Mientras en Uruguay los productores de leche preparan una gran protesta con marchas en las calles y 10 trancas en las carreteras del país porque el gobierno bolivariano no les cancela una millonaria deuda, aquí en Caracas la mini canciller se lanza al mejor estilo cubano con una retahíla de insultos en contra del canciller español José Manuel García-Margallo que, a decir verdad, cumplió con su responsabilidad oficial al decir que España está preocupada por impugnación de los diputados opositores electos el 6 de diciembre y la escogencia de nuevos magistrados por parte del chavismo.

Nada del otro mundo porque la gran mayoría de los venezolanos comparte el criterio del canciller español en el sentido de que fue una jugada tracalera, muy propia del bandidaje oficialista, que aprovechó los últimos días de su pésima gestión en la Asamblea Nacional para violar las reglas del juego político. No podía ser de otra manera, porque el oficialismo si no la hace a la entrada, pues la hace a la salida.

Lo que sí llama la atención de la mini canciller Rodríguez es que el gobierno español no se ocupa de su propia crisis de gobernabilidad y, para peor, se entromete en los asuntos de Venezuela. Nuestra experta en asuntos internacionales le aconseja al canciller español, José Manuel García-Margallo, lo siguiente: Ocúpese de la crisis de gobernabilidad en su país y del desastre social que ha sumido a España en la precariedad antes de
opinar sobre lo que no sabe.

Esto trae a la memoria el conocido chiste de la Caperucita judía y el lobo, cuando la Caperucita le pregunta al lobo: Abuelita, que nariz tan grande tienes y él le responde: ¡Mira quien habla!. Pues sí, la señora Rodríguez no se mira la nariz y si fuese sincera comenzaría por advertir que quienes vivimos en la precariedad más absoluta somos los venezolanos y que, precisamente, estamos atravesando una profunda y devastadora crisis de gobernabilidad por culpa de las arbitrariedades de sus propios camaradas.

Se robaron los dineros del petróleo, los guardaron en Suiza y en los paraísos fiscales, y siguen así tan tranquilos y cabezas frescas como si nada.

Les molesta que Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, exprese que en Venezuela ³cabe exigirle a los dirigentes políticos, particularmente a los del régimen, que conviertan al país en un país libre y democrático. ¿Y eso es malo? ¿De cuando acá el preocuparse por la libertad y la vigencia de la democracia en un país latinoamericano es considerado un insulto?

Lo que sí debería preocuparnos es que nos estén cobrando por toda América Latina, etiquetándonos como los verdaderos maulas del socialismo del siglo
XXI. La señora Rodríguez debería, más bien, prepararse para el escándalo que reventará en Madrid cuando se sepa que, a través de unas asesorías prestadas a Pdvsa, el hijo de un ex embajador en Caracas servía de puente para que, presuntamente, llegaran dólares y euros para Podemos. ¿Quién está mal informado? ¿Los periodistas o usted, canciller?

Hace poco fue presentado el proyecto inicial del Plan Nacional de Derechos Humanos que el gobierno redactó para tratar de cumplir con una de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, acordada en el año 1993 en Viena, en la Conferencia sobre Derechos Humanos. En Venezuela las más destacadas organizaciones no gubernamentales tienen más de 11 años solicitándolo, pero estas no fueron tomadas en cuenta a la hora de presentar el proyecto del plan.

 
En el acto de presentación del plan estaban los más connotados violadores de los derechos humanos, por lo cual no resultaba incoherente ver juntos al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; la fiscal general, Luisa Ortega; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Requena; y otros funcionarios de quienes todos conocemos su responsabilidad, bien sea por acción u omisión, de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

 
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, también estuvo presente con su discurso, que no variado desde que asumió el cargo, recordando las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, que si bien no deben de olvidarse, también hay que refrescar otras masacres recientes teñidas de rojo rojito, de las cuales nada se ha investigado.

 
¿Es que acaso, Tarek, los más de 50 reclusos envenenados en la cárcel  de Uribana a finales del año pasado no entran en esa lista? El defensor, al hacer la invitación a todas las ONG de derechos humanos a participar en esta nueva consulta que se inicia, se le olvida que tiene embarcadas a las más de 100 organizaciones que se reunieron con él en enero de este año. Tarek les ofreció instalar mesas de trabajo, pero las está instalando a cámara lenta y con sectores que no hagan mucho alboroto.

 
La fiscal Ortega no podía quedar por fuera en esta presentación. Dijo sin rubor alguno que “no hay en el planeta una Constitución que recoja tantos derechos como recoge nuestra Constitución”. Lamentablemente no agregó que el problema de la Constitución es precisamente que no se cumple y que el gobierno la viola a cada rato.

 
Las ONG de derechos humanos, que son las indicadas para dar los aportes más importantes al desarrollo de este plan pero que no las tomaron en cuenta (solo se refieren a unas poquitas que les dan su apoyo incondicional), están dispuestas a participar y contribuir con su experticia y conocimientos al desarrollo de la propuesta presentada, siempre y cuando esta se base en el diálogo, respeto a las opiniones y no se convierta en un monólogo en el que solo los actores del gobierno sean los que opinen y los demás sirvan de relleno.

 
El gobierno debe aceptar que aquí se violan los derechos humanos como nunca antes, que los ciudadanos están indefensos ante los constantes atropellos del gobierno y que existe la necesidad urgente de que tengamos plena garantía de esos derechos. Sin esto no tendremos plan alguno que funcione y toda esta alharaca que estamos viendo solo será un gran show.

Editorial de El Nacional

No habían pasado cuarenta y ocho horas del asesinato de Robert Sierra y su asistente María Herrera cuando el presidente Maduro, enardecido, aseguraba saber quienes eran los presuntos autores intelectuales: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y criminales protegidos por Estados Unidos.

Detengámonos en esta nueva acusación. El guión es bien conocido, por repetido: no es necesario volver al recuento de las más de sesenta denuncias de magnicidios acumuladas en tres lustros y nunca demostradas. Baste recordar que el año pasado, manteniendo esa tradición de su predecesor en el cargo, el gobierno de Nicolás Maduro ya había vinculado al expresidente Álvaro Uribe con planes golpistas y magnicidas. Ahora vuelve a la carga, restándole seriedad a la investigación policial que casos como el de Serra y Herrera ameritan.

En cambio, el alto gobierno regresa al trajinado expediente de cambiar de tema, no por casualidad, en tiempos en los que no le va nada bien y piensa que le funcionará lo de inventarse una conspiración internacional. Al coro oficialista se han sumado Fidel Castro y el nuevo secretario de la Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper; también el acostumbrado silencio regional.

Tanto el año pasado como ahora, pese a su línea de baja resistencia ante el gobierno de Venezuela, Juan Manuel Santos protestó la insustanciada acusación contra Uribe. Si antes el propio Santos anunció que defendería la dignidad del expresidente por los canales diplomáticos, esta vez la canciller Mariángela Holguín dejó conocer públicamente la posición de su país a través del ya bien conocido mensaje a Samper sobre lo que le corresponde y no le corresponde como secretario de la Unasur.

La ministra Holguín le precisó, además, que el asunto sobre el que tomó posición trata de una situación “donde tiene que haber una investigación de por medio”.

Es una tibia defensa, pero defensa al fin, de la figura de un exmandatario que no ha sido un personaje cómodo para el propio Santos ni para su canciller. Sus reacciones recuerdan algo esencial: no se puede aceptar una acusación (tras otra, y otra y muchas, como ha sido el caso) sin que haya investigación.

Y no es solo eso lo que ha venido sucediendo: es que con cada acusación a Uribe el gobierno venezolano también revuelve el mundo político colombiano, de una u otra forma lo interviene y, en el camino, le recuerda su peculiar disposición y capacidad para complicarle la vida: en el comercio, el proceso de paz y la seguridad.

En Venezuela se están borrando aceleradamente los frágiles trazos de institucionalidad que iban quedando. La violencia, en sus más insólitas y oscuras expresiones, se mueve en ese cauce de un modo que inunda y desborda al propio régimen. Como las banderas antiimperialistas se han ido destiñendo al son de los cambios en el vecindario, se ha vuelto al raído expediente de Uribe y la gran conspiración. Mientras tanto, a los venezolanos nos devora la violencia.

Editorial de El Nacional

En estos días de guardar, cuando las pasiones y los enfrentamientos deben pasar a segundo plano y, más bien, dejar lugar a la fraternidad entre los seres humanos, pareciera que el mundo político venezolano no se diera por enterado de que la paz debe privar en esta semana tan sagrada. De lado y lado saltan los insultos y las descalificaciones, muy en especial de parte del oficialismo, que ha hecho de la bravuconería la marca personal de la campaña electoral, lo que se aúna, de manera irresponsable, al hecho de que a su líder máximo recientemente fallecido se le debe tratar como si fuera Jesucristo.

El cardenal Jorge Urosa Sabino ha sido muy claro en cuanto a esta cuestión de primordial importancia y que constituye para los católicos, no sólo venezolanos sino también latinoamericanos, una verdadera herejía. El cardenal Urosa dijo muy claramente a la opinión pública: “No se puede igualar a ningún héroe o líder humano o ningún gobernante con Jesucristo”. Y no le falta razón, porque usar en una campaña electoral a una persona con fines de ventajismo constituye no sólo un pecado sino una falta de escrúpulos que no tiene antecedentes en la historia moderna de Venezuela.

De acuerdo con el máximo prelado de la Iglesia Católica de este país: “No podemos igualar la esfera sobrenatural y religiosa a la natural, terrenal y sociopolítica”. De manera que lo que está haciendo el Gobierno debe ser condenado no sólo porque ofende a una inmensa mayoría de los venezolanos que profesan la fe católica, sino porque pone al descubierto la falta de principios y el irrespeto ante la pasión y el sufrimiento de Jesús que se recuerda en Semana Santa.

Un despacho informativo de la agencia AFP, firmado por la corresponsal Lissy de Abreu, señala: “El presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llenado su discurso de referencias religiosas para reforzar la mitificación de la figura del fallecido presidente Hugo Chávez y pide el voto chavista para las presidenciales del 14 de abril como si se tratara de un acto de fe, según analistas”.

Más adelante, apunta que Maduro, “que se ha autoproclamado ‘apóstol’ de Chávez y hasta ha cerrado sus discursos con uno que otro amén, repite que el fallecido mandatario –a quien elevó a la categoría de ‘redentor’ de los pobres– le dejó el camino preparado para continuar su misión y ahora le guía desde el más allá”.

“Nosotros creemos cada vez más en los valores de Cristo», confesó Maduro –quien fue seguidor del gurú indio Sai Baba– en un acto con partidarios del oficialismo. “Que Dios bendiga a este pueblo, que Dios bendiga este rumbo hermoso del socialismo cristiano que tenemos en Venezuela. Invoquemos a Dios siempre, inclusive ustedes, camaradas del Partido Comunista”.

Bueno, no nos queda más que decir que en el PSUV lo que hay es una ensalada santa y no una Semana Santa, hermosa en su religiosidad, en la fe de los venezolanos y respetuosa del sacrificio y la pasión de Jesucristo.

Fuente: EN

Editorial de El Nacional