La alianza Castro-Chávez para recrear el castrismo con petróleo y dinero venezolano sacó de su agonía a la dictadura de Cuba y dio lugar a las dictaduras castrochavistas en Venezuela, Nicaragua y Bolivia (con Ecuador de salida). Se presentaron como movimientos políticos por la liberación de los pueblos, como de izquierda, bolivarianos, socialistas y usaron violencia, golpes de Estado y elecciones para acabar con partidos políticos, líderes y democracia. La realidad demuestra que el castrochavismo es delincuencia que ha tomado el poder político.

Es vital diferenciar y separar lo que es “política” en sentido de actividad pública, de lo que es “delincuencia organizada” y “crimen”. Una cosa es la política con sus ideologías, pragmatismos, imperfecciones, errores, crisis, incluso afectada por la corrupción; pero otra cosa muy diferente es la política y el poder bajo control de delincuentes asociados para hacer de la política su instrumento principal en la perpetración de delitos, organización criminal, toma y control indefinido del poder con fines delictivos y de impunidad.

Política en su acepción amplia, según su etimología griega, “es el arte de gobernar o la intención de hacerlo”. Se anota que “en cualquier acepción en que el vocablo se utilice, y persiga uno u otro objetivo, aparece en forma potencial o efectiva una forma de proceder, una práctica, una serie de hechos al servicio de una idea”. La política es el “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”, “la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” y “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos”.

La política es lícita, esto es, que actúa en el ámbito de ser “justa, permitida, según justicia y razón” porque es de orden y de servicio público. La política es totalmente contrapuesta al delito que es “la culpa, el quebrantamiento de la ley y toda acción u omisión penada por ley”. Mientras la política se ocupa del “proceso de tomar decisiones en beneficio de la sociedad” lo criminal es toda “acción indebida y reprensible” que atenta contra lo que la sociedad protege y contra la sociedad misma. La política es servicio público y el delito y la delincuencia son peligro público.

La realidad objetiva muestra que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia cometen permanente y reincidentemente de todo tipo de delitos. Los más graves son contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas por medio de asesinatos, masacres, persecución política judicializada, presos políticos, exiliados políticos, torturas y crímenes de lesa humanidad que incluyen el hambre y la miseria como mecanismo de control. Los delitos económicos superan la calificación de corrupción, pues han destrozado los sistemas productivos, saqueado las empresas públicas, formado grupos de nuevos ricos o burguesías del régimen, llevado las deudas externa e interna a sumas impagables, comprometido los recursos naturales y la economía de los pueblos por decenas de años.

Justifican el narcotráfico como “instrumento de lucha antimperialista”, como repite Evo Morales en la ONU con el respaldo de los demás dictadores; Venezuela es el eje del tráfico y controlan la producción de cocaína de los sindicatos de Evo Morales y de las FARC de Colombia; la dictadura cubana es activa en estos delitos desde tiempos de la guerra, el lavado de dinero señala a Nicaragua.

Los Castro, Maduro, Ortega, Morales y sus regímenes no dejan un solo delito de la legislación penal sin cometer, incluyendo delitos sexuales, falsificación, secuestro, extorsión y encubrimiento. La única diferencia con la “mafia” es que el castrochavismo controla el poder político por lo menos en cuatro países.

No son gobiernos corruptos, es delincuencia organizada que maneja el poder político y tiene planeado retenerlo indefinidamente. No son políticos que cometen delitos, son delincuentes que hacen política para delinquir y encubrir sus crímenes. No son gobernantes, son “grupos delictivos organizados” que cometen “delitos graves”.

No pueden seguir siendo tratados como políticos y menos como dignatarios de Estado. Los criminales no tienen inmunidades ni privilegios, la soberanía no es protección del crimen organizado transnacional y la comunidad internacional no puede ser cómplice.

Carlos Sánchez Berzaín

@Csanchezberzain  

El año 2017 no deja duda que existen dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son regímenes de facto que se sostienen en el poder mediante el uso de la fuerza, la represión violenta y judicializada, con “leyes infames” que han suplantado el Estado de Derecho. Las oposiciones son inviables e inexistentes porque están exiliadas, presas, extorsionadas, penetradas y manipuladas sin opción alguna de acceder al poder mediante elecciones y no hay libertad de prensa. La resistencia y la protesta civil son brutalmente reprimidas. En estas condiciones: ¿es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia.

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son regímenes en los que se violan los derechos humanos con “leyes infames” que establecen la retroactividad de la ley, que penalizan el ejercicio de las profesiones libres, que son el mecanismo para imponer el miedo en el pueblo, con perseguidos, cientos de presos políticos y miles de exiliados políticos. Ha desaparecido el Estado de Derecho por la institucionalización de facto de la permanencia indefinida en el gobierno y el control de todos los poderes del Estado. Las elecciones han sido reducidas a un ritual de fraude controlado por el régimen, ha desaparecido el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular.

La dictadura en Cuba se esfuerza por presentarse bajo el ridículo sofisma de “democracia de partido único”. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia existe nominalmente oposición por conveniencia del régimen, pero se trata de una oposición amenazada, penetrada, manipulada o simulada que no tiene opción alguna de llegar al poder por medio de elecciones y la dictadura usa para darse la denominación de democracia, cuando todos los elementos esenciales de esta han desaparecido.

Las características de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo son ineficiencia, corrupción, participación en el narcotráfico, declarado antiimperialismo con el que justifican sus vínculos y alianzas con el terrorismo, control de Estado como grupos de “delincuencia organizada” y su necesidad de permanecer indefinidamente en el poder para tener impunidad.

Sus crímenes abarcan desde masacres y asesinatos a opositores y ciudadanos; manipulación judicial con pruebas fraguadas y falsas acusaciones; falsificación de normas jurídicas y suplantación constitucional; negociados en el Estado y empresas; entreguismo y traición a la patria; narcotráfico con producción de droga en la zona cocalera controlada por Evo Morales en Bolivia y las FARC en Colombia, justificados ante las Naciones Unidas como acción antiimperialista; falsificación de datos económicos que deberían dar fe pública; sometimiento de sus pueblos a condiciones de hambre y miseria; expansión de la criminalidad, con encubrimiento o participación; crímenes de lesa humanidad; delitos de abusos sexuales, trata de personas, esclavismo y más.

En este escenario, Cuba ha atacado o permitido el ataque en su territorio a diplomáticos extranjeros; existen cuatro “informes Almagro” sobre Venezuela que detallan el ejercicio dictatorial de Nicolás Maduro; los jueces infames de Evo Morales han reconocido como derecho humano del dictador reelegirse indefinidamente; los Ortega han eliminado a la oposición y controlan el poder a perpetuidad. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no se investiga la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas que a partir del modelo del Foro de Sao Paulo con Lula-Rousseff expandieron el soborno en la región; todos estos países acercan relaciones con regímenes islámicos, buscan alianzas con otras dictaduras y defienden a Corea del Norte.

Los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han caído en “estado de indefensión”. Las Fuerzas Armadas que deberían ser “fuerzas armadas de la nación” o sea del pueblo sujetas a la Constitución, están convertidas en las “fuerzas armadas del régimen”, es decir, en el sostén armado de las dictaduras por el entreguismo y corrupción de sus mandos. Tienen en funcionamiento la Escuela Militar Antiimperialista del Alba en Santa Cruz (Bolivia) y han cambiado todos los planes de estudio de los colegios e institutos militares para reemplazar la doctrina militar nacional por la doctrina política del régimen. El objetivo es que las Fuerzas Armadas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia sean en el plazo mas corto posible como las de Cuba, simplemente grupos armados del régimen.

En democracia la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas se debe a la Constitución, pero si el gobierno suplanta la Constitución y oprime al pueblo, la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas no pueden permanecer obsecuentes con el régimen. ¿Cuál es el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas en situaciones como las de hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia? ¿Es obligación de las Fuerzas Armadas defender al pueblo –del que forman parte– o a la dictadura? ¿Tienen las Fuerzas Armadas la obligación de restituir la democracia?

Estas son preguntas de los ciudadanos y los pueblos sometidos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es un tema social, político, académico e internacional sobre el que es necesario discutir sin complejos que den ventaja a los dictadores. No se trata de alentar golpes de Estado, se trata de anular los golpes que los dictadores ya han perpetrado. No se trata de establecer gobiernos militares, se trata de restaurar gobiernos civiles con democracia, Estado de Derecho y alternancia en el poder. No se trata de violar los derechos humanos, se trata de poner fin a las violaciones que a diario cometen los dictadores y de reponer los derechos y garantías fundamentales de pueblos oprimidos por la fuerza.

Carlos Sánchez Berzaín

@Csanchezberzain

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha creado una nueva doctrina de Derecho Internacional para la defensa de la democracia. La “Doctrina Almagro” se puede definir como “el estudio de la realidad objetiva de un país y el análisis de pruebas en función de los elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la Carta de Bogotá y las normas de Derecho Internacional, para emitir un informe jurídico imparcial que indica la situación de la democracia”. Es la doctrina de la verificación de los elementos esenciales de la democracia.

Ha sido iniciada por el secretario Almagro respecto a la situación de Venezuela sobre la que ya ha emitido tres informes. Se trata de un procedimiento para la defensa de la democracia que debería convertirse en usual y periódico para todos los estados miembros de la OEA y expandirse a otros organismos regionales en el marco de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en base al principio de que la democracia es un derecho humano.

Una doctrina es una “norma científica, un paradigma”, esto es un modelo “que suministra la base para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”, y también es “un conjunto de ideas u opiniones religiosas, políticas, filosóficas…”. En el ámbito del Derecho Internacional la doctrina es una fuente indirecta que se integra por las opiniones de los jurisconsultos, de los expertos, de las asociaciones especializadas, que tiene valor obligatorio cuando ilustra el derecho vigente y que puede estar referida a un fin “científico, práctico y/o crítico”. La calificación de la doctrina Almagro es científicamente correcta porque se establece desde y en el organismo regional más importante de las Américas, tiene valor obligatorio por estar fundada en el derecho internacional vigente que incluye el cumplimiento de las obligaciones del secretario seneral de la OEA, y cumple finalidades críticas y prácticas.

Con esas condiciones de rigor legal y teórico, la doctrina Almagro ya forma parte del ordenamiento de la OEA, pero además debería ser integrada como un procedimiento obligatorio que incluso debería cumplirse de oficio periódicamente.

Un examen -a la luz de la doctrina Almagro- de la situación de la democracia de cada uno de los estados del sistema interamericano, cada año o cada dos años, sería una cuestión más que deseable para el fortalecimiento, la defensa y el mantenimiento de la democracia en la región, que de implementarse brindaría además un mecanismo de alerta temprana de los atropellos y delitos contra la democracia de los pueblos.

La doctrina Almagro en cuanto a su contenido y alcances, abarca todo el ámbito necesario para examinar la situación de un estado miembro de la OEA en materia de democracia porque abarca “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, que son -entre otros- los elementos esenciales de la democracia, obligatorios por mandato de la Carta Democrática Interamericana.

La doctrina Almagro ha nacido y se ha aplicado hasta ahora respecto a Venezuela y por su seriedad ha logrado el retorno de la OEA al respeto de sus principios, cumplimiento de sus objetivos y obligaciones legales de defensa de la democracia vergonzosamente ignorados durante la gestión del secretario Insulza. También ha conseguido que países importantes del sistema interamericano como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú….señalen y sancionen a la dictadura de Nicolás Maduro que oprime al pueblo Venezolano. Ha puesto en evidencia a regímenes similares a los de Maduro en Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

Las violaciones de derechos humanos, los crímenes y la ausencia de los elementos esenciales de la democracia que la doctrina Almagro ha señalado a la dictadura de Venezuela son un modelo repetido que se practica en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Nicaragua con Daniel Ortega y que se ha concebido en Cuba sometida por la dictadura de los Castro. La gravedad de la situación de esos países bajo regímenes de dictaduras de socialismo del siglo XXI o castrochavistas es crítica y no tardará en alcanzar la gravedad de Venezuela. Por ejemplo en Bolivia hay más de cien presos políticos, más de 1.500 exiliados políticos y cientos de perseguidos con la judicialización de la represión dictatorial y la criminalización de la política. En Ecuador hay cientos de “sentencias infames”, fallos judiciales que violan los derechos humanos, con presos, perseguidos y exiliados políticos.

Hace falta la aplicación de la doctrina Almagro a los gobernantes cuasi perpetuos de los regímenes sin estado de derecho de Bolivia y Nicaragua. Es imperativo que en Ecuador el sucesor Lenin Moreno dé muestras claras de cambio real, y en ese camino aplicar la doctrina Almagro internamente al régimen de Correa antes de que se la apliquen internacionalmente, es un mecanismo posible para el que Moreno podría incluso invitar a la OEA. La doctrina Almagro se puede aplicar a Cuba que se escuda en no haber firmado la Carta Democrática Interamericana, porque Cuba ha suscrito la Carta de Bogotá y es miembro fundador de la ONU.

Ya tenemos el precedente de Venezuela. En la defensa de la democracia y de sus elementos esenciales como los derechos humanos, el estado de derecho, las división e independencia de poderes, la libertad de prensa, las elecciones libres y limpias, la libre organización política… hay un antes y un después de la “Doctrina Almagro” que es un hito histórico en el camino de la lucha de los pueblos por la libertad.

Carlos Sánchez Berzaín

El artículo 4 de la Convención de Palermo establece que ésta se «aplicará a la prevención, investigación y el enjuiciamiento» de los «delitos que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado»

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) es la disposición legal para acusar, investigar, juzgar y capturar a Nicolás Maduro y los individuos que para obtener beneficios materiales, han cometido y cometen delitos graves contra la vida, la libertad, el estado, la economía y la humanidad, detentando ilegalmente el poder político con fines de impunidad en Venezuela. La competencia está abierta en varios países del mundo pues la Convención se aplica incluso al delito que “se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

El artículo 4 de la Convención de Palermo establece que ésta se “aplicará a la prevención, investigación y el enjuiciamiento” de los “delitos que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado”. Califica que el “delito será de carácter transnacional si: “a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o, d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

En el caso de Maduro y sus cómplices se pueden aplicar todos los incisos que califican el delito como transnacional, ya que dependiendo del delito, el grupo de delincuencia organizada que tiene el poder en Venezuela, ha incurrido en todos incluyendo el planificar y realizar actividades delictivas en varios estados. El delito de narcotráfico por ejemplo es transnacional por las cuatro causas o incisos de calificación y la competencia está abierta en todos los estados que se usan como puntos de tránsito o destino de la droga que ha hecho de Venezuela un narcoestado; en los delitos económicos como la corrupción en el caso Odebrecht aplican también las cuatro causas y son competentes por lo menos en el país de origen de la constructora y los estados por los que hayan circulado o depositado los fondos mal habidos. En estos dos casos, España, Panamá, Brasil, y Estados Unidos pueden aplicar la Convención de Palermo y perseguir a los criminales, y no solo retener fondos o imponer multas.

Además de los delitos económicos, uno de los asuntos mas importantes de la Convención de Palermo, que la hace aplicable en todos los estados de las Américas y Europa, es el de los delitos contra la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos. Solo en los últimos cinco meses y a ojos vista de todo el mundo, con registros de televisión y videos Maduro y su grupo delictivo, de manera infraganti, han asesinado más de 150 personas, han privado de libertad a cerca de 5.000, han causado daños personales graves que van desde la tortura hasta el apaleamiento a miles de personas. Desde hace muchos meses más han provocado una crisis de falta de alimentos y medicinas que a su vez produjo y produce la muerte de miles de personas forzando a los ciudadanos –entre otras cosas- a abandonar su país, han generado “migración forzada por causa delictiva”.

Los delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, el narcotráfico y los delitos comunes, NO son hechos políticos y no pueden ser considerados un asunto solamente de orden interno de Venezuela porque tienen grandes y graves efectos internacionales. Se trata de un conjunto de acciones premeditadas, organizadas y ejecutadas con el propósito de que Nicolás Maduro y su grupo retengan el poder para garantizar la impunidad que necesitan para cubrir los cientos de crímenes que de manera continuada y sostenida han cometido y cometen para obtener grandes beneficios materiales dentro y fuera de Venezuela, con el beneficio de haberse apropiado del Estado para seguir delinquiendo.

Los integrantes del régimen de Maduro han rebasado el ámbito de la política, no pueden amparar sus delitos en el argumento de ser un gobierno ni en el concepto de soberanía. El control Venezuela por un grupo de delincuencia organizada y la comisión diaria de delitos que tienen efecto en todo el mundo NO ES UN ASUNTO INTERNO de un estado porque está tipificado como UN ASUNTO DE CRIMEN ORGANIZADO transnacional y así debe ser tratado. Los efectos de los crímenes pueden verse simplemente con los miles de forzados migrantes venezolanos en Panamá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, España… ¡¿Continuarán los gobiernos sin atacar la causa!?

El Derecho Internacional está señalando el camino y los gobiernos de los estados democráticos de las Américas, hasta hace poco complacientes y ahora también víctimas del grupo de delincuencia organizada de Maduro, no pueden rehusar la aplicación de la Convención de Palermo abriendo investigaciones y causas en sus propios sistemas de justicia y requiriendo la captura internacional de los investigados, cuyos nombres deben comprender -por lo menos- a Nicolás Maduro, a los miembros de su denominado Gobierno, civiles y militares, y los componentes de la apócrifa Asamblea Constituyente convertida en el renovado instrumento de comisión de delitos.

Los gobiernos de los estados democráticos de las Américas y del mundo están ante la opción de cumplir su obligación de proteger a sus pueblos y a sus Estados abriendo investigaciones, procesando y capturando a los miembros del grupo de delincuencia organizada de Nicolás Maduro que usurpa hoy Venezuela (en lugar de tratarlo como igual), o convertirse en sus cómplices y seguir sufriendo las consecuencias que van desde las migraciones forzadas, el narcotráfico, el lavado de activos y más, hasta la desestabilización y el sostenimiento del terrorismo internacional.

CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democcracy

www.carlossanchezberzain.com

Termina el año 2016 y el principal eje de confrontación en las Américas se da entre la democracia y las dictaduras del socialismo del siglo XXI (SSXXI), en un permanente choque entre la libertad y la opresión, entre el estado de derecho y el atropello, entre la justicia y la manipulación, entre la libertad de prensa y la censura, entre la previsibilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y la corrupción más el narcotráfico, entre la transparencia y la mentira. La agenda de democracia del 2016 ha logrado importantes triunfos que marcan continuas derrotas de las dictaduras puestas en evidencia y señalan su inevitable final.

Para la dictadura cubana, el 2016 marca decadencia y retorno a las sombras del “periodo especial” de los noventa. La normalización de relaciones con Estados Unidos, en su punto más alto con la visita del Presidente Obama, pudo ser una gran oportunidad, pero se convirtió en la constatación de un sistema violador de los derechos humanos, de un régimen despreciable. La apertura muestra que Cuba es el feudo de una dirigencia comunista dueña de vidas y haciendas, que ha convertido a sus ciudadanos en vasallos y a su territorio en una cárcel.

La crisis de Venezuela trajo consigo la disminución del volumen de petróleo que beneficiaba a la dictadura castrista, la crisis de corrupción en el Brasil paralizó inversiones a favor en la Isla, el triunfo del “no” en el referéndum sobre la paz con las FARC en Colombia puso en evidencia el doble papel de simulación del castrismo, y finalmente, murió Fidel Castro, dando lugar a un forzado show que contó con el masivo desaire de los jefes de estado del mundo, mostrando el legado de miseria y crimen. La dictadura ha entrado en fase terminal.

Venezuela empezó con la Asamblea en mayoría absoluta de oposición y la dictadura dedicó todo el año a mantenerse en el poder a como dé lugar, en medio de una crisis humanitaria y una hiperinflación que solo controla con la fuerza y la metodología castrista del miedo. El informe Almagro sobre Venezuela en la OEA y la votación para considerar el mismo que permitió la activación de la Carta Democrática Interamericana por primera vez desde su suscripción, son hitos históricos que señalan la debacle del socialismo del siglo XXI y establecen a Nicolás Maduro como dictador.

El 2016, Venezuela y Cuba perdieron la manipulación ostentosa del Petrocaribe y de otros países en el ámbito internacional, al punto de suspenderse a Venezuela del Mercosur y negarle la presidencia de la entidad. El régimen ha quedado reafirmado como gestor del narco estado en que ha convertido al país. Los presos políticos venezolanos son un estigma mundial y si bien es cierto que Maduro ha evitado el referéndum revocatorio y burlado al pueblo, dejando maltrecha a la oposición con un diálogo tramposo, los mediadores son vistos como parcializados y es evidente que el dictador no puede resistir mucho más. Es una dictadura en agonía.

Rafael Correa en Ecuador ha merecido masivas expresiones de repudio, acosado por múltiples casos de corrupción, derrotado en tribunales internacionales por atropellos cometidos, señalado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violaciones al debido proceso legal, enemigo de sectores populares e indígenas que lo apoyaron en el pasado, verdugo de la prensa libre, ha llevado a su país a una crisis solo sostenida por la dolarización. La aprobación de Correa se ha desplomado hasta resultar imposible su re postulación para las elecciones del 19 de febrero de 2017 a las que concurre con un candidato títere que, eventualmente, será derrotado en la segunda vuelta, o quien de llegar al poder no podrá concluir su mandato. El 2016 ha sido el año que ha marcado la ingobernabilidad y la inviabilidad del proyecto del SSXXI en Ecuador. Se trata de un dictador en retirada con terror a rendir cuentas.

A Evo Morales Bolivia le dijo “no” en el referéndum del 21 de febrero, derrotándolo pese al masivo fraude. Esto impide su permanencia indefinida y aunque manipula para quedarse, lo único que hace es acelerar su salida apresurada del poder. El 2016 ha marcado a Morales con corrupción, narcotráfico, incapacidad, destrozo institucional, enajenación del patrimonio nacional, deuda externa e interna indeterminadas, sometimiento al castrismo y a los negocios con China, persecuciones políticas judicializadas, crisis económica, impunidad y ausencia de estado de derecho. Pese al control de medios y atropellos contra la prensa su impopularidad crece y sus problemas aumentan. Es un dictador en crisis.

Regionalmente, el caso “lava jato” en Brasil, de corrupción transnacional con Odebrecht y otras empresas, ha mostrado el sistema de corruptela montado por Lula da Silva, ha producido la destitución de Dilma Rousseff y presenta a las dictaduras del SSXXI como una organización criminal. La apurada y forzada paz del presidente Santos con las FARC en Colombia solo ha dejado un pueblo colombiano dividido y confrontado, con un tema más conflictivo que en el corto plazo será una derrota para el receptor de un Premio Nobel deslucido y sostenido por la publicidad oficialista. La firmeza de principios del presidente Macri de Argentina, la derrota del SSXXI en Perú, el desmarque del gobierno de Chile, la manipulación grotesca del proceso electoral por Ortega en Nicaragua que lo ha llevado a superar al dictador Somoza, no son datos menores.

El triunfo electoral de Donald Trump y su próxima toma de posesión como Presidente, es motivo de preocupación para los debilitados regímenes orgullosamente auto proclamados anti imperialistas, más cuando es en sus territorios en los que se originan y sostienen las principales amenazas regionales contra los Estados Unidos en materia de narcotráfico, terrorismo y migración forzada. El lector puede agregar muchos más hechos notorios de las derrotas de las dictaduras del SSXXI en el año 2016, que señalan un final muy próximo.

Carlos Sánchez Berzaín

Diario las Américas