Ponerle fin a las campañas de criminalización y desprestigio contra el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Ponce; y contra todos los activistas u organizaciones venezolanas de Derechos Humanos que reciben fondos del extranjero para sus actividades, exigió Front Line Defenders a las autoridades nacionales.

La demanda la formuló la agrupación especializada en velar por la situación de los activistas en el mundo, en un comunicado difundido hoy, en el cual expresó su «honda preocupación» por la situación de Ponce, a quien el pasado 8 de junio el diputado Diosdado Cabello calificó, en su programa de televisión, como «vendepatria» por asistir la semana pasada a las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en Santiago (Chile).

«El hecho que el nombre y la foto de Marco Antonio Ponce sean asociados rutinariamente a una amenaza contra el interés nacional en medios de comunicación del Estado constituye un instigación a la violencia y hostilidad contra el defensor de derechos humanos, poniéndolo en riesgo por la sola razón de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los Derechos Humanos», señaló la organización en su escrito, en el cual recordó que desde 2015 este activista ha sido blanco de hechos similares.

Ponce dirige el OVCS, organización que monitorea las protestas que se registran en el país.

Front Line Defenders reclamó de las autoridades «garantizar que en todas las circunstancias» a los activistas y defensores de Derechos Humanos en Venezuela que «puedan ejercer sus labores legítimas de defensoría sin restricciones arbitrarias, miedo a ser acosados, amenazados o ser el blanco de represalias, y en vez sea reconocido su importante rol en una sociedad civil justa».

En 2015 la CIDH ordenó al Gobierno Nacional velar por la seguridad e integridad de cinco activistas, entre ellos Ponce.

EU