A casi tres semanas del fuerte sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio, miles de venezolanos enfrentan una crisis humanitaria y de movilidad silenciosa dentro de sus propios edificios debido a la prohibición de encender los ascensores sin una certificación previa ha paralizado la vida de las comunidades, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Tras el terremoto, las autoridades de SENCAMER y el cuerpo de bomberos emitieron una orden de seguridad lógica: ningún ascensor puede reactivarse sin una evaluación exhaustiva por parte de empresas debidamente registradas ante SENCAMER. Sin embargo, lo que inició como una medida de prevención se ha convertido en un obstáculo insalvable debido a los altos costos de contratación privada.
Frente a esta crisis, urge que SENCAMER aplique la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos para agilizar el registro o, idealmente, permita operar a empresas especialistas sin este freno burocrático. Flexibilizar esta exigencia aumentaría de inmediato la oferta de técnicos calificados, activando la libre competencia necesaria para presionar a la baja de los precios de las inspecciones y ofrecer una respuesta más eficiente a las comunidades.
Un drama humano en las alturas
El líder comunitario, político y dirigente de Cambio de Paz Omar Nowak, tras mantener un despliegue y conversación constante con decenas de juntas de condominio de El Hatillo y de varios municipios de la Gran Caracas, denunció, «tenemos reportes de adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos con severas limitaciones médicas que llevan 20 días sin poder bajar de sus apartamentos. Están confinados. Esta situación ya no es solo un problema técnico; es una emergencia que atenta directamente contra la calidad de vida y la salud de nuestra gente».
El bolsillo de los vecinos no da para más
El principal freno para la reactivación de los elevadores es estrictamente financiero. Para que una junta de condominio pueda encender el equipo legalmente, debe costear:
Las tasas oficiales exigidas por SENCAMER.
Los honorarios privados de ingenieros y técnicos autorizados para realizar el diagnóstico profundo de guayas, frenos, tableros y sistemas de seguridad.
Estos montos resultan astronómicos para la realidad de las comunidades de clase media y baja de nuestro país.
Nowak explicó, «la situación de los condominios es sumamente crítica». La morosidad está en niveles alarmantes y los vecinos nos dicen con angustia que lo poco que perciben apenas les alcanza para cubrir a medias la cesta alimentaria, exigirles cuotas extraordinarias de cientos de dólares para inspeccionar un ascensor, en este contexto, es simplemente inviable, sin saber que observaciones o reparaciones van a recomendar los especialistas posteriores a la evaluación».
Un llamado urgente a la solidaridad y a la regulación estatal
Ante esta parálisis que afecta la cotidianidad de miles de ciudadanos, Omar Nowak, hizo un doble llamado de emergencia:
A las empresas privadas registradas en SENCAMER: Se les exhorta a mostrar empatía y responsabilidad social. El país atraviesa un estado de emergencia tras el sismo, por lo que es imperativo que adapten sus tarifas, ofrezcan planes de financiamiento o subsidien parte de los diagnósticos para agilizar la reactivación de los equipos.
Al Gobierno Nacional:Se le solicita con carácter de urgencia la aprobación e implementación de un tabulador de precios regulado para estos servicios de inspección mientras dure la contingencia. El Estado debe intervenir para evitar la especulación y garantizar que las medidas de seguridad no se conviertan en una condena al encierro para los ciudadanos.
«Queremos cumplir con las normas de seguridad, queremos proteger la vida de nuestros vecinos, pero necesitamos que las condiciones sean reales y justas. Devolver la movilidad a nuestros edificios es devolverle la dignidad y la normalidad a nuestra gente», concluyó Nowak.