El reconocido abogado constitucionalista Ramón Escovar León calificó como una «violación grave del procedimiento legal» la decisión de la Asamblea Nacional de otorgar una prórroga de 48 horas para la designación de los titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Según el jurista, esta maniobra parlamentaria vicia de nulidad el proceso al ignorar el carácter obligatorio de los lapsos establecidos.
El argumento jurídico: Lapsos preclusivos
A través de su cuenta en la red social X, Escovar León explicó que en el derecho público los tiempos no son sugerencias, sino límites infranqueables para el ejercicio del poder. Reabrir un lapso de postulaciones una vez iniciado el proceso rompe con el principio de seguridad jurídica.
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Nulidad absoluta: El jurista afirma que alterar los tiempos vicia todo el procedimiento desde su raíz.
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Carácter preclusivo: Los lapsos legales se cierran y no pueden ser reabiertos por conveniencia.
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Cambio de reglas: Modificar las condiciones a mitad del camino transforma la ley en una herramienta de «vocación autoritaria».
«Cuando las reglas cambian en medio del proceso, la ley deja de ser límite y se convierte en expresión pura de la voluntad política sobre la institucionalidad», sentenció Escovar León.
La crisis de consenso en el oficialismo
La extensión del plazo por 48 horas se produce en un momento de evidente fricción interna. Reportes desde el Parlamento indican que la bancada oficialista no logró alcanzar un consenso sobre los nombres finales para ocupar el Poder Ciudadano, lo que forzó la reapertura del proceso de postulaciones para buscar nuevas fichas o ganar tiempo de negociación.
Para el constitucionalista, este retraso no responde a una necesidad técnica, sino a «ajustes internos de carácter politiquero» que se intentan resolver sacrificando el rigor constitucional.
Propuestas para un proceso legítimo
Ante lo que considera un retroceso institucional, Escovar León enfatizó que la legitimidad de las nuevas autoridades no vendrá de la rapidez o la prórroga, sino de la transparencia. Propuso tres ejes fundamentales:
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Baremos públicos: Establecer criterios claros y cuantificables para evaluar a los candidatos.
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Deliberaciones abiertas: Transparencia real en las discusiones parlamentarias.
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Independencia probada: Selección basada en la imparcialidad y no en la lealtad partidista.
El jurista concluyó que cualquier designación que emane de este proceso, bajo reglas modificadas arbitrariamente, carecerá de validez constitucional y podrá ser cuestionada legalmente tanto nacional como internacionalmente.
