Credit…Matias Delacroix/Associated Press
Soñé durante dos años con el día en que volvería a aterrizar en Maiquetía, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. Pasé esos años prácticamente en el exilio. Como muchos otros venezolanos que viven en el extranjero, dejé de visitar mi país cuando el presidente Nicolás Maduro intensificó su represión contra los críticos y los defensores de los derechos humanos como yo, después de que llegara a la presidencia de manera fraudulenta en las elecciones de 2024.
Hace poco pusieron en libertad a varios de esos defensores de los derechos humanos, así que sentí que podía arriesgarme a volver a casa y ver a mi familia. Esperaba una visita tranquila.
Los dos terremotos se registraron apenas unos días después de mi llegada. Sostuve la mano de mi madre durante lo que me pareció una eternidad mientras el suelo temblaba violentamente bajo nuestros pies. Cuando salimos, nos encontramos con un mundo transformado, uno de edificios derrumbados, líneas telefónicas cortadas y seres queridos desaparecidos. Es difícil asimilar la magnitud de la tragedia que estamos viviendo.
Pero en los días que han pasado desde entonces, una cosa ha quedado clara: los terremotos han revelado el precio que se ha pagado por años de corrupción, desmantelamiento institucional y abandono de los ciudadanos venezolanos por parte de su Estado. Esta crisis es tanto la tragedia de un régimen autoritario como una tragedia de la naturaleza. El desastre natural de Venezuela era inevitable, pero la devastación que ha dejado a su paso no lo era.
Estos terremotos, los más mortíferos que han azotado Venezuela en décadas, han causado la muerte de al menos 1943 personas, han dejado miles de heridos y han sumado una nueva ola de devastación a un país que ya se tambaleaba bajo una prolongada crisis económica y humanitaria. Para finales de 2025, las Naciones Unidas y organizaciones independientes de la sociedad civil estimaban que más de 7,9 millones de personas se enfrentaban a una escasez crítica de alimentos, agua y atención de salud.
Casi ocho millones de venezolanos, entre ellos médicos, enfermeros y otros trabajadores esenciales, han salido del país en los últimos años. El prolongado colapso de los servicios públicos —agua corriente esporádica, apagones periódicos y hospitales en ruinas y mal abastecidos, por nombrar algunos— dejó a los venezolanos totalmente desprotegidos cuando se produjeron los terremotos. Lo mismo ocurrió con los años de ataques del gobierno contra la sociedad civil, que acabaron con las organizaciones sin fines de lucro y las redes de rescate civiles que podrían haber ayudado en la respuesta.
Mi primer instinto, cuando terminaron las sacudidas, fue buscar información, algo que no es nada fácil en Venezuela, donde el Estado lleva mucho tiempo restringiendo el acceso a diversos medios de comunicación independientes, tanto venezolanos como internacionales. Pero ahora que el gobierno ha permitido temporalmente el acceso a X, los venezolanos se han movilizado para documentar lo que está pasando y compartir la realidad de la crisis desde los estados más afectados.
Lo que estas publicaciones han revelado es que, en los preciosos minutos y horas tras los terremotos, el Estado ha vuelto a estar ausente. Aunque el gobierno venezolano insiste en que está haciendo todo lo posible, ha compartido muy poca información y ha desplegado a las fuerzas armadas de una manera que, a menudo, ha resultado caótica, insuficiente y, en algunos casos, un obstáculo para otras labores de ayuda. Las organizaciones locales de derechos humanos han advertido del riesgo de que se produzcan abusos contra los derechos humanos si la respuesta se deja en manos de los militares. Ciudadanos de a pie y valientes periodistas locales y extranjeros están grabando a voluntarios que buscan desesperadamente sobrevivientes entre los escombros, a equipos de rescate que trabajan sin el equipo adecuado y a familiares que intentan salvar a sus seres queridos con sus propias manos.
Por Carolina Jiménez Sandoval
New York Times
Jiménez Sandoval es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
