el chavismo controla ocho de cada 10 alcaldías en el país.

No obstante, como advertíamos en otros textos, si se utilizan como referencia los resultados del 14 de abril y se proyectan a las elecciones locales se puede suponer que la oposición está en capacidad de revertir esta pérdida sostenida de poder y lograr imponerse en 96 municipios y pelear (en caso que se presenten candidaturas de unidad) en otras 20 jurisdicciones.

Entre el 5 y 9 de agosto se inscribirán más de siete mil candidatos, a favor o en contra del actual modelo político, para que usted vaya a votar el 8 de diciembre. La pregunta es si lo hará para «dirimir» la duda sobre el 14 de abril o lo hará para intentar elegir a personas que, al menos, se preocupen por mejorar su día a día.

emartinez@eluniversal.com

Por Eugenio Martínez

Esta semana comenzó a descargarse la información electoral y los datos de autenticación de los electores almacenados en las memorias de las 39 mil máquinas de votación que se utilizaron en la elección presidencial del 14 de abril.

Si existió algún tipo de usurpación de identidad –de electores vivos o fallecidos– o voto múltiple la data que el CNE comenzó a descargar podrá precisarlo. No obstante, este no es un proceso sencillo. Previo al inicio formal de esta actividad la oposición reclamó contra con testigos que evaluaron este proceso y el CNE se negó inicialmente.

El director de informática del organismo comicial Carlos Quintero –quien es mencionado por algunas fuentes del PSUV como candidato a rector electoral– aspiraba a que la oposición acudiese solo al final de cada jornada de trabajo para firmar las actas del proceso, previa colocación del hash a los datos procesados.

Finalmente el CNE acordó permitir la presencia de testigos de la oposición durante todo el proceso de descarga de la información (incluida la verificación del software que se usa para esta tarea).

Este proceso durará, aproximadamente, cuatro semanas. Cuando finalice la descarga de la información electoral y de autenticación de los votantes podría comenzar la auditoría de no duplicidad de huellas.

Esta auditoría, junto al reporte de incidencias del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) que el CNE tiene en su poder desde el pasado 14 de abril, es la única información que podría desmentir las acusaciones realizadas por Henrique Capriles Radonski, o por el contrario darle la razón.

¿No sirvió de nada entonces la Verificación Ciudadana Ampliada Fase II que realizó el CNE en las últimas cuatro semanas? La auditoría realizada por el organismo comicial –en la que no participó la oposición– sirvió para demostrar que no existe fraude electrónico y que el sistema automatizado de votación funcionó como se esperaba (y como lo habían demostrado las auditorías previas).

En otras palabras, se verificó que el sistema automatizado contó bien 15.056.716 votos y que no existen salas de totalización virtuales que modifican los resultados o que las máquinas de votación manipulan los resultados.

No obstante, la oposición reclama saber si el 14 de abril votaron 15.056.716 personas. Para aclarar esta duda se necesita analizar el reporte de incidencias del SAI y realizar la auditoría de no duplicidad de huellas.

Según explican los técnicos de la Junta Nacional Electoral la auditoría de no duplicidad de huellas podría comenzar una vez que culmine la descarga de información de las 39 mil máquinas. Una vez que se acuerde realizarla, el proceso de contrastar que no existen huellas duplicadas podría demorarse hasta 57 días.

En total 12 semanas para poder tener suficientes datos que permitan a la oposición respaldar sus denuncias de fraude o para que el CNE tenga elementos suficientes para desmentir a Capriles Radonski.

No se debe olvidar que en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia aún se encuentra la impugnación contra 5.729 mesas de votación en las que se emitieron 2.320.672 sufragios; 1.431.535 votos para Nicolás Maduro y 869.525 sufragios para Capriles Radonski. No obstante, en los casos concretos de usurpación de identidad la oposición cuestionó los resultados en 387 centros de votación en donde Maduro obtiene 361.743 votos, mientras Capriles Radonski capitaliza 230.775 votos (diferencia de 130.968 votos para Maduro).

La única forma de desmentir que se usurpó la identidad de estos ciudadanos es realizando la auditoría de no duplicidad de huellas, analizar el reporte de incidencias del SAI y revisar en detalle los cuadernos de votación. Mientras esto no ocurra, un sector del país tendrá una duda razonable sobre los resultados del 14 de abril.

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Por Eugenio MArtinez

Corría el año 2000. Previo a la relegitimación de poderes convocada para ese año la oposición dominaba ampliamente las alcaldías del país. En las megaelecciones (que en realidad no fueron tal cosa) se reafirmó el dominio de los adversarios de Hugo Chávez en el ámbito municipal. No obstante, el chavismo comenzó a crecer.

De las 335 alcaldías que tiene Venezuela los candidatos del MVR lograron imponerse en 80 municipalidades. Para el año 2004, ayudados por el efecto del referendo revocatorio presidencial, el MVR aumentó su control a 163 alcaldes. En 2008, el ahora denominado PSUV, logró colocar sus candidatos en 263 municipalidades.

En otras palabras, la oposición fue perdiendo espacios locales en los últimos 12 años. De controlar, al menos, la mitad de los municipios de país quedó reducida a 57 alcaldes en las últimas elecciones locales.

No obstante, si se utilizan como referencia los resultados del 14 de abril y se proyectan a las elecciones locales convocadas para el 8 de diciembre se puede suponer que la oposición está en capacidad de revertir esta pérdida sostenida de poder y lograr imponerse en 96 municipios y pelear (en caso que se presenten candidaturas de unidad) en otras 20 jurisdicciones.

Aunque estos números mantendrían el control del chavismo sobre 2/3 de los municipios, no se debe desestimar que la mayoría de las alcaldías que la oposición estaría en capacidad de ganar se encuentran en capitales de estados o en jurisdicciones emblemáticas de la geografía nacional.

No obstante, el análisis numérico pierde valor si no se acompaña con varias consideraciones cualitativas, comenzando por el reto de la oposición de motivar a sus votantes. No se puede olvidar que la dirigencia opositora enfrenta el reto de poder compaginar el discurso de fraude el 14 de abril con el llamado a participar el 8 de diciembre, especialmente cuando la mayoría de los elementos denunciados como irregulares en la última elección presidencial no sufrirá ninguna modificación importante en los próximos meses.

¿Vale la pena votar? Las consecuencias de la decisión de la oposición de retirarse en el año 2005 aún condicionan el entorno político venezolano. No obstante, habrá que esperar que las distintas empresas de opinión pública valoren el sentir del sector de la población que duda de la transparencia de los resultados electorales.

Inicialmente se puede inferir que si no existe contradicción para el votante de oposición, el chavismo se encargará de crearla y acentuarla.

Los principales voceros de la oposición han asegurado que no se llama a votar el 8 de diciembre porque se crea en el CNE, sino porque se cuenta con sus votos para «desenmascarar» al organismo comicial. No obstante, los principales generadores de opinión del chavismo ya exponen públicamente lo que puede entenderse como un mensaje ambiguo.

Pero la oposición no es la única que tiene ante sí un reto difícil. Considerando que la popularidad y aceptación de Nicolás Maduro en los estudios de opinión no logra consolidarse, se debe suponer que Hugo Chávez volverá a convertirse en el portaaviones electoral. De ahí que la fecha del 8 de diciembre (última aparición pública del Comandante) le facilite al PSUV la construcción, durante más de seis meses, de una nueva simbología electoral alrededor de la figura del comandante.

Antes de esto, el chavismo debe lidiar con otro problema: sus elecciones primarias. Ahora nombrar candidatos a dedo en el chavismo es mucho más complejo y riesgoso.

Por lo pronto, la crisis económica y la escasez juegan a favor de la oposición, como ocurrió en el año 2007 y buena parte de 2008. La duda es si la oposición logrará mover a su electorado a participar el 8 de diciembre.

emartinez@eluniversal.com

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Por Eugenio Martínez

Contra todo pronóstico el CNE ha desarrollado la verificación ciudadana ampliada, un proceso que comenzó a perder su sentido cuando el sector que duda de los resultados de la elección presidencial anunció que no participaría. Aunque la revisión ayuda a ratificar que existe «error 0» en los resultados del 14 de abril, paradójicamente no sirve para descartar las denuncias que realiza la oposición venezolana.

¿Qué significa «error 0»? Los resultados de la verificación ciudadana ampliada (así como las conclusiones de la auditoría posterior a una muestra de 0,5% de los equipos y la verificación ciudadana realizada el día de la elección) ratifica que no existen inconsistencias numéricas entre los votos escrutados por cada máquina y los votos totalizados por el CNE.

Esta auditoría es perfecta para descartar las tesis que sugieren que existe una manipulación electrónica de los resultados, sin embargo no permite aclarar las dudas que la oposición y un sector importante de la población tiene sobre la transparencia de los resultados. ¿Para qué realizarla?

Hasta este momento la verificación ciudadana ampliada solo ha servido para comprobar que el sistema automatizado funciona como se espera y para darle «tranquilidad» al CNE. No obstante, la tarea del organismo comicial debería ser la de promover la tranquilidad entre los ciudadanos.

Desafortunadamente en este momento la credibilidad y confianza de los ciudadanos en el árbitro (según los resultados de opinión pública del IVAD, Varianzas, etc.), podría asemejarse peligrosamente a los que exhibía su predecesor: el Consejo Supremo Electoral.

Si la desconfianza sobre los resultados es lo que define aproximadamente a la mitad de la población es una mala noticia, no solo para el árbitro electoral, también lo es para sus proveedores de tecnología y en definitiva para la democracia. Por ejemplo, según el IVAD 47% de los electores cree que los resultados del 14 de abril no son los correctos, mientras Varianzas asegura que 41% está disconforme con los resultados y la actuación del organismo comicial y 11% dice estar confundido sobre los resultados. ¿Por qué no aclarar las dudas?

Tomando como referencia los distintos estudios de opinión pública los rectores deberían enfocarse en demostrar que las denuncias de la oposición son infundadas. Para lograrlo se necesita algo más que la verificación ciudadana ampliada que se desarrolla en este momento, es perentorio que el organismo comicial entregue el reporte de incidencias del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y defina la fecha en la que comenzará la auditoría de no duplicidad de huellas.

¿Por qué son importantes estos dos elementos? La oposición no ha denunciado alteración electrónica de los resultados, como tampoco ha sugerido que los equipos de votación fueron manipulados. Los seis recursos de impugnación presentados ante el TSJ se orientan a criticar y denunciar la nulidad del proceso (de forma total o parcial) en función de la cualidad de los votantes.

En otras palabras: la dirigencia de oposición -y aproximadamente la mitad de los ciudadanos- cree que una porción importante de los votos emitidos a favor de Nicolás Maduro corresponde a electores ilegítimos (por usurpación de identidad, voto doble, etc.).

La única forma de demostrar que 100% de los votos de Maduro -y por extensión de Capriles Radonski- fueron emitidos por electores legitimados para votar pasa porque el CNE entregue el reporte de incidencias del SAI y realice la auditoría de no duplicidad de huellas. Mientras esto no ocurra el «error 0» que promociona el organismo comicial solo servirá para ratificar que el sistema automatizado contó bien los 15.057.992 votos que se totalizaron el domingo 14 de abril, pero no aclarará -a quienes tienen dudas- si efectivamente acudieron a votar 15.055.992 personas.

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Por Eugenio Martínez