Venezuela vive una etapa de oscuridad en muchos sentidos. No solo se trata de la ola de apagones que, prolongados y sin previo aviso, atraviesan al país. La otrora poderosa empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) también se apaga y con ella la economía venezolana.

PDVSA figuraba como la tercera empresa petrolera del mundo por su capacidad para refinar 3,3 millones de barriles por día, antes de la llegada del chavismo al poder en 1999. En la década de los años 90 aparecía con frecuencia como referencia entre las mejores en diferentes rankings.

Pero en 2017, Forbes la catalogó como la peor empresa petrolera del mundo.

La debacle de PDVSA se ve con claridad en relación con su producción diaria de petróleo. En 1998 producía 3,1 millones de barriles por día. Hoy apenas supera los 800.000 barriles diarios.

«Se trata de una situación sumamente preocupante para el país. Estamos produciendo en este momento lo que producía Venezuela en 1944, es decir hace 75 años», advierte Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, a cargo de la cátedra petrolera en los postgrados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en entrevista con DIARIO DE CUBA.

De acuerdo con las fuentes que maneja este estudioso dentro de la industria venezolana, al viernes 19 de abril la producción estaba en 835.000 barriles por día. Una cifra semejante la dio a conocer la Agencia Internacional de Energía en su informe del mes de abril de 2019.

Se estima que Venezuela, en el último semestre, ha perdido cada mes la capacidad de producir 50.000 barriles. El descenso, sin embargo, se registra desde 2011, cuando aún Chávez estaba vivo, acota Quiroz Serrano.

Para el académico especializado en petróleo, lo más grave es que PDVSA no ha logrado parar la caída de su producción.

«Las causas son varias y están combinadas. A PDVSA la distrajeron de sus tareas principales, enfocadas en la producción petrolera. Le asignaron otras tareas. Se suma la mala gestión. La mayoría de gerentes de PDVSA no saben de petróleo. Un ejemplo es el general Quevedo (el actual presidente), que no tiene formación petrolera», sostiene el profesor de la UCV.

Quiroz Serrano apela al lenguaje popular para reflejar lo que ocurre con los directivos de la petrolera venezolana: «No han dado pie con bola, como se dice popularmente. Ni siquiera han logrado detener la caída en la producción, que es algo urgente e imprescindible».

El ritmo con el que viene cayendo la producción hace prever a algunos analistas un shock total en PDVSA, que sigue siendo la principal fuente de divisas para Venezuela.

A fines de 2018, como lo reseñó DIARIO DE CUBA, la firma Ecoanalítica advertía que en 2019 Venezuela podría dejar de ser un país exportador de crudo, una situación inédita en la historia económica nacional. Esta advertencia tuvo lugar antes de que se aplicaran sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA, en el marco de la política de Donald Trump para presionar por la salida del poder de Nicolás Maduro.

Inversión para salvar la industria petrolera

La crisis no solo se refleja en la merma de divisas que tiene el régimen madurista o en su predecible incapacidad para seguir llevando petróleo a Cuba en condiciones ventajosas, también se vive en el día a día dentro de Venezuela.

Este corresponsal destina entre 45 y 90 minutos cada vez que requiere cargar de gasolina su automóvil. Las colas por combustible son usuales en Venezuela, con excepción de Caracas. En los estados fronterizos con Colombia las personas pernoctan en colas para surtirse de gasolina. Eso está relacionado con la pérdida del 75% en la capacidad de refinación registrada en los últimos años.

La falta de mantenimiento es causa también del declive. Quiroz Serrano pone el ejemplo de cómo el principal centro refinador del país, Amuay, afectado por un incendio, en la Península de Paraguaná (al noroeste de Venezuela), seis años después aún no haya sido reparado y puesto en funcionamiento a capacidad plena.

La propaganda internacional que defiende a Maduro suele hablar con frecuencia de que Estados Unidos no quiere la democracia para Venezuela sino tomar su petróleo. Si este fuese el caso, va a necesitar inversiones colosales.

Según Quiroz Serrano, para llevar la producción a un nivel de 2,4 millones de barriles por día se requieren inversiones en el orden de 25.000 millones de dólares por un lapso de cuatro o cinco años.

Es decir, hablamos de inversiones que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares y aun así no alcanzaría Venezuela los niveles de producción que exhibía en 1998, antes de que el chavismo llegara al poder.

Andrés Cañizalez

¿Cayó la oposición venezolana en una trampa? ¿Fueron engañados dirigentes políticos con piel curtida como Jesús Chúo Torrealba, Henry Ramos Allup o Julio Borges? No pocos analistas y opinadores, y muchos venezolanos de a pie, creen que efectivamente la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cayó en un trampa al sentarse a dialogar y negociar políticamente con el gobierno de Nicolás Maduro.

No comparto la hipótesis de que han sido engañados los dirigentes de la MUD que apostaron por el diálogo. Creo que tomaron una decisión política: apostaron por una transición en cámara lenta. Decidieron a favor de pactar con el chavismo soluciones negociadas en diversos ámbitos en lugar de presionar al régimen y tratar de arrinconarlo.

Es muy pronto para saber si se equivocaron. Por lo pronto el chavismo, y en particular Maduro, ganó en esta primera etapa, está logrando concluir 2016 sin hacer elecciones. No preveo, personalmente, elecciones en 2017 ya que al igual que en 2016 el chavismo perdería cualquier consulta. Si son ciertas algunas versiones surgidas de la mesa de negociación todo parecería apuntar a elecciones en 2018.

¿Y qué hacer si se mantiene cerrada la vía electoral, y estando el gobierno de Maduro en medio de altísimos niveles de impopularidad? En mi opinión, cabe pensar en un cambio en la presidencia en 2017 bajo un pacto entre gobierno y oposición, con otra figura del chavismo en la presidencia interina (para concluir el mandato) permitiendo que la salida de Maduro ayude a bajar la presión, permita salir en búsqueda de financiamiento externo y el chavismo se recomponga para ir a elecciones en 2018.

Esto es solo un escenario. Pero son justamente el tipo de escenarios que pueden hacerse realidad en una mesa de negociación política. Aún es temprano para saber si será en esta dirección a la que nos conducirá este diálogo en Venezuela.

Otro escenario, fuera de la mesa de diálogo, es que sencillamente los sectores más radicales (verbalmente) del chavismo, que a su vez parecen ser los más vinculados con el narcotráfico, terminen imponiendo su posición de no abrir ningún espacio, con lo cual quedaríamos igual que ahora. No todo igual, porque bajo esa lógica el régimen aumentaría la represión para sostenerse en el poder.

Se llegó al diálogo luego de vivir en octubre una serie de acciones políticas, generadas por la MUD, que apuntaban a poner al presidente Nicolás Maduro contra las cuerdas, como se dice en el argot del boxeo. Era la respuesta opositora a la decisión oficial de cerrar la vía del referendo revocatorio del jefe del Estado, junto a la decisión del Poder Electoral de suspender la elección de gobernadores estatales que debía realizarse en diciembre.

En esos días finales de octubre se iniciaba un proceso para establecer la responsabilidad política de Maduro en la ruptura del hilo constitucional, la MUD denunció al gobierno de Maduro como una dictadura, convocaba acciones masivas de calle incluyendo una marcha hasta el Palacio de Miraflores.

Junto a esto –desde Washington–, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lucía dispuesto a llevar de nuevo a discusión en el organismo la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, por parte del gobierno de Maduro.

En general, en esos días, el discurso de las varias corrientes opositoras que hacen vida en la MUD parecían remar en la misma dirección: presionar a Maduro, en todos los frentes. En privado, sin embargo, la dirigencia opositora reconocía la imposibilidad de remover democráticamente en el corto plazo a Maduro (que sigue teniendo –y no lo pongo en duda– un férreo apoyo militar).

Sin embargo, la apuesta durante la mayor parte de octubre consistía en aumentarle el costo político al régimen. Aunque Maduro siguiera en el poder, con esa estrategia se buscaba denunciar, en lo interno y en el exterior, que se trataba de una dictadura.

Hubo un cambio de timón en la estrategia opositora. Las decisiones políticas tienen consecuencias.

Andrés Cañizales

La oposición venezolana parece perdida en sus diferencias

Después de la sonora victoria política que alcanzó el 1 de septiembre cuando organizó la protesta callejera más concurrida en Venezuela, al menos en la última década, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parece ahora perdida en el laberinto de sus diferencias y en la falta de una agenda de real presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Y no es cualquier momento para perder el norte. En Venezuela se viven días decisivos para determinar si puede realizarse un referendo revocatorio este año que acelere la transición o si por el contrario el régimen de Maduro, en alianza con entidades sobre los que ejerce el control como el Consejo Electoral y el Tribunal Supremo, se mantiene en el poder.

Septiembre es decisivo para calibrar la capacidad que tenga la MUD de conducir la transición o si al contrario el chavismo, desde el poder será el que modele los cambios.

La MUD necesita que el referendo revocatorio se haga en 2016 para que la salida de Maduro en el referendo, por el voto popular, lleve de inmediato a unas nuevas elecciones presidenciales. Si por el contrario, el referendo se hace en 2017, a lo que apuntan sectores del chavismo y el mismo Consejo Electoral, es probable que Maduro sea castigado con el voto pero que el vicepresidente que él designe termine el mandato por un lapso de dos años 2017-2018.

No sólo el chavismo se juega su futuro, también lo hace la MUD. Algunos estudios de opinión pública, como el que llevó adelante la firma Delphos, muestran que un 70 por ciento está a favor de revocar el mandato de Maduro, pero eso no debe sumarse automáticamente como apoyo a la alianza opositora, ya que en ese mismo estudio 60 por ciento de los consultados dice confiar poco o nada en la MUD.

La Mesa de la Unidad Democrática nació en 2010 conformada por los partidos de oposición al régimen de Hugo Chávez, con el fin de participar en las elecciones parlamentarias de aquel año.

La MUD fue la respuesta a casi un lustro de aridez en el campo opositor, en los que el chavismo se consolidó, tras la decisión de los partidos opositores de no presentarse a las elecciones legislativas en 2005. Todo ello unido a la implosión que vivió la llamada Coordinadora Democrática que no reconoció el triunfo de Chávez en el referendo revocatorio de 2004. En la Coordinadora Democrática participaban partidos, asociaciones de la sociedad civil y gremios, pero era notable el peso que tenían tras bambalinas los dueños de medios privados.

Tras la gigantesca movilización de éste 1 de septiembre ocurrieron varios hechos que mellaron a la alianza opositora. No hubo otras acciones de envergadura desde entonces, con lo cual el tiempo sigue corriendo y juega en contra del referendo para este año; varios líderes opositores empezaron a mostrarse en plan de candidatos presidenciales, lo cual resulta a todas luces prematuro; se evidenció públicamente una fractura entre la posición más radical de partidos pequeños de la MUD y la posición que consensuan el llamado G-4 (los partidos mayoritarios de la alianza: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular).

Junto a esto, la MUD cayó en la trampa del diálogo que le ha orquestado el gobierno. Luego de desmentir que se produjeron reuniones con el alto gobierno, la vocería de la alianza opositora debió reconocer que sí las hubo, una vez que Maduro señaló que daría los nombres de los dirigentes opositores que se han reunido con el oficialismo.

Comunicacionalmente esto fue un desastre ya que dejó el aire muchas dudas e interrogantes.

En mi opinión, en Venezuela no debe descartarse un espacio de diálogo entre MUD y gobierno, pero en términos comunicacionales debe haber transparencia, ya que en dos ocasiones el gobierno ha usado este tipo de reuniones con el fin de avivar las diferencias en el seno opositor y desacreditarlos ante la ciudadanía. El peso del aparato comunicacional del régimen resulta clave para encuadrar mediáticamente el tema del diálogo y presentarlo a la opinión pública. Si la MUD se reúne con el gobierno no debe ser reactiva, sino informarlo por anticipado.

La guinda de este período, muy negativo para la MUD, posterior a la marcha del 1S fue la desafinada declaración de un vocero de la alianza en el área internacional, Timoteo Zambrano, quien cuestionó la posibilidad de que Venezuela sea sancionada en el seno de Mercosur, por parte de los países fundadores del bloque. Se trata de una seria contradicción porque justamente la oposición ha buscado este año la presión internacional de gobiernos y de entes como el Mercosur y de la Organización de Estados Americanos.

Aunque Zambrano fue rápidamente desmentido, su caso refleja la multiplicidad de agendas que hacen vida en la MUD. La alianza tiene reales dificultades en definir cuáles son los pasos a seguir, en este momento decisivo. Mientras siga la MUD en su laberinto, a pesar de que el clamor popular sea anti-Maduro, éste seguirá ocupando el poder. Al menos esa es la sensación que se vive en estos días en Venezuela.

* Andrés Cañizález es analista e investigador titular de la Universidad Católica Andrés Bello.

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Como muchos venezolanos tengo un sabor amargo en la boca. Cualquier ámbito de la vida nacional que se mire la palabra que lo identifica es crisis. Estamos en medio de lo que es la más severa crisis, dicen mis amigos historiadores, desde el siglo XIX venezolano. Esta crisis es una herencia directa del chavismo, como modelo político, económico y social. Nunca voté por el chavismo, pero no dejo de compartir la amarga situación en la que vivimos hoy los venezolanos. Padecemos las consecuencias de un proyecto fracasado. Se trató de una revolución, sólo en el discurso, y termina hoy el país en una suerte de involución en todo sentido.

La revolución prometió acabar con la pobreza. En medio del boom de los altos precios petroleros se logró distribuir más recursos entre los pobres, efectivamente eso ocurrió, pero no implicó sacarlos de la pobreza. No hubo un combate real a las causas de la pobreza en Venezuela, creando empleo productivo y bien remunerado. La redistribución sólo fue efectiva cuando el barril de petróleo estaba por encima de los 100 dólares, una vez que pasamos a la época de las vacas flacas se derrumbó ese sistema de planes sociales apalancados exclusivamente en el boom petrolero. Hoy la pobreza está en niveles similares a los de 1998, pero con el agravante de que se agudiza la crisis social de forma acelerada.

La revolución prometió acabar con el rentismo. No sólo no acabó sino que lo profundizó al punto que hoy Venezuela es el país, entre todos los productores de petróleo, que peor récord económico tiene. Durante la fiesta de los petrodólares sencillamente se dilapidó esa enorme riqueza. Aquello de sembrar el petróleo, frase acuñada por Uslar Pietri, y repetida de forma incesante por Hugo Chávez, fue una frase hueca más del chavismo. Venezuela es hoy más dependiente de los ingresos petroleros que en 1998.

La revolución prometió un nuevo marco constitucional. Releyendo un artículo de Laureano Márquez del año 2000 me permite rememorar cómo el entonces padre político de Chávez, Luis Miquilena, cuestionaba el papel de la sociedad civil. Y precisamente él había estado en la primera línea de la dirigencia chavista que incluso se saltó los lapsos para que se aprobara una constitución, en la cual la sociedad civil tiene un papel relevante. “Una constitución que no llegó al año ya no le sirve al gobierno, nació moribunda”, sostenía Laureano. El propio Chávez la traicionó al impulsar leyes que se saltaban los preceptos constitucionales o al empujar reformas en el sistema de límites al poder y contrapesos institucionales (reelección presidencial, papel del Tribunal Supremo de Justicia). La revolución traicionó a su propia constitución.

La revolución prometió un país potencia. Y Venezuela tuvo fugaces episodios de marcar la agenda internacional, pero eso estuvo estrechamente vinculado al poder de la petrochequera. Igual ocurrió con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un líder mesiánico con intenciones de influir en la política mundial, logra cierta resonancia global gracias a estar sentado en la silla presidencial de un Estado momentáneamente rico. Venezuela no es una potencia, hoy incluso organismos internacionales le reclaman al gobierno de Nicolás Maduro el pago de las cuotas de membrecía que están vencidas. La revolución nos deja además una cancillería desprofesionalizada.

Las consecuencias sociales y económicas del fracaso de la revolución de Chávez (y del gobierno de Nicolás Maduro) nos acompañarán como sociedad durante largo tiempo. Es necesario remarcarlo. El proyecto chavista ha destruido muchos ámbitos, en algunos casos de forma profunda y continuada.

El cambio político, que  ya tuvo una clara manifestación en las parlamentarias del 2015 (dejando en evidencia la condición de minoría electoral del chavismo) será refrendado en el referendo revocatorio. Los venezolanos apuestan por un cambio a través de los votos, eso lo han demostrado incluso llevando a Chávez al poder. El cambio político luce inexorable y próximo. No tanto así la reconstrucción nacional. Para superar la debacle nacional que nos deja el chavismo como herencia, necesitaremos no sólo tiempo y esfuerzo, sino la generación de grandes acuerdos nacionales.

Andrés Cañisales

@infocracia

Estamos en Venezuela en medio de una clara transición política, que tiene como característica principal la incertidumbre. Ningún analista sensato podría decir hoy cómo va a ser el desarrollo próximo de las acciones políticas que nos esperan, y en verdad estamos en medio de serias preguntas sobre nuestro destino como nación, en el corto y mediano plazo. Estamos atravesando un período complicado y peligroso, ya que el viejo poder que representa hoy el chavismo está francamente de retirada, pero la nueva opción de poder no termina de vislumbrarse, desconocemos aún el cómo y el cuándo de este proceso que debería desembocar en el cambio político.

El pasado 6 de diciembre constituyó el punto de inflexión y puede considerarse ciertamente como una fecha cierta de inicio para esta transición en la que estamos. Los resultados de las elecciones parlamentarias dejaron al desnudo la condición de minoría del chavismo, un hecho inédito en más de tres lustros. El primer semestre de 2016 gracias a los errores económicos y políticos del presidente Nicolás Maduro se ha profundizado la brecha que hoy separa al chavismo de la mayoría popular.

La profundización de la crisis económica, que el venezolano común ya entiende como producto de las políticas de Maduro, ha potenciado la crisis política. Junto a esto, las respuestas políticas de Maduro, desconociendo la voluntad popular y cercenando a la Asamblea Nacional, terminan de hundirlo en materia de opinión pública. Maduro concentra un nivel de rechazo y desaprobación que supera a 80%, un porcentaje no registrado para un gobernante en Venezuela desde la época del ocaso político que vivió Carlos Andrés Pérez en su segundo e inconcluso gobierno (1989-1993).

De forma resumida, el momento actual presenta al menos tres riesgos para la transición en marcha: el primer riesgo es que se consolide una salida militar (y no hablo en estricto sentido de un golpe militar); el segundo es que todo cambie para que nada cambie y el tercero que termine produciéndose el cambio pero que lo capitalice un outsider sin una agenda clara de re- institucionalizar al país.

Las recientes decisiones oficiales de colocar al frente del abastecimiento de alimentos al propio ministro de la Defensa y la profundización del carácter militar del gobierno de Maduro son sin duda un riesgo de consideración para que la transición desemboque en un cambio democrático. Los militares pasan a controlar no sólo la capacidad represiva (que se ejerce de forma clara para acallar las protestas por falta de alimentos, por ejemplo) a tener el control sobre lo que genera malestar social en este momento (la ausencia de alimentos). Es una dinámica que está en pleno desarrollo y que habrá que seguir con atención.

El chavismo juega al cambio sin que nada cambie, por eso insiste en que no hay tiempo de hacer el referendo revocatorio este año. Si la consulta popular tiene lugar en el primer trimestre de 2017 el chavismo votaría en contra de Maduro, al que podrían acusar de todos los males nacionales, mientras que el presidente de la transición efectiva pasaría a ser un chavista. El gran riesgo para todo el país es que la falta de cambios efectivos, más allá de que se haga el revocatorio, es que este proceso desemboque en la violencia generalizada (hasta ahora los saqueos han sido focalizados) con un costo social y humano difícil de predecir.

El clima a favor del cambio hoy en Venezuela no debe entenderse como una chequera en blanco a favor de la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que algunos líderes opositores así lo han entendido cuando remarcan que el revocatorio es de la gente y no de la alianza opositora. Estamos en un punto de quiebre donde si bien la mayoría quiere un cambio, el modelo que vendrá no termina de estar claro ni para la población ni para el liderazgo de la MUD, que sigue teniendo una peligrosa dispersión de puntos de vistas y estrategias para hacer frente a lo que nos viene.

Si la MUD no logra capitanear este proceso, se abren puertas para peligrosos outsiders (y eso ya se vivió terriblemente con el caso del papel de Pedro Carmona en abril de 2012) que podrían llevarnos por un sendero diferente, como sociedad, a la necesaria reinstitucionalización y consolidación democrática, que debe ser el objetivo de esta transición.

Andrés Cañizales

El presidente Nicolás Maduro está atrapado en medio de dos crisis que se retroalimentan: la crisis económica que ha terminado por desembocar en una crisis política. Él, en buena medida, es el responsable de la primera que ha llevado sin duda a la segunda, y esta terminará teniendo un alto costo político para él como cabeza visible del chavismo y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El laberinto de Maduro comenzó a construirse una vez que fue ratificado como presidente por el Consejo Nacional Electoral, luego de las discutidas elecciones presidenciales de abril de 2013. Al final de aquel año, con el objetivo de incidir en las elecciones municipales una vez que se comenzaba a constatar el malestar ciudadano con su gestión, lanza el “Dakazo”, que le ayuda a repuntar momentáneamente en la encuestas, pero que significa una vuelta de tuerca en la destrucción del aparato industrial y comercial de Venezuela.

2014 fue un año atípico en la vida venezolana del siglo XXI, ya que no hubo elecciones de ningún tipo. Era deseable que el presidente Maduro aprovechara ese período para llevar adelante las decisiones económicas. El petróleo había bajado, pero no al nivel actual, y al mismo tiempo el gobierno puso en el aire una campaña para sensibilizar a la población en torno a la necesidad de aumentar el precio de la gasolina. Tenía Maduro el año pasado margen de maniobra para rectificaciones económicas. Su opción fue no tomar decisiones para evitar el costo político de estas. Terminó Maduro asumiendo el costo político de la inacción en materia económica.

La inacción que ha caracterizado sus casi tres años de gestión, en medio de la más aguda crisis económica del país, es uno de los factores que incidieron directamente en la derrota electoral del PSUV el pasado 6 de diciembre.

La crisis económica en Venezuela ha sido una especie de bola de nieve, que viene creciendo sin parar. Maduro optó por dejar que esa bola de nieve rodara porque cualquier decisión económica tenía un costo político. La bola de nieve ha crecido y con ella el descontento y ahora cualquier decisión económica tendrá un costo político amplificado.

Si en materia económica Maduro no comprendió cuál era el tiempo justo de actuar (el año 2014) en materia política el año 2015 desnudó sus deficientes capacidades de conductor político. Maduro estuvo de viaje al exterior varios fines de semana en medio de la campaña electoral, incluso durante los fines de semana que el PSUV realizó los llamados simulacros. Desgastó Maduro el legado simbólico y comunicacional que le dejó Hugo Chávez. La insistencia en construir matrices mediáticas, como la “guerra económica”, no surtió efecto. La crisis que viven cada día los venezolanos fue más fuerte y directa que cualquier relato oficial.

En esta elección del 6 de diciembre Maduro se perdió más en su laberinto. Usó hasta el cansancio la figura de Chávez, apostando por que el lazo sentimental del comandante con el pueblo fuese el catalizador de un voto popular y mayoritario. Al no surtir este efecto, del chantaje emocional, Maduro no solo fue el gran derrotado de las elecciones, sino que perdió la capacidad de que su talismán político (“soy el hijo de Chávez”) surtiera efecto convocando a la mayoría de venezolanos. Maduro no solo está en el laberinto, sino que está desnudo.

Al insistir Maduro en el desconocimiento de la derrota y de su responsabilidad directa en este resultado electoral adverso, sigue perdido en su laberinto. Al enfatizar el discurso que le llevó a la derrota el 6-D (el discurso de la confrontación y de responsabilizar a otros por la crisis económica), Maduro se sigue alejando del pueblo.

Le habla Maduro al sector más radical del chavismo, pero ese sector ya no inspira el miedo de otros tiempos. El resultado favorable que obtuvo la MUD en el 23 de Enero (en Caracas), cuna de varios colectivos armados, es símbolo claro de que vivimos otra época en Venezuela. Maduro no ha tenido y dudo que tenga capacidad de comprender cabalmente la magnitud de este cambio. Maduro sencillamente está perdido en su laberinto.

Andrés Cañizales

@infocracia

Con harta frecuencia se pronuncia la palabra transición en Venezuela, pero pocas veces se detienen en desmenuzar lo que implica realmente dicho proceso. En primer lugar, conviene aclarar que independientemente de la correlación de diputados que salga de las votaciones el 6-D, de cara a conformar una nueva Asamblea Nacional, en Venezuela se activará una transición. El deseo de cambio que manifiesta una mayoría de venezolanos no concluirá con el acto de votar en las elecciones parlamentarias. Al contrario, estamos en presencia –en realidad– de un primer paso dentro de una serie de reajustes y reacomodos en la vida político-institucional del país. Y todo eso no será como dice el dicho: coser y cantar. La transición, en definitiva, no es una autopista en la que se va a alta velocidad y en línea recta, con la vía despejada.

Cuando se revisan experiencias recientes, algunas de ellas en desarrollo como es el caso de Birmania, en realidad las transiciones son procesos sociopolíticos complicados que se asemejan a esa vieja carretera transandina, llena de tramos difíciles, angostos y a veces con curvas que parecen que te van a regresar al punto de origen. En la medida en que las transiciones son producto de la voluntad popular y no del decreto de un líder político, terminan siendo indetenibles, a menos que se les acalle con la fuerza de las armas y la represión como también ha sucedido en la historia reciente de otros países.

Las transiciones no borran de un plumazo al régimen anterior. Quienes vienen ocupando el poder de forma autoritaria, así se ve en la historia de Birmania, por ejemplo, siguen en el juego, no son borrados por completo y en general intentan mantener parcelas de poder. El punto de inflexión es el costo político que tiene la represión para esos regímenes, ya que cuando están consolidados pueden asumir medidas coercitivas y represivas con cierto éxito, pero en la medida en que se erosiona su legitimidad se les hace más difícil mantener un esquema de fuerza. Por ello se abren a acciones que impliquen compartir el poder.

Ya que los que están gobernando no desaparecen por arte de magia, las transiciones implican una alta capacidad de diálogo y negociación. Muchas veces esto ocurre de forma silenciosa, sin que aparezcan en una mesa firmando un tratado de paz las partes, pero tras bambalinas se producen negociaciones y se alcanzan acuerdos en ese reajuste político-institucional que conllevan las transiciones. Las sociedades deben entender que cualquier negociación de poder es una parte esencial de la vida política y que ello es lo deseable, ya que se descarta la opción de las armas, asunto en el cual el sector que no controle las fuerzas armadas suele llevar las de perder.

Las transiciones, si bien son procesos colectivos, ya que el progresivo reajuste del sistema político obedece a la voluntad popular, en general terminan arrojando rostros visibles como protagonistas. Se trata de líderes políticos que tienen capacidad de articular las acciones necesarias para nuclear a los suyos, de sentarse con el otro y tienen un discurso antirrevanchista que cala en la población. Nelson Mandela en Sudáfrica o Aung San Suu Kyi en Birmania son buenos ejemplos de liderazgos con inteligencia emocional, dando respuesta a lo que en cada momento requería el contexto país respectivo.

Las transiciones no se alcanzan solo con un acto de votación. No son asunto de un día. En realidad, estamos ante procesos que se suelen medir por años o incluso décadas. No es fácil, sin duda, pero también son procesos indetenibles, que resultan inevitables, siempre y cuando la respuesta por parte de quienes ejercen el poder no sea acallarlos con la represión. La transición, Venezuela, no es una autopista.

Andrés Cañizales

Muchos venezolanos nos hemos dado cuenta de que usted es dado al género epistolar. Por esa razón recurro a esta vía. Cumple usted un papel primordial, como secretario general, en la revitalización de la Organización de Estados Americanos. No es para menos, el período en el que estuvo su antecesor se le hizo honor al apellido de este y terminaron siendo años insulsos.

En esos años la OEA terminó siendo testigo silencioso de cómo algunas propuestas de cambio, demandadas genuinamente por nuestras sociedades, usaron los mecanismos democráticos para acceder al poder y una vez allí sencillamente se dedicaron a dinamitar al sistema democrático; ese que justamente la OEA dice que defenderá y promoverá, según sus principios.

Su elección como secretario general, recientemente, no despertó mucho entusiasmo entre los venezolanos (entre los cuales me cuento) ya que la propaganda oficial se encargó de mostrarlo a usted junto al féretro del difunto presidente Hugo Chávez, acompañado nada menos que por Nicolás Maduro. Era otro momento de su vida política, lo entiendo, entonces fue usted el canciller de Pepe Mujica. Y Mujica terminó siendo muy taimado con relación a Venezuela, cuando muchos demócratas sociales esperábamos más. Debo confesarle que no esperaba mucho de usted, tanto por el uso que se le dio a aquella imagen suya, por parte de la propaganda oficial, junto al hecho de que Venezuela (según la Cancillería en su momento) aupó firmemente su candidatura para el cargo al frente de la OEA.

Lo interesante de la política es que no es estática, ni previsible. Así usted nos dio a millones de venezolanos una sorpresa mayúscula y un soplo de esperanza de que aun cuando la OEA no envíe formalmente una misión de observación a estas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre (por la negativa del Consejo Nacional Electoral), este organismo bajo su dirección no callará ante un eventual fraude ese día.

Como muchos venezolanos que creemos en que como sociedad tenemos derecho a elecciones libres, justas y transparentes, leí su carta abierta a Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Su carta es una inigualable síntesis de los problemas más serios que enfrenta el sistema electoral de Venezuela, potenciados sin duda alguna por lo vital que resultan estas elecciones para quienes nos gobiernan. No está en juego la presidencia, pero sí el control de la Asamblea Nacional que, según la Constitución que tanto empuñaba Chávez en sus actos públicos, le otorga poderes de fiscalización y contraloría sobre el Poder Ejecutivo, y de capacidad para evaluar –junto con la sociedad civil– a quienes integran el resto de poderes públicos.

Las elecciones son vitales para los venezolanos demócratas porque constituirán la posibilidad de que por vía electoral y democrática se restablezca un equilibrio de poderes en Venezuela. La oposición más radical nos llama ingenuos (en realidad nos dicen pendejos) y el oficialismo desde el poder dice que no entregará el poder o el propio presidente Maduro anuncia que saldrá a la calle si el resultado es adverso. Nada fácil la tenemos, a decirle verdad.

Señor Almagro, el 6 de diciembre no es un punto de llegada. En realidad será el inicio de una transición dura y complicada, sin árbitros internos, ya que la parcialidad que exhiben públicamente el resto de poderes públicos (Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo) sencillamente los descalifica como mediadores del conflicto. Si eso se mantiene en el nivel de escaramuzas institucionales (de reajustes para acoplarse a la nueva realidad política), es una cosa, pero otra sería que el conflicto se traduzca en el enfrentamiento en las calles entre venezolanos. Este tiempo demandará mucho de usted, de su talante demócrata y de su capacidad de convertir el cargo que ocupa en un genuino liderazgo regional.

Por Andrés Cañizales 

El Nacional 

Hace poco se difundió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV. Se trata de una decisión histórica en materia de libertad de expresión y por esa razón tendrá repercusiones no solo en Venezuela sino en todo en el continente. Desde mi punto de vista constituye la decisión un alegato a favor de la no discriminación por razones de una línea editorial y aboga por medidas transparentes y equitativas en la asignación de las frecuencias de radio y televisión.

Los jueces del tribunal internacional observaron que, efectivamente, es el Estado el que administra el espectro radioeléctrico, pero al ser un bien de todos los ciudadanos (y no solo de una parcela política o partidista) las frecuencias de radio y televisión no deben ser usadas para castigar o premiar una determinada línea informativa. En el caso de RCTV fue evidente cómo el gobierno de Hugo Chávez castigó a esta empresa, a sus directivos y trabajadores, por mantener una línea editorial crítica. Al mismo tiempo que se venció la concesión de RCTV también se vencía la señal del canal Venevisión, pero este medio había optado por moderar su línea informativa. El resultado fue que al medio que sí ejercía la crítica pública (que forma parte de una libertad de expresión plena) se le castigó duramente.

El caso de RCTV envolvió no solo al Poder Ejecutivo, aunque de allí vino la medida. No debe olvidarse que el propio presidente Chávez decretó el cese del permiso de transmisión de este canal sin que siquiera se hubiese abierto un proceso administrativo. Una vez que el otrora poderoso jefe del Estado dictó la orden, el resto de poderes se plegaron. Los tribunales del país no recibían los alegatos del canal e incluso el Tribunal Supremo de Justicia que sí se vio obligado a recibir las demandas de RCTV, sencillamente optó por la no respuesta. El TSJ, por ejemplo, sigue sin decidir sobre el estatus de los equipos e instalaciones de transmisión que sencillamente el gobierno arrebató a RCTV, en 2007, para poner al aire a TVES, sin que hubiese un proceso legal de expropiación o indemnización.

Todos esos elementos y otros tantos fueron valorados por los jueces de la Corte Interamericana que dictaminaron de forma unánime en este caso. Las autoridades actuales de Venezuela de inmediato procedieron a pronunciarse: la sentencia es inaplicable, han dicho. No puede reproducirse la forma grosera con la que reaccionó quien preside, por ahora, la Asamblea Nacional

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La sentencia resulta inaplicable en este momento en Venezuela. No por ello perderá vigencia ni importancia. Es inaplicable porque los poderes públicos están al servicio de un grupo de enchufados que se reparten el poder en Venezuela como si fuese su botín personal. La sentencia es inaplicable, ¡por ahora! El cambio político de envergadura que terminará produciéndose con la votación del próximo 6 de diciembre justamente ayudará al rescate de instituciones que, como la Asamblea Nacional, tienen un papel en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación de la justicia en Venezuela. Desde el Parlamento debe velarse, y se tienen las herramientas legales, para que se cumplan la Constitución y las leyes.

Precisamente, una tarea urgente que deberá discutir el nuevo Parlamento, genuinamente demócrata, será el regreso de Venezuela al seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (respetando el espíritu de la Constitución de 1999). Una vez que nuestro país se acoja al sistema, será de obligatorio cumplimiento decisiones como esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV. La decisión es inaplicable, por ahora, pero teniendo a la vuelta de la esquina una elección tan significativa como la del 6-D, y estando el clima político tan favorable al cambio, no dudo que RCTV volverá al aire.

Andrés Cañizales

En los últimos años en el país se ha producido un intenso debate sobre el rol político de los medios. No es un asunto nuevo en la historia democrática venezolana. La edición de hace 47 años de la revista SIC correspondiente a agosto de 1968, recogía los diferentes arreglos que se estaban produciendo entre medios de comunicación y líderes políticos de cara a las elecciones presidenciales que se efectuaron en diciembre de ese año, y en las que finalmente resultó electo Rafael Caldera. Un caso emblemático resultó ser el pacto entre la candidatura de Caldera y la Cadena Capriles, que entonces tenía a la cabeza a Miguel Ángel Capriles, quien junto a otros periodistas de su grupo mediático saldrían electos en las planchas parlamentarias de COPEI bajo la figura de “independientes”. Este pacto fue el inicio de una práctica que se extendió hasta entrados los años 80, editores y directivos de medios formaron parte de las listas de los partidos AD y Copei, en calidad de “independientes”, cuando en realidad lo que se puso en juego fue su rol independiente ante el poder político.

Entretanto, hace 22 años, en la edición de agosto de 1993, el entonces director de SIC, Arturo Sosa, recogía en estas páginas una preocupación que sólo parece haberse incrementado en el tiempo, entre los venezolanos: la inseguridad ciudadana. A su juicio, el auge que vivía la delincuencia junto a una violencia desmedida en los actos delictivos, debía ser una señal de alarma para la dirigencia política y las instituciones. La tendencia, que ya se percibía entonces con fuerza, era que Venezuela se conducía hacia la anarquía política y la anomia social. En ese mes, el país asistía a las primeras semanas de la transición presidencial, tras el juicio y destitución de Carlos Andrés Pérez, y la decisión de que Ramón J. Velásquez terminara el mandato de aquel. Si bien se tenía plena conciencia de que Velásquez tendría una presidencia muy corta, parecía un momento oportuno para replantearse las políticas y respuestas institucionales ante el aumento de la inseguridad. Para Sosa, en Venezuela se conjugaban diversos factores para que terminara imponiéndose, entre los ciudadanos, la justicia por cuenta propia, ante la inoperancia del Estado, la cual se reflejaba –ya en aquel momento- en la lentitud de los tribunales, las arbitrariedades policiales, el horro de las cárceles, un aumento de la delincuencia, junto a una falta de perspectivas, de una vida mejor, entre los jóvenes de los sectores populares.

Hace 27 años, entretanto, la edición de SIC correspondiente a julio-agosto de 1988, estuvo dedicada al vigésimo aniversario de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se celebró en Medellín, en 1968. En su editorial, la revista reivindicaba el espíritu de Medellín “que hizo mirar al continente con los ojos de Dios”, para denunciar las injusticias estructurales presentes en nuestros países. Recordaba aquel número de SIC, que este documento estuvo soslayado en Venezuela, por la particularidad de nuestra historia; se estaba consolidando entonces un modelo democrático por el cual la Iglesia católica había apostado y en el cual se guardaban esperanzas. Sin embargo, la mirada venezolana sobre Medellín, en agosto de 1988, era otra. El modelo de 1958 lucía agotado políticamente, mientras que la crisis del viernes negro de 1983 había cerrado las esperanzas en la viabilidad económica del modelo rentista. Lucía como imperativo, entonces, alimentarse en el documento de Medellín para encarar una vocación claramente social en las distintas instancia de la iglesia venezolana.

Andrés Cañizales