El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este martes 6 de octubre la renovación por dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La votación alcanzó un hito histórico al obtener 25 votos a favor, convirtiéndose en el apoyo más alto registrado para esta instancia internacional desde que fue establecida.
El texto presentado ante el organismo contó con la aprobación de países de distintas regiones, entre los que destacan Chile, Colombia, Ecuador, la República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania y Japón.
Por otro lado, la resolución registró el rechazo de 5 Estados (entre ellos China, Cuba, Burundi, Egipto y Vietnam), mientras que un grupo de naciones optó por la abstención, incluyendo a Brasil, México, Bolivia, India y Sudáfrica.
El texto aprobado aprecia recientes avances positivos como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo entre Venezuela y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, pero sigue expresando preocupación por “continuas y graves violaciones y abusos”.
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.
Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara su mandato, subrayando que “ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido”.
“Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática”, agregó la delegación del chavismo.
En días previos, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había argumentado que la labor de ésta era más importante que nunca para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.
La resolución de este martes muestra preocupación por “persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial” en Venezuela, que en su opinión amenazan con contribuir a “una impunidad generalizada”.
Insta por ello al chavismo a respetar y proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, pide el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático y exhorta a liberar de forma “inmediata e incondicional” a todas las personas recluidas arbitrariamente.
También recuerda que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela obligó a millones de personas a abandonar el país, por lo que reconoce los grandes esfuerzos que otros países, especialmente en la región, siguen haciendo para acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
Con esta decisión, la Misión de Determinación de Hechos continuará documentando e investigando las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país. EFE
