La expresidenta argentina señaló al gobierno de querer proscribirla políticamente.
«Si los imperios, los rangos, los puestos no se obtuvieran
mediante la corrupción, si los honores puros se compraran
solo al precio del mérito, ¿cuánta gente desnuda estaría cubierta?,
¿cuánta gente dominante estaría comandada?».
William Shakespeare, El mercader de Venecia
Por años hemos creído que Cristina de Kirchner escaparía como Houdini. Sin importar cuán graves y concordantes fueran los indicios que la vinculaban a ejercicios de latrocinio y peculado, ni las certezas que a cada rato la inculpaban, inexplicables atajos procesales le permitían salir del atolladero. Con más líneas de expresión en su rostro, sí, pero como un “porfiao” lograba enderezarse y seguir como figura central de la República de Argentina.
Al parecer, ya no será más así. La justicia formal decidió finalmente su condena, luego de un largo y complicado proceso con variadas y bien soportadas imputaciones, aunque se le concede el beneficio de casa por cárcel debido a su edad. La Fiscalía intenta alejarla de espacios susceptibles de visitas populares y en general, un régimen restringido como correspondería a cualquier otro reo convicto.
Se trata de un paso en la dirección de castigar a quienes, valiéndose de sus dignidades gubernamentales, se lucran a costa además de valimientos que les permiten realizar todo género de negocios amparados en su investidura y amasando pingües fortunas, a espaldas de los ciudadanos que los distinguieron con su confianza.
Es la decisión judicial citada, para decirlo coloquialmente, un bofetón a su partido peronista y al historial de amplio prontuario de felonías y actos delictivos que por décadas cometieron, sin que por ello haya disminuido su apoyo popular.
Basta saber cómo reaccionarán esas mayorías ahora, tampoco muy inocentonas las susodichas, lo que demuestra que los pueblos a menudo se equivocan y eligen y reeligen a sus depredadores. Ante la sanción, veremos su conducta en la calle y en la urna electoral, frente a la hoy destazada líder que, cómo era de esperarse, adujo siempre su inocencia a pesar de la artillería probatoria que la señalaba.
La verdad sin venganza resaltó en un juicio incoado con numerosas alegaciones y pruebas incriminatorias de muy difícil descargo. Ella y su entorno quedaron expuestos y por ello, finalmente, los alcanzó la punición.
En nuestro país carecemos de instituciones que penen las violaciones, transgresiones e infracciones contra la cosa pública. Con inusitada frecuencia se hacen notorias las ejecutorias de aquellos a los que se les encarga la gerencia de los centros de poder y que en tal carácter incurren en conductas venales y engrosan la lista de desobedientes que burlan la normativa y evidencian participar de crímenes contra los bienes públicos.
Basta revisar la lista de quienes dirigieron la empresa petrolera nacional en estos años y constatar cómo se les atribuye corrupción. Y no es uno u otro, son varios, la mayoría incluso, los encausados por la presunta, vaya benevolencia de mi parte, comisión de hechos punibles tipificados como delitos contra la hacienda nacional.
Lo grave y no es poca cosa, consiste en que la justicia venezolana está a la más absoluta merced de la irracionalidad política que nos gobierna y cuyo único propósito es permanecer en el poder a cualquier costo, apartándose entonces de cualquier procedimiento o normativa que los exponga, a los “camaradas”, a los preceptos legales que serían de rigor.
La anulación del sistema nacional de control fiscal, deliberadamente desmontado, desconocido y politizado, permite que se distraigan miles de millones de dólares, sin hablar también de todo género de malversaciones y desviaciones que no han originado de parte de la Contraloría General de la República o del Poder Ciudadano, ninguna reacción conforme a sus competencias constitucionales y legales.
Sostengo que todo lo que nuestro país ha padecido, la ruina y la pobreza, el sufrimiento que origina la diáspora, la pérdida de nuestro crédito internacional y el desmadre institucional se debe a una falta sistemática de control del poder. Desde 1999 y hasta la fecha, se ha gobernado sin límites y sin presentarle cuentas a nadie.
Peor todavía es constatar que se persigue a la ciudadanía por su ejercicio cuestionador y el aparato público de investigación criminal, junto con los tribunales penales, actuando sin independencia, trajinaron y trajinan sin el mínimo pudor y respeto por la más elemental dignidad humana.
Siempre recuerdo la frase atribuida a un intelectual de excepción, Anatole France: “¡Ay de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados!
Nelson Chitty La Roche
@nchittylaroche
