Hace hoy una quincena exacta desde que el Comité de Relaciones Externas del Senado de Estados Unidos trató el tema de las opciones para la política estadounidense en Venezuela. Para quienes esperan que la solución a los problemas a la monumental crisis venezolana provengan del exterior y para quienes sueñan que esa solución pudiera originarse en Estados Unidos, mejor que leer las intervenciones ante el Senado es oír las exposiciones de los expertos –“testigos” los llaman en el lenguaje parlamentario– que ilustraron a los presentes. Estas son las que determinarán el camino oficial a transitar.

Lo correcto y útil, pues, es escuchar la sesión completa colgada en Internet donde estos presentaron evidencias de la devastación económica, del caos social y de la ausencia de democracia en nuestro país. Pero aun si el lector dispone del tiempo que se requiere para escuchar las detalladas exposiciones sobre nuestro colapso en todos los terrenos, disertaciones que están repletas de números demostrativos del horror que aquí se vive, la conclusión que sacará es que todo lo que la gran potencia americana puede hacer para colaborar en detener el marasmo venezolano ya está siendo instrumentado y se circunscribe principalmente a enviar un decidido mensaje a la colectividad internacional sobre su posición de defensa de la democracia y los derechos humanos, señalar enfáticamente los entuertos gubernamentales que se traducen en el empobrecimiento nacional y un severo drama de salud y en el desacomodo social y el sufrimiento humano del país como consecuencia de un gobierno ineficiente y corrupto. Pare de contar.

Queda claro, de escuchar a los conocedores, que a Estados Unidos le quedan muy pocas vías para hacer valer de manera determinante su desacuerdo con la ignominia venezolana. Ejercer presión diplomática frente a las naciones del continente que han comprendido la magnitud del drama es la más importante, y continuarán siendo activos en el apoyo y en las presiones que puedan hacer desde el Departamento de Estado para promover la actuación de terceros a quienes el gobierno venezolano escucha más: a sus pares latinoamericanos.

Quienes piensen que la tabla de salvación está representada en la aplicación de la Carta Democrática de la OEA concluirán, después de escuchar las sesiones del Comité de Relaciones Externas del Senado, que los americanos, en efecto, se aplicarán en apoyar las investigaciones y las gestiones de Luis Almagro en favor del pueblo venezolano, pero que los chances de que ello resulte en una sanción severa al gobierno madurista son muy débiles. La solidaridad continental con México por la agresión montada en su contra por Donald Trump impedirá un voto masivo de Latinoamérica y el Caribe a las tesis de Washington en torno a Venezuela.

Así, pues, lo que tendremos en el horizonte temporal cercano de parte del gobierno norteamericano son acciones puntuales y sanciones selectivas en contra de los corruptos, de los violadores de derechos humanos y de los propiciadores del narcotráfico, un terreno en el cual vienen siendo activos desde hace ya varios meses.

Tampoco en el campo de lo económico se les nota a los yanquis ninguna disposición a una acción punitiva en contra de la revolución. Su criterio es que tal tipo de medidas incrementarían las dificultades que enfrenta la población mientras deja relativamente indemne al liderazgo responsable del deterioro.

La conclusión, una vez más, es que no hay soluciones mágicas a nuestro drama por fuera de las fronteras patrias, ni siquiera contando con todo el apoyo y la buena voluntad que pueda exhibir la más grande de las potencias.

Beatriz de Majo

Por confirmado: Francys Garcìa

China no esperó demasiado para reaccionar ante la exigencia de Donald Trump a su equipo de elevar el gasto militar anual pensando en eventuales acciones frente a sus potenciales o reales enemigos.

Es evidente que el incremento de 7% en el gasto militar de los asiáticos para el año 2018 no es debido únicamente al desafío bélico que pudieran tener que enfrentar ante los americanos de la era Trump. La expansión del presupuesto de guerra chino, recién anunciado con ocasión de la reunión cimera del Partido Comunista, por parte de Li Keqiang, el primer ministro, obedece a la necesidad de sentirse poderosos en ese terreno, pero, además, de cacarearlo regional y mundialmente.

Sin duda que el petitorio del presidente americano de actuar en ese campo, era la ocasión perfecta para hacer saber ante el escenario planetario que el Imperio del Centro no se quedará atrás frente a la provocación de la primera potencia mundial.

Solo que es vital saber leer entre líneas las cifras de guerra. Es cierto que un aumento de 7% suena colosalmente grande para un país asediado con necesidades imperiosas en lo social y en lo económico, como lo es la China de hoy.

Si sacamos la lupa para observar los números de 2018, nos encontraremos que este año de 2017 el incremento fue de 7,6%, es decir, que la expansión propuesta es más de medio punto inferior. Pero si afinamos la observación, veremos que en los tres años anteriores –es decir 2014, 2015 y 2016– la expansión presupuestaria del rubro militar superaba los dos dígitos.

En términos relativos, el crecimiento del presupuesto chino para enfrentar agresiones –o para iniciarlas– no solo se viene achicando, sino que al compararlo con la expansión del gasto americano se queda realmente tibio.

Y en términos absolutos, y aun tomando en consideración que China exhibe el segundo presupuesto mundial en seguridad y defensa después de Estados Unidos, las cifras de los 2 gigantes no son comparables. Los 150.000 millones de dólares que Beijing destina a estos rubros son una fracción modesta de los más de 600.000 millones que se transan en Washington.

Aún no es posible saber si el desiderátum de Mr. Trump se materializará y si realmente sus planificadores podrán extraer los 54.000 millones de dólares adicionales propuestos de los montos que en el pasado se asignaron a ayuda externa. Hasta el presente, el inmediato propósito del nuevo presidente americano es el de demostrar que sus promesas electorales están allí para cumplirse. Pero mucha agua va a correr por ese río antes de que, en mayo, la cifra final sea anunciada. Y el tema será dirimido en negociaciones que tendrán lugar entre el Capitolio y la Casa Blanca en las que otros temas tendrán un peso significativo.

¿Hay realmente motivo de preocupación en el mundo exterior cuando se observa esta batalla entre las dos potencias para demostrar poderío? Francamente, no en este momento. El tema sirve, en la hora actual, para airear los importantísimos temas de seguridad y soberanía. Tanto en el caso de un nuevo gobierno que desea hacerse respetar internacionalmente como en el caso de uno que siente que viene perdiendo respeto fuera de sus fronteras por sus debilidades internas, otras prioridades son las que dictarán el camino a seguir en materia de gasto público.

Beatriz de Majo

Cuesta entender las razones por las cuales un proceso de paz que debería estarse armando a la plena luz del día, con el solo propósito de agregarle luminosidad a lo que se ha pactado en la sombra y de dotar de transparencia los compromisos que han sido opacos en las etapas anteriores, siga estando caracterizados por el más absoluto secretismo y por la expresa determinación de sus actores de que se sepa lo menos posible en el ámbito del ciudadano sobre los pasos que se están dando para ejecutar lo pactado.

Si es la buena fe la que ha privado en esta etapa de la transformación integral de la vida de Colombia, lo que los seres de a pie deben extraer de sus líderes es información suficiente, coherente y comprobable sobre la manera como se está conduciendo la ejecución de los compromisos de La Habana y las vías a través de las cuales se está armando la nueva sociedad que los acogerá a todos.

Una polémica importante se está aireando en Colombia en torno a la entrega de las armas de los guerrilleros al gobierno dentro del plan de pacificación acordado para esta primera etapa. Digamos que el arsenal de armas y municiones que se encuentra en manos de los criminales asciende a más de 80.000 unidades, para comenzar con un cálculo razonable ya que su número real no lo conoce nadie. Una fuente de ingeniería militar asegura que alrededor de 30.000 de ellas corresponderían a armas largas, es decir, fusiles y ametralladoras, rifles y lanzacohetes, en tanto que entre 15.000 y 20.000 incluirían pistolas, revólveres y granadas.

Este mismo colaborador es de los que piensa que tampoco se conoce el número de milicias ni de redes de apoyo, ni quiénes las componen, porque eso hace parte de la clandestinidad de este tipo de estructuras, de tal manera que, si hay armas entre ellos, se desconoce tanto el universo numérico como las características de estas.

Hoy, pues, no es de extrañar que la conjunción de este marasmo informativo y la descoordinación de los entes integrados en el proceso de concentración en las “áreas veredales transitorias de normalidad” lo que nos esté mostrando sea un conjunto de hechos y acciones incoherentes dentro de un tema vital para un país que está naciendo de nuevo, tal como lo asegura, a cada paso, el propio presidente.

No debería ser tan complejo dilucidar el universo de armas que están en juego en esta desactivación guerrillera. Dice Eduardo Mackenzie un periodista conocedor de la dinámica guerrillera colombiana por su empeñada dedicación al tema: “No exageren. La banda de Timochenko no es ni la Grande Armée de Napoleón, con sus 150.000 hombres (sin contar sus prisioneros), tras la gran victoria de Austerlitz, ni el Ejército Rojo de Mao Tse-tung durante la Larga Marcha. Son menos de 7.000 individuos armados de pistolas y fusiles y montados en todo tipo de transportes modernos: camiones, camionetas, lanchas, buses y tractores”.

Es muy importante que se lleve un registro de armas entregadas y que se calcule finamente el volumen de los equipos que, en cualquier circunstancia, se mantendrán en la sombra para el caso de que tengan que revivir de nuevo la lucha clandestina. Otros casos de pacificación en la historia han arrojado cifras muy abultadas en este terreno.

Tota, que lo que hay es que tener los ojos bien abiertos del lado venezolano de la frontera donde la vigilancia sobre el tránsito de armas es precaria. Quién mejor que los correligionarios venecos para esta tarea de custodiar tan valioso botín.

Beatriz de Majo

La presencia china en América Latina sigue siendo muy determinante para el desarrollo regional, a pesar de la desaceleración de su economía y a pesar también de las inmensas dificultades que las naciones exportadoras de productos básicos y materias primas están experimentando como consecuencia de la caída de los precios de los commodities. Su gravitación en las economías de los países más dinámicos de la región no solo es grande en términos de inversiones, de financiamiento y de participación en proyectos de envergadura.

Pero igualmente protuberante que lo anterior es la huella que este país está dejando en nuestro entorno en otros terrenos no menos vitales. La experta en tema sino-latinoamericanos Margaret Myers, directora de los temas chinos  del Inter-American Dialogue, alerta acerca de lo descontrolado de la actuación  china en el continente. Al referirse a lo que ella denomina el “superciclo” de la actividad china en nuestro entorno, podemos concluir que el gigante de Asia ha dejado en estos años de tanta interacción con América Latina un saldo de destrucción ambiental y de conflictos sociales, además de distorsiones de carácter económico, que conviene contener.

Un ejemplo del bajo compromiso social con el país que los acoge es el de Chile. La caída de los precios de cobre en el año pasado dejó como corolario importantes despidos masivos en las minas que eran explotadas para atender el mercado chino. Es evidente que China no asume responsabilidad alguna por los efectos de la dependencia perversa que provoca esta relación comercial y financiera desigual en la que China aporta los fondos para desarrollar la actividad adquiriendo un acceso preferido a la explotación de los recursos naturales del país, mientras estos les son útiles.

Perú pareciera ser otro caso en el que la huella china tampoco deja un legado destacado. Aquí es más bien el deterioro ambiental asociado con las explotaciones mineras lo que está en juego: ríos contaminados y la pérdida masiva de la fauna que habita en ellos. Y el caso argentino no puede ser menos dramático. Las explotaciones descontroladas de soya han llevado a la deforestación desordenada de importantes extensiones de terreno.

Algo similar ocurre en Venezuela con los financiamientos de origen chino al desarrollo de distinto tipo de actividades gubernamentales encaminadas, en principio, a desarrollar el país. Los préstamos atados a repagos en petróleo representan oxígeno para el beneficiario en momentos de necesidad de financiamiento inmediato y seguro, pero se convierten en una guillotina para el deudor en cuanto los precios del petróleo se vienen al suelo como ha estado ocurriendo en los recientes años.

En síntesis, tanto China como América Latina se han estado beneficiando de una creciente interactividad que perdurará en el tiempo y que tenderá a incrementarse en la medida en que China consiga imprimirle estabilidad a su reacomodo económico presente. No puede afirmarse que la responsabilidad de los entuertos que se producen en las relaciones bilaterales en el cumplimiento de acuerdos mutuamente consentidos reside en el lado chino. Lo que sí es imperativo es reclamar visión de largo plazo de parte de los socios latinoamericanos, capacidad de anticipación de las dificultades susceptibles de producirse en un entorno cambiante y sobre todo supervisión de las actividades y de las obligaciones asociadas a la explotación de proyectos, del comercio y del financiamiento entre las partes.

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