En Venezuela se registraron 97 ataques a defensores de derechos humanos durante enero, cuando «recrudecieron las agresiones», según un reporte de la organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) difundido este viernes.
«El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor», señala el escrito.
La ONG aseguró que los activistas de derechos humanos enfrentan nuevas amenazas, «actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones».
Esto -prosigue el CDJ- ha empeorado desde enero, cuando la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, retomó las consultas sobre un proyecto de ley de fiscalización de las agrupaciones civiles, que contempla multas de hasta 12.000 dólares a las entidades que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Esta normativa «tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales, como parte de la política de Estado represiva y de control social existente en Venezuela», remarcó la ONG.
Además, alertó que, ante la cercanía de una campaña política para las elecciones presidenciales de este año, aún sin fecha definida, «se ha observado un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil».
La organización criticó que el Gobierno y las autoridades del Estado califiquen de «enemigas, traidoras, desestabilizadoras» a las ONG o acusen a activistas de recibir financiamiento internacional «con fines políticos e injerencistas», o que sus actividades «atentan contra la paz y soberanía nacional».
Según el CDJ, el país contabilizó 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32% con respecto a 2022.
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