La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela denunció el aumento de la persecución contra organizaciones y personas defensoras de DD. HH. El informe detalla que a los presos políticos se les restringe el acceso a los alimentos, tratamiento médico y a una defensa legal. Respaldó la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles un nuevo informe oral sobre la situación del país, donde se destacó que la «represión se enfoca principalmente en actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno».

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, señaló que la administración de Nicolás Maduro ha conseguido «atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política» a través de actos de violación de los derechos humanos que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado.

De esta manera se han asfixiado las protestas, a lo cual también contribuyó la pandemia de Covid-19, previa a la cual se documentó «el último pico de detenciones ilegales generalizadas seguidas de actos de tortura».

«No obstante, graves violaciones de los derechos humanos continúan produciéndose en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales», señaló la Misión al presentar al Consejo de Derechos Humanos una actualización de las informaciones que ha procesado en los últimos meses.

Además de la persistencia de la persecución, han documentado «el aumento de la persecución contra organizaciones y personas defensoras de DD. HH., sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros personajes de la sociedad civil organizada, así como líderes políticos».

Valiñas hizo referencia a datos de ONG que cifran en 282 el número actual de presos políticos (civiles y militares), a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren acoso.

Según la experta, aunque las protestas masivas se han reducido, los sindicatos -en particular de la educación, la salud y la industria siderúrgica- se han movilizado más con críticas al gobierno, lo que ha llevado a la persecución de sus dirigentes, a los que se ha acusado de terrorismo, conspiración y de asociación para delinquir.

«La misión está investigando el fundamento de estas detenciones», sostuvo Valiñas, que también denunció el recrudecimiento de ataques contra los medios de comunicación que no siguen el discurso oficial y que se pone de manifiesto en la orden de cierre de al menos 80 radios solo en 2022, «el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas».

La misión apoyó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de seguir investigando aparentes crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017, tras haber reunido pruebas que coinciden con las que ha recolectado la instancia de la ONU.

VF