El Ministerio Público designó a un fiscal especial para investigar los hechos violentos registrados en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), originados por presuntos maltratos de los custodios hacia la población penal. A través de un comunicado, la Fiscalía ratificó su compromiso de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en los centros de reclusión del país.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la madrugada de este lunes se ejecutó el «desalojo total» de 112 mujeres que se encontraban en el anexo femenino del Injuba. De acuerdo con la organización, la directora de dicha sección notificó el procedimiento a los familiares apostados a las afueras del recinto, aunque sin especificar el lugar de destino. Asimismo, la funcionaria asomó la posibilidad de realizar «traslados voluntarios» de la población masculina y anunció la instalación de una mesa técnica con jueces y fiscales para la revisión de expedientes.
La crisis carcelaria estalló el domingo, cuando los internos tomaron las instalaciones, quemaron colchonetas y ocuparon los techos del penal para exigir la destitución del recién nombrado director, Elvis Macuare Guerrero. El OVP, que ya venía denunciando la restricción arbitraria de las visitas familiares, reportó detonaciones y heridos por armas de fuego dentro del reclusorio. Este nuevo incidente ocurre un mes después del motín del pasado 21 de abril en la cárcel de Yare (Miranda), el cual dejó un saldo de cinco fallecidos y también se encuentra bajo investigación fiscal.
