El Observatorio Venezolano de Prisiones recabó las irregularidades a las que han sido sometidas al menos 700 personas, detenidas durante las protestas contra los resultados del CNE que dan como ganador a Nicolás Maduro. Tal como lo prometió el Gobierno han sido trasladadas a las cárceles de Tocorón y Tocuyito y son víctimas de múltiples violaciones al debido proceso y derechos humanos.
Así lo suscribe un reporte en la página web del OVP que, describió la «aberrante situación que atraviesan los familiares». Recordó que informaciones dan testimonio de las violaciones a los derechos humanos contra la población penitenciaria, «desde dramáticos audios de las mujeres tras las rejas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, donde claman por ayuda y presencia de la prensa porque las están torturando, hasta la excarcelación de 76 adolescentes aprehendidos».
Resaltó que todas las violaciones documentadas han sido enviadas a los organismos internacionales para que puedan evaluar su gravedad y ofrecer protección a las víctimas.
«Preocupa en gran medida las condiciones de encarcelamiento de más de 700 personas, a quienes hasta la fecha no les han permitido visitas ni la designación de sus abogados de confianza, limitando su capacidad de recibir apoyo tanto legal como emocional, creando un entorno propicio para la tortura, el maltrato y otros abusos».
«La privación de visitas de familiares exacerba el sufrimiento de los detenidos, aumentando su vulnerabilidad y deshumanización. Este tipo de prácticas, que son contrarias a las normativas internacionales de derechos humanos, reflejan un sistema punitivo que busca quebrantar la resistencia de los presos y debilitar su capacidad de oponerse a la injusticia. Además, la falta de contacto con un equipo legal de su preferencia compromete la equidad del proceso judicial, dado que los detenidos quedan indefensos frente a las acusaciones en su contra».
Aunado al sufrimiento de los privados de libertad, los familiares deben sacar recursos de donde no tienen para recorrer hasta más de 600 kilómetros hasta los recintos penitenciarios. Tal como denunciamos en nuestro informe “El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos”, son muchos los venezolanos que deben pagar hasta 182 dólares ida y vuelta solo en transporte, sin contabilizar la comida, estadía y lo que se invirtió para llevar insumos al recluso.
