Víctor Alfonso Rivero falleció bajo custodia del Estado venezolano en las instalaciones del Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en Carúpano, estado Sucre. Con este deceso, la crisis carcelaria en el país alcanza un nuevo punto crítico, evidenciando el severo abandono institucional en los centros de reclusión.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció a través de sus canales oficiales la gravedad del hecho: “Con este nuevo fallecimiento, ya son 20 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026”.
Ante este patrón, la organización no gubernamental lanzó una exigencia directa a las autoridades: “¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?”
El Estado como garante: Una obligación ignorada
Jurídicamente, las personas privadas de libertad se encuentran bajo el control absoluto del aparato estatal. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado que los Estados tienen una posición especial de garante. Esto significa que el confinamiento obliga legalmente a proteger la vida, la salud y la integridad física de los internos.
Sin embargo, el OVP alerta que cada deceso asociado a la falta de atención médica o a la demora en traslados hospitalarios constituye una flagrante violación a los derechos humanos y demuestra cómo el Gobierno venezolano ignora sistemáticamente las recomendaciones internacionales.
Familiares asumen la carga del sistema penitenciario
La realidad descrita por activistas y defensores refleja el colapso total de la gestión carcelaria, donde el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha delegado sus funciones de facto en los ciudadanos. Actualmente, son los familiares quienes deben costear y gestionar:
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Medicamentos e insumos médicos básicos.
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Alimentación diaria para evitar la desnutrición de los reclusos.
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Logística y transporte para intentar agilizar traslados de emergencia a centros de salud.
«La desatención produce el mismo resultado que la pena de muerte»
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir siendo tratada por la administración pública ni por el sistema de justicia como una sucesión de casos aislados.
“Mientras las familias siguen enterrando a sus seres queridos, el Estado continúa actuando bajo la indiferencia. La pena de muerte está constitucionalmente prohibida en Venezuela, pero el abandono y la desatención médica intramuros siguen produciendo el mismo resultado de forma silenciosa”, concluyó la organización.
El OVP urgió a los mecanismos internacionales de protección a mantener un seguimiento permanente sobre el sistema penitenciario venezolano y exigió la actuación inmediata de los órganos de justicia competentes para determinar las responsabilidades penales de este nuevo deceso.
