El abogado defensor Omar Mora Tosta calificó como una «muestra evidente de abuso de poder» el despliegue policial que restringió las visitas a la residencia del coordinador nacional de Vente Venezuela, Perkins Rocha, señalando que solo pudo ingresar a la vivienda tras someterse a una requisa de documentos y esperar por «órdenes superiores», pese a que el juez de la causa le confirmó que no existía ninguna prohibición de acceso.
En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy en el Circuito Onda de Unión Radio, Mora Tosta describió la presencia de los funcionarios como una situación «atípica, extraña y curiosa». Tras constatar el cerco, el jurista se comunicó con el juez José Antonio García Morán, titular del Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo, quien le ratificó que el tribunal no había dictado ninguna medida para impedir el ingreso a la propiedad. Sin embargo, los efectivos se mantuvieron en el lugar.
El defensor detalló que el acceso al inmueble se produjo en un ambiente tenso, condicionado por la revisión de documentos y la espera de instrucciones de mandos superiores, cuya procedencia o instancia emisora no fue precisada. Para Mora Tosta, la medida resulta ilegal, arbitraria y contraria a las condiciones establecidas por el propio despacho judicial, recordando que en la residencia también habitan la esposa y los hijos de Rocha, y que el opositor tiene derecho a recibir visitas en su propiedad privada. «Esta es una situación completamente ilegal, arbitraria», insistió.
Restricciones y antecedentes de la medida
El cordón de seguridad fue desplegado la mañana del pasado miércoles 11 de noviembre, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el paso de periodistas y allegados, según denunció previamente su esposa, María Constanza Cipriani. Precisamente ese día, Rocha tenía previsto recibir en su domicilio a la relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y horas más tarde exigió su libertad plena a través de un video difundido por su organización política.
Más allá de este episodio, el abogado cuestionó la legalidad del arresto domiciliario que su defendido cumple desde el pasado 8 de febrero bajo la modalidad de grillete electrónico, reiterando que ha sido víctima de discriminación en la aplicación de una ley de amnistía, un planteamiento que la defensa ya había denunciado en julio tras una nueva negativa a su libertad condicional.
«Él nunca debió haber estado preso porque él no cometió ningún delito, es un hombre inocente», concluyó Mora Tosta sobre la situación jurídica de su cliente.
