Mientras el general Padrino solicitaba, no sabemos si a su soldadesca o a la ciudadanía de a pie, “reconocer el liderazgo de Maduro”, petición que La Patilla tildó de chiste, la fraudulenta asamblea de inspiración cubiche, que abreviaremos –con minúsculas– anc, aprobaba una nada graciosa y punitiva Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, concebida para coartar el derecho de expresarse libremente, como lo garantiza el texto constitucional vigente, cuya letra y espíritu desconocen y violan los redactores de un adefesio que pena con prisión de hasta 20 años la comisión de actos tipificados allí como delitos de odio.
Sin tener muy claro lo que se entiende por odio y con su peculiar hermenéutica, los jueces al servicio del bolifascismo podrían hacer de las suyas encarcelando a quienes denuncien irregularidades y fechorías cometidas por funcionarios gubernamentales, pues eso sería someterlos al escarnio público. Los medios tendrían que difundir solo buenas nuevas: noticias que alegren corazones y hagan suspirar de contentos a los venezolanos y venezolanas, aunque sus estómagos y bolsillos estén vacíos en virtud de la dieta roja y el corralito financiero.
La solicitud del padrino es en realidad un chiste cruel y una imposición, y el general merecería ser juzgado por intolerante: ¿a cuenta de qué se han de reconocer liderazgos inexistentes? Como este, docenas de odiosas aberraciones e intolerables exabruptos, amén de insultos y falsas imputaciones, nutren las declaraciones y discursos del presidente, sus ministros y los voceros de su partido que se han adueñado de los poderes públicos, a excepción del Legislativo al que tratan como si no existiese.
Con esa ley el régimen siembra vientos para cosechar tempestades que azotarán a su vocería, pues el rencor, la exclusión y el descrédito han sido constantes en la ecuación gubernamental. En el Parlamento, sus diputados actuaban, cuando eran cayapera mayoría fraguada por elgerrymandering de Tibisay, como guapetones de barrio, repartiendo castañas y denuestos a granel, instigados por los capitanes Cabello y Carreño que hacían gala de su homofobia para descalificar a quienes le superaban en pico y cerebro.
Se apropiaron del “canal de todos los venezolanos” para teletransmitir vilipendios, ofensas y agravios contra la disidencia política, los empresarios productivos y los medios independientes. Al momento de legislar no sopesaron los espurios constituyentes, las consecuencias de tales actos ni se dieron cuenta de que escupían para arriba, pues la malhadada normativa puede actuar como un boomerang que lo haga saltar –a ellos y a sus correligionarios– como canguros.
Por supuesto que esa ley está viciada de nulidad de origen, pues no fue discutida ni aprobada por la Asamblea Nacional. Maduro la sancionó con un ejecútese que todo venezolano estaría en la obligación moral de desconocer; sin embargo, dará de qué hablar: hay en ella mucha tela para cortar, comenzando por la definición de los sentimientos que pretende reglamentar y que, sabemos, son incontrolables.
No se puede obligar a ocultar antipatías y una disposición en tal sentido incentivaría la hipocresía. Que es más fuerte que el odio.
Editorial de El Nacional
