«…prefiero comprender a juzgar». — Stefan Zweig
«¡Ay de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados!». — Anatole France
Conversaba hace unos días con un amigo abogado y aspirante a ser magistrado del TSJ, quien presume de contar con una pletórica hoja de vida llena de diplomas académicos que adornan, además, su carrera de litigante. Me decía el colega que para el reciente llamado (ya pasado e inconcluso) formulado por la Asamblea Nacional se habían postulado más de seiscientos aspirantes. De ellos, un cotejo rápido basado en las credenciales requeridas para ser considerados para el cargo indicó que apenas un número inferior a uno de cada diez las tendría realmente.
Me llamó sobre todo la atención que muchos se sintieran portadores de los méritos para presentarse a un concurso tan exigente, nada más y nada menos que para convertirse en integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Me dispuse a hacer algunas ilaciones porque se oye decir que, en la próxima convocatoria —y a pesar de la complejidad de los mecanismos y de los cuestionamientos sobre los susodichos—, se superaría la cifra, esta vez con más gente exhibiendo los pergaminos necesarios (valga el coloquialismo) para optar a tan importante plaza pública.
Empero, lo que me tocó el espíritu fue cuánta disposición había para erigirse como un juez cimero, los alcances que una pretensión como esta implica y las consecuencias que pueden deducirse. Muchos se sienten idóneos y, además, sienten que pueden y deben cabalgar esa bestia que es el destino de los que juzgan a los demás.
Apreciar el error, el dolo, el delito, la infracción, los negocios, la relación entre particulares y a su vez con el Estado, el daño y sus circunstancias, la marcha de los órganos del poder público y la legalidad de sus actos supone eventualmente imputar, absolver, condenar, decidir, entregar o privar, pero también interiorizar una relación causal y, desde allí, resolver una controversia. El juez, al tiempo que exhibe una potestad, también promete una gestión en la que deberá actuar como lo haría un pater familias. Debe ir por la verdad y valorarla a pesar de todos los pesares. Él deviene, entonces, también responsable.
La responsabilidad de un juez tiene dos dimensiones fundamentales: es institucional, porque actúa a nombre del Estado, mientras que sigue siendo personal y directa en materia disciplinaria y penal. Esa carga reclama un vaivén con la ética por responsabilidad, pero sin abandonar la ética por convicción, recordando a Max Weber.
No obstante lo anotado, cabría —evocando a Edgar Morin— formularle al juez una petición de responsabilidad articulada en una complejidad que evidencia que no es lineal ni siquiera suficiente el argumento, sino que irradia y está imbricado por una fenomenología cuya naturaleza es quizás lo más complejo, dado que a menudo no se agota ni siquiera en la ley y en los principios.
El juicio sobre los seres humanos y su conducta está naturalmente contextualizado en los hechos y las conductas, en la ley y su apreciación, la moral y la cultura, pero a menudo pierde de vista por momentos ese valor capital que, por cierto, es el más difícil de descubrir, pero que al hallarlo concede el premio de la confianza y la serenidad. No aparece siempre en las formas del proceso y hay que ir más lejos para encontrarlo. Me refiero a la justicia.
La justicia es el propósito y debe hallarse en el estrecho sendero que marcan las palabras o las letras del expediente, en la prueba, en los informes y conclusiones. No es la decisión necesariamente la que la contiene, pero es su telos, su razón de ser, su justificación y su escudo, su areté. Por eso, ser juez exige no solo conocer las circunstancias y la subsunción en la norma, la proporcionalidad según sea el caso y escoger cuando es opaca o dudosa la que ha de aplicar o inaplicar: es buscar denodadamente y encontrar.
Sin embargo, se confrontan siempre la justicia como lo que dispone el más fuerte —y traigo al pensamiento, a la reflexión, La República de Platón o, mejor dicho, la traducción de Cicerón que evoca el diálogo con Trasímaco, quien así lo expresa a Sócrates— y la respuesta del genio de la ironía y la mayéutica, quien replica que la justicia es una virtud del alma que consiste en la armonía y la procura del equilibrio entre el individuo y cada una de las partes que componen una sociedad.
El recién citado intercambio da lugar a mucho más de lo que resalto en el párrafo anterior, pero lo convoco para, en sencillos términos, exponer la constante que en la actividad humana y de la materia a juzgar a menudo se constituye en el trasfondo de la cuestión de la justicia.
El juez deambula entre pasiones, ambiciones, dudas, contradicciones, deberes y también tentaciones: las de los justiciables y las suyas propias. Prevaricato y cohecho acechan la labor del juez, y yo agregaría: fallarle a quien o a quienes esperan de él poner fin a una disputa o controversia cuya esencia puede afectarles profundamente.
Preparando y luego dictando un curso de interpretación constitucional para impartir en la especialización de Derecho Constitucional de la UCV años atrás, pudimos —revisando la jurisprudencia de la Sala Constitucional— percatarnos de la perversión a la que nos ha llevado la ideologización y la politización que imperaron en estas últimas décadas.
Ese proceso político errático, compulsivamente pragmático y amoral que vivimos durante todo el siglo en curso se atrevió al desmontaje de la república (vale decir, desrepublicanizarla, desconstitucionalizarla, desinstitucionalizarla, desconvencionalizarla) y, en suma, a la adulteración del Estado y del orden jurídico. Y admitamos, para ser serios y objetivos, que la responsabilidad de la felonía a la que hago mención recae, entre otros, en los venales magistrados de la Sala Constitucional que se prestaron para eso.
Un juez debe ser imparcial, no formar parte de ninguna ideología ni de agrupación militante. Debe renunciar a lo que era si será juez, y ello debe ser igualmente asumido por sus otrora compañeros de ruta, amigos y allegados, quienes ya no pueden ni deben tratarle prescindiendo de lo que es entonces: un juez.
La función del juez parte de una base que lo define y que está recogida en el artículo 253 de la CRBV, en la cual desarrolla una tarea más que preponderante:
«La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias».
Y abunda el texto constitucional más adelante, en su artículo 256:
«Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces o las juezas; los fiscales o las fiscales del Ministerio Público; y los defensores públicos o las defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpósita persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas».
Otras cualidades deben caracterizar al juez: la honestidad e integridad, entre varias otras a exigirle a quien tiene como tarea juzgar; a la par, sapiencia, experiencia, rectitud, modestia y humildad.
Abunda la literatura para invitar a discurrir sobre la temática de ser juez y sus obligaciones y decálogos, pero sería largo e interminable glosarla. Para concluir, solo traeré a colación esa novela de Stefan Zweig que de muchacho leí y me impactó: Veinticuatro horas en la vida de una mujer. A veces juzgamos o dejamos de hacerlo debiendo consultar hondamente desde el alma.
Quien elige a un juez es pasible de la culpa in eligendo y, por ello, debe hacerlo lo mejor posible, desde su corazón y su conciencia, éticamente. Es un deber con la patria y con cada ser humano.
Nelson Chitty La Roche
@nchittylaroche
