El Ministerio Público decidió reportarse nuevamente en medio de la huelga de hambre ejecutada por los presos políticos recluidos en Zona 7 y sus familiares.
En una respuesta que llega tras 120 horas de ayuno voluntario y una creciente presión social, el Ministerio Público (MP) anunció la intervención de la Fiscalía 13 Nacional en materia de Derechos Humanos para abordar la situación de los presos políticos y sus familiares en la sede de la PNB en Boleíta (Zona 7).
A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución liderada por Tarek William Saab informó la instalación de «mesas de trabajo», una medida que busca desactivar el conflicto que mantiene en vilo a decenas de familias en el estado Miranda.
El foco de las «Mesas de Trabajo»
La designación fiscal tiene como objetivo inmediato supervisar las condiciones críticas denunciadas por los familiares y diversas ONG. Según el MP, los puntos prioritarios de estas mesas serán:
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Suministro de servicios básicos: Supervisión directa del acceso a agua potable y alimentación para la población reclusa.
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Asistencia médica: Garantizar la entrega y administración de medicamentos esenciales para los detenidos con patologías previas.
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Revisión de condiciones: Verificación de las condiciones de salubridad y trato dentro de las celdas de reclusión.
Una respuesta bajo presión
Este anuncio ocurre apenas 24 horas después de que los familiares denunciaran la visita de un funcionario del MP que afirmó «no tener información» sobre las liberaciones. La comunidad de derechos humanos ha recibido la noticia con cautela, señalando que la prioridad no debe ser solo la asistencia humanitaria, sino la ejecución de las boletas de excarcelación que motivaron la huelga.
«La instalación de mesas es un avance, pero el hambre de justicia no se sacia con promesas de agua y comida; se sacia con las boletas de libertad que el Estado ha retenido injustificadamente», señalaron voceros de los familiares a las afueras del recinto.
El papel de la Fiscalía 13 Nacional
La elección de una fiscalía especializada en Derechos Humanos otorga un carácter formal al reclamo, situando el conflicto de Zona 7 como una prioridad dentro de la agenda de transición política que vive el país desde enero de 2026.
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