Annery Fehr no sale de su apartamento desde el miércoles 24 de junio, día en que Venezuela sufrió el impacto de dos terremotos que hasta la fecha han dejado 4.490 muertos. “Nosotros, los de la tercera edad, no podemos bajar y nos encontramos confinados desde ese día”, cuenta esta jubilada de 75 años.
El doblete sísmico obligó a las autoridades a suspender el uso de ascensores en todas las zonas afectadas hasta someterlos a una revisión para verificar su funcionamiento. Varios no han pasado la prueba, incluidos los de Parque Central, situación que representa una amenaza para la salud de miles de personas.
“Los enfermos no pueden salir a hacerse sus tratamientos, así como los que andan en silla de ruedas, los enfermos de pulmón con EPID y los que cargan marcapasos o son operados del corazón”, comenta la señora Fher, quien necesita un bastón para desplazarse.
En medio de la emergencia, los vecinos más jóvenes se ofrecen para comprarle a los mayores sus alimentos y medicinas, y algunos comercios prestan el servicio de delivery, pero solo hasta el décimo piso.
“No tener ascensor nos perjudica psicológicamente, porque estamos en constante estrés, pero también nos afecta económicamente, pues tendremos que pagar la reparación y nosotros apenas podemos vivir con las pensiones y el ‘bono de guerra’”, se lamenta la médica jubilada.
En Venezuela la pensión equivale a menos de 30 centavos de dólar, que el gobierno de Delcy Rodríguez completa con un bono de 80 dólares al mes.
Por Pedro Pablo Peñaloza / infobae.com
