El representante para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, dijo que la penalización del aborto en El Salvador es «escandalosa», debido a que es el país de América que impone las condenas más severas.
«En El Salvador no solo se penaliza el aborto voluntario, sino que se criminaliza a las mujeres que tienen un aborto natural extrahospitalario y, en ocasiones, se las llega a imputar el delito de homicidio», aseguró el funcionario.
En El Salvador, al igual que en otros países de la región como Guatemala, Honduras y Nicaragua, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia.
El Código Penal salvadoreño establece penas que oscilan entre los 2 y los 8 años de cárcel tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden.
Lo que diferencia a El Salvador del resto de países, añadió Brunori, es que las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz a bebés muertos son sospechosas de haberse sometido a un aborto voluntario y a menudo se las acusa de homicidio, que está penado con hasta 40 años de prisión.
«Cuando una mujer acude al médico porque ha abortado de manera natural impera automáticamente la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia», lamentó el funcionario.
Brunori, que dirige desde hace un año la oficina centroamericana del organismo, recordó el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años de prisión a principios de julio pasado por la muerte de su hijo tras un problema obstétrico.
La joven, relató el funcionario, dio a luz en 2016 en una letrina de su casa y, tras perder el conocimiento, fue llevada por su madre a un hospital. Allí, fue denunciada por los médicos y detenida por supuestamente haber abortado de manera voluntaria.
«Reportar el delito antes de atender a la víctima abre el debate sobre la ética de los médicos», denunció el representante para Centroamérica de la OACNUDH, cuya sede se encuentra en Panamá.
Según Brunori, actualmente existen cerca de una veintena de mujeres procesadas en El Salvador y cuyos casos se parecen al de Evelyn.
Citó iniciativas como la presentada la semana pasada por el diputado opositor Johnny Wright, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien de manera aislada de su partido propuso en el Parlamento despenalizar el aborto en los 3 supuestos reconocidos internacionalmente (violación y riesgo para la madre y el feto).
Esa iniciativa legislativa llega diez meses después de que la propia presidenta del Congreso, Lorena Peña, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentara una propuesta similar, que finalmente fue rechazada precisamente por la posición de la Arena.
Brunori dijo que el debate está prendido y que por eso este es el momento «oportuno» para que El Salvador «cumpla con el derecho internacional y la protección de las mujeres» y se una a Chile, en donde este lunes el Tribunal Constitucional avaló la legalidad del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias.
«No se entiende por qué hay que obligar a una mujer a tener un hijo cuando ha sido violada. Es una doble victimización: ha sido agredida y encima se la obliga a tener un hijo que le va a recordar toda la vida la tragedia que ha padecido», denunció.
Brunori también recordó durante la entrevista el caso de la menor de origen hondureño con discapacidad intelectual que fue sometida a una cesárea el pasado 11 de agosto en un hospital del norte de El Salvador porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz.
«Obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata», zanjó el representante en Centroamérica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
2001
María L. Espinoza
