“Estamos frente al agotamiento de un proceso de acumulación que se apoyó en la percepción de un creciente plusvalor internacional y que permitió niveles de consumo y de inversión muy por encima de los que los propios factores productivos internos estaban en capacidad de generar”. Esta cita, que perfectamente podría vincularse a la dinámica económica de 2015, corresponde a un trabajo publicado por Víctor Álvarez que encontramos en la edición de marzo de 1989 de la revista SIC, que edita el Centro Gumilla: “El ocaso de la Venezuela rentista. Nueva estrategia de desarrollo”.  El país atravesaba, al igual que hoy, una crisis económica relacionada con el modelo de explotación de la renta petrolera: la época de las vacas gordas se había destinado al consumo e importaciones, y en medio de una caída de los precios internacionales del petróleo (la época de las vacas flacas) ni el Estado ni la sociedad estaban preparados.

Justamente, hace 26 años, como lo hace hoy en sus artículos, Álvarez planteaba como tareas prioritarias diversificar la economía, estimular el crecimiento y desarrollar el país bajo un proceso autosostenido que genere divisas por la actividad del sector no petrolero. El desafío de entonces, y lo sigue siendo ahora, pasaba por alcanzar una dinámica económica que hiciera al país menos vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, junto a políticas de desarrollo industrial en diversas áreas que atendieran el mercado interno y que generaran capacidad de exportación, para igualmente romper con la excesiva dependencia de las exportaciones de crudo que exhibía Venezuela (y que sigue exhibiendo hoy).

En ese artículo de 1989, que puede consultarse en la sección de documentación del sitio web http://gumilla.org Álvarez analizaba las tendencias del mercado petrolero internacional. Se había vivido en la segunda parte de la década de los años ochenta un auge petrolero que impulsó de forma importante los precios. La dinámica económica internacional sufrió un nuevo período de reajuste, lo cual colocó el petróleo en baja y con perspectivas, en ese momento, de tasas muy moderadas de incremento; todo esto junto a una expansión de la producción de crudo en un contexto de la pérdida relativa de importancia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Avizoraba Álvarez, y en ello coincidía con la percepción mayoritaria de expertos de ese momento, que el petróleo no tendría un nuevo auge en sus precios. Resultaba inimaginable, entonces, proyectar precios del barril del petróleo por encima de los 100 dólares.

En ese mismo número de SIC, correspondiente a marzo de 1989, Eduardo Ortiz justamente planteaba varios escenarios a partir de los precios del petróleo en un artículo que tuvo por título “Perspectivas económicas del próximo quinquenio”. En ese texto el autor manejaba un escenario de precio alto del petróleo entre 15 y 20 dólares el barril, a lo largo del quinquenio 1989-1994. Debe recordarse que recién había comenzado el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y era un ejercicio razonable plantear escenarios de 5 años, ya que los gobiernos se limitaban a ese lapso.

Finalmente, esos precios bajos del crudo (si se les compara con los niveles alcanzados en el boom del período 2005-2012) no eran sinónimo de una economía sana o mejor manejada. El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), por ejemplo, tuvo una inflación acumulada de 251% y se proyectaba para 1989-1994 un aumento de precios por el orden de 700% “en el escenario optimista”. El control de la inflación, así como la consolidación de un aparato productivo nacional diversificado, siguen siendo tareas pendientes en la Venezuela de hoy.

Andrés Cañizales

@infocracia

En los últimos meses el gobierno ha usado una estrategia de comunicación política que, desde el punto de vista netamente comunicacional, parece haberle sido útil. Y aseveramos eso en vista de que ha apelado en varias ocasiones a la misma estrategia, aunque ha bautizado de forma diferente los anuncios en materia económica y gubernamental.

Veamos en primer lugar los términos usados por el gobierno y por el presidente Nicolás Maduro. El 22 de abril el jefe del Estado anunció que el 1° de mayo anunciaría un “revolcón” en materia económica. Según el Diccionario de la Real Academia, revolcar significa “derribar a alguien y maltratarlo, pisotearlo, revolverlo”, y en un sentido coloquial se entiende que un revolcón es “vencer contundentemente a un adversario en una disputa o discusión”. El año pasado, asimismo, Maduro anunció un “sacudón” en relación con cambios profundos en su equipo de gobierno. Igualmente el diccionario define sacudón como “una sacudida rápida y brusca”.

En materia política, generalmente, las palabras no se usan al azar. No creo que Maduro haya usado tales términos por ignorancia. Podemos preguntarnos entonces, qué ha ocurrido con estos sacudones o revolcones que no han sido tales. Por qué no ha habido ni en materia gubernamental una sacudida rápida y brusca, ni en materia económica tampoco se venció profundamente a un adversario, ni se le revolvió.

Desde mi punto de vista, estos anuncios de sacudones o revolcones en primer lugar son parte de una estrategia de copar la atención de la opinión pública. El gobierno no solo controla los medios privados y tiene una enorme plataforma de medios oficiales, sino que además tiene acciones comunicativas que buscan copar la atención sobre los temas de su interés, y eso obviamente tiene como efecto que se desvíe la atención (así sea momentáneamente) sobre aquellos asuntos que le afectan negativamente.

Vamos a verlo de esta forma. Si en medio de la peor crisis económica en el país, en las últimas décadas, una crisis –además– en la cual el gobierno tiene una responsabilidad directa debido a su ineficiencia y corrupción, se logra desviar la atención, así sea por corto tiempo, es una ganancia. Mantiene la atención de la opinión pública y además esa atención no gira en torno a sus errores.

Les pregunté a mis estudiantes del curso de comunicación política que dicto para la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sobre las razones de anunciar sacudones o revolcones que luego no son tales. Algunas respuestas coincidían con lo ya señalado, que básicamente tiene que ver con desviar la atención de lo que le afecta negativamente al gobierno o en todo caso copar la atención del público.

Otras respuestas de mis estudiantes daban explicaciones diferentes. Uno de ellos cree que el gobierno anuncia cosas que parecen de mayor gravedad para que luego sean aceptadas –sin chistar– decisiones aparentemente menores. Otro planteó el problema de los factores de poder divergentes en el seno del gobierno, y la falta de poder de decisión real de Maduro, ya que debe consensuar sus medidas. Otro aseveró que utiliza tales términos para tratar de demostrar que tiene poder. Una estudiante apuntó que se preparaba al país para un escenario de conflicto.

El gobierno de Maduro, como lo hizo en su momento el del fallecido Hugo Chávez, le presta mucha atención a lo comunicacional. Eso es un asunto que no podemos perder de vista.

Andrés Cañizales

Víctor Iván es el nombre del editor del periódico Ravaya, en Sri Lanka. Él saltó a la fama gracias a la lucha por lograr que la expresión, el ejercicio de este derecho, no sea considerado un crimen que implique penas de prisión. Dado que tenía, hace poco más de una década, varios casos de difamación en su contra, el periodista compartía su labor editorial con la defensa ante la justicia.

Pese al prontuario judicial que ya tenía sobre sus hombros, Víctor Iván, con sus denuncias de corrupción en el sistema ferrocarrilero, se convierte diríamos que en un caso emblemático de cómo las figuras penales de difamación e injuria pueden ser utilizadas para coartar el debate público, y no para defender el honor de respetados políticos y personajes públicos, tal como se asegura. Iván, quien había denunciado en su medio periodístico una red de corrupción en el sistema de ferrocarriles, fue demandado por difamación por el gerente de esta entidad pública. Este personaje, según determinó posteriormente una Comisión Presidencial de Lucha Anticorrupción, tenía responsabilidades e incluso fue separado de su cargo. Empero, el juicio por difamación siguió su curso, no valieron los alegatos de defensa de la verdad (que estaba a la vista de todos) ni el interés público que había tomado el caso.

Tras varios años, y luego de que la Corte Suprema de su país rehusó invalidar las acusaciones contra el periodista, este en 1998 acudió ante el entonces Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En sus alegatos ante el Comité, el periodista precisó que el sistema judicial y político de su país, con la persistencia de la demanda, no había defendido el honor de una persona –por demás metido hasta el cuello en un caso de corrupción–, sino que la figura penal de la difamación había derivado en un mecanismo para intimidarlo, limitar su ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y había terminado siendo una obstrucción para su periódico. El caso de Iván, al llegar a instancias internacionales, terminó impactando positivamente a la sociedad política de Sri Lanka, y así el Parlamento en 2002 revocó la validez de las leyes de difamación criminal. Sin embargo, el caso ante el Comité de Naciones Unidas siguió su curso y en 2004 se condenó al país por violar el artículo 19 del Pacto ya mencionado, y en la sentencia se critica el “efecto desalentador” que había tenido tanto en Iván como en el resto de periodistas este proceso penal.

 
El caso de este periodista, como de muchos otros alrededor del mundo, salió a relucir hace algún tiempo gracias a una campaña mundial lanzada por la FIP –Federación Internacional de Periodistas– en pro de la erradicación de las figuras como la difamación e injuria del ámbito penal, para evitar que los que se consideran “delitos de opinión” impliquen la cárcel. La federación considera que la responsabilidad del comunicador debe estar en el propio terreno de la expresión, con una rectificación rápida y abierta, así como en la dimensión civil de la justicia. Igualmente llama la atención de que castigos económicos muy elevados pueden terminar siendo nefastos tanto para los reporteros como para los mismos medios.

En Venezuela las figuras de difamación e injuria no solo fueron ratificadas en la reforma del Código Penal, aprobada en diciembre de 2004, sino que las penas de prisión se hicieron mayores, así como la carga pecuniaria, que puede ser hasta de 2.000 unidades tributarias en casos difamatorios. Como bien ha expresado la FIP, este tipo de norma, esencialmente, busca silenciar la crítica pública a los gobiernos y a los actores políticos.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos, dirigidas puntualmente a siete funcionarios venezolanos, y la declaración de un “estado de emergencia” por parte del gobierno de ese país en relación con Venezuela es un asunto que no puede pasar por debajo de la mesa por varias razones. El que la relación entre Washington y Caracas se ponga tensa, al rojo vivo, no es asunto que deba causarnos alegría. No serán los gringos (ni tampoco los cubanos) los que vendrán a resolver los problemas de Venezuela. Es tarea de los venezolanos trabajar por lograr los cambios políticos que deben darse (más temprano que tarde) en un marco de respeto a la Constitución nacional.

En primer lugar, Estados Unidos armó una gran alharaca, eso de decretar la emergencia nacional, para finalmente refrendar algo que ya se había decidido previamente por ese país, como lo es el congelamiento de bienes y la suspensión de visas a altos funcionarios venezolanos que estén presuntamente involucrados en hechos de corrupción o en violaciones a los derechos humanos. Declarar la “emergencia nacional”, hasta ahora, no implicó un cambio salvo que se subió de tono en el campo retórico. Eso desde Washington.

Desde Caracas la noticia cayó bien, al menos para el gobierno, veamos por qué. Estamos en un momento en que todas las encuestas apuntan a que Nicolás Maduro va en caída libre en términos de popularidad, junto a la persistencia de problemas serios de abastecimiento, escasez de medicinas y alimentos (y diversos productos básicos) y una inflación galopante. La conjugación de todos estos elementos coloca al chavismo en serias dificultades de reconvocar al voto popular mayoritario, como sí lo hacía en el pasado.

Los señalamientos y críticas apuntan directamente al gobierno que encabeza Maduro. Ahora ese gobierno que va en franco descenso recibe una comunicación del “imperio” (porque hasta ahora lo único que se ha producido es una declaración) que le permite anclarse en la tesis del enemigo externo y poderoso, Estados Unidos, ante lo cual debe convocarse la unidad nacional.

Gracias a esta declaración del gobierno de Obama, Maduro ahora sí tiene un enemigo claro y en el contexto de pugnas internas del chavismo le permite reconectarse con los sectores más radicales que le venían cuestionando su ineficiencia e ineficacia como gobernante. En esa línea, Maduro de nuevo contará con poderes especiales para legislar en prácticamente cualquier ámbito de la vida nacional.

Tenemos en el horizonte unas elecciones estratégicas, que de realizarse este domingo el chavismo perdería abiertamente (según indican las encuestas). Son elecciones estratégicas porque la Asamblea Nacional precisamente es el poder que designa al resto de poderes públicos y fiscaliza al Ejecutivo.

Con los nuevos poderes especiales –gracias a Estados Unidos– es previsible que Maduro se juegue otra carta como el “Dakazo” (lanzar una medida efectistas en noviembre de 2013, poco antes de las elecciones municipales), para revertir las tendencias negativas cuando esté próxima la elección de diputados de este año.

Estados Unidos, en su ejercicio de soberanía, obviamente que puede decidir a quién le da visa y a quién se la niega, o investigar las cuentas bancarias dentro de su territorio si presume que se trata de dinero mal habido. Hasta allí está en el marco de sus atribuciones. Pero, francamente, eso de decretar una “emergencia nacional” debido a la situación de Venezuela no hace sino darle oxígeno político a un gobierno cuya bombona estaba ya en mínimo.

Andrés Cañizales

@infocracia

Como suelen decir los abogados, la venta del diario Notitarde es un hecho público y notorio. Desde mi punto de vista es un nuevo capítulo, dentro de una telenovela que todavía está lejos de terminar y cuyo final, lamentablemente, no tenemos indicios de cómo se manifestará. Hay señales claras, sí, de que está en marcha un profundo reacomodo del sistema mediático venezolano en términos de la propiedad de medios de comunicación y, salta a la vista, en materia del reajuste de sus líneas editoriales. Públicamente han cambiado de manos la Cadena Capriles (ahora rebautizada como Grupo Últimas Noticias), Globovisión, El Universal y ahora Notitarde. Con menos escándalo algunos medios regionales han tenido reacomodos accionarios, especialmente en medios que tienen un capital de origen más diverso. Hay varias consideraciones sobre esto que ya podemos llamar una tendencia en el país.

Los medios son un negocio. Efectivamente los medios de comunicación en tanto empresas son parte de dinámicas empresariales, en las cuales caben perfectamente las compras y ventas. Llaman poderosamente la atención algunos detalles. Quienes aparecen comprando los medios no provienen del mundo mediático y eso es significativo. En la Venezuela actual un medio de comunicación es un negocio pero también es un dolor de cabeza. La prensa tiene acceso restringido al papel para imprimir, los anuncios han caído producto de la propia contracción económica, el Estado es el principal anunciante publicitario del país y asigna a discreción los avisos para favorecer a los suyos, e informar –en Venezuela– no es tarea fácil. Con este cuadro cualquiera se pregunta por qué comprar un medio de comunicación hoy.

Todos los medios vendidos eran muy críticos del gobierno. Con excepción de la otrora Cadena Capriles, estas transacciones han involucrado a medios con una clara línea editorial de crítica al gobierno. Fue así en Globovisión, en El Universal y ahora enNotitarde. Cabe preguntarse si existen agendas subalternas para trastocar esa línea, suavizarla. Los hechos vienen a demostrar que eso ha ocurrido, hasta ahora, en todos los cambios de dueño. Globovisión cambió radicalmente, la primera página de El Universal de hoy poco tiene que ver con la de hace un año. Incluso en la Cadena Capriles se produjo un desmantelamiento de la unidad de investigación que tantos dolores de cabeza le producía al director Eleazar Díaz Rangel, con sus reportajes de fin de semana. En todos los casos, antes de Notitarde, se dijo que se respetaría el trabajo de los periodistas y la línea editorial y eso terminó siendo una falsa promesa, posiblemente destinada a evitar una desbandada masiva e inmediata de personal que terminara colocando en riesgo las operaciones de los medios comprados.

Capitales cebolla. Si usted comienza a pelar una cebolla son capas y capas antes de llegar a su corazón. Así está pasando con estos capitales que compran medios de comunicación en Venezuela. Hay empresarios que aparecen como compradores, luego se develan otras figuras detrás de las transacciones, que en realidad son operadores o testaferros de los testaferros. Con los medios no solo se compra un negocio, para generar ganancias, sino que principalmente se adquiere una manera de hacer política, de intervenir en la discusión pública, no tengo la menor duda de que intereses de políticos están detrás de todo. Ya llegará la hora en que se descubran las verdaderas agendas detrás de estas transacciones.

Una hipótesis final. Quienes compran medios de comunicación en la Venezuela de hoy están blindándose para cuando ya no estén en el poder.

Andrés Cañizales

En Venezuela, la sumisión judicial con el poder político llega hasta las más altas esferas

El control del poder ejecutivo sobre los otros poderes públicos en Venezuela, y en particular sobre el sistema judicial, se expresa claramente en la historia de dos juezas. A simple vista no parecen tener nada en común, una enfrenta un largo proceso y la otra tiene a su cargo el que posiblemente sea el juicio político más polémico —y hay bastante tela que cortar en Venezuela en esta materia—, como lo es el procesamiento judicial y detención del dirigente Leopoldo López.

¿Qué cosa une a las historias de estas dos juezas venezolanas? Ambas recibieron recomendaciones del Comité contra la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una optó por acatar tal recomendación de expertos independientes, en 2009, y terminó ella misma siendo objeto de recomendaciones a su favor por parte de ese comité. Se trata de la jueza María Lurdes Afiuni, quien el 10 de diciembre de 2009, tomó la decisión de otorgarle la libertad condicional al ex banquero (otrora muy cercano al chavismo) Eligio Cedeño, quien estaba enjuiciado por presunta corrupción en el manejo de dólares regulados.

Al día siguiente, en una de sus alocuciones por radio y televisión, Hugo Chávez, le ordenó al sistema judicial que detuvieran a la jueza Afiuni e incluso adelantó la sentencia: “debe recibir pena máxima de 30 años”. Cedeño aprovechó su libertad condicional y salió clandestinamente del país, hoy vive en Estado Unidos donde recibió asilo político. Afiuni, en tanto, por acatar la recomendación de la ONU pasó de ser jueza a enjuiciada, y a partir del 18 de diciembre de aquel mismo año 2009 fue enviada a una cárcel de mujeres. Fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. A la fecha no ha podido comprobarse que ella tuviese alguna componenda para facilitar la fuga de Cedeño. Casi tres años estuvo en una cárcel Afiuni, en 2012 se le envió a una detención domiciliaria luego que se le detectara cáncer y otros problemas de salud y tras innumerables pronunciamientos del propio Comité contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU y de la relatoría de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.

Afiuni fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal
Afiuni sigue siendo procesada sin que se vislumbre en el corto plazo que se vaya a dictar sentencia. Según organizaciones venezolanas de derechos humanos, no existen razones válidas para mantener el juicio, ya que se ha han ventilado pruebas firmes, pero a este proceso judicial nadie se atreve a ponerle fin ya que el comandante Chávez fue quien dictó sentencia.

La otra jueza se llama Susana Barreiros. A mediados de noviembre se negó a considerar una recomendación del mismo Comité contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, ésta vez en el caso del dirigente político opositor Leopoldo López. Tampoco ha escuchado Barreiros los innumerables pronunciamientos internacionales que sin inmiscuirse en el fondo del asunto, solicitan simplemente que López (tal como lo establecen las leyes venezolanas) sea juzgado en libertad.

Barreiros posiblemente está consciente, como cualquier juez venezolano, que está atrapada en lo que podríamos llamar “síndrome Afiuni”, que no es otra cosa que la falta de independencia del sistema judicial de Venezuela. Un juez en Venezuela, especialmente en casos políticamente simbólicos (y éste de López sin duda lo es), difícilmente se arriesgara a hacer justicia si tal decisión puede molestar al poder político chavista.

La sumisión judicial con el poder político no se limita a los jueces, llega hasta las más altas esferas. La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la última década sólo ha fallado en contra del Estado de forma excepcional, tan excepcional que se pueden contar los casos con los dedos de las manos.

Andrés Cañizález es analista político y de medios. Twitter @infocracia

Hemos tenido las elecciones presidenciales más reñidas de los últimos 40 años en Venezuela. Es un resultado que tiene varias lecturas. El chavismo celebra que Nicolás Maduro sea presidente electo. Sin embargo, puertas adentro debe ocurrir una procesión, ya que a pocos días de los comicios se nos dijo, con cifras de encuestadoras pagadas por el gobierno, que Maduro le llevaba una ventaja de 15 puntos a Henrique Capriles Radonski. En el PSUV deben estar preguntándose cómo hizo el candidato oficialista para ver mermado su capital político de forma tan acelerada en pocos días.

El pronunciado descenso del voto chavista, en comparación con los resultados del 7 de octubre, plantea más de una interrogante en relación con la posibilidad de que esta corriente pueda ser hegemónica (o incluso mayoritaria) en la vida nacional en el mediano y largo plazo.

En relación con los resultados del 7-O, el chavismo perdió 685.000 votos.

Es una cifra importante, si tenemos en cuenta la masiva y costosa campaña propagandística que vimos a partir de la muerte de Hugo Chávez. No hubo un traspaso automático de voto. Maduro, como ingenuamente planteó, tampoco tuvo el fuelle político para alcanzar la anhelada meta de los 10 millones de votos, y a la luz de estos resultados tal cifra será una quimera para el oficialismo. Si Maduro hizo disminuir en 685.000 votos al chavismo, esta cifra de forma casi que automática se desplazó hacia el candidato de la MUD. Capriles vio crecer el caudal electoral en 679.000 votos este 14 de abril.

El crecimiento del voto opositor en Venezuela venía siendo paulatino, pero sin hacer mella al menos claramente en la base de votos del chavismo. Esto ha ocurrido el domingo y es, desde mi punto de vista, el principal acontecimiento de la jornada. Se trata de venezolanos que, siendo chantajeados con las misiones o beneficios sociales, acosados por las milicias de distinto tono y bombardeados por la campaña propagandística sistemática del Gobierno, optaron por cambiar de bando.

Es la señal de que se está produciendo un cambio político de envergadura en Venezuela.

Los cambios políticos, es bueno recordarlo, tienen tiempo de incubación. El triunfo electoral de Chávez en 1998, por ejemplo, puede adjudicarse a la crisis del sistema bipartidista que ya tenía hitos en la década de los años 80 con la devaluación y el Caracazo.

Las elecciones del 14 de abril, por otro lado, dejan sobre el tapete algunos aprendizajes.

Al candidato de la MUD le fue mejor con una tarjeta única, sin colores partidistas, en la cual se sintieron identificados muchos más venezolanos. Hubo, en esta ocasión, una marcada movilización ciudadana que en algunos casos sencillamente se “autoorganizó” dada la falta de tiempo y de recursos que caracterizó la campaña de Capriles Radonski. Se trata de venezolanos a los que debe mantenerse activados en redes ciudadanas y partidistas. El país no se acabó con estas elecciones, y menos aún la lucha política democrática.

Ante regímenes que controlan la totalidad de las instituciones no hay salidas fáciles ni mágicas.

El resultado termina de arrojar lo que ya veníamos sosteniendo con antelación. El país está partido en 2 partes bastante iguales. Incluso me atrevo a sostener que la votación de la MUD y de Capriles habría sido más alta de no haber ocurrido todos los abusos que tuvieron lugar el domingo con el voto asistido, con el chantaje a los votantes, etc. Muchos venezolanos no pudieron votar de forma libre, y sencillamente ante esa realidad no podemos mirar para otro lado. La lucha democrática y electoral tiene allí un enorme desafío.

Las encuestas son una fotografía del pasado y no siempre reflejan lo qué va a ocurrir el día de la verdad. El 14 de abril eso quedó en evidencia.

En cuestión de días Capriles Radonski, con una campaña titánica, logró reducir al mínimo una brecha que era de 15 puntos en promedio. Para eso se hacen las campañas, para cambiar realidades.

Fuente: Correo del Caroní

Por Andrés Cañizáles